La Muela - Zaragoza

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Hacienda le acusa de ocultar al fisco con su marido cientos de miles de euros.Cree que pagaron en B una mansión y que Aranade les dio en un año 207.000.

El juez de La Almunia ha unido a la voluminosa causa de la Operación Molinos una denuncia por fraude fiscal presentada por la Agencia Tributaria contra la todavía alcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, y su exmarido Juan Antonio Embarba, a los que imputa una defraudación de más de 120.000 euros en el ejercicio del 2005 por el presunto manejo de cientos de miles de euros en dinero negro.

Esta es la primera imputación al antiguo matrimonio de un fraude tributario, castigado con penas de uno a cinco años de prisión y multas de hasta seis veces la cantidad escamoteada.

Los inspectores de la Agencia Tributaria llegan a la conclusión de que Mariví Pinilla y Juan Antonio Embarba habrían cometido el fraude en cuatro frentes.

SR-1 Uno de ellos sería la "participación como socios en la mercantil Tudela Inmobiliaria y Gestión por las operaciones de compra y venta que esta realizó en el 2005". La investigación ha acreditado que el matrimonio participó temporalmente en la sociedad, controlada por el presidente de Aranade, Julián de Miguel, y que dio un pelotazo de varios millones de euros con el traspaso de los terrenos del plan SR-1, que acabó comprando la madrileña Brocover con la intermediación de GUZ. El SR-1 salpica a la mitad de los imputados en el caso.

Según señala un reciente auto del juez, Pinilla y Embarba adquirieron ese mismo año la mansión de la República Dominicana "pagando un importe que al menos alcanza la suma de 299.593 euros sin que existan justificantes bancarios que amparen los pagos".

La resolución del magistrado anota que de la denuncia de Hacienda se desprende que ese año la alcaldesa "podría haber recibido de Aranade (la empresa que gestionaba la Sociedad Urbanística Municipal) un importe no declarado de 207.020 euros", al tiempo que añade que el matrimonio "ha ingresado en efectivo en sus cuentas bancarias un importe total de 108.200 euros desconociéndose el origen de dicho dinero".

La denuncia del fisco acusa a la pareja de "no haber declarado ganancias patrimoniales" que, según resuelve el instructor, "han tenido lugar con ocasión de determinadas actuaciones de los imputados que eran objeto de investigación" en la Operación Molinos. Así, resuelve acumular el informe de Hacienda ante "la evidente conexión entre el delito fiscal que ahora se imputa y los hechos que son objeto de instrucción".

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