Villaverde de Medina - Valladolid

La trama corrupta destinó dinero del blanqueo en Suiza a pagar a cargos del PP
Anticorrupción pide ocho comisiones rogatorias para seguir el rastro de la fortuna que Correa amasó gracias a Gobiernos populares en Madrid y Valencia
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 04/05/2009


La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que cursen ocho comisiones rogatorias para investigar en otros tantos países de Europa e Iberoamérica la fortuna amasada (y no declarada al fisco) por Francisco Correa, cabecilla de la trama de corrupción masiva vinculada al PP que implica a 57 personas, entre las que hay un presidente autonómico, cuatro diputados regionales, cuatro ex alcaldes, el tesorero nacional del PP y un eurodiputado del partido.


El diputado Martín Vasco recibió comisiones de una sociedad suiza

Anticorrupción busca datos en Islas Caimán, Reino Unido, Colombia y Panamá

"Los beneficios se ocultan a Hacienda, van al extranjero y luego se devuelven"
Las dos fiscales que investigan esta trama, Miriam Segura y Concepción Sabadell, sostienen en su último informe, fechado a finales de marzo, que Correa desviaba a paraísos fiscales el dinero que recaudaba de los lucrativos favores económicos que recibía de administraciones públicas en manos del PP.

El negocio de Correa, según Anticorrupción, se basaba en el trato de favor de gobiernos del PP a cambio de dinero y regalos que daba a alcaldes y altos cargos del partido. La fiscalía cree que lavaba el dinero obtenido en sus chanchullos en las Islas Caimán, Reino Unido, Colombia, Suiza, Antillas Holandesas y Panamá.

Eventos e inmuebles
El pasado jueves Correa negó ante el juez que instruye el caso haber sobornado a políticos del PP y sólo admitió ser autor de un delito contra la Hacienda pública, aunque aseguró estar dispuesto a devolver el dinero.

Anticorrupción sostiene que el grupo de sociedades que dirigía Correa actuaba en tres direcciones: unas empresas se dedicaban a realizar actos y eventos del PP; otras, a inversiones en "patrimonio inmobiliario" y un tercer grupo acaparaba el dinero, ya lavado, que regresaba desde el extranjero a España.

Ese dinero opaco, según la fiscalía, procedía de "las contratas y adjudicaciones" que recibía la trama de Correa, "por sus regalos y dinero que entregaba a autoridades". "Los beneficios se ocultan a Hacienda. Son llevados al extranjero y luego se devuelven", señala el informe. Con ese dinero, la trama compraba en España propiedades inmobiliarias que se ponían a nombre de sociedades a cuyo frente Correa colocaba testaferros. Y con el dinero de la caja b de la contabilidad de estas sociedades, se pagaba a alcaldes y altos cargos del PP de Madrid por sus favores.

Según Anticorrupción, el 4 de abril de 2005, desde las empresas de Correa se dio la orden a Lucas Bagchus para que hiciese una ampliación de capital de 1,8 millones de euros en la sociedad Osiris, radicada en Suiza. Parte de ese dinero más tarde retornó a España y, según la fiscalía, terminó en manos del diputado madrileño del PP, Benjamín Martín Vasco.

Otro ejemplo es el pago con dinero opaco al fisco a José Luis Peñas, ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) que posteriormente destapó el escándalo al denunciar las actividades de Correa a la fiscalía. La trama entregó a este ex edil, según Anticorrupción, sobres mensuales con 3.500 euros entre marzo y noviembre de 2005, así como otros 18.000 euros en abril de ese año.

Que grandes cantidades de dinero acaban en manos de políticos lo han declarado ante el juez Garzón empleados de la trama de Correa como José Luis Izquierdo, el contable, e Isabel Jordan, una de las directivas. En la cuenta B descubierta en un piso de seguridad de Correa figuran pagos al diputado autonómico de Madrid, Alfonso Bosch, identificado en esa cuenta como "pcsabosch", y al ex consejero Alberto López Viejo, hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Jordan ha declarado que entregó a este último "un sobre con 40.000 euros".

El ex concejal José Luis Peñas (a quien Correa llama "traidor" en su declaración) entregó en la fiscalía una denuncia con grabaciones en la que el cabecilla de la trama, Correa, se jactaba de haber dado dinero a altos cargos del PP; habla de 1.000 millones de las antiguas pesetas al tesorero nacional Luis Barcenas. Lo recibido de la trama por Barcenas sumaría 1,3 millones de euros, según la investigación.

En otra de las grabaciones, Correa y uno de sus lugartenientes, Pablo Crespo, aluden a dinero que han entregado a López Viejo. "De cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto, lo sabes tú", refiere Correa. En la misma conversación se queja de que López Viejo le adeuda un millón de euros de actos de la Comunidad. Crespo, por su lado, comenta a Correa que López Viejo es "el muñidor de toda la operativa". López Viejo fraccionó el importe de algunos contratos para supuestamente poder adjudicárselos directamente a sociedades de Correa, quien, a cambio, le dio casi 500.000 euros, según el sumario. Un informe de la Agencia Tributaria destaca que las sociedades de Correa disponen de "una elevada facturación" con cargo a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Arganda del Rey, Majadahonda, Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón, todos ellos gobernados por alcaldes del Partido Popular con mayoría absoluta.

El PP les ha forzado a dimitir por su implicación en la trama. Garzón les imputa el cobro de grandes sumas de dinero a cambio de adjudicaciones y contratas de sus ayuntamientos. Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad donde la trama corrupta hizo más negocios, asegura que a los implicados o no los nombró ella o la engañaron.

SÍ, ES INDECENTE
Ha dicho la Presidenta de la Comunidad de Madrid que es indecente que mientras la inflación es -1%, los funcionarios además de tener plaza fija, tengan una subida salarial del 5% (gran mentira por cierto), Objetivo congelarles el sueldo.
Me gustaría transmitirle a esta Sra. lo que considero indecente. Indecente, es que el salario mínimo de un trabajador sea de 624 €/mes y el de un diputado 3.996 pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a 6.500 €/mes; Indecente, es que un catedrático de universidad o un cirujano de la sanidad pública ganen menos que el concejal de festejos de un ayuntamiento de tercera; Indecente es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca, (siempre por unanimidad, por supuesto y al inicio de la legislatura); Indecente es comparar la jubilación de un diputado y el de una viuda; Indecente, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los diputados les baste con siete y los miembros del gobierno para cobrar la pensión máxima solo necesiten jurar el cargo; Indecente es que los diputados sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF; Indecente es colocar en la administración miles de asesores, amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más cualificados; Indecente es el millonario gasto en mediocres TV autonómicas creadas al servicio de la pervivencia en el trono de políticos más mediocres; Indecente es el ingente dinero destinado a sostener los partidos aprobado por los mismos políticos que viven de ellos; Indecente es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (y no digamos intelectual o cultural); Indecente es el coste que representan a los ciudadanos sus comidas, coches oficiales, chóferes, viajes siempre en gran clase y tarjetas de crédito por doquier; Indecente es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año; Indecente es que sus señorías cuando cesan en el cargo tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses; Indecente es que ex ministros, ex secretarios de estado y altos cargos de la política cuando cesan son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del erario público; Indecente es que se utilice a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios solo representan un coste para el bolsillo de los ciudadanos; Indecente es que nos oculten sus privilegios mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven;. Mientras hablan de política social y derechos sociales ? que indecente.
José Miguel Gómez Villanueva D.N.I. 13.711.989-X María Angeles Buenaposada Cano 13756988K

Los ciudadanos no se amedrentan fácilmente. Alrededor de 500 personas de diversos colectivos encabezados por la Confederación de Afectados por Estafas Inmobiliarias (Cafines) se manifestaron ayer en la Isla de Arosa contra la construcción de Villa PSOE, un bloque de apartamentos de lujo entre cuyos futuros inquilinos figura José Blanco y otros destacados dirigentes socialistas.





Ello a pesar de las "intensas" presiones recibidas por parte del alcalde de la localidad, José Manuel Vázquez (PSdeG), quien el pasado miércoles demandó a esta asociación por un delito contra el honor.




Tal y como informó este diario, el ático del secretario de Organización del PSOE es uno de los mejores inmuebles de la polémica promoción Residencial Illa de Arousa, un bloque de apartamentos erigido a escasos 20 metros del mar, lo que, según Cafines, vulnera tanto la Ley de Costas como la Ley Gallega del Litoral. Resulta paradójico que las casas contiguas, con décadas de antigüedad, estén amenazadas por la misma Ley que parece no afectar a Villa PSOE.



“La demanda no nos preocupa para nada. Es más, nos da pie para empezar a pedir pruebas. No olvidemos que Feijóo -candidato popular a la Xunta de Galicia- ha declarado que el Fiscal General de Estado (Cándido Conde-Pumpido) tiene aquí un apartamento”, afirma José Carlos Piñeiro, un abogado que representa a Cafines.



El escándalo de Villa PSOE, "un inmueble totalmente legal", según declaró a este diario un portavoz de Blanco, ha irrumpido de lleno en la campaña electoral gallega para los comicios autonómicos del próximo 1 de marzo. No es para menos. Cafines ha denunciado la redacción ad hoc de un nuevo Plan Urbanístico para reconvertir el suelo rústico en urbano, lo que permite construir sin guardar la obligada distancia con la costa (100 metros). La asociación afirma que los terrenos bajo el bloque de apartamentos no eran urbanos antes de 1988, ni tampoco cuando se aprobó el Plan General definitvo de la Isla de Arosa en 2002.




"Hay gente que lleva viviendo siglos en la costa y sus viviendas se han visto afectadas por la Ley. Aquí, si eres socialista y del Gobierno, la vara de medir es diferente. Toda esta gente va a presentar una demanda contra Blanco, probablemente la semana que viene”, añade Piñeiro.



Cafines, que desde septiembre de 2007 ha solicitado de forma reiterada al Ayuntamiento de la Isla de Arosa documentación de las obras, asegura que la Xunta y el departamento de Costas abrieron expediente en su día e, incluso, obligaron a pagar multas a las viviendas que están detrás del edificio. La asociación promete que continuará su lucha. Mientras, aquellos que conocen bien la isla definen el bloque de apartamentos como "un atentado urbanístico que repugna, comparable con El Algarrobico”.

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