Castroverde de Campos - Zamora

De Jesús Cuadrado. Como se ha publicado ya en prensa, supongo que se puede divulgar también por aquí.
Tiene toda la razón.

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Jesús Cuadrado *

En la capital de mi provincia hay tres palacios, el del presidente de la diputación, el del delegado de la Junta y el de la subdelegada del gobierno. Los tres con fachada solemne, arcos de piedra noble y mobiliario de brillo antiguo, con coches oficiales y gabinetes de asesores, con sus burocracias completas y los servicios correspondientes de atención a sus inquilinos. Mi provincia tiene 190.000 habitantes, así que hagan cuentas. Pero nos hemos acostumbrado a pagar por el Estado más caro de Europa, el más engolfado, y así nos va. Se nos cae la economía del país a trozos, hay riesgos serios de disolución de parcelas clave del Estado del Bienestar, pero, ahí siguen los palacetes del canapé y los bailes regionales, intocables. Miles de millones de euros cada año le cuestan a España mantener estas redes administrativas ociosas y extractivas adosadas a los presupuestos públicos.

En su Informe sobre España, Santiago Muñoz Machado explica con precisión cómo se montó durante la transición todo un conglomerado de duplicidades, órganos inútiles al servicio de las nuevas clientelas políticas, que hoy se mantienen sólo porque, como se sabe, en las sociedades no inclusivas como la nuestra, creado el órgano, éste se eterniza, aunque no tenga utilidad social alguna. ¿Tiene algún sentido mantener todo el tinglado cuando se ha creado una nueva administración tan completa como la autonómica? Con sólo seguir el día a día de cada provincia en la prensa local, se puede ver una permanente bacanal de actos inútiles para dar lustre a presidentes de diputación, delegados autonómicos y del gobierno, que van de bodas a bautizos, de entrega de premios a apertura de fiestas locales, dejando de paso una estela de despilfarro del dinero público insultante en un país en la ruina. Lo más dramático es que no se cuente con la capacidad política necesaria para dinamitar estas redes parásitas, que no se haya producido ya, en estos seis años de crisis, la decisión contundente de quitarlas de en medio. No hay ni una sola disculpa que aportar, ni constitucional ni operativa. Créanme, sólo hay una explicación: mantener los puestos necesarios para cebar la red clientelar de partidos políticos, similar a la que existía en la España de los caciques de la Restauración, como afirma el profesor Muñoz Machado.

Si hay unas organizaciones extractivas modélicas, perfectamente prescindibles, ésas son las diputaciones provinciales. Se han convertido en pequeñas repúblicas a escala provincial con, salvo ejército, casi de todo; con presidentes que han adquirido el empaque propio de jefecillos de estado con cargo a los presupuestos engordados de estas administraciones de pega, inútiles. Un ejemplo: la diputación de Barcelona cuenta para sus cosas con un presupuesto de casi 600 millones de euros, de los cuales se destinó más de un 36% a gastos de personal, con casi tres millones para asesores y un sueldo anual del presidente de 128.521 euros por año. Casi 7.000 millones de euros para 38 diputaciones para las que, siendo manifiestamente inútiles, se busca una justificación detrás del burladero de la “ayuda a los pequeños municipios”. Tengo mi residencia habitual en un pueblo de Zamora de menos de 500 habitantes y les digo: no les crean. Absolutamente todas, todas, las necesidades de gestión de esos pequeños municipios pueden ser resueltas por la administración autonómica o por racionales agrupaciones de ayuntamientos. Se pongan como se pongan quienes pusieron su chiringuito en las diputaciones, éstas no sirven para nada.

Aún peor, son tan prescindibles que les han buscado todo tipo de funciones improvisadas. Así, te puedes encontrar a unas administraciones, al servicio, en teoría, de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que, como la diputación de mi provincia, puede hacer de todo: construir un teatro o un ente ferial en la capital, crear una empresa pública para la promoción industrial que no le toca, repartir cheques-bebé, que ya me dirán, hacer promoción turística, como, por ejemplo, una campaña de “turismo de bodas” digna de un programa de humor, o promover la inevitable “identidad provincial” con eventos como “el día de la provincia”, ideal para la demostración, antes del canapé, de las dotes oratorias del señor presidente. En resumen, puro despilfarro de recursos públicos. Si una diputación se dedica a hacer de todo y de nada, parece, más bien, que no sirve para nada. Vean este ejemplo de construcción de un carril-bici en una ciudad de 19.000 habitantes. La diputación presenta un proyecto al ministerio de Administraciones Públicas, el ministerio le da el dinero a la diputación, que a su vez negocia con el ayuntamiento los detalles de la obra, que finalmente realiza el ayuntamiento años después de iniciarse todo este despropósito. Insisto, inútiles. De hecho, si se analizan los datos del tiempo que tardan en desarrollarse, año a año, los planes de obras de las diputaciones en los municipios (ahora desaparecidas de la web de “administraciones públicas”) se comprobará hasta qué punto sobran.

Las diputaciones no son los únicos órganos inútiles de los que se debería prescindir ya, para ahorrar, no pequeñas cantidades, sino miles de millones de euros. De hecho, en la capital de mi provincia hay un cuarto palacio, con nuevo y carísimo edificio, el del Consejo Consultivo de Castilla y León, cuyo único fin reconocible es dar aposento digno a algún ocioso expresidente “de oficio”. Otro derroche de nuevos ricos que se repite en casi todas las Comunidades Autónomas, tan prescindible como los Defensores autonómicos del Pueblo, las Cámaras de Cuentas, los Consejos de Medios Audiovisuales, o las réplicas autonómicas de empresas públicas, comisiones y agencias reguladoras que, si se suprimieran, nadie echaría en falta. Dinero, mucho dinero, que podría servir para, por ejemplo, proporcionar becas a tantos jóvenes españoles que están ya perdiendo una oportunidad única para su futuro y, de paso, el del país, gracias a la política de un ministro de educación gallito, chulo, con los estudiantes de familias humildes. Ahí hay materia para un buen pacto de Estado entre Rajoy y Rubalcaba, éste sí, con contenido, un acuerdo para suprimir diputaciones y dedicar el ahorro a financiar ayudas a estudiantes y para la formación de investigadores. Pero, me temo que, teniendo en cuenta quiénes serían los damnificados de la tijera, como ya ha ocurrido con los miembros de los consejos de administración de las Cajas de ahorro arruinadas, ahí no van a entrar.

Llegados a este punto, no tiene perdón mantener estas administraciones inservibles y tan caras, a la vez que se está empezando a expulsar a los jóvenes españoles con menos recursos de la enseñanza universitaria, instrumento cada vez más necesario hoy para el acceso a las clases medias, como con meridiana claridad muestra Jeffrey Sachs en su excelente El precio de la civilización. Sí, con lo que se despilfarra manteniendo las diputaciones se podría evitar la estampida de nuestros jóvenes universitarios. Reorientar esos fondos públicos hacia la formación y la educación tendría que ser una prioridad, aunque, me temo que, de momento, la supresión de las diputaciones no está en la agenda, ni en la de Rajoy ni en la de Rubalcaba. Una prueba más de que hoy en España no hay salida posible de la crisis sin un cambio previo de la política vigente, una carga que empieza a ser suicida. En 1900 Joaquín Costa pronunció un discurso en Madrid, rescatado por Luis Garicano, en el que, en otra difícil encrucijada para España, relacionaba el necesario desarrollo económico del país con el desastroso sistema político de aquel momento y decía que era urgente “abaratar la Patria, simplificando la organización política y administrativa”. Tantos años después, aún seguimos en lo mismo. ¿Perderemos otros cien años?