San Esteban del Molar - Zamora

CASO FABRA

El origen del caso se remonta al año 2003 cuando Vicente Vilar, un empresario de productos fitosanitarios, acusó a Carlos Fabra, por entonces Presidente de la Diputación Provincial de Castellón y Presidente del PP en esa misma provincia de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La investigación desembocó en su imputación por varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias y cohecho) y por 4 fraudes fiscales, tras detectar un incremento patrimonial no justificado. El caso estuvo parado durante años por los sucesivos cambios de jueces y fiscales. En el año 2010 la Audiencia de Castellón declaró prescritos cuatro de los cinco fraudes fiscales que se le imputaban. Sin embargo, el 1 de Diciembre del pasado año el Tribunal Supremo ordenó que Fabra fuera juzgado por todos los delitos fiscales que se le imputaban y no solo por uno, revocando así la decisión de la Audiencia provincial de Castellón.
Sin embargo, la sección Primera de la Audiencia Provincial, la que preside el propio presidente del tribunal, Carlos Domínguez, que mantiene una fluida relación con el principal imputado Carlos Fabra, ha decidido devolver el caso al juzgado de Nules a través de un auto dictado de oficio, sin que nadie se lo pidiese. En su auto alega que el delito de cohecho que se le imputaba a Fabra no existe. La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que la recurriría ante el Supremo. También lo hará la acusación popular, primero ante la propia Audiencia y luego ante el Supremo. El titular del Juzgado número 1 de Nules le ha impuesto una fianza de 4,2 millones. Según los peritos de Hacienda, el entonces matrimonio Fabra defraudó 1,2 millones. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 13 años de prisión, dos por cada uno de los cuatro fraudes, cuatro por el cohecho y uno por el tráfico de influencias. Por su parte, la acusación eleva su petición de prisión hasta los 20 años. Además de Carlos Fabra están imputados su ex esposa, María Amparo Fernández; el empresario denunciante Vicente Vilar y su ex esposa. A la primera se le ha impuesto una fianzas de 1,7 millones y a Vilar y a Vives, 800.000. Por último, la Audiencia de Castellón ha decidido admitir la imputación de un nuevo dirigente del PP. Se trata del exdiputado y exsenador Miguel Prim, sobre el que el tribunal sostiene que "pudo haber cometido comportamientos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, siquiera en grado de tentativa".

CASO EMARSA
Se investiga un agujero económico de al menos 17 millones de euros por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia tras numerosas irregularidades cometidas entre los años 2004 y 2010 en la extinta Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima.
Esta era una empresa instrumental creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos dedicada a depurar el caudal de las cloacas antes de liberarlo al mar, destinarlo al riego o a alimentar el parque natural de L'Albufera. Gestionaba la planta de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España. Emarsa dependía, a su vez, de la Emshi, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, en la que están representados diversos Ayuntamientos y que controla, en la práctica, el Consistorio de Valencia. Se financiaba con el canon de saneamiento que los vecinos de Valencia y de otros 18 pueblos cercanos pagan con la factura del agua. La aportación directa de fondos a Emarsa, sin embargo, la hacía en su mayor parte la Generalitat a través de su empresa Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales). Epsar estaba adscrita en la época investigada a Medio Ambiente. Dependió por tanto de los consejeros Rafael Blasco, Esteban González Pons, José Ramón García Antón y Juan Cotino. Según la Agencia Tributaria Emarsa defraudó 2,4 millones de euros a Hacienda entre los años 2006 y 2009.Hasta el momento hay 27 imputados. La alcaldesa de Valencia Rita Barberá se ha visto reiteradamente citada por testigos e imputados que la atribuyen aceptar costosos regalos a cargo de la entidad

CASO BRUGAL
Hay abiertas tres causas:
PGOU de Alicante
Contrata de la basura de Orihuela
Soborno al ex presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll para adjudicar la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja.

El número de imputados supera la treintena. Se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos. La investigación comenzó en el 2006, realizándose seis detenciones en mayo del 2007, tres de las cuales terminaron en condenas de cárcel. En julio del 2010 se retomó el caso con nuevos implicados. Entre los imputados se encuentran:
José Joaquín Ripoll, ex Presidente del Partido Popular de Alicante y ex Presidente de la Diputación provincial. En la actualidad es Presidente del Puerto de Alicante
Ex alcaldes del PP de Orihuela Mónica Lorente, José Manuel Medina y Francisco García Ortuño y seis ex concejales más del PP.
Sonia Castedo, actual Alcaldesa de Alicante y Diputada autonómica y el ex alcalde de esa ciudad Luis Díaz Alperi, también diputado regional. En octubre del 2012, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha imputado a los dos alcaldes por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. La policía, el fiscal anticorrupción y el instructor mantienen que Castedo y Díaz Alperi redactaron el PGOU siguiendo los "deseos" del constructor Ortiz y a cambio de dádivas. En el caso de Alperi, un viaje en un jet privado a Creta; y en el de Castedo, unas vacaciones en Andorra y un coche de la marca Mini. Según el juez, Castedo y Alperi adaptaron seis PAIS a los intereses de Ortiz. Y destaca que, sobre la base de información secreta, Ortiz acaparó suelo protegido para permutarlo por urbano. La policía cifró este pelotazo en 120 millones. Hay igualmente varios empresarios y funcionarios imputados, entre ellos, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, y el abogado urbanista José Luis Castedo hermano de la regidora Castelo. También directivos de Bancaja y de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

CASO BANKIA
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instruye una causa contra una treintena de ex miembros del Consejo de Administración de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Están acusados de cometer un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Entre los consejeros de Bankia están Rodrigo Rato Figaredo (ex ministro de Economía en el Gobierno de Aznar), José Luis Olivas (ex presidente de Bancaja, ex presidente interino de la Comunidad Valenciana por el PP), José Manuel Fernández Norniella (ex presidente del Consejo Superior de Cámaras),
Entre los consejeros de Banco Financiero y de Ahorro (BFA) : Ángel Acebes (ex ministro de Justicia y ex secretario general del PP); José Rafael García-Fuster (ex concejal del Ayuntamiento de Valencia y ex senador territorial por el PP); Agustín González González, ( Presidente de la Diputación Provincial de Ávila ); Mercedes de la Merced (Ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y ex eurodiputada por el PP), Jesús Pedroche ( ex presidente de la Asamblea de Madrid), Estanislao Rodríguez Ponga (ex secretario de Estado de Hacienda), Mercedes Rojo-Izquierdo (ex asesora técnica del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid), Ricardo Romero de Tejada (ex secretario general del PP de Madrid),

FINANCIACION IRREGULAR DEL PP EN LA C.A DE BALEARES
En octubre del 2012, el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach y el juez José Castro, que son los mismos que investigan el caso Urdangarín, tras casi dos años de instrucción declarada secreta tienen indicios de delito en la actuación del Gobierno de Jaume Matas (2003-2007) en relación a la adjudicación irregular de contratos públicos a la empresa Over Marketing y Comunicación (Over Mc). Con parte del dinero adjudicado a esa firma, el Partido Popular de Baleares pudo financiarse para la campaña electoral.
Los hechos descubiertos por la investigación judicial están dando lugar a varias imputaciones de ex altos cargos del Gobierno de Matas —entre ellos tres de sus consejeros—, así como de varios empresarios. Una primera estimación fija en tres millones de euros el dinero manejado en contratos públicos bajo sospecha. La investigación comenzó en 2010, tras unos registros a sedes de organismos del Gobierno de Baleares y de distintas oficinas y almacenes de compañías de publicidad. El núcleo de la investigación se centra en las adjudicaciones a la firma Over Marketing y Comunicación (Over Mc), presidida por el publicista Daniel Mercado, que fue el encargado de gestionar las campañas de imagen y estrategia de Jaume Matas para las elecciones de 2007 y antes en 2003. Según las investigaciones cuando Matas retornó al gobierno regional en 2003, tras ser ministro de Medio Ambiente con José María Aznar, la mayoría de las 13 consejerías del Gobierno balear y muchos Ayuntamientos del PP pasaron a contratar trabajos con Over MC. La acusación acumula pruebas de que mediante este mecanismo se financió indirectamente con fondos públicos una parte de las campañas electorales del PP. Por su parte Mercado en sede judicial ha admitido su participación en los hechos investigados. Asimismo ha admitido que también ha colaborado con varios gobiernos regionales del PP: Madrid, Castilla y León y Valencia.
En las carpetas halladas durante el registro en la empresa de publicidad se encuentran apuntes que no distinguen entre el cliente PP y las instituciones: “Campaña 2007 Baleares, Ibsalut, Manacor, noticias varias, PP, Menorca”. A semejanza con el operativo del caso Gürtel, el método de contrataciones institucionales paralelas a trabajos para el PP incluye obsequios documentados para altos cargos y sus esposas. En la causa existen listados de regalos de gran lujo, su precio y el nombre de los beneficiarios. En el sumario constan decenas de expedientes sospechosos, desde contratos de menos de 12.000 euros hasta uno de 1,09 millones para ferias turísticas. Existen facturas fragmentadas así como obsequios a autoridades y anotaciones de manejos de fondos clandestinos.
Entre los imputados se encuentran:
Pere Rotger. Se ha visto obligado a dimitir como Presidente del Parlamento regional- mantiene su escaño- tras confirmar el juez José Castro su imputación. Rotger está implicado en la adjudicación de un contrato supuestamente amañado de 20.000 euros con Over en la época en la que era alcalde de Inca (2007-2011). Según el juez Castro, hay indicios de haber cometido los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.
José María Rodríguez. Ex Consejero de Interior con Jaume Matas y secretario general del PP balear. Hasta julio del 2012 ha sido el Delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en esta C.A. Fue durante su etapa como Consejero cuando se efectuaron contrataciones oficiales con OverMC.
Antonio López Robles. Ex gerente del PP en Baleares. Sospechoso de haber manejado dinero opaco y traficado con facturas ficticias para que hoteleros sufragasen, en 2003, gastos de las campañas electorales de Matas. Al menos, 5 empresas turísticas abonaron pagos fragmentados por unos 30.000 euros.
Mabel Cabrer. Ha dimitido como Portavoz del PP en el Parlamento regional. Ex Consejera
Antoni Juaneda. Tras conocerse su imputación ha dimitido Director insular del Gobierno de Rajoy en Menorca.
Otros imputados relevantes son el actual alcalde de Inca, Rafael Torres; Encarnación Padilla, cuñada del ex presidente Matas y ex directora general de Innovación Tecnológica, y Javier Rodrigo de Santos, ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma y coordinador de la campaña electoral del PP en 2003, que cumple prisión condenado por malversar dinero público y por abuso de menores.

CASO GÜRTEL
La causa iniciada en el año 2007 y conocida por la opinión pública en febrero del año 2009, se encuentra repartida entre el Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana y en la Audiencia Nacional, tras ser devuelta por TSJ de la Comunidad de Madrid. Hay abiertas 7 causas.
Según lo hasta ahora investigado “ existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente de las Comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio".
Están imputados decenas de dirigentes nacionales, regionales, provinciales y locales del Partido Popular que unidos a empresarios, abogados y asesores fiscales hacen que el número total supere la cifra de 100. El último de los imputados en abandonar la prisión en junio 2012, ha sido Francisco Correa, tras tres años y cuatro meses en prisión preventiva
Tribunal Supremo
1. Se encuentra pendiente de resolver el recurso que la acusación particular ha interpuesto contra la sentencia de un jurado popular por la que se declaraba no culpable de cohecho impropio a Francisco Camps, ex Presidente de la Generalitad y ex Presidente de PP en la C. Valenciana y Ricardo Costa, ex Secretario General del PP en esa misma Comunidad. La fiscalía ha renunciado a presentar recurso. Por una causa similar han sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al pago de una multa de 9.600 euros al exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y ex jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. En sendas sentencias, la Sala de lo Civil y Penal condena también a Campos y Betoret a sufragar las costas procesales y acuerda el comiso de las prendas de vestir recibidas o, en su defecto, de su valor "en la cuantía de las mismas establecidas en los hechos probados".
Audiencia Nacional
El caso está siendo instruido por el titular interino del Juzgado nº 5, Pablo Ruz tras declararse incompetente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al perder la condición de aforados varios de los imputados que habían sido diputados en la Asamblea de Madrid.
Por el momento las actuaciones más relevantes han sido las siguientes:
2. Bárcenas, Merino y Galeote. La Sección IV de la Audiencia Nacional en marzo del 2012 acepta los recursos del acusación particular, abogacía del estado y ministerio fiscal y decide anular un auto del juez Pedreira del Tribunal de Justicia de Madrid que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a Luis Bárcenas, ex senador, ex gerente y ex tesorero nacional del PP, Jesús Merino, ex diputado y ex miembro de la dirección del GPP, entonces dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría y Ricardo Galeote, ex concejal de Estepona. Tanto el abogado de Bárcenas como los abogados del PP, personado en la causa, se opusieron a los recursos para que se retomara la causa. La Sala ordena que se continúe el procedimiento contra los tres, por lo que retoman su condición de imputados por cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales. La Sala argumenta que la decisión de archivo que tomó el juez Antonio Pedreira no era "ni urgente ni inaplazable". El origen de la causa está en que sus nombres y cantidades recibidas aparecen en la contabilidad B de la red de Francisco Correa. En enero del 2013 el juez Ruz dicta varios autos tras recibir una primera información de la Comisión Rogatoria enviada a Suiza. Según se desprende de estos autos quedaría acreditado que Bárcenas tenía sociedades a su nombre en paraísos fiscales y que disponía, al menos, de una cuenta en Suiza en la entidad Dresner Bank, situada en Ginebra. La cuenta está a nombre de una sociedad panameña denominada Sinequanon, cuyo titular es Bárcenas. En la cuenta llegó a tener un saldo de 22 millones de euros, aunque la cantidad media que guardaban era de 15 millones de euros. Suiza ha aportado los extractos de esta cuenta entre los años 2005 y 2009.
3. Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, vuelve a ser imputada. El 20 de abril, el juez Ruz le atribuye un supuesto delito contra la Hacienda Pública. La implicación se basa en un informe de Hacienda de junio de 2006 que detectó un supuesto fraude fiscal cometido por ella al ingresar en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006. Esa cantidad, según aseguró la esposa de Bárcenas a los inspectores, corresponderían a la venta de un bien propio. La Agencia Tributaria asegura que la esposa del ex tesorero del PP no ha podido acreditar hasta el momento cuál fue el bien que vendió ni a quién, ni ha aportado los documentos que acreditarían su compra a finales de los años ochenta.
4. El juez Ruz el 18 de mayo retoma la instrucción del sumario remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (632 tomos con aproximadamente 265.000 páginas) en los que figuran algo más de 60 imputados, en su mayoría acusados de delitos relacionados con cohecho, prevaricación, malversación y financiación irregular del PP a través de Fundaciones, etc. El juez reclama a la Administración regional la documentación de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006 para comprobar si se han producido sobrecostes y comisiones. Entre los imputados por este sumario destacan varios dirigentes del Partido Popular en la CA: Alberto López Viejo, ex Diputado regional y ex consejero de Deportes del gobierno de Esperanza Aguirre; Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo; Arturo González Panero y Juan Siguero ex alcaldes de Boadilla del Monte; Jesús Sepúlveda, ex Alcalde de Pozuelo; Ginés López, ex Alcalde de Arganda; Benjamín Martín Vasco, ex diputado autonómico; Alfonso Bosch Tejedor ex diputado autonómico; Juan Carlos Clemente Aguado ex vice consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.
5. Contratos Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Están imputados Ángel López de la Mota, ex empleado en la sede nacional del PP durante la etapa de Álvarez Cascos como Secretario General del PP y ex director de Comunicación del organismo y José María Gabarri. La policía les acusa de que a cambio de obtener contratos mientras Francisco Álvarez-Cascos, ocupó el Ministerio de Fomento, percibieron más de 85.000 euros en comisiones en un período en el que las empresas de Correa obtuvieron contratos por 2,4 millones de euros. El juez Ruz considera que López de la Mota y Gabarri habrían participado en la elaboración de los pliegos de condiciones de los concursos supuestamente amañados que favorecieron a Special Events y FCS Travel Group (ambas de Correa).
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
6. Caso Fitur. Tras inhibirse el juez Pedreira, instructor del caso en el TSJ de la Comunidad de Madrid, se abre una causa en el TSJ de la C. Valenciana por considerar que hay indicios de financiación irregular a favor del PP en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008. Se trata de una pieza separada que ha investigado las adjudicaciones por seis millones de euros a la red de Francisco Correa del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur entre los años 2005 y 2009. Se trataría de facturas pagadas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y en las generales del 2008 (en las que salió derrotado Mariano Rajoy). Por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona". Entre los imputados se encuentran:
Dirección nacional PP: Luis Bárcenas. Ex tesorero del PP estatal. Por delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG
Direccional regional PP. Por delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG: Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV y diputado autonómico), David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV y diputado autonómico), Yolanda García (tesorera del PPCV y diputada autonómica), Cristina Ibáñez (administradora electoral y gerente desde 1995) y Cristóbal Páez, Administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008.
Altos cargos Administración regional: Por delitos contra la Administración, cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros: Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno y diputado autonómico, Milagrosa Martínez (exconsejera, expresidenta de las Cortes Valencianas y diputada autonómica ) , Angélica Such, ex consellera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa del Parlamento regional, Rafael Betoret, exjefe de gabinete en Turismo, ya condenado en el caso de los trajes, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia y la coordinadora de ferias, Ana Grau.
Empresarios: Todos los imputados y sus 9 empresas pertenecen al sector de la construcción. Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste, Constructora Hormigones, Martínez. Rafael Martínez Berna- alias El Cantante- directivo del grupo Vallalba Este empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Alegando razones personales hace unos meses presentó su dimisión.
Propietarios y gestores de las mercantiles Orange Market, SL, Boomerandrive SL, Easy Concept Comunicación SL (antes, Down Town Consulting SL), Rialgreen SL,TCM SL; Servimadrid Integral SL: Francisco Correa, alias Don Vito. Álvaro Pérez, alias El Bigotes, Pablo Crespo, ex Secretario de Organización PP de Galicia y los empleados, Cándido Herrero Martínez, José Luis Izquierdo, Felisa Isabel Jordán y Mónica Magariños
El 16 de enero 2013, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación de los hechos previo a la apertura del juicio oral. Entre las penas que solicita destacan las siguientes:
11 años de prisión para Milagrosa Martínez, alias La Perla, ex Consejera de Turismo, ex Presidenta de las Cortes Valencianas, actual diputada autonómica y alcaldesa de Novelda (Alicante). La fiscalía acusa a Martínez de los delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, así como de un delito de cohecho. Junto a la pena de prisión, pide para ella 34 años de inhabilitación (16 de ellos, absoluta). Según la fiscalía, Martínez recibió un reloj de la marca Hublot por importe de 2.400 euros que Francisco Correa adquirió en el establecimiento Joyería Suárez, sita en la calle Serrano número 63 de Madrid.
11 años de prisión y 38 de inhabilitación para Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Martínez.
10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación a Angélica Such, ex Consejera de Turismo y diputada autonómica.
Al Vicepresidente Rambla y diputado autonómico se solicita el sobreseimiento provisional de por no haber quedado debidamente acreditada su participación en los hechos, aunque sigue imputado, en la pieza separada del mismo caso que indaga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008.
Para los responsables de la red de empresas de la trama, el fiscal solicita un total de 10 años de prisión para Francisco Correa por delitos continuados, como autor o cooperador necesario, de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. Y 11 años y medio de cárcel para Álvaro Pérez y Pablo Crespo porque a los delitos atribuidos a Correa se suma el de falsificación de documento oficial.
7. Visita de Benedicto XVI a Valencia en el año 2006. Esta causa en un primer momento fue instruida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Posteriormente, desde marzo hasta junio del 2012 el caso pasó a la Audiencia Nacional, en concreto al juzgado nº 5 que dirige el juez Ruz y desde junio del 2012, tras un auto del Tribunal Supremo, está siendo instruido nuevamente por el TSJCV. En la actualidad son 11 los imputados a los que se les atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública por el IRPF correspondiente a 2006 de las personas que percibieron fondos derivados de esta contratación y el Impuesto de Sociedades e IVA que Teconsa dejó de abonar ese año. Entre estos los imputados se encuentra Pedro García , ex director de la Radio Televisión Valenciana (RTVV), Pablo Crespo, ex Secretario de Organización del PP en Galicia, el ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín, amigo personal del ex Presidente Aznar y Jacobo Gordon, ex socio y amigo de Alejandro Agag. Los tres últimos constan como administradores de la sociedad Castaño Corporate, una de las empresas a las que fue a parar parte del dinero sin que hicieran nada a cambio. Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción que motivó estas imputaciones, el ex director general de la RTVV habría percibido "reiteradas dádivas en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico" del entorno de Francisco Correa que "al menos parcialmente" estarían vinculadas con "la contratación irregular" de RTVV con algunas de sus empresas. Los trabajos fueron subcontratados después a "empresas pantalla": Apogee, Impacto Producciones, Sirius Show Equipement, Wild Electronic Design, Castaño Corporate y Free Consulting, que habrían girado facturas supuestamente falsas por valor de 1.242.690 euros.

ALCALDES DE CAPITALES IMPUTADOS
SANTIAGO DE COMPOSTELA. En los primeros días de enero 2013, la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, ha imputado al alcalde de Santiago, Ángel Currás, en la Operación Pokemon, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones de ayuntamientos gallegos a diferentes empresas, principalmente al Grupo Vendex. El regidor accedió al cargo en abril del año pasado en sustitución del dimitido Gerardo Conde Roa acusado de un supuesto delito fiscal. Ángel Currás, se ha visto implicado en la Operación Pokemon después de la imputación hecha en esta causa a su concejala de Educación, Rebeca Domínguez, que prestó declaración en el mencionado juzgado lucense el pasado 20 de diciembre.
VALLADOLID. Francisco Javier León de la Riva. Está imputado por la alteración irregular del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2003, orientada supuestamente a conceder licencias de construcción y aumentar coeficientes de edificabilidad para beneficiar a determinadas personas. Junto a León de la Riva están imputados siete concejales y ex concejales del Consistorio, presuntamente implicados en la alteración del PGOU de 2003. Los indicios apuntan a que el PGOU de Valladolid se modificó por la vía de introducir correcciones técnicas, que en realidad eran variaciones sustanciales en el desarrollo urbanístico. Tras aprobarse su publicación, pudo conocerse que lo publicado no se correspondía con lo aprobado por el Ayuntamiento. Así fue posible construir 124 viviendas unifamiliares en el lugar de las nueve previstas en el PGOU, con un beneficio para el promotor de 11,4 millones de euros. Las modificaciones también permitieron demoler el edificio de la céntrica calle Bajada de Libertad, 17; aumentar el parámetro de edificabilidad de la Ciudad de la Comunicación; conceder licencia para un complejo residencial para mayores en la calle de Arca Real y autorizar para uso hotelero la antigua fábrica de harinas La Perla.
MURCIA. Miguel Ángel Cámara. Imputado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia en el marco de la denominada Operación Umbra. Este caso comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL. En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.
15. VARIOS
EX ALCALDE DE SANXENXO Y DIPUTADO POR PONTEVEDRA. El juzgado de Cambados y la fiscalía han acordado remitir al Tribunal Supremo la causa incoada en 2006 por un delito medioambiental contra los promotores del edificio Illas Atlánticas de Sanxenxo y que podría derivar en la posible imputación del ex alcalde cuando ocurrieron los hechos. En la actualidad Martín, amigo personal del Presidente del Gobierno, es Diputado por Pontevedra. La investigación se refiere a la venta de parte de los terrenos donde se levantó el inmueble por parte de la empresa Construcuatro, de la que era accionista, y que habían sido recalificados antes por parte del Ayuntamiento que presidía Martín. El caso se abrió a raíz de una denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo contra la promotora Construziona Galicia, SL, ya que el edificio ocupó el espacio de servidumbre de un regato del río Baltar, lo que originó continuos desbordamientos y conllevó la paralización de las obras. La causa fue archivada. Casi tres años después, la Audiencia de Pontevedra ordenaba reabrir la investigación al encontrar un funcionario unos legajos en un anaquel del archivo que provocaron una nueva investigación por si "pudieran derivarse responsabilidades penales" de Telmo Martín, presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias, hechos que se remontan a 2004.

CASO BALTAR. DIPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense admite a trámite la querella del fiscal contra el ex Presidente del PP en la provincia y ex Presidente de la Diputación Provincial, José Luis Baltar, por un presunto delito de prevaricación continuada. El magistrado investigará la contratación de un centenar de personas en la Diputación en las semanas previas al congreso del PP en el que el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia. El ministerio público sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al PP, fueron ilegales. El origen de la querella está en una denuncia del PSG- PSOE a Baltar, que presidía.
La querella incluye una amplia documentación —300 folios— fruto del contraste, persona a persona, del centenar de enchufados tras la información que le trasladó, en 2010, el PSOE provincial. La denuncia de “enchufismo” se basa en la “ausencia de publicidad”, esto es, de convocatoria de oferta pública, para optar a las plazas, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los procesos de selección de personal en las instituciones públicas

CASO MADRID ARENA

El 1 de noviembre de 2012 durante una fiesta multitudinaria en el recinto Madrid Arena, en plena Casa de Campo, tras una avalancha humana, murieron cinco jóvenes, una de ellas menor de edad. Gracias a las grabaciones tanto de las cámaras de seguridad como de los propios asistentes a la fiesta, se comprueba que se superó con creces el aforo permitido. En total, la Policía estima que durante la noche de Halloween había unas 23.000 personas en el Madrid Arena, más del triple de la cantidad (7.000) que en un principio informó la empresa Diviertt al Ayuntamiento de Madrid y más del doble de las entradas que la firma declaró haber vendido, 9.600.
El titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid se hace cargo del caso. El concejal de Economía, Pedro Calvo, dimite tras ser imputado por ser presidente de Madrid Espacios y Congresos, la empresa pública municipal que alquiló el Madrid Arena para la fiesta. Lo hizo a pesar de que el pabellón no tenía licencia de funcionamiento y de que la organizadora acumulaba deudas con la Seguridad Social. Mantiene su condición de concejal. El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, cree que "todo apunta" a que el Ayuntamiento es responsable civil subsidiario de lo que ocurrió. La Delegada del Gobierno Cristina Cifuentes niega que diese el visto bueno a la fiesta porque no es de su competencia. El juez instructor imputa a otras siete personas, entre ellas varios cargos de confianza municipales.
Se hace público que la alcaldesa Ana Botella se marchó de viaje de placer a Portugal el jueves 1, el sábado 3 y el domingo 4 de noviembre, solo horas después de la muerte de las jóvenes.
Sale a la luz que el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, fue quien ofició la boda de José María Flores, el administrador único de Diviertt y hermano del propietario de la empresa. El 9 de enero es destituido y/o dimite el Vice Alcalde Villanueva

CASO ÁTICO PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Tras varias denuncias del SUP, la titular del juzgado de instrucción número cinco de Estepona ha decidido investigar la propiedad del ático de lujo del que es propietario en Marbella el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

En una Providencia fechada el 9 de enero 2013, la juez reclama a la Delegación Provincial de la Agencia Tributaria que le remita “toda la información fiscal” sobre la empresa Coast Investor LLC, una sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos), ex propietaria del piso, de 500 metros cuadrados y sito en la lujosa urbanización Alhambra del Golf. La juez da por incorporado a la causa un informe de 141 folios sobre el ático elaborado por la Fiscalía Anticorrupción.

Tras conocerse esta actuación judicial, el Presidente de la CAM informó a los medios de comunicación que a finales de 2012 compró, por 770.000 euros, el ático de Guadalmina, en el que veranea desde hace años. Según las escrituras, el 80% de la vivienda (equivalente a 616.000 euros de los 770.000) es de la esposa del Presidente, Lourdes Cavero, vicepresidenta de la patronal madrileña, con la que tiene régimen de separación de bienes. El 20% restante, sería propiedad de González y le ha supuesto un desembolso de 154.000 euros. En su respectivo patrimonio a él le corresponde un 20% indiviso y, a ella, un 80%. El sueldo como Presidente asciende a 103.000 euros brutos al año, unos 4.800 netos al mes.
Hasta su compra, figuraba como propietaria la empresa Coast Investor LLC, una sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos). Hasta hacerse pública la escritura, Ignacio González había afirmado que solo era un inquilino.
La Fiscalía Anticorrupción archivó en mayo del 2012 una denuncia del SUP en el mismo sentido. Además, el primer Comisario General de Policía Judicial nombrado por el Gobierno de Rajoy, Enrique Rodríguez Ulla, fue destituido por abrir una investigación secreta y oficial sobre este ático de lujo

CASO ESPIAS COMUNIDAD DE MADRID

Tras reabrir por segunda vez la Audiencia Provincial de Madrid este sumario contra agentes de la Comunidad de Madrid que espiaron a varios cargos del PP, entre otros a Alfredo Prada, entonces vicepresidente autonómico y a Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid, se han hecho públicas las declaraciones de un guardia civil en las que acusa a sus superiores de practicar espionaje a estos y a otros altos cargos o responsables políticos. El imputado acusa directamente al actual Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Las tareas de espionaje se reflejaron en unos partes mecanografiados sobre los que escribió distintas anotaciones un empleado público de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid. El espionaje tuvo lugar, al menos, entre abril y mayo de 2008, cuando el PP nacional dirimía si el liderazgo seguía o no en manos de Mariano Rajoy.

Pese a que durante la investigación judicial los informes periciales de la policía demostraron que se habían producido seguimientos a Prada y Cobo durante dos meses y que los partes del espionaje recogían notas manuscritas de un empleado público de la Comunidad de Madrid, la juez del caso, Carmen Valcarce, decidió archivar la causa, en la que estaban imputados hasta tres ex guardias civiles fichados por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, un empleado público de la dirección de Seguridad y el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón.

La Audiencia de Madrid ordenó en marzo de 2011 a la juez reabrir el caso al encontrar “indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos”. Con los presupuestos autonómicos, según los argumentos de la Audiencia Provincial, se pagaron servicios de espionaje a dos cargos políticos del PP. La juez consideraba imposible calcular el dinero malversado mientras la Audiencia le explicaba cómo podía descubrir la cifra. Pese a ello, la juez volvió a archivar en febrero de 2012 la causa, tras algunas diligencias menores, con el argumento de que no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hubieran sido utilizados en los presuntos seguimientos, pese a que todos los informes policiales y periciales así lo concluían de manera determinante. En mayo 2012 se la ordenó su reapertura.

CASO MATAS

En este apartado se incluye varias causas judiciales en las que están imputados el ex Presidente de la Comunidad de Baleares y ex Presidente del PP, Jaume Matas así como numerosos altos cargos de sus gobiernos y dirigentes del Partido Popular. De todas ellas destacan las siguientes:

PALMA ARENA. La causa arranca tras conocerse numerosas irregularidades en la construcción del velódromo Palma Arena cuyos costes se elevaron 50 millones de euros por encima de lo previsto. Los principales imputados son el ex Presidente de la Comunidad de baleares y ex Presidente del PP Jaume Matas y su esposa, Maite Areal; el ex gerente de PP balear, Fernando Areal (su apoderado y cuñado de Matas) y los ex altos cargos del PP: José Luis (Pepote) Ballester, Dulce Linares, Jane King, Juan Martorell, María Umbert, Antonio Serra, Raimundo Alabern, Pedro Álvarez, Antonio Palerm, Jorge Moisés y Rafael Durán. También están imputados Miguel Romero, publicista del PP y del Palma Arena; Antonio Obrador (decorador de las casas de Matas); Luís y Jaime García-Ruiz (arquitectos del Palma Arena y de la sede del PP) y Miguel Ángel Rodríguez, ejecutivo de la UTE FCC-Melchor Mascaró.

CASO NOOS. Forma parte del Caso Palma Arena y se está investigando, entre otros aspectos, dos contratos, por 1,2 y 1,1 millones, que suscribió el Gobierno de Jaume Matas en 2005 y 2006 con el Instituto Noos que se hicieron sin concurso y sin respetar la Ley de Procedimiento Administrativo, según la investigación judicial. El contacto del Presidente de Noos, Iñaki Urdangarin para conseguirlos fue el entonces director general de Deportes de Baleares, José Luis Ballester, como prueban algunos correos electrónicos que figuran en el sumario.

También el juez investiga las ramificaciones de este caso en la Comunidad Valenciana. Están imputados 7 Altos Cargos de la Administración Autonómica: Luis Lobón, ex secretario autonómico de Turismo y Jorge Vela, ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas, que dimitieron de su cargo el 15 de mayo tras ser imputados. Asimismo también lo están , Elisa Maldonado, ex directora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, María Ángeles Mallent, ex responsable jurídica de la misma entidad; José Manuel Aguilar, ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el empresario de Lobby Comunicación, Miguel Zorio

CASO TORREVIEJA
El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ), el pasado 30 de noviembre del 2012, ha condenado a tres años de cárcel a Pedro Ángel Hernández Mateo, diputado en las Cortes Valencianas, ex alcalde de Torrevieja durante 20 años. En la sentencia ha sido declarado culpable de falsedad en documento oficial y prevaricación. El entonces alcalde cometió los delitos en la adjudicación, en 2004, del mayor contrato del Ayuntamiento de Torrevieja; el servicio de basura por 96 millones de euros en 10 años (que han acabado siendo más), a la unión de empresas integrada por Necso Entrecanales Cubiertas-Grupo Generala de Servicios. La sentencia establece, además, la inhabilitación para ser alcalde o cargo electivo local durante siete años. El relevo en su puesto en las Cortes lo ha ocupado Elisa Díaz, hija del ex alcalde de Alicante y también diputado Luis Díaz Alperi, imputado en Brugal.

CASO COOPERACIÓN

Esta investigación, iniciada por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia en mayo de 2011, tras una denuncia del fiscal Anticorrupción se centra en determinar el alcance y destino final de 6 millones de euros otorgados durante los años 2008 y 2009 a diferentes ONG por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitad Valenciana durante la etapa del Consejero Rafael Blasco, en la actualidad diputado autonómico y hasta hace poco tiempo, Portavoz en las Cortes Regionales.
La operativa se desarrollaba, según la investigación, a través de dos fundaciones, Cyes y Hemisferio, que tuvieron como eje, entre otras, a la empresa Arcmed. En el caso de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales habría desviado 447.000 y casi 500.000 euros, para la compra de dos entresuelos con garaje en Valencia que inicialmente estaban destinados para proyectos de cooperación para facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua. En estos momentos hay 27 imputados.
Tras elevar la juez una providencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que pide que se pregunte en el Parlamento autonómico por la condición de diputado de Rafael Blasco- ex Consejero del área ahora investigada, "ante los indicios existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva" a quien era consejero cuando se produjo el fraude, el citado Tribunal Superior ha decidido su imputación por fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La imputación provocó la renuncia de Blasco a seguir como portavoz parlamentario, aunque continúa en su escaño.
El Grupo Popular, que cuenta con 55 diputados en la Cámara, tras la imputación de Blasco, tiene 10 parlamentarios imputados

He estado viendo el programa de Sáez de Buruaga en el que él y sus correligionarios contertulios señalaban a Sánchez Gordillo como uno de los grave problemas de España. Una vez superadas las correspondientes nauseas he pensado que al final, conociendo a la justicia española,le pongan una cuantiosa fianza y le lleven de inmediato ante la audiencia. Vivir para ver. No te esfuerces Soitu,siempre habrá gente que niege lo evidente.

El encabezamiento lo dice todo: visión subjetiva y partidista.

No has entendido la ironía, no quieres entenderla o llevas una venda.Todo lo que ha recogido Soitu son hechos, hechos, hechos contrastados.

De todo lo que he oído estos dias de los papeles de (supuestamente) Barcenas, ha habido un acosa que me ha echo mucha gracia.

Un tertuliano decia que todo tenia que ser cierto, porque unas cuantas cosas, eran verdades contrastadas, luego todo lo demás, tambien tenia que ser cierto. ¡que logica aplastante!

O sea, que si yo escribo:
Amanece todos los dias y todos los dias, al caer la tarde, un burro se eleva y vuela sobre la plaza.

Siguiendo la misma lógica del tertuliano, como es cierto que amanece todos los días, pues también tiene que serlo que el burro vuela.

Es que hay cada lumbrera, que se caga la perra.

¿¿¿

¡ Anda, me he merecido tres signos de interrogación!

dice varon rojo:

En el non va plus de la impudicia, el partido popular saca pecho y Cospedal para negar la mayor. La portada de "El País" ( los datos acerca de la identidad de los "sobrecogedores" y el origen gürteliano de la pasta en cuestión), supondría la caída del gobierno hasta en una democracia de opereta.

Si a eso añadimos los sacrificios heroicos que se están exigiendo a la ciudadanía y el expolio social contra los más débiles, a servidora le nace entonar la marsellesa. Como aspirante a ser digna heredera ý representante de la Izquierda Depresiva Aragonesa, fundada por nuestro añorado Labordeta, suscribo lo que ya les manifestó gloriosamente mi paisano: ¡Váyanse a la mierda!

En aquella ocasión, corría el año 2003, la bancada popular mostraba su desprecio y dirigía insultos y descalificaciones, una vez más, al congresista aragonés. A la cabeza de los hooligans peperos: un altanero Alvarez Cascos que por aquel entonces era ministro de fomento. El mismo Alvarez Cascos que aparece ahora en los papeles de Barcenas como presunto "sobrecogedor". Al lado de los nombres de otros prominentes padres y madres de la patria como el mismo presidente Rajoy, Javier Arenas, el tito Rato y hasta de esa reinona de la teja y la mantilla, ¡ay Dolores!, de Cospedal. La consigna interna del partido es evidente: ¡Tonto el que no trinque! O desleal y traidor, si se te ocurre reclamar luz y taquígrafos. Ya saben aquello que decía Corleone, está muy feo delatar a la familia.

Recordando aquel día de marzo del año 2003, en el que un digno Labordeta les mandó a la mierda, me arrebata un orgullo inenarrable. "El Abuelo", título honorífico con el que los aragoneses conocemos a Jose Antonio Labordeta, era un tipo íntegro ante todas las cosas. Pero además era poeta, profesor, catedrático y un político que no podía pensar en términos políticos. Solo le interesaban los humanos. Fue un luchador por y para la libertad que no se acobardó nunca de decir lo que pensaba.

Ese ¡A la mierda! levantó una oleada de interesada indignación entre los provocadores. Lo usaron para vilipendiar al embrutecido provinciano que reaccionaba cual gañán en la Cámara Alta. Y sí, era cierto, don Jose Antonio no vestía finos paños y era hombre recio y poco aficionado a las zalamerías. Pero era todo un caballero. Y empecinadamente honrado. No como otros que aparecen en listas vergonzantes y privatizan como si fuera su último día en el planeta. La crema y nata del partido de un gobierno que conduce nuestro país directamente a la mierda.

LABORDETA sabía bien el habitat,no de todos,pero casi de todos estos pperros

y el de la avutarda...????? seguro

Estaba decepcionado petruska porque creía que nos habías abandonado. Gracias por rememorarnos a un icono de la dignidad y la sabiduría. Aún tengo grabada en mi mente la imagen del abuelo mandando a la "mielda " a toda la bancada del facherío y cómo le miraba un joven diputado pijoppepero con aire de superioridad ante lo cual Labordeta vuelve a insistir : " Si hombre si , ¿ De qué se rie vd ? si vds han gobernado toda la vida y mangoneado y no soportan que los demás el pueblo llano estemos aquí ...." ¡ qué diría J A Labordeta si viera el panorama que tenemos !

de los foros que entro,este es de los mejores,pero cada vez entro menos en todos ellos

¿por que es el mejor?
¿Por sus contenidos, sus participantes?

¿ No te parecerá el mejor por su clara tendencia politica?

Y es que hay quien solo se encuentra a gusto entre los de su misma tendencia, y hay quien nos encanta llevar la contraria....

Todo un profesional........

EL CASO NASEIRO Y EL INFORME GALLARDÓN


CONCLUSIONES

Por encargo de José María Aznar, el entonces senador y presidente del Comité de Conflictos y Disciplina, Alberto Ruiz Gallardón elaboró un informe en el que se establecen responsabilidades políticas para Arturo Moreno, Ángel Sanchis y Salvador Palop y que son consideradas como faltas graves, y las de Rosendo Naseiro, entre leves y graves.

Sobre Moreno, el informe explica que el vicesecretario general consintió la existencia de un grupo identificable en una unidad de propósitos políticos dentro del partido de forma no oficial y con actuación al margen de la estructura orgánica del partido.

Respecto a otros dirigentes mencionados en el asunto, el informe señala que los hechos revelan que el diputado nacional Ángel Sanchis, sin competencia orgánica ni estatutaria alguna, pretendió participar junto con Palop en operaciones de recaudación de fondos, utilizando para obtener su confianza los nombres del presidente fundador y del presidente del partido. Añadía que + los hechos revelan que Rosendo Naseiro, al margen de sus obligaciones como tesorero nacional, consintió la realización por Salvador Palop de conversaciones encaminadas a las actividades referidas, permitiendo la participación en labores de tesorería a personas que no ostentan cargo alguno en el organigrama financiero del PP.

El informe no realizaba propuesta alguna en cuanto a sanciones concretas.

El informe se dividía en cuatro partes, la última de las cuales estaba dedicada a hacer una propuesta de normas éticas de la actividad política que mas tarde se convirtió en el denominado Código Ético.

TRASCRIPCIÓN LITERAL EXTRACTOS INFORME GALLARDÓN

1. De los hechos examinados e investigados resulta acreditada la participación de varios miembros del Partido Popular en una serie de conversaciones en las que utilizando el nombre del partido se pretende conseguir aportaciones no finalistas de determinadas empresas que, por su actividad, participan de forma habitual en los concurso públicos cuya adjudicación corresponde a corporaciones locales de las que forman parte, generalmente de forma minoritaria, cargos electos del Partido Popular.

Esta pretensión de obtener aportaciones económicas en ningún caso aparece condicionada al voto de los concejales del Partido Popular en adjudicaciones de obras suministros o de cualquier otra naturaleza.

No se ha producido en ningún caso en las operaciones objeto de investigación en este informe, cambio del sentido de voto por parte de los concejales del Partido Popular, como consecuencia de las actuaciones referidas.

Ninguna de las operaciones objeto de investigación llega a consumarse por lo que el Partido Popular o los intervinientes en las mismas, no han recibido aportación económica alguna.

2. Todas estas actuaciones no suponen la revelación de un sistema permanente y estable de financiación del Partido Popular.

Por el contrario, se trata de hechos aislados que surgen a iniciativa de Salvador Palop y que se pretenden realizar en unos casos con Ángel Sanchis y en otros con Rosendo Naseiro.

3. Las actuaciones citadas se inician generalmente por Salvador Palop de forma espontánea y sin encargo directo o indirecto del partido. El móvil revelado en las, conversaciones es ganar el favor político de Arturo Moreno, y de la propia dirección nacional del partido a través de Rosendo Naseiro. Se acredita, también, la utilización indebida, por falsa, del nombre del presidente nacional el partido para avalar su irregular actuación.

4. Los hechos revelan que el vicesecretario general, Arturo Moreno, consintió la existencia de un grupo identificable en una unidad de propósitos políticos dentro del partido de forma no oficial y con actuación al margen de la estructura orgánica del partido. Igualmente, se acredita entre los miembros del grupo una comunidad de intereses económicos al margen del partido, cuya concreción se manifiesta en la sociedad Futuro Financiero. Esta Sociedad no participa en la actividad objeto de este informe ni es destinataria de fondos relacionados con la financiación del Partido Popular, pero es el común denominador de los intereses económicos privados de algunos de sus miembros, concretamente del propio Arturo Moreno, de Salvador Palop, y de Miguel Ángel Cortés, que abandona su responsabilidad ejecutiva en la empresa a raíz de su elección como diputado.

5. Los hechos revelan que el diputado nacional Ángel Sanchis sin competencia orgánica o estatutaria alguna, pretendió participar junto con Salvador Palop en operaciones de recaudación de fondos utilizando para obtener su confianza los nombres del presidente-fundador y del presidente nacional del partido.

6. Los hechos revelan que Rosendo Naseiro, al margen de sus obligaciones como tesorero nacional, consintió la realización por Salvador Palop de conversaciones encaminadas a las actividades referidas en la conclusión primera de este informe, permitiendo la participación en labores de tesorería a persona que no ostenta cargo alguno en el organigrama financiero del Partido Popular. En las declaraciones de Rosendo Naseiro se aprecia su negativa a condicionar los votos de concejales del PP al cobro de comisiones por parte de empresas adjudicatarias. Se acredita, sin embargo, su disposición a solicitar donaciones no condicionadas, a empresas que hayan resultado beneficiadas por adjudicaciones de corporaciones locales de las que forma parte el PP. Este sistema de financiación, a juicio de este instructor, sin perjuicio de que sí se hubiera llevado a efecto, lo que no se acredita en estas actuaciones, hubiese significado posible vulneración de lo dispuesto en el artículo 43 e) de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, debe ser considerado contrario a los principios éticos y deontológico que ha de asumir un partido. Sobre este extremo nos remitirnos a la propuesta contenida en la cuarta y última parte de este trabajo.

7. De los hechos examinados resulta evidente que tanto el presidente del PP como su presidente-fundador desconocían absolutamente las actividades objeto de este informe, a pesar de las citas que se hacen involucrando sus nombres a los efectos de atribuirse cargos o funciones que en ningún caso se ostentaban y con la clara finalidad por quienes lo utilizan de confirmarse mutuamente. Tanto Palop como Naseiro han manifestado en sus declaraciones que todo cuando hablaban era desconocido por el presidente y por el presidente-fundador del partido.

8. De todo lo investigado no se deduce responsabilidad contra el resto de los militantes o cargos electos del Partido Popular mencionado en las conversaciones mantenidas en el sumario".

Con Don Mariano" El EmpeOrador" no hace falta ir al cine.La realidad supera a la fantasía

Mariano el Empeorador es:

Ideológicamete regresivo.
Profesionalmente ineficaz
Intelectualmente insuficiente
Socialmente empobrecedor
Políticamente devastador.

Que no es tanto,galán, yo creo que solo es un poco cobardica y algo encubridor, y no solo de los suyos.

Un ministro de la guerra muy apropiado

Hola, lo de siempre, el que elige a sus verdugos es cómplice de sus crímenes o gilipoiias integral. A la vista está que la mayor parte de la población vive en otro planeta, donde la información, el sentido común y la curiosidad intelectual son pura ficción. Para botón, la muestra.

Confio en que no esten en lo cierto..................

https://ww.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mSLOMZ6zclQ