Castroverde de Campos - Zamora

“Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad” (Séneca)

La ciudadanía venía avisando. La clase política estaba siendo percibida -y sigue siéndolo- como un problema desasosegante para los españoles. Así lo registra machaconamente, barómetro tras barómetro el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además de torear la inquietud social con brumosas referencias a la regeneración democrática, los dirigentes políticos, sin embargo, se tomaban el síntoma demoscópico a beneficio de inventario y persistían, y lo siguen haciendo, en sus más inquietantes prácticas. ¿Cuáles? Aquellas que, poco a poco pero de forma imparable, degradan el sistema político e institucional: corrupción (caso Gurtel y Eres falsos, por citar dos casos especialmente graves), extrema politización y sectarismo en la conformación de órganos constitucionales –Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional-, desregulación de la Jefatura del Estado que ha propiciado la muy reciente crisis de la Corona, nepotismo en vez de meritocracia, vaciamiento del Estado a favor de una distribución autonómica ineficiente de poderes políticos, administrativos y legislativos y extrema debilidad y subordinación política de las instancias de control y supervisión, en particular, del Banco de España y de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV).

A tal estadio de indigencia cívica ha llegado nuestra clase política que, pese al clamor sordo de los ciudadanos, está reciente el bochornoso caso Dívar, persiste la opacidad de los vocales del órgano de gobierno de los jueces que no revelan sus gastos de representación, se continúa renovando el Tribunal Constitucional en función de toscas afinidades ideológicas para neutralizar al Tribunal Supremo en claro fraude a la Carta Magna, se relajan todavía más las condiciones a los defraudadores para que blanqueen sus patrimonios y rentas y pueda prosperar una distócica amnistía fiscal y el Congreso de los Diputados se reduce drásticamente a una Cámara de convalidación de decretos leyes y a rutinarias sesiones de control en forma de toma y daca dialéctico que por reiterado, hastía. El absceso ha ido creciendo hasta que ha terminado por estallar y lo ha hecho por una fisura más que previsible: el caso Bankia.

El Gobierno ha cometido dos errores de bulto que se han comportado con un bisturí quirúrgico: el primero, gestionar sin pericia alguna la nacionalización de la entidad, defenestrando a Rodrigo Rato y permitiendo lo que hoy por hoy es una especulación (19.000 millones necesarios para recapitalizar Bankia); el segundo, bloquear la depuración de responsabilidades políticas en el Congreso, asumiendo que el entero sistema de Cajas de Ahorros, su supervisión -la del Banco de España y la prudencial de las Comunidades Autónomas-, requería un saneamiento ejemplarizante. Un partido con la impertinencia precoz de su etapa iniciática -Unión, Progreso y Democracia- se ha revuelto y ha abierto el portón penal mediante una querella criminal admitida a trámite por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, a través de un auto de 49 páginas que linda más con una sentencia condenatoria que con el despacho de un trámite procesal preciso para la depuración posterior de responsabilidades. La resolución del magistrado Andreu es estremecedora –excesiva en sus afirmaciones especulativas y en determinadas expresiones coloquiales- pero constituye una pieza paradigmática de lo que está arraigado en la conciencia colectiva de la ciudadanía: el cincuenta por ciento del sistema financiero español representado por las Cajas, con muy honrosas excepciones, ha sido el pozo séptico de un sistema político que ha ido degradándose de manera imparablemente progresiva.
Bankia no es Rodrigo Rato o José Luis Olivas; Bankia no es un proceso sumario al PP como muchos quisieran e intentan; Bankia no es una triste excepción de mala gestión -quién sabe si delictiva-; Bankia no es un caso aislado. El caso Bankia es la quintaesencia de la decadencia moral de una clase política que se ha negado tercamente a regenerarse. En el momento en que el Estado permitió que las Comunidades Autónomas dictasen leyes sobre sus Cajas, poniéndolas al servicio de los Ejecutivos de turno, el Banco de España quedó demediado y el sistema autonómico se convirtió en un régimen de taifas. En el territorio de las Cajas se produjo un pacto tácito pero operativo: gestores de conveniencia, consejos de administración y de control tan dóciles con aviesamente ignorantes, y una sistemática implantación en ellas de un muy rentable nepotismo y amiguismo en el que todos ganaban. Ganaban los Gobiernos autonómicos que controlaban a los gestores, muchos de ellos tan serviles como beneficiados con sueldos y pensiones estratosféricas; los partidos políticos que retribuían a sus dirigentes con cómodos y rentables puestos en las entidades y se financiaban con facilidad; los sindicatos que metían la cabeza en el sistema financiero y no se cortaban a la hora de los cobros y los empresarios amigos (del ladrillo y las infraestructuras) que financiaban sus negocios con amplios márgenes.
El 15 de octubre del pasado año escribí en este mismo espacio un texto titulado “Los cajistas se cargan el BdE y el Estado autonómico”. Recibí descalificaciones desde promontorios sociales poderosos: hice populismo, decían, del peor género. Pero ha sucedido como se relató entonces, porque el destape penal de Bankia, no sólo convierte en casi irrecuperable la reputación del Banco de España y, a medio plazo, la viabilidad de la actual conformación del modelo autonómico, sino que cuestiona transversalmente a todos los partidos políticos (PP, PSOE, IU), a los sindicatos (CCOO y UGT), a las patronales empresariales y a la complacencia y a la distracción interesada de muchos medios de comunicación y periodistas que callaron/callamos cuando la obligación deontológica era enterarse cabalmente de lo que ocurría y denunciarlo (y ya escribió Joseph Pulitzer que “las naciones prosperan y decaen simultáneamente con su prensa”). Sin olvidar a la Iglesia Católica, que con Caja Sur echó en esta partida su cuarto a espadas, y a las compañías auditoras, que han hecho la vista gorda en demasía. El cuestionamiento es transversal también en el tiempo: el caso Bankia no es el resultado de unos meses de gestión, de una fusión alocada y de una salida a Bolsa casi fraudulenta, sino el último y quizás más grave episodio de gestión irresponsable y acaso delictiva de la mitad del sistema financiero español bajo la responsabilidad última de la clase política durante muchos años.
Estamos ante una posible causa general que, si llega a sus últimas consecuencias, cambiará la morfología político-institucional de España. No hay sociedad que aguante las dosis de transparencia y veracidad que requiere la depuración de la pésima gestión de las Cajas de Ahorro en medio de una gran recesión, sin, de inmediato, alterar los mecanismos de autoprotección ciudadana ante el expolio que se ha producido. El germen del relato del destrozo causado por las malas prácticas de gestión de estas entidades se encuentra en el auto-diatriba del juez Andreu, que ha llamado a declarar a los responsables más obvios de Bankia -aunque en algún caso no precisamente a los más culpables, es el caso del fugaz Ángel Acebes que nada tuvo que ver con los hitos cuestionados de la entidad- pero que ya prevé la comparecencia judicial del ex gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez (¿llamará a Jaime Caruana también?), al auditor de Deloitte, Francisco Celma, y al presidente de la Comisión del Mercado de Valores, Julio Segura. Habrá más testigos: quizás Pedro Solbes y Elena Salgado, quizás Rodríguez Zapatero, quizás presidentes de Comunidades Autónomas -del PSOE y del PP, del PSC y de CiU-, quizás presidentes de auditoras y consultoras, quizás secretarios generales de organizaciones sindicales, quizás obispos, quizá los actuales ministros de Economía y de Hacienda… quizás estemos ante una causa general catártica que higienice el pozo séptico del sistema, salvando, eso sí a las excepciones honradas, solventes, serias y rigurosas –políticas, gestoras y funcionariales- que en este caso van a ser las que confirmen la regla. Que nadie olvide que si España se ha visto en la necesidad de solicitar el rescate bancario ha sido para reponer las pérdidas causadas por un continuado pillaje codicioso de guante blanco y conciencia negra ante los que el Fiscal General del Estado debería estar ya desplegando una batería de querellas para que el caso Bankia sea, como corresponde, el caso del expolio nacional.
ABC. José Antonio Zarzalejos. 07.07.12

El “caso Bankia” o cómo, hace 20 años, lo de Mario Conde fue una bromaJesús Cacho (08-07-2012).VozPópuli
Vuelta a la agonía. Si el jueves Irlanda conseguía emitir deuda a tres meses a un tipo de interés más bajo que la última emisión de España, el viernes era Italia la que, gracias al anuncio de un gran recorte del gasto en su administración pública vía reducción de funcionarios, conseguía el beneplácito de los mercados. El interés del bono italiano a 10 años superaba ligeramente el 6%, mientras el español volvía a rebasar la barrera del 7%, con la prima de riesgo de nuevo subida a la parra de los 566 pb. “No nos dan respiro; el oxígeno que creíamos haber ganado en la última cumbre europea ha durado apenas unos días. De Guindos ya no sabe a qué santo encomendarse, y el jefe le pide explicaciones desde Moncloa porque no entiende nada…”, sostiene un alto funcionario.
En el Ejecutivo y en la cúpula del partido aún no se han recuperado del estrés sufrido a lo largo de un mes de junio donde todo parecía irse a pique. “Han sido unas semanas muy duras, con un Gobierno paralizado por el miedo y en estado de shock. Ni siquiera se atrevían a comer juntos. Y, naturalmente, en medio de los reproches internos que suelen aflorar en los momentos de pánico… “yo no me hago responsable de eso”, o “eso es cosa de Montoro”, o “pídele cuentas a Guindos”. La guerra entre Cospedal y Soraya sigue su curso, sin posibilidad de arreglo, porque, prosigue la fuente, “la secretaria general se considera preterida y todos los viernes se sube por las paredes cuando ve a la otra explayarse con solvencia en tv tras el Consejo de Ministros, y eso que Mariano Rajoy le ha pedido que levante el acelerador para no crear más tensiones, que bastante tiene Maricospe, un manojo de nervios, con la vuelta de Arenas a Madrid”. El regreso del hijo pródigo, en efecto, ha abierto la caja de los truenos en Génova, no obstante encontrarse “muy bajo de moral, muy bajo, que no se ha recuperado del golpe que ha supuesto ganar en Andalucía pero no poder gobernar”.Rajoy planeba pasar a Fátima Báñez a Agricultura y que Javier Arenas volviera a Trabajo como en la época de Aznar
Los planes de Mariano pasaban por desalojar a Joaquín Almunia de la comisaría europea de Competencia, para colocar en su lugar a Arias-Cañete (“este es un empleo [el de ministro] a tiempo parcial”), de modo que Fátima Báñez pudiera pasar a Agricultura y Javier Arenas volviera a Trabajo, cartera que ya ocupó con Aznar entre 1996 y 1999, pero parece que el líder socialista está bien apalancado en Bruselas y la maniobra, como poco, tendrá que esperar. El caso es que el fantasma de Arenas recorre los pasillos de Génova, para espanto de su sucesora al frente de la Secretaría General. Mientras en Moncloa se quejan con dureza de que “el Gobierno no tiene la sensación de contar con un partido detrás, porque esta mujer se lo está cargando; hacerse con el control del partido significa salir de la cueva, visitar agrupaciones, hacer favores en lugar de putadas, y dar muchos besos; no se hace partido promocionando a los amigos paniaguados…”
La situación descrita, que afecta a un partido en el poder y con mayoría absoluta, no es sino reflejo de la crisis por la que atraviesan los dos partidos mayoritarios españoles, epítome de la gran crisis política que atravesamos, crisis de agotamiento del sistema salido de la Transición, que se ha hecho presente con el derrumbe de nuestra economía. De Guindos es hoy el hombre contra el que disparan los francotiradores del PP desde las azoteas madrileñas, gente aferrada a la metáfora de la bicicleta estática a la hora de definir la situación: a pesar de los recortes, el Gobierno se despierta cada mañana clavado en el mismo lugar, sin avanzar un palmo, y con el aliento de los mercados en el cogote. La caída de los ingresos fiscales es de tal calibre, que hoy parece imposible que el déficit pueda bajar del 7% a finales de año, lo que va a obligar al Ejecutivo a meter la tijera a fondo en el seguro de desempleo (adiós a los 24 meses de cobertura), las pensiones, y la plantilla de funcionarios públicos. “Tiene gracia que alguien que no es del partido puede estar conduciéndonos al desastre”, musitan en el PP. Los obuses de mayor calibre, los torpedos de verdad proceden, sin embargo, de los grandes bancos y banqueros, mayormente Emilio Botín y Francisco González, en cuyas bocas es difícil escuchar un elogio para el titular de Economía.
En estas circunstancias, el tremendo enganchón judicial sufrido por Rodrigo Rato a manos del juez Andreu amenaza con profundizar aún más la crisis interna de la derecha. “Hemos matado a nuestro referente” (de un ministro del Gobierno tras la dimisión como presidente de Bankia). Un manto de espeso silencio ha caído sobre el asunto. El jueves, jornadas de FAES en El Escorial, el responsable de la recuperación económica del año 96 ya no era Rato, ni una mala cita, ni una triste palabra, sino, obviously, José María Aznar. Apenas han salido en su defensa, tímida, los ministros Margallo y Cañete. Pero el daño está ahí, profundo, porque el asturiano ha sido mucho en el PP, todo un peso pesado, y será difícil que por esa herida no termine supurando la hiel del rencor. “Rodrigo está noqueado; todavía no puede entender que su partido le haya dejado abandonado en este trance”.
Rato, como cabeza perfecta a la que dirigir las iras colectivas
Rato tiene todas las papeletas. Es la cabeza perfecta, en tanto en cuanto ex vicepresidente y ministro de Economía y ex director del FMI, en la que ejemplarizar la venganza de esa conciencia colectiva maltratada por una larga serie de golfos, gente principal con mando en plaza que en las últimas décadas se ha enriquecido a espuertas en un país donde la corrupción se ha enseñoreado de la primera a la última de las instituciones del Estado. Gente que se lo ha llevado crudo, mientras la inmensa mayoría de la población se apañaba, se apaña, con su magro sueldo mensual. En realidad el “caso Bankia” es el juicio a un Régimen, a unas elites –consultores, auditores, despachos de abogados, Banco de España, CNMV, presidentes del Gobierno, ministros de Economía, bancos y banqueros, cajeros, editores, políticos que han chupado de las Cajas…- que, participando de esa corrupción, han sacado ventaja de la perversión del sistema de libertades que nos dimos a la muerte de Franco. “La libertad”, escribió Margaret Thatcher en el prefacio de Right Thinking “no es sinónimo de vida fácil. Hay muchas cosas difíciles en la libertad: no te brinda seguridad, crea dilemas morales y exige mucha responsabilidad, pero esa es la naturaleza del hombre y en eso consiste su gloria y salvación”. Por desgracia, nuestra democracia no ha pasado de ser “El negocio de la libertad”, nunca mejor dicho, de unos cuantos.
A estas alturas de la película, es justo reconocer que lo de Mario Conde fue una broma. La gran crisis del 92/93 –un millón de personas al paro en 18 meses- se saldó con la expropiación de Banesto, con un agujero –intencionada y groseramente engordado- de 600.000 millones de pesetas. Solo en Bankia, de momento, el Estado va a tener que habilitar casi 4 billones de pesetas (23.500 millones de euros). Los partidos mayoritarios se pusieron entonces de acuerdo para guillotinar al entonces íntimo amigo del Rey, un tipo que iba sobrao por la vida y amenazaba con poner patas arriba el estatus quo político salido de la Transición. Casi 20 años después, los mismos partidos, distintos líderes, se ponen también de acuerdo para impedir que lo ocurrido en Bankia se investigue en el Parlamento. Ambas formaciones tenían, tienen, todo que perder aireando sus vergüenzas en plaza pública, porque estos 20 años solo han servido para agravar los males del sistema y poner en evidencia la pobre calidad de la democracia española.
Para desgracia para PP y PSOE, un partido de nueva creación, un outsider como la UpyD de Rosa Díez ha salido al corte planteando una querella en los tribuales que Fernando Andreu –el juez que semanas atrás salvó de los leonés a Emilio Botín en el escándalo de los 2.000 millones olvidados en Suiza- ha admitido a trámite esta semana. Tomás Gómez, responsable del PSM, pretendió, contra el criterio de Rubalcaba, que los representantes del PSOE en el consejo de Bankia se querellaran contra Rato & Co. No lo consiguió. Se asustaron mucho. El episodio revela, sin embargo, la situación de un partido en la oposición que se rompió tras el descalabro electoral de octubre pasado y sigue roto, internamente deshecho, situación que nos traslada al horizonte de un país con los partidos mayoritarios en crisis, amenazado por una revolución a la italiana o, lo que es peor, a la griega.
No va a ser posible tapar este escándalo “as usual”
Todas las fuentes consultadas ven “muy mal” el futuro judicial de Rato & Co, un asunto que podría quedar en agua de borrajas de hallarnos en los años de vino y rosas del pasado reciente, en los que gente de tronío daba esquinazo a la cárcel con la mediación real ante el TC, el cambio de doctrina en el Supremo y el silencio cómplice de los grandes medios de comunicación. No va a ser posible ahora, o va a resultar muy difícil. Se nos vienen encima sacrificios de calibre bastante como para tensionar hasta el paroxismo el pacifismo de una sociedad tan resignada, tan aparentemente narcotizada, como la española. Lo volvió a anunciar ayer mismo Rajoy en la clausura de los cursos FAES. Son las parajodas de la “bicicleta estática” española: cuanto más recortas, más caen los ingresos y más necesitas volver a ajustar.
No estamos hablando solo del “caso Bankia”; hablamos también del “caso CaixaGalicia”, del “caso CatalunyaCaixa”, del “caso CAM” y algunos más. Muchos millones de euros tragados por las alcantarillas del insaciable apetito de dinero ajeno de una elite irresponsable. Hablamos de esas emisiones de preferentes que han terminado esquilmando la cartilla de ahorros de tanta gente humilde que confiaba en el director de su sucursal como en su médico o en su confesor. Es difícil pensar que un hombre como Fernández Ordóñez, ex gobernador del BdE, pueda escurrir el bulto sin acabar en los tribunales, y lo mismo cabe decir del presidente de la CNMV, Julio Segura, o del propio Zapatero (“una democracia siempre colapsa bajo una irresponsable política fiscal”, dijo hace tiempo un tal Alexander Fraser Tyler), sin olvidar a Pedro Solbes y a Elena Salgado. Es imposible imaginar que el nuevo subgobernador del BdE, Fernando Restoy, pueda seguir en su puesto habiendo sido el responsable de visar, como vicepresidente de la CNMV, la salida al mercado de esas preferentes. Nadie sabe lo que ocurrirá dentro de 8 ó 10 años cuando, a los ritmos que va Doña Justicia, estas causas se vean en juicio oral. Lo que a día de hoy parece evidente es que los responsables de este gran fracaso colectivo no pueden irse de rositas.

EL AGUJERO DE POLÍTICOS Y SINDICALISTAS EN LAS CAJAS: 62.000 MILLONES
Mariano Rajoy ha pagado gentilmente a un par de consultoras menores dos millones de euros. Estas no han hecho otra cosa que transcribir los datos proporcionados por el Banco de España que es, a escala internacional, un supervisor de indiscutida seriedad y permanente prestigio.
Ahora sabemos, eso sí, de manera pública hasta dónde ha podido profundizar el agujero excavado por la gestión de políticos y sindicalistas en las Cajas: 62.000 millones de euros. La salud de los Bancos españoles, que ganan dinero y reparten beneficios, resulta reconfortante. El desastre de la mayor parte de las Cajas, que no tienen que pagar dividendos, produce vértigo. Políticos y sindicalistas se han dedicado en las Cajas desde hace un par de décadas a dotarse de sueldos suculentos, indemnizaciones desmesuradas, edificios suntuosos, lujos desbordantes, todo ello amén de colocar en ellas a sus parientes y amiguetes y otorgar créditos sin los debidos avales a los paniaguados de los partidos o los sindicatos. La opinión pública empieza a tomar conciencia de la tropelía cometida y espera que por la vía judicial se persigan los atropellos, ya que por la vía política no hay nada que hacer puesto que los partidos y los sindicatos están dispuestos a taparlo todo.
Se comprende que los ciudadanos, al ser encuestados, consideren como el tercero de los diez grandes problemas que nos agobian a los partidos políticos. El daño que han hecho con su incapacidad, su voracidad y su cinismo al sistema financiero español carece de límites. Los jueces tienen por delante una tarea muy árida y espinosa.
El Imparcial 10.07.2012
Luis María ANSON
de la Real Academia Española