San Juan de Mozarrifar - Zaragoza

Tras diez largos años diciendo que era un conflicto eclesiástico y que el Gobierno de Aragón no podía hacer nada, Marcelino Iglesias anunció el 12 de febrero el ejercicio inminente de acciones penales. Un mes después, el Gobierno no se ha querellado contra nadie, ha suavizado su postura y parece optar ahora por la ejecución de las sentencias canónicas y la presentación de recursos contencioso-administrativos. Ha costado, pero parece que el Gobierno, por fin, se va centrando y comparte lo que decíamos hace tiempo desde CHA.

¿Qué tenía que haber hecho el Gobierno de Aragón hasta ahora? Mucho. Hace diez años tenía que haber presentado un recurso ante los tribunales cuando el Obispo de Lérida adscribió al nuevo Museo Diocesano y Comarcal, creado junto con instituciones públicas catalanas, unos bienes aragoneses que la Iglesia ya había declarado que tenía en depósito y no como propietario, y que tenía la obligación de devolver. Debía haber recurrido la catalogación por la Generalitat como colección de los 1810 objetos del Museo de Lérida, incluidos los de las parroquias aragonesas; esa catalogación implicaba que la colección no podía ser disgregada por su titular o poseedor sin la autorización del Departamento de Cultura catalán. Tampoco lo hizo. Y se ha negado a proteger los bienes en Aragón mediante su catalogación. Tampoco recurrió en 2005 la resolución de la Consejera Mieras por la que autorizaba al Obispo de Lérida a disponer de los bienes aragoneses, pero en condiciones inaceptables que garantizaban la unidad e integridad del Museo leridano; el Obispado y la Diputación de Lérida sí recurrieron, y el Tribunal Superior de Justicia catalán declaró en 2008 que la resolución era conforme a Derecho.

En suma, ¿qué ha hecho hasta ahora Marcelino Iglesias? Nada. Pero, ¿qué puede hacer en el futuro? Creo que sólo hay una vía: la ejecución civil de las sentencias canónicas. Las sentencias de países extranjeros (y el Estado Vaticano lo es) tienen en España la fuerza establecida por los tratados internacionales. Pero el Acuerdo sobre asuntos jurídicos firmado por con la Santa Sede en 1979 sólo reconoce eficacia a las sentencias eclesiásticas de nulidad del matrimonio ajustadas al Derecho estatal, no a las referidas a cualquier otra cuestión. El artículo 24 del Concordato de 1953 sí que reconocía efectos en el orden civil a todas las sentencias eclesiásticas sobre cualquier materia. Pero este artículo fue expresamente derogado por el Acuerdo de 1979, que no establece ninguna previsión similar. Así pues, no hay ningún tratado en vigor que reconozca fuerza a las sentencias canónicas diferentes de las de nulidad matrimonial.

Pero ello no significa que no puedan llegar a tenerla. La solución pasa por tramitar el exéquatur, es decir, solicitar ante el Juzgado de Primera Instancia de Lérida el reconocimiento y ejecución de esas sentencias. Posiblemente sólo esté legitimado para ello el Obispado de Barbastro-Monzón, que es quien ha obtenido el pronunciamiento a su favor, o, dicho de otro modo, quien aparece como acreedor en la sentencia que se ejecuta. Sin embargo, nada obstaría a que fuera el Gobierno de Aragón quien lo hiciera, actuando como representante del Obispado si éste le otorgara poderes.

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