La Muela - Zaragoza

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Camarero estaba contratado por el consistoro muelano como letrado.Representaba a la CREA cuando hizo la propuesta que permitió aprobarlo.

El vocal de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT) que puso sobre la mesa la propuesta que desatascó el plan urbanístico SR-1, una promoción con la que están relacionados cerca de la mitad de los imputados en la Operación Molinos, lleva más de doce años trabajando para el Ayuntamiento de La Muela y en aquella fecha --el 27 de junio del 2008-- ya rondaba la década. Se trata de Miguel Ángel Camarero Charles, un abogado especializado en asuntos urbanísticos que se sentaba en la mesa como representante de la Confederación Regional de Empresarios de Aragón (CREA).

El pleno de la comisión tenía sobre la mesa un informe desfavorable de la ponencia técnica, que consideraba desproporcionado pretender "implantar a través de tres planes parciales (SR-1, SR-2 y SR-3) una población de 6.234 habitantes, contando actualmente el municipio con 3.695". Los vocales, presididos por la directora general de Urbanismo, Nuria Mas, hicieron suya la conclusión de los técnicos: "no se considera adecuado el modelo propuesto". La alcaldesa de La Muela, vocal del organismo por la cuota del PAR en la DPZ, insistió en reclamar el visto bueno, a lo que la secretaria, Eva Salas, le replicó que no era técnicamente posible.

En esas intervino Camarero, que propuso "informar de la viabilidad de la delimitación (desarrollo) del sector SR-1 sin que sea necesario aportar una nueva justificación que se refiera únicamente a la delimitación del sector SR-1". Mas lo rechazó inicialmente, aunque terminó proponiendo una resolución según la cual, y pese al carácter "desfavorable" del informe de la CPOT, "podría considerarse correcta la delimitación del nuevo sector SR-1, siempre que quede garantizada la adecuada inserción del mismo en la estructura urbanística municipal". La palabra "desfavorable" se cayó de la resolución.

Miembros de la CPOT mostraron ayer su sorpresa al conocer que Camarero estaba contratado por el Ayuntamiento de La Muela cuando se celebró esa sesión. De hecho, el pleno municipal había acordado reclamar sus servicios para "la asesoría y defensa de los derechos e intereses" del municipio "dentro del ámbito del Plan parcial U-19, Alto de La Muela, Zona Norte". Varios de esos pleitos siguen vivos hoy.

PESQUISAS El SR-1 es uno de los ejes de las pesquisas de la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía en la Operación Molinos. Compró los terrenos la empresa madrileña Brocover a través de la empresaria zaragozana M. J. V. I., madre del exescolta del consejero Alfredo Boné. Según la exteniente de alcalde de La Muela, Miriam Fajardo, la firma de la capital los adquirió por indicación de Pinilla. Y, según la Policía, ella misma --no solo-- dio un pelotazo con la operación.

Según la Brigada de Blanqueo, el retraso en el desarrollo de los terrenos colocó en una situación extrema a Brocover, cuyo responsable, J. C. F. D., habría tratado de influir en Pinilla para desatascarlo al tiempo que esta lo haría sobre otros cargos públicos.