San Juan de Mozarrifar - Zaragoza

Chunta Aragonesista considera necesario que el Gobierno de Aragón informe a la ciudadanía aragonesa de que ya puede solicitar la restitución de documentos privados custodiados en el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y de la manera en cómo tienen que hacerlo.

“Ha habido que esperar más de tres años a que este derecho reconocido por ley pudiera ejercerse, y en este tiempo muchas personas beneficiarias pueden haberse despistado o incluso no saber que pueden reclamar”, ha explicado la Presidenta de CHA y portavoz de Cultura en las Cortes, Nieves Ibeas.

Ibeas ha presentado una proposición no de ley reclamando esta campaña informativa, en la que uno de los principales aspectos a incidir debería ser que sólo hay un año para presentar las solicitudes de restitución, hasta el 12 de enero de 2010: es un plazo perentorio, y una vez cumplido será muy complicado reclamar los documentos, así que la oportunidad es única, literalmente hablando.

En la iniciativa, Nieves Ibeas plantea también que el Gobierno de Aragón divulgue el contenido de la documentación del Archivo de Salamanca que ha inventariado en los últimos años para que toda la ciudadanía aragonesa interesada pueda conocerla y, a la vez, permitir que descubra si hay documentación privada, propia o de sus familias, susceptible de ser reclamada.

Finalmente, en un tercer punto, la Presidenta de CHA reclama al Gobierno que, llegado el momento, solicite al Ministerio de Cultura su participación en el procedimiento para la tramitación y resolución de todas las solicitudes de restitución que se hubieran recibido. “El papel del Gobierno de Aragón va a resultar crucial, y esperamos que esté a la altura, puesto que las Comunidades Autónomas son intermediarias en este proceso de reclamación y restitución”, ha señalado Ibeas.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS: El 19 de noviembre de 2005 entró en vigor la Ley 21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. En su Disposición adicional primera esta ley establece textualmente que “la restitución de los documentos, fondos documentales y efectos a las personas naturales o jurídicas de carácter privado podrá llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas que lo soliciten, de acuerdo con el procedimiento que el Gobierno establezca y de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 5″.

Con arreglo a esa previsión legal, el Gobierno central, mediante Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, publicado en el BOE el 10 de enero de 2009, ha procedido a regular (tres años después) el procedimiento para llevar a cabo la restitución, por parte de las comunidades autónomas que lo soliciten, a las personas naturales o jurídicas de carácter privado, o sus legítimos sucesores, de aquellos documentos, fondos documentales y otros efectos que les fueron incautados por la Delegación del Estado para la recuperación de documentos (salvo los incautados en Cataluña, que fueron transferidos a la Generalitat en virtud de la citada Ley), que estén custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española ahora integrado en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca.

Conforme a lo previsto en el artículo 3 del citado Real Decreto, la solicitud de restitución puede ser presentada por los interesados en el plazo de un año a contar desde el día siguiente a su entrada en vigor (es decir, hasta el día 12 de enero de 2010) y, transcurrido ese período y durante el plazo de un mes, la comunidad autónoma podrá solicitar al Ministerio de Cultura su participación en el procedimiento para la tramitación y resolución de todas las solicitudes de restitución que se hubieran recibido.

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