La Muela - Zaragoza

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El supervisor bancario no detectó indicios de irregularidades.El caso La Muela incluye 8 imputados por ´lavado´ en una sucursal de la caja.

No existe ningún procedimiento sancionador instruido contra la entidad Cajalón", asegura en una nota remitida al juzgado número 1 de La Almunia dentro de la Operación Molinos el director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) del Banco de España, Manuel Caro.

El responsable del Seplac cumplimenta así el oficio por el que el juez de La Almunia le reclamó, en marzo y a propuesta de la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, un informe de inteligencia financiera y le pidió que certificara "si como consecuencia de dicho informe se ha derivado algún procedimiento sancionador contra la entidad".

Esos documentos, confidenciales y sin valor probatorio en procesos judiciales, los elaboran los analistas del Sepblac cuando hay indicios de que una entidad financiera puede estar blanqueando dinero sucio --procedente de actividades delictivas-- o negro --no declarado-- o da apoyo a quien lo hace. Los informes se remiten a la Fiscalía, al juzgado, a las fuerzas de seguridad y a los órganos administrativos encargados de perseguir este tipo de actividades.

La Operación Molinos incluye varias líneas de investigación sobre blanqueo de capitales que pasan por Cajalón. Están imputados por este delito la todavía alcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, sus tres hijos y su hermana Lola, cuyas cuentas reflejan ingresos de decenas de miles de euros en efectivo, así como un exdirector y un exsubdirector de la sucursal de esa entidad en la población zaragozana, en este caso como presuntos colaboradores necesarios del presunto lavado como gestores de esas transacciones. Otra línea de pesquisas trata de esclarecer quién cobró en efectivo un cheque de dos millones de euros --en billetes de 500-- en la sede central de la caja.

La respuesta del Sepblac refuerza la tesis de las defensas de los imputados, que sostienen que esos movimientos no pueden constituir un delito de blanqueo por no estar probado el origen delictivo del dinero ni, en el caso de que lo tuviera, que quienes efectuaban los ingresos o quienes los tramitaban lo conocieran.