San Mateo de Gállego - Zaragoza

Sus días de vino y rosas en el poder, o a la sombra de él, están a punto de acabar abruptamente. Carlos Escó, viceconsejero de Obras Públicas en el último Gobierno socialista de Aragón y mano derecha del entonces presidente y hoy portavoz del PSE en el Senado, Marcelino Iglesias, y el constructor y dueño del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, se enfrentan a una pena de 20 años de prisión por estafa, malversación y delito societario. Ambos están imputados en el llamado caso Plaza, el mayor proceso por corrupción en la historia de esa comunidad autónoma.

Las Cortes de Aragón aprobaron el pasado mes de marzo la creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas en la construcción y gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), un mayúsculo escándalo de presunta malversación de caudales públicos que podría alcanzar los 100 millones de euros. Las primeras comparecencias tendrán lugar el próximo día 16, y las sesiones se celebrarán a puerta abierta.

El caso Plaza marca el epicentro de la galopante corrupción en Aragón, aunque no es, ni mucho menos, el único. Y el Partido Aragonés (PAR) de José Ángel Biel es el ingrediente de todas las salsas políticas que se cuecen en la comunidad; un partido bisagra que se dejó querer por el socialista Marcelino Iglesias, primero, y ahora por la presidenta Luisa Fernanda Rudi, del PP, con la que firmó en 2011 en Madrid un pacto de gonernabilidad para toda la legislatura que fue apadrinado por el mismísimo Mariano Rajoy.

La trama de corrupción del caso Plaza empezó a tejerse en 2004, cuando el PSOE y el PAR gobernaban la comunidad. Y la madeja siguió creciendo sin freno hasta 2011, ya con Rudi -y de nuevo Biel de copiloto- en el poder. La gigantesca plataforma logística que se levanta a las afueras de Zaragoza, una de las mayores de Europa, pretendía ser uno de los motores económicos de Aragón y un proyecto estratégico para el desarrollo de la comunidad. Pero se ha convertido en un agujero sin fondo que suma casi 100 millones de euros en pérdidas acumuladas.

El juez Francisco Picazo, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, acaba de cerrar uno de los cuatro sumarios que integran el caso Plaza, en el que se investigan los sobrecostes en la construcción de varias naves industriales, adjudicadas a una empresa de Agapito Iglesias por 14,5 millones de euros y que, finalmente, costaron a las arcas públicas más de 32 millones. El juez considera acreditado que los imputados cometieron un delito de malversación de caudales públicos, otro de estafa y uno más de administración desleal, castigados con penas de hasta 20 años de prisión.

Los imputados son Ricardo García Becerril, ex gerente de Plaza; Miguel Ángel Pérez, exdirector técnico de la empresa pública; Iglesias, dueño de la constructora Codesport y accionista mayoritario del Real Zaragoza, y Escó, ex consejero delegado de la plataforma logística y actual directivo de Telefónica. El próximo martes acaba el plazo fijado por el juez para que las defensas, el fiscal y las acusaciones particulares -el actual Ejecutivo autonómico, la propia plataforma logística, UPyD y Manos Limpias- pidan el sobreseimiento o presenten cargos contra los imputados, paso previo a la apertura de juicio oral.

El juez pidió para Iglesias y Escó, el pasado mes de febrero, una fianza de responsabilidad civil de casi 19 millones de euros, que deben prestar conjunta y solidariamente con García Becerril, ex gerente de Plaza, la sociedad pública controlada por el Gobierno aragonés y participada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y CAI. Escó, que fue consejero delegado de la plataforma logística, está casado con Eva Almunia, ex secretaria de Estado de Educación con José Luis Rodríguez Zapatero y rival de Rudi en las últimas elecciones autonómicas.

https://ww.elconfidencial.com/espana/2014-06-08/el-valido-de-marcelino-iglesias-y-el-dueno-del-zaragoza-encaran-condenas-de-20-anos_141295/