Castroverde de Campos - Zamora

La madre que nos parió y la resurrección de Montesquieu
Dogmática paradigmática social-progresista que ha condicionado el desarrollo constitucional e impuesto los criterios éticos y cívicos de la sociedad española se dedujeron de un hito teórico consistente en dos afirmaciones fundacionales emitidas por un mismo autor. La primera aseguraba que “el día que nos vayamos de España no la va a conocer ni la madre que la parió”; la segunda sentenciaba que “Montesquieu ha muerto”. Sí, las dos célebres frases fueron pronunciadas por Alfonso Guerra González que en el socialismo español fue el gran prescriptor ideológico.
En función del primer aserto, el PSOE pretendió, y en muy buena medida logró, romper los equilibrios de la sociedad española que determinaban una incompatibilidad mayoritaria con la ruptura y el regreso a la confrontación. La reforma fue el espíritu que inspiró la transición pilotada en lo esencial por la Unión de Centro Democrático, un partido-recipiente en el que se alinearon de forma coyuntural socialdemócratas, democristianos, azules post franquistas, liberales y conservadores, pero con una formación a su derecha -Alianza Popular- que, al mando de Fraga, recogió a los más renuentes del tránsito del franquismo a la democracia. UCD, junto a méritos extraordinarios, cedió en la elaboración de la Constitución certezas por consenso. Los peores defectos actuales de la Carta Magna fueron sus mejores aciertos hace un cuarto de siglo, aunque han tenido corto recorrido.
Sus defectos: la ambigüedad en el modelo de Estado -nacionalidades y regiones-; el principio dispositivo de competencias a favor de las Comunidades Autónomas -de donde trae causa la segunda ronda de Estatutos y el disparado gasto público propiciado por castas políticas replicantes del Estado-; la escasa definición de determinados derechos -como el de la vida en su fase inicial-; la formulación incontenida de facultades ciudadanas de imposible aseguramiento (la vivienda, el trabajo) y, entre otras muchas debilidades, un procedimiento de reforma de la propia Constitución en sus aspectos menos doctrinales, que no ha permitido su adaptación en los momentos adecuados, en buena medida por el enraizamiento en el sistema de una dirigencia de numerus clausus que ha querido mantener a toda costa el estatus quo.
Los socialistas, que entre 1982 y 1996, bien con sus propias mayorías absolutas, bien con la ayuda siempre constante de los partidos nacionalistas, gobernaron a placer, aprovecharon todas y cada una de las ambigüedades constitucionales para hacer una España a su medida, comenzando por debilitar el propio concepto nacional y estableciendo la pauta de ética cívica progresista en la opinión pública. Lo políticamente correcto consistió entonces, y sigue aún esa inercia, en expresarse en paradigmas de la izquierda. Y lo progresista eran todos aquellos principios y criterios que se enfrentaban a los de tiempos anteriores sistemáticamente contaminados, según el dogma socialista, por el franquismo. Gracias a un sistema educativo (la LOGSE), y un sistema de medios de comunicación afecto -públicos y privados-, el PSOE dio el vuelco haciendo bueno el augurio de Guerra: a España no la iba a conocer ni “la madre que la parió”. Ese cambio contra natura -porque fue una imposición basada en la coartada del franquismo- se fundamentó en la falacia de que sólo había una manera -la de la izquierda- de desarrollar normativamente la Constitución y sólo una forma determinada de interpretarla a través de un Tribunal Constitucional ideológicamente intervenido.El mandato que recibió el Partido Popular el pasado 20-N es doble: por supuesto, salir de la crisis. Pero también rescatar al país del monopolio ideológico en la conformación de nuestro sistema político-constitucionalCuando los socialistas se marcharon en 1996, el Partido Popular se encontró con un panorama desolador, en algo parecido al que le recibió el pasado diciembre de 2011, tras más de siete años de progresismo banal de Rodríguez Zapatero que, tratando de mejorar la obra de sus antecesores, instaló la ideología de género -de ahí que el aborto se contemple como un derecho que en ninguna parte está contemplado como tal-, la revisión de la transición a través del artefacto de la memoria histórica, el debilitamiento de los pilares constitucionales (España es una nación discutida y discutible) y desastres varios que ya están referidos ad nauseam.Que el poder detenga al poder
Pero no era bastante que a España no la conociese “ni la madre que la parió”, sino que también era preciso destruir el principio formulado por Montesquieu según el cual “el poder debe detener al poder”, estableciendo entre ellos una separación equilibradora y recíprocamente vigilante. La doctrina de la separación de poderes, sin embargo, era para el socialismo de la década de los ochenta del siglo pasado, un grave obstáculo para que la madre de España no la reconociese. Así que Guerra decidió que Montesquieu había muerto. Del óbito se deducía que el poder ejecutivo -que ya contralaba el legislativo- podía asaltar el judicial. Y lo hicieron cambiando el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial -órgano de Gobierno de los jueces- y alterando unilateralmente tantas cuantas veces quisieron la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional -también la reguladora del Poder Judicial- al que se le permitió, no sólo la más extrema y peor politización, sino, además, constituirse de hecho en una instancia de casación de las sentencias del Tribunal Supremo. Desde el caso Rumasa hasta la excarcelación de la llamada Mesa Nacional de Herri Batasuna, el historial de la instancia garante de la interpretación de la Constitución resulta demoledor para su crédito y reputación.El mandato que recibió el Partido Popular el pasado 20-N es doble: por supuesto, salir de la crisis. Pero también rescatar al país del monopolio ideológico en la conformación de nuestro sistema político-constitucional. No hay que darle demasiadas vueltas al sentido de las reformas que Sáenz de Santamaría y Ruiz-Gallardón han anunciado esta semana en el Congreso de los Diputados. A través de ellas se trata, simplemente, de que España sea de todos los españoles, que se restaure el entendimiento ponderado de los derechos y libertades, que se dote al Poder Judicial de un margen de independencia en su autogobierno; de que el Tribunal Constitucional no sea un reducto de imposiciones ideológicas por cuotas; de que la ley se cumpla sin interpretaciones a conveniencia o alternativas; de que el reproche social máximo se corresponda con penas y procedimientos adecuados (prisión permanente revisable y reforma de la Ley de Menor), que los gestores públicos respeten los recursos que los ciudadanos ponen en sus manos; que las autonomías dejen de comportarse como pequeñas taifas sin control; que los ciudadanos puedan saber en qué se gasta y cómo su contribución a las arcas públicas mediante una adecuada norma de transparencia.En otras palabras: lo que los ministros anunciaron -y veremos si cumplen- es que el sistema no tiene que estar empapado y poseído por el dogmatismo progresista, exclusivo y excluyente, de la izquierda política y de sus derivaciones en todo el área educativa y en la judicial. Se trata, sencillamente, que se restablezca la ciudadanía para aquellos que la han disfrutado de segunda clase, aplastados por los complejos de no sentir y pensar en progresismo. Se trata, por decirlo a la inversa de Alfonso Guerra de que España sea reconocible “por la madre que la parió” -es decir, por su propia trayectoria histórica y por un proyecto compartido para el futuro- y de resucitar a Montesquieu a fin de que “el poder pare al poder” y que se recupere la separación de poderes y se acabe con la unidad de poder y diferenciación de funciones que han impuesto las dos largas égidas de poder socialista desde 1982 hasta el presente.Esa es la misión del Gobierno y de su partido; para eso han sido elegidos por una mayoría absoluta de los españoles que dejó al PSOE en el suelo electoral más bajo de la historia de la democracia y para eso también, antes del 20-N, hubo un 22-M que le reenvió a la derecha democrática el poder territorial necesario para la restauración de un sistema ideológicamente secuestrado. Háganlo en concordia y hasta donde sea posible con acuerdo, siempre que el consenso no sea a costa de nuevas ambigüedades e insuficiencias. Y átense los populares, como Ulises, al mástil de la nave para no sucumbir a los cantos de las sirenas de la falsa corrección política.
Jose Antonio Zarzalejos. Elconfidencial.com 28.01.2011

Eco51
Me parece acertado tu comentario, extenso y con visión de 180º, ya que últimamente parece ser que se está poniendo de moda la visión en túnel.

Sin embargo creo que una cosa si se te quedo en el tintero, o tal vez no tocaste el tema por que quiza no opines como yo, o simplemente consideraste que no venía al caso hacerlo.

Quiero añadir que (a mi juicio) los autodenominados progresistas, son en esta materia advenedizos de última hora, con ello no trato de decir que no quieran o deseen el progreso (a su manera, como cada cual), si no que en lugar de conformarse con desear el progreso social igual que los demás, lo que hacen es atribuirse descaradamente y sin sonrojo alguno ser los paladines de la lucha por el progreso social.

Tal vez ignoran o no quieren reconocer, que el PROGRESO en Europa viene de la mano de los gobiernos conservadores: ya en la 2ª República, es un gobierno conservador el que en España crea lo que podemos considerar una minúscula pero incipiente preocupación por las seguridad social de las personas (antes nada de esto existia), y es la creación de una pensión a las viudas de los militares (en aquella época morían muchos y jóvenes).

En plena 2ª guerra mundial, Churchill encarga un estudio para la creación en Inglaterra de una incipiente seguridad social, proyectando un seguro de enfermedad.

Es Franco,(si me refiero al dictador) quien a pesar de su represión de tantos años, habiéndose enterado del proyecto de Churchill, y pareciéndole una buena idea, envía a Inglaterra observadores para que puedan informar de cómo es ese proyecto, el resultado es que a Franco le gustó la idea, y crea el seguro de enfermedad (llamado seguro obligatorio) para la clase trabajadora antes que el propio Churchill.

Nuevamente franco actúa en el progreso social, y crea la ONCE (todos sabemos que es)

Más adelante también Franco hace obligatoria un a paga extra en el mes de julio, en ciertas empresas esta paga en Julio ya existía a modo particular y privado del empresario, por eso al hacerla obligatoria sentó mal en algunos círculos empresariales. Yo trabaje en una empresa en la que el empresario ya muy mayor, me comento que a él personalmente, no le sentó nada bien que franco hubiese puesto la obligatoriedad de esa paga (ellos querian quedar como protectores de la clase obrera y con esa obligatoriedad, desaparecía ese concepto).

Después de la muerte del dictador, ya todos conocemos la evolución del progresismo, cierto e indiscutible es que todos los gobiernos de uno y otro color tratan de que la sociedad progrese.
No se por que narices hay que llamar a los gobiernos de izquierdas progresistas, cuando fueron los últimos en comenzar con los progresos sociales, al menos en España., personalmente prefiero llamarlos de izquierdas o de derechas, ya que aunque fueron los conservadores los que iniciaron el asunto, resulta obvio que todos tratan de que la sociedad que gobiernan progrese, como ya he dicho antes.

Saludos
GRS1944

Para eco51 y cuantos leaan este tema.

Respondo a mi propio mensaje, tratando se subsanar un error, y es que como muchas veces me ocurre actúo demasiado rápido, y cometo mas errores de lo normal.
El caso es que te atribuí a ti (eco51) el articulo que has trascrito en el foro, sin darme cuenta que lo firmaba José Antonio Zarzalejos, de Elconfidencial.
De todos modos la esencia de lo que quería comentar sigue vigente. Nada más

GRS1944

Efectivamente, cuando copio y pego, cito la fuente en la base del escrito. En este caso comparto también la base argumental de José Antonio Zarzalejos. Lo de los 5.500.000 parados es una estimación a 31 de Enero 2012. Dios nos ampare.
Saludos.

Rubén Díaz Caviedes - (Copio y pego)

Son raalistas las estadísticas del paro?


Sergio tiene 21 años, estudia Comunicación Audiovisual y de momento no tiene trabajo. Si le preguntamos el porqué nos contesta que “para centrarse en el estudio y porque además, es muy complicado encontrar algo que no sea de becario”. Le planteamos un escenario hipotético: mañana mismo se le ofrece una oportunidad laboral real y tiene que elegir entre trabajar o estudiar. “Cogería el trabajo”, responde casi sin pensárselo. “Si te sale una oportunidad, tienes que aprovecharla. Ya habrá tiempo para acabar la carrera”. Es estudiante, no busca trabajo pero aceptaría uno si se le presentase la ocasión. La cuestión es sencilla: ¿es Sergio un parado? ¿Tenemos que incluirlo en el cómputo oficial o excluirlo del mismo?

Otro ejemplo. Teresa es ama de casa, tiene marido y dos hijos. El cónyuge trabaja, pero sus hijos no. Uno es estudiante y el otro está en el paro. Ella nunca ha trabajado y sin formación, sin experiencia y a su edad, lo encuentra imposible, así que ni siquiera se molesta en buscarlo. Cuando le planteamos la misma situación que a Sergio, responde casi con la misma rotundidad: “Aceptaría el trabajo”, nos dice.

Sin embargo, ninguno de los dos es oficialmente un parado ni cuenta en las estadísticas terribles que conocíamos la semana pasada. Podemos sentirnos tentados a pensar que un parado es, sin más, aquel que no tiene trabajo, pero la realidad ofrece muchos más matices. Y cuando hablamos de un grupo que ya asciende a la apabullante cifra de 5.273.600 personas, estos matices pueden representar a colectivos verdaderamente cuantiosos. ¿Quién decide en qué consiste estar parado? ¿Es realista concluir que en España hay más de cinco millones de parados o la cifra sería todavía peor sólo con adoptar un criterio más amplio, aunque quizás más fiel con la realidad?

Paro registrado y EPA

La primera dificultad con que nos enfrentamos, no obstante, son los propios datos oficiales. Según los números del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el paro registrado en España asciende a 4.422.359 personas, mientras que la última EPA –Encuesta de Población Activa, organizada por el Instituto Nacional de Estadística– arroja una cifra de 5.273.600 parados. Entre uno y otro dato hay un desajuste de más de 800.000 individuos. ¿Por qué esta diferencia?

El índice de paro registrado, elaborado mensualmente por el Ministerio con datos de los Servicios Públicos de Empleo autonómicos, es un recuento técnico que incluye a todas las personas en situación de paro inscritas como demandantes de empleo. De él se excluyen algunos colectivos, como aquellas personas que buscan un empleo eventual, uno de menos de 20 horas semanales o los que se inscriben porque es requisito en un proceso de selección específico, entre otros.

La EPA, por su parte, no es un recuento, sino una investigación sociológica que el Instituto Nacional de Estadística lleva a cabo cada tres meses sobre una muestra de 65.000 familias –unas 200.000 personas– destinada a localizar cuatro colectivos: activos e inactivos, ocupados y parados. El portavoz de cada familia responde a una serie de preguntas estándar acerca de la situación laboral de sus miembros y de la actitud que mantiene cada uno ante esa situación –si busca proactivamente empleo, por ejemplo, y a qué estrategias específicas recurre para ello–. Desde que empezó a celebrarse en 1964, el número de parados recogidos por la EPA viene siendo significativamente superior al que refleja el índice de paro registrado.

El porqué es sencillo: en la EPA se considera parado no sólo al que está inscrito como demandante de empleo, sino de un modo más amplio a todo aquel que quiera y no tenga un trabajo. Por ejemplo, a cualquiera en situación de desempleo que no esté inscrito en ningún servicio público o privado, pero que haya emprendido algún tipo de medida para conseguir trabajo –como indagar entre sus contactos personales, por ejemplo, o revisar ofertas de empleo–. También se incluye a los emprendedores que, estando aún desempleados, han comenzado gestiones –solicitud de permisos o licencias o búsqueda de recursos financieros– destinadas a poner en marcha un negocio.

Sin embargo, no se considera desempleados a los estudiantes, por ejemplo, o las amas de casa. A efectos de su cómputo, figuran en el epígrafe de inactivos junto a jubilados, rentistas o personas incapacitadas para el trabajo. Cuando en El Confidencial nos ponemos en contacto con el INE, nos explican que el criterio, como cualquier otro en la metodología de la EPA, proviene de la doctrina de la OIT –Organización Internacional del Trabajo, organismo dependiente de las Naciones Unidas–. Manejan una definición del ciudadano desempleado en base a tres características básicas: la persona tiene que haber estado en situación de desempleo durante al menos las cuatro semanas anteriores a la encuesta; ha tenido que estar buscando empleo de forma activa; y tiene que estar disponible para trabajar.

En todo caso, nos explican, el criterio no es nunca político, sino técnico, y no incide en las formalidades que el ciudadano haya podido emprender para paliar su situación, sino en la actitud con que se enfrenta a ella. También aportan el ejemplo de su continuidad; la doctrina ha sido la misma, sin variaciones más que metodológicas, durante los casi 50 años en que la EPA lleva celebrándose.

Tanto los medios de comunicación como los agentes sociales, políticos y económicos suelen acudir a los datos de la EPA, convencionalmente aceptados como más fiables, en lugar de a los del paro registrado. Y la oficina de estadística europea Eurostat, por ejemplo, se nutre de los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística, no de los del Ministerio. Esto no implica, lógicamente, que no haya quien cuestione la fidelidad del resultado o el criterio con que se determina quién y quién no es un parado.

Una definición internacional

De hecho, la singularidad nacional de este problema viene por nuestra elevadísima tasa de paro, no porque nuestro criterio sea diferente del utilizado en otros países. La metodología del INE, por servir un ejemplo, es similar a la del Bureau of Labor Statistics o la del Office for National Statistics, las agencias homólogas del instituto español en Estados Unidos y Reino Unido respectivamente. Todas siguen las recomendaciones de la Conferencia de Estadistas del Trabajo –de 1954–, posteriormente refrendadas por la OIT: considerar parados a aquellos que no tienen trabajo dentro del grupo convencionalmente llamado activos, y no considerarlos si, pese a no tener trabajo, engrosan las filas de los considerados inactivos. Amas de casa, estudiantes o los antiguos participantes en el servicio militar obligatorio entran en esta segunda categoría. Algunos especialistas, como el economista francés Gerard Cornilleau, consideran que la taxonomía está obsoleta.

“Por dramáticas que sean las cifras, es más positivo que se conozca la verdad”, declara a El Confidencial Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes. “Así el diagnóstico del problema será más certero”. La organización sindical juvenil se muestra contraria a que el estudiante sea categóricamente excluido del cómputo de parados. “Hay decenas de miles de estudiantes que buscan empleo”, comenta, e incide en que su clasificación aparte contribuye a su invisibilidad y en consecuencia, a las prácticas de contratación abusiva, al subempleo y al propio paro.

“Cualquier estudio de este tipo suele llevar a un falseamiento de la realidad”, comenta, y su refinamiento y mejora dependen a veces a intereses concretos: “Los gobiernos no están interesados en emprender medidas que creen estadísticas de paro aún más abultadas, aunque sean más realistas”. Delgado también propone una nueva política comunicativa por parte de medios de comunicación e instituciones: “La gente da por supuesto que amas de casa y estudiantes figuran en el paro, pero no. Este tipo de información debería aportarse junto con la cifra”.

Aunque apuesta por su conveniencia, se muestra poco optimista frente a la posibilidad de un debate social acerca de la figura oficial parado: “Con unas cifras históricamente tan negativas, el elemento de la fidelidad o el realismo queda en un segundo plano”.

Las estadísticas de desempleo están contrastadas y hace años que siguen los procedimientos marcados por la UE. De todas formas siempre se pueden contrastar los datos de afiliados y cotizantes a la Seguridad social para ver por donde ven donde estamos.
Saludos.

El paro crece en 177.470 personas en enero, según el Ministerio de Empleo
El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo Inem) se incrementó en 177.470 personas en enero con respecto al mes anterior, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. De esta forma, la cifra total de desempleados se sitúa en en 4.599.829 personas.
La caída ha sido mayor de lo que se esperaba. En concreto, los analistas consultados por Bloomberg habían previsto que se elevase en 127.000 personas.
Si se observan los últimos doce meses, se constata un incremento del desempleo en 368.826 personas, lo que representa un crecimiento del 8,72%. Y en términos desestacionalizados, el desempleo se ha situado en 4.472.367, lo que supone 45.581 parados más que el valor desestacionalizado de diciembre de 2011.
La cifra total de desempleados proporcionada por el Ministerio, que roza los 4,6 millones de parados, contrasta con el dato correspondiente al último trimestre de 2011 que recientemente ha hecho público el INE. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de parados a término de diciembre ascendía a 5,27 millones de parados.
¿A qué se debe la diferencia entre ambas estadísticas? La explicación radica en que son mediciones diferentes: mientras el SPE observa los parados que se registran en sus oficinas, la EPA es una encuesta y hay personas que contestan que quieren trabajar, pero no están inscritas en el Inem.
Además, los números del Ministerio no recogen a demandantes en demandantes de empleo con condiciones especiales, por ejemplo estar cursando estudios de enseñanza oficial y ser demandantes de primer empleo, trabajadores beneficiarios del subsidio agrario o personas apuntadas a cursos de formación del SPE. A estos hay que sumar a los demandantes que solicitan condiciones laborales especiales, como un trabajo a domicilio, por Internet o en el extranjero. Por tanto, el número de parados es mucho más elevado en el caso de la EPA.
Más jóvenes sin empleoEl total de hombres sin empleo se situó en 2.288.393, al aumentar en 78.655 desempleados (3,65% interanual), mientras que la cifra de mujeres desempleadas creció en 98.815, hasta 2.311.436.
También los jóvenes vieron empeorada su situación laboral en el primer mes del año: el desempleo entre los menores de 25 años creció en 16.396 personas (3,56%) con respecto al mes anterior.
Por sectores económicos, todos registraron importantes subidas, aunque la más pronunciada se registró en servicios, donde la cifra de desempleados se elevó en 132.581 personas en enero con respecto a diciembre. En la construcción creció en 16.347 personas, mientras que en industria y agricultura se registraron 15.105 y 6.282 parados más, respectivamente. Por último, en el colectivo sin empleo anterior el desempleo se elevó en 7.155 personas.
Contratación a la baja
En cuanto al número de contratos registrados, fue de 1.038.601, lo que supone una caída del 6,94% interanual (77.418 menos). De ellos, sólo el 7,31% del total son indefinidos, 75.899. La cifra supone una reducción del 26,12% sobre igual mes del año anterior.
Por comunidades autónomas, todas registraron ascensos, encabezados por Andalucía (39.050 nuevos parados) y Madrid (22.756 desempleados más).
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha resaltado que los datos de paro registrados del pasado mes de enero ponen de manifiesto que "además de la profunda crisis económica que está viviendo este país, las reformas laborales puestas en marcha por el Gobierno anterior no han evitado que el despido sea el principal mecanismo de ajuste ante la caída de la demanda".
"En este contexto, una reforma laboral como la que prepara el Gobierno está más que justificada, ya que es necesario devolver la confianza a trabajadores y empresarios, para que puedan superar juntos la crisis y que el despido sea el último recurso", ha concluido Hidalgo.
Eleconomista.es. 02.02.2012

Sobre el tema del desempleo en España, me encuentro este comentario en el Economista.com, de un empleado del INEM, ahora llamado SPEE. Es digno de leer para entender en que desastre de pais nos encontramos.

Hola, me llamo David H. Trabajo en el INEM (hoy SPEE). Os quiero contar una pequeña anécdota para que ilustre otro de los disparates que ha llevado a España a estar como está..
Atiendo a un señor, sus rasgos denotan que es de origen marroquí.No habla español, practicamente nada. Le pido la identificación y oh, no tiene NIE, tiene DNI. Está nacionalizado. Rapidamente me pregunto cómo una persona que está nacionalizada, no sabe hablar castellano.Y no es porque sea marroquí de nacimiento, es que me asombra cómo se puede vivir 10 años en un país y no aprender el idioma, al menos para mantener una conversación, y mucho más, como se llega a obtener la nacionalidad. Pero vamos, que opino lo mismo de los alemanes que llevan aquí un década y ni papa,seguimos...
Observo su vida laboral,comienza el alucine. El hombre trabajó en su día un añito, practicamente justo, de forma más o menos seguida, en bastantes empresas, en muchas termina por baja voluntaria. En una de ellas genera situación legal de desempleo (es despedido) y con el año raspado solicita paro. Bien, 4 meses de contributiva. Al agotamiento, subsidio con cargas familiares (residentes en marruecos) y mayor de 45 años, 24 meses de subsidio. Tras cobrar el subsidio, milagrosamente, y tras estar 28 meses (casi dos años y medio) como demandante de empleo, parado, oh milagro, se coloca al mes de terminar de cobrar. Vuelve a trabajar de forma más o menos seguida en distintas empresas, en algunas de las cuales termina con baja voluntaria y tal. Misma dinámica laboral. 2 meses por aquí, 1 mes nada, 3 meses por allá... Y he aquí que el hombre junta justito 180 días, qué milagro. Pues hala, subsidio de cotización insuficiente con cargas, 21 meses. Tras el agotamiento, cobra el prodi, 6 meses más de subsidio. En todo ese tiempo ni una colocación, nada, ni un trabajito. Entre medias, el señor se ve que pidió la nacionalidad y se la dieron.Bien , ahora, tras cobrar todo lo cobrable, se larga a otro país de la UE, con su condición de ciudadano comunitario. Una reflexión. Este hombre ha venido de otro país, supuestamente a buscarse la vida, ha trabajado año y medio, y se le ha dado 55 meses de prestaciones por desempleo, más de 4 años y medio, y la nacionalidad. Cuando estaba cobrando prestaciones ni siquiera se ha molestado en aprender castellano. Juro que el caso es verídico. He visto algún caso más bestia todavía, pero esto ha pasado esta misma mañana y he alucinado. Así nos va... Igual de vergonzoso es la situación con los casos que llegan de nacionales de nacimiento que buscan la misma dinámica de trabajar lo justito para generar derecho. La cosa es que es todo legal, al señor no se le puede decir ni mu.Si a esta picaresca, nacional y extranjera, se le añade el resto de problemas del país, .....Y entretanto un AUTONOMO trabajando, tributando y inspeccionado cada dos por tres , no tiene ni derecho a paro, ni sabe como alimentar a su familia…..¡ QUE PAIS DIOS MIO.!!!!!!
Reformar ésto Ya

Pides arreglar esto..., y con razón, si estuviese zapatero en el gobierno te diría, ahora mismo ordeno papeles para todos, que fue lo que hizo.
Ya veremos si estos arreglan el tema de la inmigración.

Ibarra se firmó un sobresueldo dos meses antes de dejar el cargo

El ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra se cubrió bien las espaldas antes de abandonar el cargo. Y es que un mes antes de retirarse de la política dio luz verde a un sistema de prejubilaciones de profesores universitarios a la que se acogió dos años después tras un breve paso de año y medio por la facultad como profesor de Análisis del Discurso Periodístico e Introducción a la Política.
La autorización para que la Consejera de Educación, Eva María Pérez firmase el acuerdo se produjo en el Consejo de Gobierno del 25 de abril de 2007, a tan sólo cuatro días antes de la celebración de las elecciones, a las que ya no se presentaba Ibarra. Al tiempo, se autorizó un presupuesto total de las prejubilaciones por un valor de 14.450.000 euros para su puesta en marcha inmediata y con una duración de 10 años, según informa El Mundo.
Gracias a estas prejubilaciones 70 profesores, entre ellos Ibarra, recibieron un complemento extra durante tres años y un complemento más por dejar de impartir clases.
Según la Junta el objetivo del Según la Junta, el objetivo del convenio era "la mejora continua de la calidad y las condiciones en la que la Universidad presta su servicio a la sociedad" y con el fin de evitar que hubiera un "envejecimiento" de la plantilla universitaria cuya normativa marcaba que hasta los 70 años no tenían posibilidad de jubilarse.
Ecodiario.es 09.02.2012