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Artículo publicado en el El Periódico de Aragón

CHA NO REBLA CONTRA LA CORRUPCIÓN

No vamos a reblar. En este tema, como en otros, las palabras no son suficientes, y si queremos atajar la corrupción, además de hablar hay que actuar. Eso es lo que estamos planteando una y otra vez desde CHA al resto de los partidos… aunque reconozco que sin demasiado éxito hasta el momento. No entiendo cómo alguien puede oponerse a dotar a los jueces de instrumentos legales para luchar más eficazmente contra la corrupción política y proteger los intereses generales de la ciudadanía.

El pasado 3 de junio defendí en las Cortes la conveniencia de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta ley permite la prisión preventiva de cargos públicos imputados por presuntos delitos de corrupción, pero no la suspensión provisional de empleo sin prisión. No parece lógico y quisimos resolver esta incongruencia. Pero ni PSOE, ni PP, ni PAR estuvieron dispuestos a entrar en el fondo de la cuestión y votaron en contra de la toma en consideración de nuestra proposición de Ley.

No tenían ninguna intención de mejorar o modificar el texto que remitimos a las Cortes. Sus argumentos fueron flojísimos e inconsistentes, y se veía de lejos que eran meras excusas. El portavoz del PAR tachó la iniciativa de “oportunista”. El PP habló de “ataque contra la presunción de inocencia”. El PSOE dijo que el debate no tendría que tener lugar en las Cortes de Aragón. Esos fueron los argumentos de estos flacos combatientes de la corrupción… ¡qué vergüenza! Los tres son responsables de que las cosas no cambien, desoyendo a la ciudadanía. El Gobierno PSOE-PAR prefiere incluso no saber oficialmente nada del caso La Muela y ha renunciado a personarse como parte en la causa, como le pedíamos hace unas semanas: ojos que no ven… ¿Y el PP, que con tanto ahínco ha estado increpando a Marcelino Iglesias por su inmovilismo frente a la corrupción? Lo de estos partidos es puro teatro.

Sin embargo, jueces independientes y de prestigio consideran que permitir la suspensión temporal del ejercicio de cargo público es “factible y positivo” y, como en CHA también tenemos ese convencimiento, hemos llevado la propuesta hasta el Senado. Aprovechando nuestro acuerdo de colaboración política con el Bloc per Mallorca i PSM-Verds para presentar iniciativas comunes en diferentes instituciones, la iniciativa se defenderá en dicha Cámara, tal y como expliqué el pasado jueves 10 de junio junto al senador Pere Sampol i Mas durante la presentación pública en Madrid de esta iniciativa, que ahora comenzará su tramitación.

Aquí, PSOE y PAR se enrocan para no hacer nada respecto a La Muela, le quitan importancia (“es sólo un caso en nuestra comunidad”, “una excepción”) y afirman que no se puede legislar a la ligera y por oportunismo (olvidando, por cierto, que esa es una práctica común en su Gobierno, con leyes para permitir la venta del Fleta cuando les surgió un comprador, o la ley ad hoc para Gran Scala). Con su oposición están dando la impresión de darse por aludidos… ¿Por qué será? En realidad, el caso de la Muela no es único, puesto que se suma a todos los gravísimos de corrupción que también se están dando en Baleares, en Cataluña, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Canarias… Nuestra propuesta afecta a una ley orgánica que será de aplicación en todo las comunidades y así debe ser entendida, porque el beneficio será para todas ellas.

La iniciativa sólo podrá salir adelante si la mayoría de los grupos políticos nos ponernos previamente de acuerdo en la necesidad de evitar que personas como la alcaldesa de La Muela sigan en su puesto y manejando los hilos de su municipio a pesar de sus gravísimas imputaciones por once delitos supuestamente cometidos desde ese cargo.

La corrupción se está convirtiendo en una lacra en todo el Estado, la sociedad está cansada de puyas de unos partidos contra otros, del “y tú más y tú antes y tú peor”. Si no hacemos nada, todos perderemos, porque nuestro sistema democrático y de garantías está basado en la representatividad, y nadie puede ser buen representante si no goza de la confianza de las personas a las que representa.

La reforma que proponemos no será la panacea contra la corrupción. Lo sabemos, pero nadie ha conseguido convencernos hasta el momento de que resolver el vacío legal que ahora existe no sería positivo para nuestro propio sistema democrático. ¿Por qué se niegan, entonces?