Villalengua - Zaragoza

La Unidad de Estudios Económicos Sectoriales no sólo investigó a Juan Abelló, sino también a otras grandes fortunas, como Jesús Polanco, y distintos sectores de la economía, entre ellos el pesquero, el funerario y las cajas rurales. Apuntaron la existencia de enormes fraudes al fisco, pero paralelamente se registraron actividades irregulares de algunos inspectores. Un cúmulo de sucesos terminó con la desaparición de la unidad, un proceso judicial sin condenados en Hacienda, chantajes a empresarios y una bolsa de fraude fiscal de proporciones titánicas al que la Agencia Tributaria no metió mano.

Fraudes del 50% de la facturación

El caso es que algunos de estos inspectores destaparon posibles fraudes en contribuyentes y sectores de enorme relevancia. Concluyeron que la pesca de bajura declaraba a Hacienda menos de la mitad de las capturas reales. Algo parecido ocurría en el sector del mueble, que cobraba en negro parte de su facturación utilizando giros postales, o en el funerario, donde existía un fraude de 35.000 millones de pesetas (unos 210 millones de euros). Una empresaria del ramo tenía un patrimonio de 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) y nunca en su vida había presentado la declaración de la Renta.

Algún superior de la Agencia Tributaria llamó la atención a los inspectores de la unidad, a los que dijo que no se podían cargar sectores de la economía tan relevantes, que la Inspección no podía crearse tantos enemigos. Los vieron como unos “kamikazes”. La situación se agravó cuando comenzaron a ponerse sobre la mesa nombres tan influyentes como Abelló, Polanco, algún banquero o prestigiosos despachos de abogados. El Gobierno de Aznar recibió llamadas y la Agencia prohibió a los inspectores la investigación de ciertos patrimonios. De hecho, un mínimo de tres informes desaparecieron para siempre de los escritorios de los inspectores, sin que hubiera copia informática. De hecho, esta unidad ni siquiera tenía ordenadores a su disposición.

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