La Muela - Zaragoza

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Detecta un apunte de 2,5 millones de los que solo 400.000 venían de un crédito.El juez pide a una caja de ahorros que aclare el origen de ese dinero.

El juez de La Almunia ha pedido a una entidad financiera aragonesa que le remita "el documento de préstamo que justifique el ingreso de 2.500.000 euros" en una de las cuentas que investiga dentro de la Operación Molinos al percatarse la Fiscalía de que el único respaldo crediticio aportado por el pagador --la inmobiliaria Construcciones Nuevos Hogares-- en relación con esa operación es de 400.000 euros.

El ministerio público sospecha que ese ingreso se corresponde con el pelotazo de 2,1 millones en dinero negro que atribuye al empresario Carmelo Aured y el intermediario Manuel Boned en una operación en la que Construcciones Nuevos Hogares compró varias parcelas de la Unidad de Ejecución UE-12 cuyo precio escriturado prácticamente se duplicó en menos de un día.

El ingreso se produjo el 21 de octubre del 2004, mientras que la escritura de la hipoteca constituida sobre esas fincas por Nuevos Hogares el 27 de noviembre del 2003 ascendía solo a 400.000 euros.

La Fiscalía llama la atención sobre dos aspectos de esa operación en un escrito remitido al juez de La Almunia. Por una parte, Construcciones Nuevos Hogares tenía autorizada la concesión del préstamo hipotecario sobre la finca un día antes de comprársela a un presunto testaferro de Aured y de que este se la adquiriera a Boned y a una empresa de su propiedad. Y, por otra, mientras que los precios escriturados de las dos compraventas fueron de 701.019 y de 1.321.986 euros, la hipoteca atribuía a los terrenos un valor de 2.102.297. "Resulta muy sorprendente", indica la fiscala.

El Abogado del Estado, por su parte, considera que esa transacción y otra en la que un año más tarde Aured vende a Nuevos Hogares otras parcelas por 945.733 euros son "en realidad una única operación" organizada por el exalcalde de La Muela en la que se habrían movido en realidad 3.786.376 euros. "Resultan indicios claros y manifiestos de la existencia de un sobreprecio" que cifra en 1,5 millones para el muelano y de 630.000 euros para Boned.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han impugnado la petición de archivo de la causa presentada por Boned, que el juez ha denegado. "Se ha constatado que todas las partes implicadas en las anteriores compraventas se conocían" y que en la operación se movió dinero negro que no fue declarado a la Hacienda Pública, concluye el juez.