La Muela - Zaragoza

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El empresario hotelero y constructor Vicente Rodrigo López reclamará al Ayuntamiento de La Muela por la vía Contencioso Administrativa una indemnización de 2,3 millones de euros por lo que considera un defectuoso funcionamiento de la administración --en este caso municipal-- que le ha provocado graves perjuicios económicos.

El industrial formalizará la demanda en cuanto el consistorio muelano le comunique la desestimación, acordada en el pleno de ayer, de la reclamación patrimonial de esa misma cuantía que le presentó hace ya varios meses.

Vicente Rodrigo tuvo que gastar varios millones de euros para suministrar durante meses electricidad y agua corriente al hotel Altovento y a la zona residencial colindante por la negativa del ayuntamiento a firmar la recepción de las obras de urbanización de la zona y por haber incumplido el municipio el compromiso de construir una subestación eléctrica que debía explotar la compañía Endesa.

La recepción de las obras fue formalizada en un documento suscrito el 2 de octubre del 2006 por Rodrigo, como presidente de la Junta de Compensación, y por el arquitecto municipal y la interventora de aquella época. Los tres firmaron el acta. Sin embargo, para que el documento tuviera validez faltaba una rúbrica, la de la entonces secretaria de la alcaldesa, Miriam Fajardo, que sería teniente de alcalde y responsable de Urbanismo en la siguiente legislatura.

FIRMAS El empresario sostiene que "la obra sí fue recepcionada". "Otra cosa --añade-- es que la representante política de la Administración se negara a estampar su firma, por decisión de la anterior alcaldesa (Mariví Pinilla), y hasta la fecha la representación política del ayuntamiento se ha seguido negando a estampar su firma".

Por otro lado, Pinilla, su exmarido Juan Antonio Embarba y los responsables de Inmobiliaria El Raso, Laureano Pablo Gimeno y Antonio Gimeno Melús, se acogieron a su derecho a no declarar tras citarlos el juez de La Almunia en la operación Molinos. La Agencia Tributaria les acusa de fraude fiscal por el presunto uso de 661.113 euros en negro en la compra-venta de tres locales y ocho plazas de aparcamiento.

Y los vecinos que viven alli todavia aun sin luz y costeandose un generador para poder vivir. Con la urbanizacion que da pena , son los que estan pagando los platos rotos.