San Juan de Mozarrifar - Zaragoza

Esta normativa es tan solo una operación de maquillaje para tapar la ineficacia del PSOE-PAR en la lucha contra el vandalismo


Carmen Gallego, concejala de CHA asegura que el rechazo a esta norma municipal obedece a que "además de ser una operación de maquillaje ya hay otras ordenanzas" y recordó que solicitaron al área de Servicios Públicos un estudio "serio y pormenorizado" de las actuales ordenanzas para conocer la situación real, pero lamentó que la respuesta que obtuvieron es que "es imposible porque faltan medios informáticos" lo que a su parecer "es muy grave".

Gallego criticó que no se aceptara ninguna de las alegaciones que presentó CHA como la creación de una comisión de seguimiento para comprobar la mejora de la nueva ordenanza o que la recaudación obtenida por las sanciones revertiera a un fondo del Ayuntamiento para la limpieza pública, al tiempo que arremetió contra la contrata de este servicio adjudicada a FCC S.A. porque "es la contrata más cara de la historia del Ayuntamiento y no actúa con diligencia, no limpia los espacios públicos".

Otra de las propuestas de CHA es que la opción de sustituir la sanción económica por ayuda a la comunidad no se limitara a los menores sino que se ampliara a cualquier ciudadano para aplicar la máxima de que "quien mancha, limpia".

De forma sintética, Gallego dijo que las alegaciones de CHA estaban orientadas en la dirección de "prevenir, educar, limpiar con diligencia y sancionar al que incumpla la ordenanza".

La concejala de CHA consideró que, en general, "hay poca conciencia cívica en todas las ciudades" por lo que abogó por "educar para no machar" al tiempo que aplicar "condenas ejemplificantes" para la sociedad y expresó sus dudas sobre la "efectividad" de la ordenanza aprobada definitivamente en la comisión de Presidencia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento.

Otro aspecto por el que rechazaron la ordenanza es que se regula que un vecino puede denunciar a otro, lo que para Gallego es "peligroso porque puede dar lugar a que cada ciudadano se convierta en policía".

Además, se garantizaría el anonimato ante el denunciado, aspecto que cuestionó Gallego al entender que "uno tiene derecho a saber quién le denuncia".