San Esteban del Molar - Zamora

Borrado por su Autor.

A la atención de Soitu:
Cuando tengas tiempo nos envias un relación de las empresas y las personas que se van a lucrar con el negocio de la privatización de la Sanidad pública, para conocimiento e información de los foreros en general ¿ Qué es CAPIO? etc---

Un abrazo.

muy bueno Riancho

LOS RICOS controlan los periódicos españoles Y
NO LES PERMITEN PUBLICAR ÉSTO..... que todo el mundo lo sepa.... y que
no se libren de que se sepa.....

¡¡¡¡¡ VAMOS TODOS JUNTOS A POR LAS GRANDES FORTUNAS QUE NO PAGAN
IMPUESTOS , YA !!!!!


LA BANCA , EL FRAUDE FISCAL Y EL NEW YORK TIMES, articulo de Vicenç Navarro.

El New York Times ha ido publicando una serie de artículos sobre
Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el banquero más
influyente de España, y Presidente del Banco de Santander, que tienen
inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran Bretaña y en
Estados Unidos,además de en España. En EE..UU. el Banco de Santander
es propietario de Sovereign Bank.

Lo que le interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el
comportamiento bancario del Santander, sino el de su Presidente y el
de su familia, así como su enorme influencia política y mediática en
España. Un indicador de esto último es que ninguno de los cinco
rotativos más importantes del país ha citado o hecho comentarios sobre
esta serie de artículos en el diario más influyente de EE.UU. y uno de
los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se escribieran
artículos semejantes, por ejemplo, sobre el expresidente Zapatero,
tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.

Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por
parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas
establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo
visto, en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que
nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado
español. Pero, un empleado del banco suizo, despechado por el maltrato
recibido por tal banco, decidió publicar los nombres de las personas
que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo
en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569 españoles,
incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida
política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del
President de la Generalitat , el Sr. Artur Mas; José María Aznar;
Dolores de Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel
Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael
Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon
Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel
Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino
Oreja...).

Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las grandes
familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en
estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española,
el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de
44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y
los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto, casi alcanza
la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la
media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que
España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad,
educación, escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia,
y otros) por el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se
gasta porque el Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de
que no se recojan es precisamente el fraude fiscal realizado por estos
colectivos citados en el New York Times. El resultado de su influencia
es que el Estado no se atreve a recogerlos.

En realidad, la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la
Agencia Tributaria se centra en los autónomos y profesionales
liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de la
Agencia Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal
total. Es también conocida la intervención de autoridades públicas
para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la propia
Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por
la exvicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega , para
interrumpir una de tales investigaciones.
Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace
dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo
investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con
cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso
porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el
momento de los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que
juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como
su temor a realizar la investigación.

Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr. José Mª
Aznar, quien en un momento de franqueza admitió que "los ricos no
pagan impuestos en España". Tal tolerancia por parte del Estado con el
fraude fiscal de los super-ricos se justifica con el argumento de que,
aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de ello son limitadas
porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr.
Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de los ricos y súper
ricos tiene más un valor testimonial que práctico, pues su número es
escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es nula. En
realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme
concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y
en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son
mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000
millones de euros al año que no se recaudan de los súper ricos por
parte del Estado hubieran evitado los enormes recortes de gasto
público social que el Estado español está hoy realizando.

Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude
fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de
información sobre tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador
Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó
para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el
hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios
comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la
financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios
comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador
Arancibia- "...medidas de enorme importancia en un momento como el
actual, donde los medios están en una situación financiera muy
delicada". De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a
publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York
Times y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es
lo que llaman "libertad de prensa".

Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad
Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University

POR FAVOR dale a COMPARTIR , Y QUE CORRA LA VOZ EN INTERNET - GRACIAS
" Sé el cambio que quieres ver en el mundo "

POR FAVOR publicarlo en internet - dale A COMPARTIR EN facebook....

Que corra como la pólvora.... ya que LOS RICOS controlan los
periódicos españoles Y NO LES PERMITEN PUBLICAR ÉSTO..... que todo el
mundo lo sepa.... y que no se libren de que se sepa.....
¡¡¡¡¡¡ VAMOS A POR LAS GRANDES FORTUNAS QUE NO PAGAN IMPUESTOS , YA !!!!!

El gobierno de la Comunidad de Madrid quiere pasar la gestión de hospitales y centros de salud a empresas privadas. Así queda expuesto en el “Plan de Medidas de Garantía de La Sostenibilidad Del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. Presupuestos 2013″, es decir, justifican esta medida como algo necesario para mantener el sistema público. Sin embargo, cientos de miles de profesionales y usuarios no creen que sea una buena idea. La salud es demasiado importante.

1. Porque no nos fiamos de las grandes empresas

Los nuevos hospitales y un 10% de los centros de salud adscritos pasarían a manos de constructoras y multinacionales: Acciona, Sacyr, Dragados, Begar, Ploder, Hispánica, Capio-Apax Partners y FCC.

Conocemos bien estas constructoras, son las que se han enriquecido con el boom inmobiliario, origen de la actual crisis, es decir, ya han demostrado que no tienen la más mínima preocupación social. Capio-Apax Partners es un fondo de inversiones de los que mucho ha tenido que ver también en el crash económico del país. Ahora se pretende transferir recursos de los impuestos de todos para que sigan obteniendo beneficios a nuestra costa.

Estas empresas obtendrán beneficios reduciendo costes:

1- Contratando sin las exigencias del sistema público; las oposiciones son un sistema meritocrático que asegura que el personal contratado por todos tiene los conocimientos suficientes para ejercer ciertas funciones y evita todo tipo de “enchufe”, es decir, la colocación por amistad o cercanía con los directivos. La contratación pública garantiza la calidad de los profesionales.

2- Contratando menos profesionales; la ratio de médico, enfermera y limpiadora por paciente es un indicador importante de la calidad de la atención. Hay investigaciones que prueban que al reducir el número de estos profesionales, aumenta la mortalidad, el reingreso y la morbilidad hospitalaria.

3- Trampeando en lo posible los mismos acuerdos; por ejemplo, en el hospital de Alzira en Valencia, se ha comprobado que dan prioridad a enfermos de otras áreas sanitarias no incluidas en el concierto porque por estos pacientes pasan un cobro superior a la administración pública; en Alzira también se ha comprobado que desvían a pacientes con enfermedades caras a los centros 100% públicos con la excusa de no tener capacidad.

Las empresas buscan beneficios y el campo sanitario no será una excepción. Aprovecharán al máximo las posibilidades de ahorro y eso incluirá una peor calidad asistencial.

2. Porque no nos fiamos de los partidos políticos

Los partidos políticos han demostrado en los últimos años que su pricipal preocupación no es la población. Alimentaron la burbuja inmobiliaria con las cajas de ahorro, con la dejadez de sus funciones de supervisión y con medidas pro-compra de vivienda. Disminuyeron los impuestos a los ricos y permitieron que los salarios decrecieran. En la gestión de la crisis no están velando por los intereses de la mayoría, sino de los acreedores y las grandes empresas. De forma más que sospechosa, estas medidas de privatización benefician a los mismos.

Es habitual que los políticos de las consejerías de sanidad pasen a las empresas privadas del sector cuando salen de sus puestos. Pasó así en Catalunya con el consejero Boi Ruiz, acusado por otra parte, junto con su predecesora Marina Geli, de cuatro casos directos de corrupción. Y a la inversa, los directivos de las empresas de la salud pasan a puestos en las administraciones; es el caso del actual Director General de Hospitales, Antonio Burgueño, que ha trabajado en Adeslas y Ribera Salud. Su hijo trabaja en esta última empresa, que vive de los conciertos con la sanidad pública.

La privatización de la gestión de la sanidad púbica favorecerá la corrupción. Políticos que no deciden según los intereses de la población, sino según sus intereses profesionales y económicos. La misma corrupción de la “comisión del 3%” que existe en la obra pública se extenderá a la sanidad. Qué empresa se lleva el concierto, qué profesionales se contratan y qué supervisión se ejerce estarán atravesadas por amiguismos y sobornos.

3. Porque no se ha demostrado que sea más eficiente

Si fuera así, lo primero que habían mostrado los partidarios de la privatización serían los informes y las investigaciones que así lo demuestran. Esta medida se justifica en la necesidad, no en la virtud. Las empresas ahorrarán, sí, pero no a igualdad de calidad asistencial; no hay ninguna investigación seria que haya demostrado que con igual población e igual atención, las empresas de la sanidad sean más eficientes.

Lo que se ha demostrado por el momento es que la construcción de los hospitales ha resultado más cara de lo que hubiera costado si los hubiera construido la administración pública. Los hospitales de la fórmula PFI simplemente cambian “deuda” por “transferencia” y así no computan como deuda pública, pero el costo total de las cuotas que la CAM les paga cada año (tan obligatoria como el pago de un préstamo) suma una cantidad mayor que lo que ha costado a gobiernos regionales construir hospitales de semejante tamaño y prestaciones.

Por si no fuera suficiente, el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sacó a la luz que el gobierno regional de Madrid modificó al alza, en septiembre de 2010, la cantidad máxima anual (canon) que reciben el hospital Infanta Cristina, el Infanta Leonor, el Infanta Sofía, el Henares, el Tajo y el Sureste: dos millones al año más de lo que constaba en la oferta económica inicial de 2005. Además, el informe destacaba que la empresa pública del hospital Infanta Cristina inició 12 expedientes entre 2008 y 2009 por “infracciones” cometidas por las empresas que se resolvieron sin imponer penas “a pesar de que en cuatro de ellos los hechos se califican como graves”.

Las empresas de la salud pueden amenazar con dejar de prestar el servicio si no se atiende a sus demandas o si se las penaliza por las infracciones cometidas, es decir, la necesidad del servicio que prestan funciona como un chantaje para imponer su beneficio.

4. Porque no es necesario

La voz de mando, como en toda la gestión de la crisis, es: “No podemos hacer otra cosa”. Respecto a la sanidad: “Si queremos mantener el sistema público, debemos externalizar la gestión para reducir costes”. Pero el problema no es de costes, la sanidad madrileña y española es más barata que las europeas para el nivel de prestaciones y la calidad de las mismas. El problema es de ingresos y de a dónde se destinan.

Respecto a los ingresos, una reforma fiscal en profundidad podría proporcionar ingresos suficientes. Los partidos políticos han derogado impuestos tradicionales como el de sucesiones y donaciones que podrían reimplantarse. Se podrían gravar las rentas del capital como las del trabajo; recordemos que las SICAV, fondos de inversión, tributan al 1%. Se podrían revisar los tipos impuestos por tramos del IRPF. Se podría combatir la evasión fiscal de fortunas y grandes empresas, como vienen reclamando los inspectores de hacienda.

Respecto al destino de los ingresos, es de todos conocido que son los intereses de la deuda los que se comen las partidas del gasto social. Una deuda que es privada, de las empresas y cajas, y no pública. Una deuda que crece por especulación de los capitales globales y europeos, no por la situación económica del país. Una deuda que no dejará de crecer solo con políticas de austeridad. La deuda devorará todo el país si no se le pone freno. Quizá nuestra salud sea lo suficientemente importante como para que digamos “No debemos, no pagamos”.

5. Porque queremos una sanidad más pública, no menos

La sanidad pública puede mejorar. Lo sabemos profesionales y usuarios; pero esta no es una propuesta de mejora de la calidad y del uso racional de los recursos. Si algo falla en la sanidad pública, es la participación de lo “público” en la sanidad; la hemos dejado demasiado tiempo en manos de los políticos y a veces nos resulta ajena, como si fuera del Estado y no nuestra.

Conocer mejor y debatir los problemas, las potencias y los límites de nuestro sistema público podría acercar a los usuarios la realidad, muchas veces solitaria, de los profesionales; también nos haría valorar los recursos invertidos, inmensos, y ejercer un uso más equilibrado de pruebas y medicamentos. Pensar otra forma de relacionarnos en los hospitales (a veces tan despersonalizados), maneras de colaborar en la extensión de la medicina preventiva, pasos para convertir los centros de salud en espacios de reflexión sobre la salud pública… no es algo “bueno”, es algo imprescindible para mantener la salud y la cordura en los tiempos que vivimos.

Necesitamos que el sistema de salud sea público para poder decidir cómo es. Supone la base democrática de algo tan importante como la salud. No dejaremos que nos lo roben.

si ya no se hacen ni pisos ni carreteras, se meteran en sanidad

Qué cab...n.es !!! hay de todos los partidos pero me llama la atención ver al gran patriota Josemari que se le llena la boca con España. Es una vergüenza ver a exministros socialistas como Solchaga y Garcia Vargas , Serra. De Boyer no me sorprende y del resto ya lo sabemos.

Esto viene a demostrar, que de todo hay en TODAS las viñas del señor...