Moraleja del Vino - Zamora

Los bienes de los políticos se han convertido en una recurrente arma arrojadiza en la confrontación entre los diferentes partidos. Algunos han adelantado la publicación de los datos sobre sus casas y cuentas corrientes antes de que una norma obligara a ello y a menudo esta información se encuentra en el centro de la polémica en casos de corrupción. Hasta ahora, las declaraciones de bienes que son públicas gracias a una norma legal totalmente desarrollada son las de los miembros del Gobierno central y las de los diputados regionales y altos cargos en Castilla-La Mancha y Andalucía. Aunque los criterios para elaborar estas declaraciones son diferentes en cada lugar, se puede elaborar una clasificación que encabezan la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y la alcaldesa de Fuengirola y diputada en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lidera la lista de los políticos castellano-manchegos. Probablemente otros políticos sean más ricos que éstos, pero el detalle no se desvelará hasta que no sean públicas otras declaraciones de bienes. La comparación resulta complicada. En Castilla-La Mancha, los políticos hacen público cuántos inmuebles tienen, pero no su valor, mientras que en el caso de Andalucía y de los miembros del Gobierno central declaran el valor catastral.

A pesar de ello, como Cospedal acaba de vender una de sus casas, los 417.000 euros de esta venta ingresados en su cuenta corriente le han llevado a la cima de la clasificación de bienes de los políticos de su región. La secretaria general del PP cuenta también con otro piso en Madrid del que no tiene que declarar su valor catastral en el registro de bienes. Sin embargo, la vivienda, cuya propiedad comparte con su marido, está hipotecada por 420.000 euros y tasada en un millón de euros como valor de subasta. Los socialistas han echado en cara a Cospedal sus altos ingresos y sus bienes como una contradicción frente a sus llamadas a la austeridad.

La responsable del PP cobra el doble que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, gracias a que recibe ingresos como senadora, una parte de la retribución como diputada regional y como cargo del PP. Además, la critican porque en vez de renunciar a alguno de los sueldos más altos, pretende renunciar sólo a lo que cobra como diputada regional, que son sólo 13.000 euros anuales, frente a los 64.000 que cobra del Partido Popular o los 51.000 del Senado. En total, los ingresos de Cospedal ascendieron en el ejercicio de 2008 a unos 158.000 euros brutos anuales. Otra diferencia importante para comparar las declaraciones públicas de bienes es que el registro de los miembros del Gobierno no incluye los de las parejas de los miembros del gabinete de Zapatero. En cualquier caso, a pesar de que en Castilla- La Mancha no se declaren los valores catastrales, la mayoría de los políticos de esta región no llegan a acumular en general el numeroso patrimonio inmobiliario que sus compañeros andaluces. Así, la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, declara siete inmuebles entre Madrid, Málaga y Suecia con un valor catastral total de 1.180.000 euros. Su compañera Esperanza Oña, alcaldesa de Fuengirola y también diputada en el Parlamento andaluz, declara un valor catastral menor, de 651.000 euros, pero bien es verdad que de 11 inmuebles.

Contrasta con ellas la declaración del diputado de Izquierda Unida y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gor- dillo, cuyos únicos bienes son un saldo de 2.300 euros en su cuenta corriente. Algunos políticos se han decidido a hacer pública su declaración de bienes como iniciativa personal, como ha sido el caso del alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro. En ella se puede leer como dato más relevante que le queda un capital pendiente en su hipoteca de 92.000 euros. El Ayuntamiento de Sevilla fue el primero en hacer públicos los bienes de sus concejales. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), posee dos viviendas con un valor catastral total de 96.000 euros, mientras que en el apartado de planes de pensiones y seguros de vida declara un producto por valor de 58.000 euros. Su oponente político, Juan Ignacio Zoido (PP), declara cinco bienes inmuebles cuyo valor catastral ronda los 125.000 euros en total, a lo que suma unos 60.000 euros en saldos bancarios y acciones. También se ha sumado recientemente el Ayuntamiento de Oviedo, donde el alcalde, Gabino de Lorenzo, del PP, declara un capital de 97.000 euros entre sus dos pisos, una finca y sus cuentas y acciones.

Camps y Gürtel

En el Parlamento valenciano, el impacto del caso Gürtel ha provocado que en estos momentos se tramite una modificación de la normativa para que la declaración de bienes de los diputados se publique en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas. Tras el escándalo alrededor de los trajes del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y del ex secretario general del PP en esa comunidad, Ricardo Costa, pagados por la trama Gürtel, el presidente valenciano hizo público su patrimonio. Éste consta de una vivienda, un coche de la marca Saab, dos seguros de vida, un plan de pensiones y una cuenta corriente, sin que ofreciera datos concretos sobre su valor o cuantía, en un reto a dirigentes socialistas como Leire Pajín, María Teresa Fernández de la Vega o José Blanco a que también publicaran su patrimonio para compararlos. La polémica terminó desembocando en el cambio normativo que se tramita ahora.

La decisión de hacer público el patrimonio de los políticos se ha ido extendiendo poco a poco en diferentes ámbitos, aunque con algunas resistencias dentro de los partidos. Así, el PSOE andaluz decidió en su congreso regional del pasado año que las declaraciones de bienes e intereses de los cargos públicos en ayuntamientos y diputaciones de sus militantes se colgaran en Internet, aunque a finales de este año aún no se ha llevado a la práctica. La confesión pública de los patrimonios ha provocado en ocasiones rifirrafes sobre la credibilidad de los datos aportados. Ese fue el caso, por ejemplo, de las dudas expresadas por la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, sobre los bienes declarados por el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves. El político socialista declara un patrimonio total de 68.000 euros. Chaves desmintió a la dirigente del PP y le respondió recordándole que no había reparado en uno de los Jaguar de su marido que aparece en las investigaciones del caso Gürtel.

Alcalde de Polop

Las iniciativas sobre la publicidad de los bienes de los políticos se han producido normalmente a rebufo de casos de corrupción. En alguno de los asuntos más recientes, el incremento patrimonial descubierto es llamativo. Aunque no había hecho públicos sus bienes, la investigación sobre el alcalde de Polop, Juan Cano, encarcelado por su presunta implicación en el asesinato de su predecesor, ha sacado a la luz que acumulaba a su nombre cuatro locales comerciales, un garaje, un piso, un chalé y cinco parcelas de terreno. Las hipotecas que mantiene ascienden a 585.000 euros. Casi todo su patrimonio creció tras su nombramiento como concejal de Urbanismo en 1995. La investigación maneja como móvil del asesinato los intereses urbanísticos. En el caso Gürtel se ha destapado también el importante patrimonio inmobiliario acumulado por el alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, comprado a promotores inmobiliarios beneficiados por recalificaciones. El Parlamento madrileño también ha debatido sobre la necesidad de que estos datos sean públicos.

A pesar de que los políticos tienen que presentar su declaración de bienes ante la Cámara regional, ni siquiera la oposición ha tenido acceso a ésta cuando la requirió, como ocurrió con la del consejero del PP Francisco Granados, a propósito de las noticias sobre la posible compra de una mansión de mil metros cuadrados. El último episodio relacionado con polémicas sobre el patrimonio de un político lo ha protagonizado Maite Iraola, concejal en Benidorm y madre de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. Iraola ha protagonizado una moción de censura con el apoyo de un tránsfuga contra el criterio del propio PSOE. Las especulaciones sobre los intereses económicos que podría tener Iraola han sido respondidos por ésta con la publicación de su patrimonio. Este consta de un piso de 76 metros cuadrados comprado en 1983, un plan de pensiones y 40.000 euros en el banco.

Sacado de la revista TIEMPO