Villaverde de Medina - Valladolid

Para explicar el por qué una serie de impuestos pueden afectar más a las clases media y baja necesitamos entender cómo se ubican estos gravámenes dentro del sistema fiscal. De entrada deberíamos dividir los impuestos en dos grupos bien distintos: los directos y los indirectos. Los impuestos directos son aquellos que nos retienen por el ejercicio de nuestras actividades. Es decir, es lo que se suele llamar “renta”. En el caso de un asalariado, el IRPF -Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas- y los impuestos para Seguridad Social, etc, entrarían en este grupo. Los indirectos son aquellos que se aplican a los bienes de consumo. Dos ejemplos de este segundo grupo son el IVA y los impuestos especiales (el carburante, el alcohol y el tabaco entran aquí). Pero hay muchos otros, y bien ocultos -o disimulados- para que no nos demos cuenta. Y es fundamental comprender la diferencia, porque la realidad es que, a lo largo del tiempo, cuanto menor IRPF nos apliquen y más altos sean los impuestos indirectos, más dinero pagará aquel que menos cobre,

En general, los impuestos directos son de tipo progresivo. ¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que los que más ganan, más pagan. Tradicionalmente se asocian los impuestos directos progresivos con los sistemas de gobierno de izquierdas, pues, teóricamente, éstos defienden que el trabajador medio no puede, debido a sus retribuciones económicas, aportar lo mismo que otra persona con ganancias muy superiores.
Por contra, los impuestos indirectos, al tener un carácter proporcional, gravan a todos los ciudadanos por igual. El hecho de que un impuesto sea proporcional quiere decir eso, ni más ni menos: que todo el mundo paga lo mismo. Como he mencionado en el primer párrafo, un ejemplo sería un litro de gasolina sin plomo 95. Todos pagamos lo mismo por él. O un paquete de compresas: se le aplica el IVA al 16% tanto para las que compra la hija de Emilio Botín como para las que compra una madre con hija adolescente y apenas recursos. Obviamente, como todo lector podrá comprender, el efecto en el bolsillo no es el mismo, ni de lejos, en ambos casos
Tradicionalmente, los impuestos indirectos se han incrementado en épocas en las que los gobernantes han sido de corte derechista -o mal llamado liberal-. Así, famosa es la disputa entre la UE y el gobierno de Aznar en 2002, el cual pretendía gravar los carburantes con el llamado ‘céntimo sanitario’ [1]. Sin embargo, no se trata de si es legal o no ese céntimo, sino de esgrimir argumentos acerca de si es ético o no que todos los ciudadanos paguen el mismo impuesto extra para sanidad cuando los recursos de cada uno pueden ser muy distintos.
Con los impuestos directos el estado cumple una función doble: la renta se “comparte” (se redistribuye) entre todos los ciudadanos y al mismo tiempo se recauda dinero con el que hacer frente a los diversos gastos que el propio estado tiene. Los impuestos indirectos sólo cumplen la segunda función, pues es cosa del Gobierno el decidir si redistribuye parte de los mismos, y normalmente no se hace, salvo en casos concretos como el tabaco, de cuyos impuestos (4 de cada 5 cigarros en España son impuestos) se paga una parte del coste sanitario de estos enfermos.
Recientemente ha entrado en vigor la aplicación de las revisiones de ITV para ciclomotores de menos de 50cc. Valdrá como ejemplo para comprender el abuso que supone para el ciudadano medio el utilizar de forma indiscriminada los impuestos indirectos como fines recaudatorios. Supongamos dos personas, Juan y Pepe. Juan cobra 1000 euros al mes y Pepe cobra 3000. Juan, tras varios meses ahorrando, compra un ciclomotor valorado en 1000 euros. Pepe cobra su nómina, va a la tienda y sale con una moto valorada en 2000 euros. Al cabo de tres años, ambos han de pasar la ITV. La ITV el estado te la vende como necesaria (y lo es) para la seguridad vial de todos, pero se olvida de mencionar otras cosas: para aprobar la ITV, generalmente se hace necesario pasar por un taller para que nos ponga a punto el vehículo. En dicho taller nos cobran por el servicio, con lo que por un lado la ITV está generando un flujo de dinero y por otro _ya_ está cobrando en concepto de IRPF al taller al que vayamos. Después, además, vuelve a cobrar al usuario del ciclomotor unos 18 euros (en Valencia) para pasar la ITV. Tanto Juan como Pepe pagan 18 euros por la ITV. Para Juan ese dinero supone el 1,8% de su salario mensual, mientras que para Pepe supone apenas el 0,6%. Por tanto, el impacto en la economía de ambos NO es el mismo.
En 1998, tras dos años en el Gobierno, el gabinete de José María Aznar realizó su primera gran reforma económica [2] y Rajoy pretendía continuarla en 2004 [3]. De la reforma de 1998, muy compleja para explicarla aquí, podemos centrarnos en lo que nos ocupa para este artículo: el Partido Popular tenía como promesa electoral la rebaja de impuestos “para todos” (sic). De entrada se redujo el tipo máximo de 50 a 48, y el mínimo de 20 a 18. Obviamente, ambas rebajas han de compensarse de alguna manera, y la fórmula no es equitativa. Como siempre, es mejor reflejar esto con números para poder comprenderlo. De nuevo pensemos en Juan, que esta vez cobra 1500 euros, y Pepe, que cobra 5000. Suponiendo (no es así, es sólo un ejemplo) que a Pepe le retuvieran un IRPF del 48% frente al 50% y a Juan el 18% frente al 20% anterior, tenemos lo siguiente: a Pepe la rebaja le supone ganar 100 euros más al mes, mientras que Juan sólo consigue una rebaja fiscal equivalente a 30 euros. Obviamente, cualquier rebaja (o aumento) se nota más si ganas más dinero.
Otra reforma introducida en 1998 fue la de la eliminación del conocido IAE [4] para el 93% de las empresas. El Impuesto sobre Actividades Económicas tenía un fin recaudatorio y redistribuible a nivel local, pues el encargado de gestionarlo era el ayuntamiento de cada localidad. ¿Cómo se iba entonces a sufragar un gasto local que antes venía compensado por el ingreso en forma de IAE? Mediante la aplicación de un “tramo” de IRPF, IVA e impuestos especiales. Desde ese momento existían en los gravámenes dos tramos, el estatal y el autonómico. No es difícil darse cuenta de que una empresa local que tributaba X euros por IAE ahora se los va a ahorrar, y quien los va a pagar es el ciudadano. Es decir, y en pocas palabras, la supresión del IAE beneficia al empresario y perjudica al trabajador.
Finalmente, en 2002, el ejecutivo de Aznar realizó otra rebaja del IRPF, dejando el tipo más alto tan sólo en el 40% y el mínimo en el 12%.
Nuevamente podemos apreciar que, en el caso de los tramos de IVA e impuestos especiales, el perjudicado es el que menor renta tiene, pues todos pagamos por igual, ganemos lo que ganemos.
Si alguna persona mayor de 60 años lee este artículo, recordará que, durante el franquismo, el sistema impositivo fue, casi en su totalidad, indirecto, por lo que al problema inherente mayor desigualdad entre las rentas bajas y altas se añadía un altísimo fraude fiscal. Es de cajón que, si no eres una persona honesta, cuanto menos IRPF consigas pagar y más se tribute entre todos de forma indirecta, saldrás ganando.
Cualquier lector puede comprender que, cuanto menores son los ingresos que tiene una persona, más los necesita. Es decir, si un jubilado cobra una pensión de 700 euros, es muy fácil que, para cubrir sus mínimas necesidades, utilice el 100% de sus recursos, mientras que alguien que cuente con un salario de 5000 euros, por mucha Pirámide de Maslow [5] que apliquemos, difícilmente utilizará el 100% de sus ingresos.
Por tanto, en épocas de crisis como la actual, donde tanto las necesidades básicas como las necesidades de otros niveles tienden a ser las mínimas, los impuestos indirectos muestran su lado más amargo. Una persona que necesite un vehículo para desplazarse a su lugar de trabajo a 50km de su residencia incluirá como necesidad elemental el carburante. Supongamos dos miembros de la misma empresa: un empleado que cobra 1200 euros y un mando superior que cobre 3000. Volvemos al principio: el litro de gasolina, respecto a sus mínimas necesidades, le sale mucho más caro al empleado que al que ocupa el puesto de mayor rango.
En estos momentos el actual gobierno, con las arcas públicas acumulando un déficil del 3%, está estudiando gravar todavía más los impuestos especiales. Y lo grave de esto es que en ese tipo de impuestos no sólo entran los citados en el primer párrafo -carburantes, tabaco, alcohol-, sino que entran otros como la electricidad o los llamados “productos intermedios” (los que se utilizan durante el proceso de elaboración de un producto final). Y no duden que lo harán, pues, aumentar el IVA es muy impopular y aumentar el IRPF cuando se despilfarraron 13.000 millones con la campaña de los conocidos 400 euros es totalmente inviable. Y sin embargo, es lo que se debería hacer, pues tras las dos legislatura del Partido Popular, los tramos son menos progresivos que antaño, perjudicando claramente a la clase media, que, a fin de cuentas, es la mayoritaria en este país y por tanto la que soporta mayores cargas fiscales _reales_ respecto de su renta.

Lo correcto sería que los productos de primera necesidad carecieran de gravamen y se aumentara en los productos de menor necesidad y de lujo, diferenciando claramente cuales son aquellos productos de lujo, ya que la gasolina se supone un producto que no es de primera necesidad pero que todos necesitamos para poner nuestro coche en marcha , las compresas como dices en tu comentario se pagan como artículo prohibitivo cuando las mujeres necesitan este producto ya que el período o regla, no es un capricho, sino un proceso natural e innato en las mujeres. Al igual que las leches de continuación infantil o los libros escolares.

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