La Muela - Zaragoza

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Camarero y Sánchez aseguran que el desatasco del SR-1 fue impoluto.El juez interroga a una amiga de Pinilla que recibió una contrata de La Muela.

Levantar un veto no es cambiar de criterio. Esa es, en resumen, la tesis que expuso ayer al declarar como testigo ante el juez de La Almunia el abogado Miguel Ángel Camarero, vocal de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT) de Zaragoza por la Confederación Regional de Empresarios de Aragón (CREA) y contratado por el Ayuntamiento de La Muela para llevar varios pleitos cuando el primer organismo desatascó --en junio del 2008 y precisamente con una propuesta de él-- el desarrollo del plan urbanístico SR-1, operación con la que están vinculados cerca de la mitad de los imputados en la Operación Molinos.

Camarero negó en su testimonio que la CPOT cambiara de criterio cuando, en la sesión del 27 de junio de ese año, decidió por unanimidad autorizar el desarrollo del SR-1 un rato después de haber rechazado, basándose en un informe de la ponencia técnica, dar el visto bueno a toda la pastilla, que incluía los planes conocidos como SR-1, SR-2 y SR-3.

La ponencia técnica emitió un informe contrario a aprobar la iniciativa de los tres planes por considerarla desmesurada: generarían vivienda para 6.234 personas en un municipio de 3.695 que tenía otras zonas del Plan General de Ordenación Urbana por desarrollar cuando la integración de la nueva no quedaba clara. "No se considera adecuado el modelo propuesto", concluyó el pleno de la CPOT.

Camarero propuso entonces, tras una primera intervención de la alcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, bendecir solo el SR-1. Logró un acuerdo unánime para emitir un informe "desfavorable" --palabra que luego se cayó del redactado-- salvo que se resolvieran algunos aspectos como "que quede garantizada la adecuada inserción" de la zona en la estructura urbanística municipal.

El juez de La Almunia lleva ya casi tres años investigando la posible comisión de una retahíla de delitos en torno a ese proyecto. En síntesis, la Brigada de Blanqueo y la Fiscalía sostienen que Pinilla, su exmarido y el presidente de Aranade dieron un pelotazo con la venta de esos terrenos a la empresa madrileña Brocover, que vio cómo el magro negocio que preveían se atascaba hasta amenazar la viabilidad de la empresa. En esas, consideran las acusaciones, Pinilla y otras personas habrían presionado a varios cargos públicos para desatascar el proyecto.

Camarero, que rechazó que hubiera llegado a sufrir presiones en ese sentido, sostuvo ante el juez que lo que hizo ese día la CPOT encaje en la definición de "cambio de criterio".

Un miembro de la ponencia técnica, I. P. S. J., negó al comparecer como testigo que hubiera irregularidades.

Por último, una amiga de Pinilla, Loreto Ormad, se convirtió ayer en la imputada número 43 de la Operación Molinos. Su empresa On Comunicación resultó la adjudicataria, sin concurso, del amueblamiento del centro de salud de la localidad, construido por el propio ayuntamiento.

no era ésta el rollete de la elementa que nos ha llevado al pueblo a la ruina? le van a salir caros los regalitos

Allá cada cual con su condición sexual, cada un@ es muy libre (afortunadamente) pero ya sabes...... hay amores que matan.