La Muela - Zaragoza

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El constructor que facturó obras no ejecutadas pide el archivo de sus cargos.La Muela cobró de la DGA 600.000 tras certificar algunos trabajos inexistentes.

La defensa de Antonio Fando, uno de los 41 imputados en la Operación Molinos, ha pedido al juez de La Almunia el sobreseimiento de las actuaciones contra él alegando, entre otros aspectos, que el juez, pese a estar sobre aviso, permitió la comisión del supuesto delito por el que está encartado para evitar que el grueso de las investigaciones del caso La Muela se fueran al traste.

Fando fue detenido el 18 de marzo del 2009 por cohecho, exacciones, tráfico de influencias, malversación y falsedad. Los dos últimos cargos surgen de la elaboración de facturas por obras adjudicadas a su empresa que no habían sido ejecutadas y que presentó al ayuntamiento junto con otras por trabajos efectivamente realizados.

En su segunda declaración ante el juez de La Almunia, Fando confesó que había elaborado las facturas mendaces por indicación de la alcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla. Diecisiete de ellas fueron certificadas mediante documentos en los que la firma del arquitecto municipal, Francisco Núñez, fue falsificada por alguien que todavía no ha sido identificado.

Las certificaciones y las facturas --tanto las mendaces como las correctas-- sirvieron de soporte documental para que el 20 de diciembre del 2008, cuando la Brigada de Blanqueo llevaba ya casi un año investigando la supuesta trama de corrupción urbanística de La Muela, el Instituto Aragonés del Agua ingresara una subvención de algo más de 600.000 euros al consistorio.

18 DÍAS El escrito de la defensa de Fando señala que la posible infracción penal debería ser considerada, en todo caso, en grado de tentativa, ya que, según consta en las diligencias, "se conocía desde el 2-12-2008 que al parecer se iba a cometer el fraude y que el dinero llegaba el día 20-12-2008 (18 días más tarde)". "Una vez levantado el secreto del sumario --añade el letrado--, sabemos que la Policía pudo evitarlo y no intervino, que informó al señor juez y que este tampoco intervino".

El defensor muestra, por otro lado, su disconformidad con "las razones que nos ha señalado" el juez para no impedir el pago: "Abortar el delito de fraude en las subvenciones como apunta la defensa y descubrir las investigaciones que en ese momento se estaban llevando en secreto hubiera provocado el fracaso de buena parte de la instrucción".

En las últimas semanas del 2008, las intervenciones telefónicas de la Operación Molinos revelaban que varios de los asuntos centrales de las pesquisas estaban al rojo vivo: eran frecuentes los contactos en los que los investigados hablaban del futuro del SR-1, de la sexta fase de Centrovía, de la situación económica del CD La Muela, de obras municipales y de la situación financiera de Brocover, cuyo jefe, José Carlos Fernández, conversaba días antes con su socio Miguel Ángel García sobre el "cuarto de kilo en lonchas" que la Policía vincula con un pago de 250.000 euros en efectivo. Un paso en falso del juez o la Policía habría desbaratado las pesquisas.

El escrito de la defensa indica, por otro lado, que las facturas mendaces que elaboró Fando no cumplen los requisitos que exige el Código Penal para una condena por falsedad y que, además, las realizó por indicación del consistorio. Sostiene que la corporación actuó de acuerdo con un "plan preconcebido" en el que el constructor fue utilizado "como mero instrumento". "No nos consta que nadie se haya lucrado o apropiado indebidamente del dinero obtenido con la subvención", añade.