San Esteban del Molar - Zamora

LA PAC

Bruselas retrasa la reforma de la PAC un año, hasta 2015

La falta de presupuestos comunitarios para el periodo 2014-20120 impide el avance normativo

Vidal Maté Madrid 23 DIC 2012
economia.elpais.com

La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) no se aplicará definitivamente como estaba previsto, sino a partir de 2105. La falta de acuerdo sobre el presupuesto europeo para el periodo 2014 a 2020 está detrás de este retraso. Tanto los ministros de Agricultura como el propio Parlamento Europeo consideran imposible avanzar en las negociaciones para cerrar la reforma sin conocer el montante presupuestario final.

Tras el fracaso de la última cumbre comunitaria para lograr un compromiso presupuestario, se espera lograr un acuerdo para la primera semana de febrero. Entonces comenzaría la cuenta atrás para la aprobación de la propuesta del nuevo marco financiero en el Parlamento Europeo y posteriormente con la Comisión. Esto permitiría elaborar los correspondientes reglamentos, que se espera no puedan estar finalizados hasta el primer semestre del año que viene.

Según la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, se han producido avances importantes en el reglamento sobre desarrollo rural donde, entre otros puntos, España reclama una cofinanciación del 75% para las regiones en transición.

Agricultura pide también que los seguros agrarios se queden fuera del marco europeo por considerar que, tal como están en la actualidad, dan más libertad al país miembro para su gestión.

También se halla en fase avanzada la redacción del reglamento horizontal donde se contemplan actuaciones como la condicionalidad, sistema integrado de gestión, asesoramiento y pago de anticipos, así como la Organización Común de Mercado (OCM) única donde se abordan temas como la continuidad de las cuotas de leche y azúcar o los derechos de plantación para el viñedo.

Por el contrario, apenas se han producido avances en la elaboración del reglamento sobre los pagos directos que, en el caso de España, suponen una pieza básica con ingresos de unos 5.200 millones. Eso significa que para 2014 se mantendría el actual sistema de pagos por derechos históricos, en lugar de entrar en vigor un nuevo modelo de pagos por hectárea, así como la política de convergencia de las ayudas en un mismo país y entre los Estados miembros.

España defiende que el proceso de convergencia de los pagos no sea tan elevado como defendió la Comisión y que se alargue más allá de 2019. Igualmente se mantienen abiertas las negociaciones en aspectos importantes para la distribución sobre el papel que se asigne a cada país como la política verde, la transferencia de fondos entre los dos pilares, pagos directos y desarrollo rural y la asignación de la superficie a tener en cuenta en cada país para pagar ayudas. Ante esta situación, se espera que Bruselas disponga una reglamentación puente para 2014.

LA PAC ASEGURADA HASTA 2020

El sector agrario español mantiene los niveles de fondos comunitarios

Vidal Maté, Madrid 10 MAR 2013

La negociación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que por fin enfila su recta final, ha sido en los últimos meses la mayor preocupación del sector agrario. Preocupaba que siguiera el desmantelamiento de los mecanismos para regular los mercados; pero, sobre todo, la posibilidad de una fuerte reducción de los pagos directos.

Con unos recursos de entre 6.500 y 7.000 millones de euros entre ayudas por pagos directos, apoyos a los mercados y fondos para el desarrollo rural, la PAC constituye el eje de la actividad en el sector agrario español. Pertenecer a la Unión Europea ha supuesto el progresivo desmantelamiento de las viejas políticas de precios institucionales y la eliminación de la mayor parte de los mecanismos de regulación de los mercados. A cambio, desde los años noventa, Bruselas instauró o intensificó una política de pagos directos para una parte importante de los agricultores y ganaderos, fondos que en este momento, junto a otras partidas nacionales menores, suponen casi un 29% del conjunto de la renta agraria.

En la actual cuenta atrás para la reforma de la política agraria, un primer punto de partida era conocer las disponibilidades presupuestarias para el periodo 2014-2020, algo que hasta la fecha había frenado las negociaciones entre los ministros de Agricultura y en el propio Parlamento Europeo. La asignación de recursos para el periodo se decidió al segundo intento en la cumbre de primeros ministros y jefes de Estado en febrero.

En una situación de crisis y escasez de recursos como la actual, se puede decir que la política agraria no salió mal parada. Tras los debates sobre diferentes propuestas, todas ellas de ajuste, el presupuesto europeo para el próximo periodo ha experimentado una reducción de 95.000 millones de euros, para situarse en 960.000 millones. Frente a esa rebaja, sin embargo, los fondos para la aplicación de la política agraria, según los datos manejados por el Ministerio de Agricultura español, aumentaron el 8,3%, al pasar de 275.491 a 298.410 millones de euros en moneda corriente para los pagos de ayudas directas y la política de mercados, mientras los fondos para el desarrollo rural pasarán de 96.440 a 95.578 millones de euros, un recorte del 0,9%.

A pesar de la caída en volumen, el porcentaje de recursos dedicados a la agricultura en el conjunto del presupuesto comunitario aumenta su peso del 37% al 39%. Según Agricultura, España dispondrá para el periodo 2014-2020 de 35.705 millones de euros en precios corrientes, un 0,8% más sobre el periodo anterior para ayudas directas. Para el desarrollo rural, los fondos, también a precios corrientes, crecerán un 3%, hasta los 8.291 millones de euros. No salió mal parada, aunque desde la oposición y las organizaciones agrarias se argumenta que el sector perderá entre un 12% y un 14% por la inflación prevista para ese periodo. Y, es cierto. Pero, la realidad es que Bruselas, cuando fija unas ayudas, no contempla ajustar la misma a la inflación y las mantiene, como sucede con los precios para el almacenamiento del aceite.

Tras haberse llegado a este acuerdo, ministros de Agricultura, Parlamento y Comisión deben afrontar ahora la última fase de las negociaciones para cerrar el texto de la reforma.

Para Agricultura hay varias cuestiones que se deben aclarar.

El Gobierno español defiende que la reforma contemple un elevado nivel de flexibilidad en su aplicación a partir del llamado sobre nacional con el respeto a la unidad de los mercados, pero en función de las condiciones específicas del sector en cada país.

La próxima reforma, entre otros aspectos, supone el cambio del modelo actual de pagos por derechos históricos a otro modelo basado en pagos por hectárea elegible. En ese sentido, es clave determinar el volumen de tierras sobre las que asignar derechos de pago. Según se apliquen unos u otros criterios, en el caso español, esa superficie podría ir de los 21 a los 38 millones de hectáreas. España defendió y ha logrado la posibilidad de fijar como superficie elegible 22,4 millones.

Para Agricultura es importante que la aplicación de la política verde, a la que se asignará el 30% del sobre, no deje a nadie fuera. Se han producido avances para flexibilizar las exigencias de superficies obligatorias de abandono con el reconocimiento de prácticas de laboreo que por sí mismas ya sean consideradas como una política verde. Es igualmente importante la posibilidad de una transferencia de fondos entre los dos pilares, ayudas directas y desarrollo rural, y que se pueda deducir hasta un 15% en lugar del 10% de las ayudas directas para hacer frente con pagos acoplados a sectores en dificultades.

Con la reforma aprobada, quedaría aún una tercera fase, su aplicación en España, para lo que serán decisivas las negociaciones de la Administración central con las comunidades autónomas y con las organizaciones del sector.

Agricultura es partidaria de funcionar con un sobre nacional, no una distribución regional y, en todo caso, que haya una política coordinada. Todas las partes deberán decidir cuáles son las superficies que se englobarán en esos 22,4 millones de hectáreas. Están claras las superficies destinadas a cultivos de herbáceos, olivar, frutos secos, etcétera, pero falta una definición sobre las superficies de prados y pastos. Miguel Arias defiende la asignación para pastizales con carga ganadera real.

La reforma contempla la exigencia de que para 2019 se produzca una convergencia de las ayudas por hectárea en un mismo país o lo que se defina como región. Agricultura defiende que ese plazo para la convergencia de ayudas sea más amplio. Arias Cañete quiere que ese posible trasvase de fondos entre explotaciones sea lo más reducido posible para evitar desajustes en las ayudas. España propugna que el mecanismo para aplicar ese proceso sea igual al planteado por Bruselas entre Estados miembros. Los países cuya ayuda media sea inferior al 90% de la media comunitaria, recortarán esa diferencia en una tercera parte entre los años 2014 a 2019 hasta un mínimo de 169 euros. La media comunitaria es de 268 euros por hectárea.

Para aplicar esta medida en España, un paso previo será definir qué se va a considerar una región. La Comisión se resiste a que se puedan definir regiones por tipos de cultivos. En España la media de ayuda por hectárea es actualmente de 229 euros.

Una agricultura sin campesinos
público.es

Esther Vivas

La Unión Europea parece estar empeñada en acabar con el pequeño campesinado. Así se desprende de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) aprobada anteayer en Bruselas. Unas medidas que benefician, una vez más, a los grandes terratenientes y a la agroindustria, en detrimento de aquellos que trabajan y cuidan la tierra.

Un solo dato: a pesar de que en el Estado español sólo 350 mil personas están dadas de alta como trabajadores en el campo, 910 mil reciben ayudas. ¿Quiénes son, pues, esos 560 mil perceptores de subvenciones que no son campesinos pero sí reciben dicho dinero? El informe Una Política Agraria Común para el 1%, de Veterinarios Sin Fronteras, lo deja claro. Se trata de empresas de la agroindustria, grandes viticultoras, supermercados y terratenientes. Sus nombres y apellidos: Pastas Gallo, Nutrexpa, Osborne, Nestlé, Campofrío, Mercadona, la Casa de Alba, por sólo mencionar los mayores beneficiarios.

Eso sí. Con la nueva PAC, ni aeropuertos ni ferrocarriles ni campos de golf recibirán más ayudas agrarias. Imagino que el robo, o desvío de fondos, resultaba demasiado escandaloso. Otros amigos de Arias Cañete, en cambio, seguirán recibiendo cuantiosas subvenciones. A destacar, su esposa, Micaela Domecq, terrateniente andaluza y propietaria de Bodegas Domecq. Ya se sabe, quien parte reparte.

Como afirma el sindicato agrario COAG, en su valoración y análisis de la reforma de PAC, “se corre el riesgo de desmantelamiento de un sector, el agrario, estratégico para nuestra economía”. Algo que no es nuevo, pero que con las actuales medidas no hace sino agudizarse. Hoy, menos del 5% de la población activa en el Estado español trabaja en la agricultura, y una parte muy significativa son personas mayores. Algo que, según los estándares actuales, es símbolo de progreso y modernidad. Tal vez, tendríamos que empezar a preguntarnos con que parámetros se definen ambos conceptos.

La agricultura campesina es una práctica en extinción. Anualmente, miles de fincas cierran sus puertas. Sobrevivir en el campo y trabajar la tierra no es tarea fácil. Y es que quiénes más salen perdiendo en el actual modelo de producción, distribución y consumo de alimentos son, precisamente, aquellos que producen la comida. La renta agraria se situaba en 2007, según la COAG, en un 65% de la renta general. Su empobrecimiento es claro. Avanzamos hacia una agricultura sin campesinos.

Y, si estos desaparecen, ¿en manos de quién queda nuestra alimentación? Creo que la respuesta es clara: en manos de un puñado de empresas de la agroindustria y la distribución que controlan cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria, desde las semillas hasta el producto final. Cargill, Monsanto, Syngenta, Dupont, Procter & Gamble, Nestlé, Kraft, Mercadona, Eroski, Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés… son quienes, finalmente, nos dan de comer. Y, así nos va.

LA PAZ(Y EL DINERO)LLEGAN AL CAMPO

La reforma de la PAC garantiza al sector español fondos por valor de 47.000 millones hasta 2020.

Vidal Maté Madrid 21 JUL 2013
elpais.com

La reforma de Política Agrícola Común (PAC), con unos pagos anuales superiores a los 5.500 millones de euros, es una pieza clave para el sector agrario al suponer más del 26% de sus rentas que ha traído de cabeza en los dos últimos años a los agricultores y ganaderos. Tras el reciente acuerdo político sobre su contenido, solo a expensas del cierre de algunas negociaciones en el Parlamento Europeo que no lo modificarán en lo fundamental, el sector agrario respira más tranquilo tras los miedos existentes en el pasado a fuertes recortes por la situación de crisis de las economías europeas.

España es actualmente el segundo país perceptor de las ayudas comunitarias, solo por detrás de Francia y en unos niveles similares a Alemania. Desde esta perspectiva, el mantenimiento del volumen de las ayudas era uno de los objetivos prioritarios del Gobierno español en la reforma. El acuerdo sobre el marco financiero contempla una asignación de fondos para España de 35.705 millones en el periodo 2014-2020 para pagos directos, 8.291 millones para desarrollo rural y otros 3.000 millones para la regulación de los mercados. En total, 47.000 millones de euros hasta 2020 para el conjunto del sector agrario y el medio rural, a los que se sumarán solo otros 3.000 millones de la Administración nacional.

La reforma de la PAC significa un vuelco total en los mecanismos para el cobro de las ayudas directas que pasan de un sistema basado en pagos por derechos históricos a otro con pagos por derechos asignados a la hectárea. Desde la perspectiva de los recursos, en la parte negativa, con esta asignación de fondos no se tiene en cuenta el deterioro que supondrán los niveles previstos de la inflación para ese periodo, aproximadamente un 13%, si bien hay que señalar que la Comisión nunca ha revisado anualmente la inflación en sus políticas de ayudas o precios de regulación. En la parte positiva, la reforma supone una continuidad sobre el periodo anterior en el volumen de las ayudas hasta 2020 y una estabilidad en la distribución de las mismas entre territorios, sectores o explotaciones, uno de los objetivos prioritarios del ministro Miguel Arias Cañete, para evitar inseguridad en las explotaciones.

Al margen del optimismo oficial, la reforma no llega a las demandas de los más de 900.000 beneficiarios de las ayudas. Pero tampoco es lo negativa que se temia hace dos años. La estabilidad defendida en la distribución de los pagos supone igualmente condenar a unos sectores a seguir sin percibir ayudas por desarrollar una actividad agraria por la que otros sí cobran.Es una reforma injusta, con la superficie como protagonista, donde la ganadería no recibe el mejor trato.Tampoco da la respuesta necesaria para la regulación de los mercados.

“Hemos logrado mantener unos fondos que suponen la seguridad y la estabilidad para el sector, y una flexibilidad en su aplicación”, presume la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina. “Ahora”, añade, “hemos de hacer todos un esfuerzo para aprovechar las oportunidades que nos ofrece la reforma para hacer la política agraria que necesita el sector basada en la eficiencia, el conocimiento, la innovación y la competitividad”.

Aparte del volumen de los fondos, entre los aspectos más importantes de la reforma se podrían destacar los siguientes:

◾Convergencia de ayudas.Frente a los planteamientos iniciales de la Comisión de ir a una convergencia total de ayudas por hectárea en una misma región o país, la llamada tasa plana para 2019, la reforma contempla que en ese territorio, región o país, la ayuda más baja en esa fecha sea solo como mínimo el 60% de la media. Con esta medida, España logró uno de sus principales objetivos que era evitar trasvases de fondos entre territorios, explotaciones o sectores. En los casos más negativos, una explotación no podrá reducir sus ingresos en más del 30%.

◾Regionalización. Cada país tiene la posibilidad de proceder a la división del mismo en diferentes regiones a efectos de aplicar en las mismas el proceso de convergencia de ayudas.

◾Política verde. La reforma mantiene la exigencia de que la política verde suponga el 30% del conjunto de los fondos asignados al país, pero solo sobre todos los pagos de esa explotación. Se han flexibilizado las exigencias de la Comisión. Por interés ecológico, en las explotaciones de más de 15 hectáreas se deberá abandonar el 5% del terreno arable desde 2015 y del 7% desde 2017. Los pastos y todos los demás cultivos permanentes están excluidos de esta exigencia. Se deberán rotar dos cultivos en explotaciones de entre 10 y 30 hectáreas y de tres cultivos para más de 30. Todos los cultivos leñosos permanentes como viñedo, olivar o frutales y los que se siembran bajo el agua, el arroz, se consideran ya como política verde. Las penalizaciones por incumplimientos serán del 15% el primer año, del 20% el segundo y del 25% el tercero de toda la ayuda.

◾Techo de hectáreas. Frente a la posibilidad de determinar una superficie sobre la que asignar los pagos de hasta 38 millones de hectáreas, España logró poder limitar esa superficie a solo 22,4 millones de hectáreas, lo que supone la posibilidad de más fondos por hectárea.

◾Ayudas acopladas. Son pagos ligados a la producción agrícola o al mantenimiento de una cabaña ganadera. Para dar estas ayudas se contempla la reducción del 13% de todos los fondos asignados al país y dos puntos más para el apoyo a producciones proteaginosas (guisantes o habas).

◾Pequeños agricultores. Se consideran pequeños agricultores a quienes reciban ayudas por debajo de los 1.250 euros. Estas explotaciones, más de 400.000, no estarán obligadas a la convergencia de ayudas.

◾Modulación o reducción de ayudas. Se aplicará solo a partir de los 150.000 euros en un porcentaje que podría ser el 5%.

◾Activos. No hay definición de agricultor activo como perceptor prioritario de los pagos. La reforma se limita a excluir como beneficiarios a terrenos deportivos, o aeropuertos .

◾Reserva de crisis. Se creará anualmente una Reserva de crisis para hacer frente a esas situaciones con un volumen de 400 millones que se detraerán cada campaña de los fondos de los pagos directos. Esos recortes no se aplicarán a los primeros 2.000 euros de ayuda en una explotación y se devolverán si no hay crisis.

◾Cuotas. En contra de lo pedido por el sector, no se prorrogan las cuotas lácteas más allá de 2015 y se ha convocado una mesa de trabajo el próximo 24 de septiembre para estudiar medidas de ayuda para las zonas que se puedan ver más desfavorecidas. En remolacha las cuotas se prorrogan hasta 2017 y no a 2020 como pedía el sector. En vino, en 2015 se pondrá fin a los derechos de plantación hoy necesarios para poner una viña. Estos derechos se sustituirán hasta 2030 por autorizaciones para plantar que debe dar cada Gobierno con el techo del 1% sobre el volumen de la superficie nacional. Quien tenga un viñedo con derechos, si lo arranca, lo podrá convertir en autorizaciones. Quien disponga de derechos de papel habiendo arrancado ya la viña, tendrá un plazo de cinco años para su transformación en autorizaciones.

◾Mercados. La Comisión podría autorizar a organizaciones de productores la puesta en marcha de operaciones para la regulación de los mercados como retiradas de producto, siempre que se hayan aplicado, sin resultado, otras actuaciones. Entre otras medidas se eleva un 21% el precio de intervención o compra pública del vacuno de carne, se reintroduce la intervención en el trigo duro y no se cierra la puerta para la mejora de los precios para desencadenar el almacenamiento privado en el aceite de oliva. Mejoran los precios de entrada en frutas.

◾Pago de ayudas. Se adelantará de diciembre al 16 de octubre el pago de las ayudas.

◾Apicultura. Se mantiene una cofinanciación del 50%.

◾Jóvenes. Será obligatorio destinar el 2% de todos los fondos recibidos por un país para apoyar a los jóvenes. Para fomentar el relevo generacional de personas con menos de 40 años se aplicará un apoyo adicional del 25% sobre el pago básico cinco años más.

◾Desarrollo rural. Podrán coexistir un programa nacional con programas regionales. Extremadura, como región menos desarrollada y regiones en transición como Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha tendrán una tasa de cofinanciación comunitaria del 85% y Murcia del 63%. Habrá ayudas para la mejora de regadíos, siempre que se ahorre un 5% de agua, frente al 25% que pedía la Comisión. Se debe destinar el 30% del dinero a la gestión del territorio y elevar los apoyos para la creación de pequeñas empresas.

LA PELOTA PASA AHORA A ESPAÑA

Agricultura, autonomías y organizaciones agrarias inician el diálogo para la aplicación de la reforma.

Vidal Maté Madrid 21 JUL 2013
elpais.com

El Ministerio de Agricultura, las comunidades autónomas y las diferentes organizaciones agrarias iniciarán esta semana las negociaciones para la aplicación en España de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

Bruselas ha fijado el marco de la reforma, pero sus efectos pueden ser muy diferentes en función de los criterios que se apliquen en cada Estado miembro, siempre que ello no rompa las reglas del mercado único. Como paso previo a esas negociaciones, Agricultura remitió a cada comunidad autónoma y organizaciones agrarias un amplio cuestionario para que cada cual dé su opinión sobre todos los aspectos que se dejan abiertos en la reforma. El Tribunal Constitucional ya ha evitado una polémica al señalar en una sentencia que la PAC es una política de ámbito estatal.

Para Javier Alejandre, responsable de los servicios técnicos de la Unión de Pequeños Agricultures (UPA), debería ser la ocasión para abordar uno de los problemas más graves que afectan al sector y que condicionan su futuro: el relevo generacional, lograr la incorporación de jóvenes, que no es solo un problema de ayudas. La aplicación de la reforma podría ser un punto de partida para diseñar una nueva política agraria.

Hay que definir quién es agricultor activo como destinatario de las ayudas. ¿Solo lo es quien se monta a diario en el tractor, o también quien solo asume sus riesgos como empresario agrario?; ¿quien llega a unos determinados niveles de ingresos, o si está dado de alta en la Seguridad Social?; ¿es activo quien cobra y ya no tiene explotación? Y, yendo a más, ¿dar más apoyos a quien vive en el medio rural?

España debe decidir si se priman o no las primeras 30 hectáreas de una explotación; si se eliminan las ayudas menores de 300 euros; si se aplica o no una modulación de los pagos a partir de los 300.000 euros —parece que no la habrá—, decidir qué se hará con los 640 millones que habrá en el bote para el pago de ayudas acopladas, y definir los sectores que se beneficiarán. Hoy es destinatario prioritario la ganadería extensiva, pero también se podría aplicar a cultivos en dificultades, según cada campaña.

Hay que buscar acuerdos sobre la división del territorio en 30 o 40 regiones donde sea obligada la convergencia de ayudas hasta ese 60% del pago más bajo sobre la media, y definir los cultivos o las producciones a converger. Hay que decidir sobre el nivel ayudas para calificar a los pequeños agricultores, o los porcentajes de trasvases de fondos entre desarrollo rural y pagos directos.

España debe decidir sobre el volumen de las superficies elegibles, años 2011 o 2013, dónde asignar derechos de pago, qué criterios se aplicarán para las superficies de pastos, si se da entrada en el nuevo sistema a casi 800.000 hectáreas de frutales y viñedo en la asignación de derechos y, sobre todo, las superficies que hoy cobran ayudas sin tener actividad. Debe decidir si se integran frutas y hortalizas en los pagos directos, o la orientación de más fondos para desarrollo rural y zonas desfavorecidas.

Finalmente, entre otros aspectos, en materia de cadena alimentaria, España tiene la posibilidad de reconocer organizaciones de productores y que las mismas puedan trabajar para regular la oferta, así como sobre la obligatoriedad de suscribir contratos en sectores diferentes de la leche como cereales, vacuno o aceite.

Agricultura y las autonomías lograron un acuerdo básico para aplicar la PAC

El modelo de pago básico por hectárea sustituye al pago actual por derechos históricos, y se hará en función de la división del territorio en regiones agronómicas

Vidal Maté Madrid 28 JUL 2013


El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han logrado un acuerdo básico para la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), en la última reunión de la Conferencia Sectorial. Las negociaciones proseguirán en otoño en el seno de varios grupos de trabajo donde, entre otras cuestiones, deberá definirse quién es considerado agricultor activo como beneficiario prioritario en el destino de los pagos directos.

De acuerdo con este primer compromiso, la aplicación de la PAC tendrá carácter estatal y no por comunidades autónomas, según lo dictaminado recientemente por el Tribunal Constitucional.

El modelo de pago básico por hectárea sustituye al pago actual por derechos históricos, y se hará en función de la división del territorio en regiones agronómicas, donde los importes por hectárea deberán converger hacia un pago medio hasta 2019. En cada una de esas regiones habrá cuatro tipos de superficie: tierra de cultivo en secano, en regadío, cultivos permanentes y pastos. Además, no habrá trasvases de fondos entre el primer pilar o pagos directos y el segundo pilar o pagos por desarrollo rural. Las ayudas destinadas a los jóvenes deberán suponer el 2% del total nacional.

LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES

Vidal Maté Madrid 28 JUL 2013

Límite de los pequeños agricultores

Las mejoras para las zonas desfavorecidas se harán en el marco del segundo pilar. Se articulará un mecanismo para que las superficies con derecho a pago no superen los 22,4 millones de hectáreas. Habrá un umbral mínimo de pagos de 300 euros, si bien se da la opción a los beneficiarios de unirse para cobrar en común sus ayudas. Se considerarán pequeños agricultores a quienes perciban ayudas hasta 1.250 euros y no habrá pagos adicionales complementarios para las primeras hectáreas de una explotación.

Entre los 150.000 y los 300.000 euros de pagos se maneja la posibilidad de aplicar una modulación o recorte del 5% y no aplicar la modulación a partir de los 300.000 euros, cuyos beneficiarios se podrían deducir los costes laborales en la explotación.

La asignación de los derechos por superficie de pastos se hará únicamente a quienes sean titulares de una explotación ganadera. El 15% del sobre nacional que se destine a pagos acoplados o ligados a la actividad, llegará preferentemente a las explotaciones ganaderas