J0der qué tropa Fiscalía ve delitos y daños a las arcas autonómicas en 23 contratos de la DGA Halla indicios de criminalidad en 12 adjudicaciones que suman 383 millones. Estima que la mala gestión de otros 11 causó quebrantos al erario en 2006 y 2007 La Fiscalía del Tribunal de Cuentas y la Sección de Enjuiciamiento de ese mismo organismo están investigando 23 expedientes tramitados por el Gobierno de Aragón en los años 2006 y 2007 en los que el ministerio público halló "sospechas de la comisión de infracciones penales " (12) y/o "indicios de responsabilidad contable", es decir, quebrantos a las arcas públicas provocados por la actuación de los gestores. Las 23 contratas bajo sospecha suman un valor de 383,8 millones de euros, la mayor parte de los cuales--359-- corresponden a la adjudicación de las instalaciones de cinco zonas del Plan de Depuración, realizada por el Instituto Aragonés del Agua. Este dependía del Departamento de Medio Ambiente, dirigido en aquella época por Alfredo Boné, hoy portavoz del PAR en las Cortes. Los baremos de puntuación fueron modificados después de que hubieran sido abiertas las plicas que contenían las ofertas de los licitadores. Entre las actuaciones en las que la Fiscalía percibe indicios de delito se incluyen las obras de la carretera de Daroca a Romanos, adjudicada como un asunto de emergencia o la adquisición por el Servicios Aragonés de Salud de dos aceleradores lineales, tramitado mediante un procedimiento negociado sin publicidad --comúnmente conocido como a dedo--. El ministerio público también advierte indicios de criminalidad en la construcción de un colegio en Cadrete, en la ampliación del CEIP de Utebo y en la adquisición de 2.000 pequeños ordenadores (tablet pc) para el programa Pizarra Digital. En todos ellos, tramitados por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte cuando lo dirigía la candidata del PSOE en las últimas autonómicas, Eva Almunia, algunos criterios selectivos y sus respectivos baremos fueron modificados después de que hubieran sido abiertos los sobres con las ofertas de las empresas que pujaban por las contratas. AGUJEROS Eso, en cuanto a las sospechas de conductas delictivas. La Fiscalía ha hallado evidencias de quebrantos a las arcas autonómicas provocados por una mala praxis de los gestores públicos. El ministerio público detectó el pago de servicios no prestados en los contratos de seguridad y vigilancia para edificios autonómicos, constató desembolsos por encima del precio de adjudicación en actuaciones como la mejora de la carretera de Romanos a Daroca, observó en la reforma del museo Pablo Serrano transacciones "sin estar justificada la subsanación de las deficiencias con las que se realizó la prestación", advirtió "pagos realizados sin estar justificada la realización de las obras" en la estación de autobús de Delicias y, por último, vió "deficiente" la justificación de los gastos de inversión realizados en aplicación de las subvenciones concedidas a empresas" para diversificar el tejido productivo. Noticia extraída de elperiodicodearagon.com |