Calatayud - Zaragoza

El PP denuncia que la Ley de Lenguas del PSOE regula «idiomas sin uso»

Imponer el catalán en Aragón costará 25 millones al año

La proposición de ley habla de «fomentar y garantizar el uso y la enseñanza» del catalán y el aragonés.
24 Noviembre 09 - Madrid - Fernando Cancio

«Es sorprendente que para Marcelino Iglesias no haya tarea más urgente en Aragón que imponer el uso del catalán en medio de una crisis y un paro galopantes». Quien habla es Eloy Suárez, portavoz popular en las Cortes de Aragón, en relación a la Ley de lenguas que promueve el Gobierno de Aragón y que pasa por reconocer como lenguas propias de la comunidad el catalán y el aragonés. Y es que, el PP ha estimado, a la baja, el coste que podría tener la aplicación de la proposición de ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón: al menos 25 millones al año.
La proposición, presentada por el grupo socialista el 2 de julio y publicada en el Boletín de las Cortes de Aragón el día 22, habla, por ejemplo, de que «las lenguas propias de Aragón gozarán de especial protección [...] garantizándose su enseñanza y el derecho de los hablantes a su uso en las relaciones con las administraciones públicas aragonesas». Una proposición que ha llevado a los ciudadanos aragoneses a la calle para protestar contra «las leyes estúpidas».
Para el PP, esas lenguas que el Gobierno de Iglesias considera propias no lo son tanto. Reconocen que «en la zona oriental hay variedades lingüísticas, pero que nada tienen que ver con el catalán normalizado» y critican que se quiera «imponer el de Barcelona para suprimir esas lenguas vernáculas». Y es que, en esa zona, conocida como la franja, hay quien aún habla «chapurreao», dialecto muy alejado del catalán. Pero también se refieren al aragonés, alegando que lo que realmente se habla, y poco, en lugares como Benasque, el valle de Ansó o el de Hecho, es la fabla. Su conclusión es que «quieren imponer una lengua ajena, el catalán, y un idioma de creación científica, el aragonés, sin uso».
Pero hay más. La proposición señala que «los poderes públicos fomentarán y garantizarán el uso, la enseñanza y conocimiento». En otro capítulo se habla de que, en las relaciones con las Administraciones Públicas, «los ciudadanos tienen derecho a usar las lenguas propias» y para cualquier tramitación se procederá «a la traducción a la lengua castellana», dándose respuesta «en castellano y en la lengua propia». Incluso regula su uso en las Cortes.
Por ello, el PP ha hecho sus cuentas sobre lo que costaría implantar la ley, que carece de memoria económica, con gastos como traductores o profesores. Según sus cálculos, habría que contratar a 782 personas –465 para aragonés y 317 de catalán. Con ello y con una retribución de 31.000 euros anuales –sueldo medio de un funcionario autonómico grupo A y nivel 22– el gasto anual laboral sería, al menos, de 24,2 millones, a lo que habría que sumar otros como la rotulación de muchas de las carreteras. En total, unos 25 millones al año.
Por ello, el PP ha presentado 60 enmiendas que «si prosperan cambiarían por completo la ley». Y creen que, aunque no habla de lenguas cooficiales, «serán cooficiales no declaradas». El PAR, por su parte, rechaza «frontalmente la imposición del catalán» y afirma que «es una locura decir que en Barbastro se habla catalán».

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