Castroverde de Campos - Zamora

El Consejo de Ministros ha aprobado indultar al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, en su primera reunión tras las elecciones del 20-N.
La concesión conmuta la pena de arresto mayor y la suspensión del ejercicio profesional por la multa máxima prevista para este caso.
Así lo ha transmitido Moncloa al grupo financiero, según ha podido saber ELMUNDO.es. Sáenz solicitó el indulto el pasado marzo tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo por presentar una denuncia falsa a sabiendas hace 16 años cuando era presidente de Banesto. Fue condenado a pena de prisión y de inhabilitación y éste ha recurrido al Constitucional y logró la suspensión de la ejecución de la sentencia.
Para ser directivo de banco es necesario cumplir los requisitos de honorabilidad que exige el Banco de España. A pesar del indulto, el consejero delegado del Santander mantiene los antecedentes penales. Por ello, además de pedir su indulto, Sáenz también recurrió al Constitucional con el fin de salir del registro de penados y poder continuar con su actividad.
El portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, explicó en rueda de prensa que "no es habitual" justificar los indultos tratados en Consejo de Ministros, pero confirmó que el de Sáenz "fue tratado". "El ministro de Justicia va a informar en una nota", afirmó.
El comunicado del ministerio, que no explica los motivos de la decisión del Consejo de Ministros, informa del "indulto parcial" de Sáenz y los directivos Rafael Jiménez de Parga y Miguel Ángel Calama por "unos hechos acaecidos hace 17 años".
Por su parte, el Santander ha emitido una escueta nota de una línea en la que "muestra su satisfacción tras conocer la decisión del Consejo de Ministros de conceder el indulto a Alfredo Sáenz".
El caso Banesto
El delito se remonta a 1994. Banesto, presidido por Sáenz tras su intervención por el Banco de España, presentó una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, a los que reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas por las empresas del grupo Harry Walker a las que representaban.
El juez Luis Pascual Estevill dictó prisión preventiva para los denunciados. Esta decisión fue considerada injusta por el Supremo y el juez fue condenado por prevaricación y detención ilegal en 1996.
Una vez archivada la causa, los empresarios y Rafael Pérez Escolar -consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde, ya fallecido- presentaron una querella contra Sáenz y los otros ejecutivos relacionados con Banesto.
Investigado el caso por el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, los directivos de Banesto lograron que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) diera por archivada la causa al entender que las acusaciones de algunos de ellos habían prescrito y las de Sáenz y otro acusado no eran constitutivas de delito.
Sin embargo, en mayo de 2006 el Supremo anuló esta resolución y ordenó al TSJC que continuara con la tramitación de la causa.
La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Sáenz en diciembre de 2009 a seis meses de prisión por los delitos continuado de acusación y denuncia falsa, pero le absolvió del de intento de estafa procesal.
En marzo de 2011, el Tribunal Supremo rebajó la pena: condenó a Sáenz a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer funciones en banca por el delito de acusación falsa.
Sáenz pidió el indulto, algo que rechazó entonces el Supremo porque "no se aprecia la concurrencia de razones de justicia o equidad para la concesión del indulto, por lo que se informa desfavorablemente". No obstante, tenía el apoyo de la Fiscalía.
Elmundo.es 25.11.2011

!Que peligro!, banqueros y políticos. A cambio de qué, o en pago de qué.
¿Estamos cerrando ya finiquitos?
Saludos Yago.

Los jueces piden al Gobierno explicar los motivos del indulto a Sáenz
El portavoz de Jueces para la Democracia justifica la petición en que en otros casos se concede de forma más restrictiva
Las principales asociaciones de jueces han recordado este viernes que la concesión del indulto es una «medida unilateral» que puede aplicar el Gobierno y han emplazado a explicar los motivos por los que se ha conmutado la pena de prisión y la suspensión del ejercicio profesional por la multa al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz.
La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha advertido de que la concesión del indulto a Sáenz debe contraer «responsabilidades políticas», por las que el Gobierno deberá explicar las razones que le han llevado a conmutar la pena de prisión y de inhabilitación por la multa máxima aplicable a este caso.
El portavoz, José Luis Ramírez, ha mostrado el desacuerdo de su asociación con la Ley de Indulto, que data de 1870 y otorga al Ejecutivo «una facultad que puede interferir» en decisiones ajustadas a Derecho. En su opinión, no parece «razonable» la concesión en el caso de Sáenz cuando en otros supuestos se otorga de manera «muy restrictiva». A su juicio, se trata de una norma «cuestionable» por la que, «sin motivación y sin conocer las razones, una persona condenada deja de serlo». «La discrecionalidad puede convertirse en arbitrariedad», ha añadido.
«Un derecho de gracia»
El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, ha advertido por su parte al Ejecutivo en funciones de que, con el indulto, «se ha puesto el listón muy alto». Ha destacado que se trata de una situación en la que, dentro de un sistema de división de poderes ha existido «una inmersión del Ejecutivo respecto a lo que ha dicho el judicial», en referencia al dictamen negativo emitido por el Tribunal Supremo sobre el caso de Alfredo Sáenz. «Esperemos que se aplique con el mismo criterio a cualquier tipo de persona», ha agregado Armengol en declaraciones a Europa Press. Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha recordado que el indulto es «una medida unilateral y un derecho de gracia que sólo le corresponde aplicar al Gobierno» y que ha adoptado con «el criterio en contra» del Tribunal Supremo y después de que la Audiencia Provincial de Barcelona dictara su condena. «Nosotros no podemos hacer una valoración ni positiva ni negativa. El ordenamiento jurídico reconoce al Gobierno la potestad de conmutar una pena en determinadas circunstancias y en este caso se trata de una persona con una trayectoria importante dentro del mundo financiero y empresarial», ha dicho Llarena.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes conceder el indulto a Alfredo Sáenz de la condena a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa cometido en 1994 contra unos acreedores de Banesto cuando era presidente de la entidad.

¿Se ha olvidado Vd. del indulto concedido por el gobierno de Aznar al Juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación? Ande, díganos algo, sea valiente.Igual dá uno que otro ¿O nó?

La actualidad es lo que comento. Lo otro es historia no menos cierta. Ya lo comentas tu.
Efectivamente en 1997, D. Javier Gómez de Liaño, procesó al todopoderoso (política y económicamente) grupo PRISA y sus resoluciones fueron revocadas.
Posteriormente el Sr. Polanco lo denunció por prevaricación siendo condenado por dicho delito. En el año 2000 recibió un indulto condicionado por parte del Gobierno de José Maria Aznar.
En julio de 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concluye que en el juicio al que fue sometido el demandante «ha habido violación del art. 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales», que establece que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída … por un tribunal independiente e imparcial». La estimación del recurso basado en el art. 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Públicas se basó en que al dictar con anterioridad los jueces que le juzgaron determinadas resoluciones incidentales, no habían ofrecido la suficiente «apariencia de imparcialidad»
No obstante, el tribunal no le absolvió de los delitos por los que fue condenado ni anuló las sentencias del Tribunal Supremo ni del Constitucional al carecer de competencias para ello, limitándose a imponer al Estado una multa de 5.000 euros.1 en concepto de "daños morales".
Ahí lo tienes.

ZAPATERO CULMINA SU SERVIDUMBRE A BOTIN.
Elconfidencial.com. 26.11.2011
“Damos 500 indultos al año y Alfredo Sáenz no es un delincuente”. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha cargado de argumentos morales durante los últimos meses para culminar un último servicio que permanecerá por los tiempos en la memoria de la opinión pública. Las razones para dotar de autoridad jurídica al indulto que ayer aprobó el consejo de ministros para el consejero delegado del Santander ya las redactó la Fiscalía, que el pasado mes de octubre, en consonancia con la defensa del condenado, solicitó que se conmutara la pena de tres meses de cárcel y la inhabilitación profesional impuesta en marzo por el Tribunal Supremo.
La concesión del perdón no era puesta en duda por nadie dentro del Ejecutivo. Era sólo cuestión de tiempo, del momento procesal oportuno. Igual pensaban en el Santander, que a pesar de recurrir al Constitucional la condena del Alto Tribunal esperaban una medida de gracia antes de que Zapatero se retirara a León. Esa ventana de oportunidad se abrió lo necesario justo ayer. Semanas atrás, durante el periodo de campaña electoral previo al 20-N, el indulto a la mano derecha de Emilio Botín, el primer ejecutivo de la entidad financiera más importante del país, se había convertido en un lugar común. Sin embargo, el previsible coste electoral invitó a una pausa.
Una vez fuera del Gobierno, en pleno traspaso de poderes con el Partido Popular, el saliente José Luis Rodríguez Zapatero no ha tenido reparo en asumir una decisión totalmente impopular en favor de Emilio Botín, banquero del Reino, con quien ha protagonizado durante estos ocho años de un cortejo con más rosas que espinas. A pesar de que el banquero le dispuso atenciones cuando solo era aspirante a La Moncloa, uno de los episodios más notorios de esa relación tuvo lugar en septiembre de 2007. La crisis apuntaba maneras. El líder socialista, siempre burlón con todo lo que sonara a rico, se dejó caer por la majestuosa sede que el banco tiene en Boadilla del Monte.
Zapatero necesitaba al cántabro para acceder a un mundo empresarial que le era esquivo. Los piropos circularon sin recato: “Gracias a esta visita he podido comprobar el grado de modernidad de la sociedad española, que el Santander representa como nadie”. Ante semejantes guiños, el viejo banquero le tendió la mano y accedió a prescribir su gobernanza. Desde entonces, las buenas palabras fueron curso natural, como ocurrió en el Foro Económico de Davos, donde el político leones destacó la fortaleza del sector bancario español y, en especial, la del Santander, que hasta había sido “llamado por el sistema británico para ayudarles a salir de la crisis”. Nada menos.
El dirigente socialista incorporó a su discurso las bondades de una entidad a la que ha puesto como modelo a seguir por la banca mundial. Con el paso de los meses y los efectos de la crisis abriéndose camino, Botín no desaprovechó la menor ocasión para dar respiro al político, mientras la incapacidad de Zapatero para gestionar las estrecheces económicas asfixiaban. Así ocurrió tras el anuncio de los recortes drásticos en el gasto público. El banquero reaccionó con presteza y felicitó al presidente por “demostrar su determinación para afianzar la recuperación y lograr un crecimiento sostenible”, unas palabras que nunca tuvo tan amables para el mismísimo José María Aznar.
Muestras públicas de apoyo
Ni siquiera dudó Botín en escenificar en público su cariño. Durante la cumbre celebrada en La Moncloa entre el presidente del Gobierno y un grupo de 41 empresarios, el banquero recomendó a Zapatero que agotara su mandato y evitara distraerse con la sucesión en el PSOE. Un mensaje que sorprendió a propios y extraños, pues las valoraciones políticas suelen estar fuera de este tipo de citas. El refuerzo que marcó el camino. “El Gobierno es quien tiene que terminar esta tarea. No podemos permitirnos una situación similar a la de Portugal, con el país bloqueado institucionalmente y sin capacidad política para tomar las decisiones que esperan el resto de socios comunitarios”.
La deriva del presidente del Santander no paso inadvertida en Génova, donde no sentó nada bien el apoyo tan explícito a Zapatero. Hasta el punto de que Botín no dudó en llamar a Mariano Rajoy para explicarse. Pero tantas buenas palabras han sido reinterpretadas con el paso del tiempo, sobre todo después de que en junio de 2011 se conociera que la familia del banquero regularizó su situación con Hacienda tras aparecer en el listado de contribuyentes españoles con cuentas sin declarar en el HSBC de Suiza. La normalización de su patrimonio se saldó con el pago de 200 millones de euros y la extensión de un discreto manto de silencio que saltó por los aires.Guiños cómplices
La batería de guiños mutuos a lo largo de los ocho años de zapaterismo ha dado pie a sospechas de servidumbres cruzadas. En el último tramo de la legislatura, desde que fuera conocida la sentencia del Supremo sobre Sáenz, cualquier decisión del Gobierno, que estuviera relacionada con el sector financiero o con los intereses particulares del banquero, o incluso las del Banco de España, mudo y sin opinión sobre este caso, han sido interpretadas en clave al indulto que había solicitado el Santander para su número dos. La relación causa y efecto podía carecer de fundamento, pero la duda estaba servida y lista para corroborarse en cuestión de tiempo.
Como ha demostrado la actual crisis, los grandes de la banca forman parte del sistema en su sentido más amplio. Tal vez por eso es normal que dos exministros del PP como Abel Matutes e Isabel Tocino estén en el consejo de administración del Santander, donde también se sienta el exsecretario de estado de Economía del primer PSOE, el economista Guillermo de la Dehesa, y del que formó parte hasta su fallecimiento Luis Ángel Rojo, el que fuera severo gobernador del Banco de España, o que el exvicepresidente del Gobierno, el ahora cajero Rodrigo Rato, formara parte del consejo asesor internacional del banco. Zapatero sabe que Botín tiene sitio para todos