San Mateo de Gállego - Zaragoza

Zaragoza.- El último informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) cifró en 5,5 millones de euros el importe de las facturas falsas detectadas en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza. Este jueves varios de los supuestos responsables de las mismas han declarado en sede policial.

Miembros de la UDEF se han trasladado este jueves a la capital aragonesa para tomar testimonio a once de los 27 subcontratistas artífices, presuntamente, de esta red corrupta. Unas declaraciones que han sido coordinadas por los fiscales anticorrupción.

Las preguntas a las que han respondido giran en torno a cómo consiguieron ser subcontratados por la UTE o si alguien controlaba los trabajos. Asimismo, se les ha pedido que justifiquen dichas facturas presumiblemente falsas.

Todos ellos han rechazado las acusaciones. Uno de ellos, Agustín Maestre habría facturado 214.180 euros. Su abogado, Mariano Tafalla, ha sido tajante a la hora de desmentirlo, además de rechazar que el contrato se debiera a que el hijo de este empresario mantuviera una relación con la hija del exgerente de Plaza y también imputada, Patricia García Planté.

La UDEF señala en esta supuesta red de facturas falsas a Amado Ayora de Hierros Ayora; Ignacio Martín Gimeno, Óscar David Martín y Ignacio Manuel Martín de Extramar de Monegros; María del Mar Jaso de Lexton; Juan Carlos Martínez de Altair Management Consultant; Miguel Ángel Cantero de Cantero Roca Consultores y de Micar; Juan José Vera de Europroyev 2003; los hermanos Margalejo de Margalejo Campo y Actividades Margalejo; Alfonso Alberto Cea de Jardines del Rey Fernando; José Manuel González y María de los Ángeles Naval de Limdisam; Mariano Estage de Estage Excavaciones; Pedro Lostal de Albañilería Lostal; Jesús Gimeno y Francisco Javier Gimeno de Viveros Gimeno Valladolid; Vicente Castell y Florentino Regalado de Cype Ingenieros; Juan Pedro Sánchez y Miguel Ángel Montero de Construcciones Urmancha; Antonio Aznar de Estructuras y Obra Civil La Ribera; José Carlos Vidal de Excavaciones Vidal; Agustín Maestre de Maestre; Cirilo Alfonso Mochales de Aguas Circa; Mariano López de Aripresa, y Pedro Miguel Tejero de Floristería Tejero-Garcés.

El modus operandi, según la investigación, era que las facturas siempre estaban certificadas por el jefe contable, José Luis Rodríguez Cachafeiro -imputado-; el jefe de obra, Santiago Viñuales Larraz y el directivo de Acciona en Aragón, José María Jordán -imputado-. En dicho pago falta la firma de una persona, la del jefe de producción.

Una forma de proceder que ya se realizaba con el imputado José Luis Bellido, antecesor en el cargo de Viñuales al frente de la jefatura de obra de la UTE Acciona-Mariano López Navarro. Así lo afirma el propio Viñuales, quien nombra a Jordán y a Cachafeiro, señalando que le dijeron que “no hiciera preguntas y que firmara”. “Cachafeiro me lo dijo por orden de Jordán”, apostilló, durante su declaración como testigo en la que llega a reconocer que él no hizo ninguna comprobación de las obras.

Estos empresarios están imputados a nivel policial. El juez deberá decidir si suma sus nombres a la lista de 21 imputados en esta causa que investiga una supuesta malversación de 80 millones de euros.

¿Y a Aragón Digital y su periodista también los demandará la alcaldesa de "la legalidad y la transparencia"?

¿Ya demandó también a El Periódico de Aragón por la noticia publicada hace unos días?

¿O es que solo interesaba demandar a Edmundo Núñez, para tratar de tapar bocas e intentar indisponerle contra el Heraldo?

¿Por qué en ese acto de conciliación, tanto el procurador del Heraldo, como el abogado de Núñez y el propio Núñez se negaron a ni siquiera escuchar las pretensiones del letrado de la Fundación, desafiándole los tres a que demandara en firme?

¿Entonces, era cierto o no era cierto que Núñez y yo habíamos remitido documentación a Fiscalía Anticorrupción, sra. alcaldesa de "la legalidad y la transparencia"?

Y finalizo mi comentario con otra pregunta:

Durante los años que la actual alcaldesa de “la legalidad y la transparencia” fue, primero concejal del equipo de gobierno en coalición con los socialistas y posteriormente suave y timorata oposición, criticó abiertamente ciertas prácticas de la Fundación Santa Engracia y los directivos de la misma. Posteriormente, nada más llegar a la presidencia de dicha fundación, paso de criticarla a, directamente, protegerla participando de las mismas tácticas de ocultación de información que tanto había criticado. ¿Por qué?