Tordehumos - Valladolid

De celebrarse hoy elecciones generales en España, el Partido Popular las ganaría con claridad. Es una de las conclusiones que se obtienen del último barómetro realizado por TNS Demoscopia para Antena 3 y Onda Cero.

El Partido Popular obtendría más de seis puntos de ventaja sobre el Partido Socialista: en total, un 42,2% de los votos frente al 36% del PSOE.

Un giro importante con respecto a las elecciones de 2008. Izquierda Unida y el partido de Rosa Díez, UPyD, subirían también en porcentaje de votos si se celebraran elecciones generales, mientras que CiU y el PNV perderían posiciones.

Si comparamos los datos de este último barómetro con los de meses anteriores, vemos que desde la primavera, se mantine y acentúa la tendencia de los socialistas a perder votos y de los populares a ganarlos.

El barómetro confirma, además, que un 54% de los encuestados cree también que hoy en día el PP sería el partido más votado.

Pues seria una pena, sin estar en el poder estan todo el dia acusados de corrupción,estafas, fraudes etc. que no haran cuando esten en el poder, no lo quiero ni pensar.


Firmado jodt.

Me alegra mucho ese par de condicionales: "ganaría" y "si se celebraran"
Pero ni se celebran ni van a ganar porque para esas fechas estarán todos en la cárcel. Y si no es así y ganan, tendremos lo que nos merecemos: unos corruptos en el gobierno, unos hipócritas que ven la mota en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio.

ESTA HABLANDO DEL PRESENTE O DEL FUTURO, PORQUE LO QUE CUENTA DE ESTA PASANDO AHORA. (ZAPATERO, ROBARCABA, TERESA ETC..) GRANDES MAESTROS DE LA METIRA Y DE LA HIPOCRESIA. TE DARIA MUCHOS EJEMPOS DE LO DIGO, PERO TU NO LO ENTEDERIA, YA QUE NO QUIERES ENTEDER.

Dame el ejemplo del caso Gürtel, por favor, pero con detalles y dibujos si fuera posible. Y del don Tancredo ése que atiende por Rajoy, que le dan por todas partes y ni se inmuta con tal de seguir mandando.

TE DARE UN EJEMPLO, SOLO MIRA Y PREGUNTA QUE BIEN NOS VAS CON TÚS CAMARADAS. NO ME MOLESTO EN RESPONDERTE MÁS.

MIS RESPETOS Y UN COORDIAL SALUDO

PUES MENOS MAL QUE NO SON LOS TUYOS, PORQUE YA IRÍAMOS EN TAPARRABOS MIENTRAS QUE ELLOS IRIAN CON BUENOS TRAJES DE MILANO TALLA PACO CAMPS.

GRACIAS POR NO RESPONDER Y RESPETOS Y SALUDOS REDOBLADOS, PRENDA.

La Generalitat valenciana dispone, a través del Servicio Valenciano de Empleo (Servef), de un programa denominado "salario joven", por el que la Administración autonómica subvenciona a los ayuntamientos la contratación de menores de 30 años sin experiencia laboral. Las entidades locales son las que han de solicitar la implantación del programa y eso es lo que hizo el alcalde de Vall d'Alba y vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Así, desde octubre, su hija Andrea trabaja, y lo hará hasta el próximo verano, para el consistorio que preside su padre.

Martínez justificó ayer la contratación alegando que su hija era la única que cumplía con los requisitos para este puesto en el que, además, se exigía la diplomatura en Turismo. El alcalde de Vall d'Alba, hombre de confianza de Carlos Fabra en la Corporación provincial, sostuvo que la contratación de su hija obtuvo el visto bueno del secretario municipal y de los sindicatos. Pese a ello, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Fernando Grande, aseguró que exigirá explicaciones en el próximo pleno. Los socialistas también han hecho referencia al código que impulsa el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, que señaló la necesidad de garantizar los principios de mérito y publicidad.

Además, éste no es el único puesto que ocupa la hija del vicepresidente de la Diputación de Castellón, ya que la semana pasada fue nombrada, a instancias del PP, consejera de Bancaja. Tampoco es la primera vez que Francisco Martínez salta a la palestra por una colocación, ya que en la misma Diputación trabaja su sobrina, Silvia Capdevila, como asesora del presidente, Carlos Fabra.

La actuación del alcalde de Vall d'Alba, municipio de apenas 3.000 habitantes, choca con otro de los puntos que propuso Rajoy dentro del código del buen gobierno en todas las administraciones. El líder del PP apostó por un "Ayuntamiento en red", la publicación en la web de las actas de la comisión de gobierno, los decretos de alcaldía, las actas de plenos o los informes de secretaría e intervención. Sin embargo, Martínez, lejos de apostar por esa transparencia que predica su jefe de filas, ha echado mano de los servicios jurídicos de la propia Diputación para impedir que los plenos del consistorio sean grabados. Martínez firmó, como presidente accidental, un decreto en el que se atendía la solicitud de asistencia jurídica para defender al consistorio en un contencioso presentado por el PSPV tras la prohibición del alcalde de grabar los plenos municipales. Su argumento es que esta acción "no aporta nada ni a la gestión municipal ni al interés de los vecinos".

MIRA MIRA.

Paula Chaves Iborra, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, intervino directamente en la tramitación administrativa del expediente del incentivo de más de 10 millones de euros a la empresa en la que ella figura como apoderada.

Esa multimillonaria ayuda fue ratificada por la Junta de Andalucía en un Consejo de Gobierno en el que participó Manuel Chaves, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse. Rajoy le exige explicaciones.

En el expediente de la subvención puede comprobar no sólo que las comunicaciones previas a la concesión del incentivo iban dirigidas personalmente a esta cualificada representante de la sociedad Minas de Aguas Teñidas (Matsa), sino que quien puso su firma para dar la conformidad de la empresa (el 23 de febrero) aceptando la ayuda que rubricó el ex presidente Chaves fue su hija.

Como resulta evidente que esa responsabilidad extralimita las funciones propias de una abogada vinculada laboralmente al departamento jurídico de la multinacional minera canadiense, la versión oficial del vicepresidente Chaves y de la Junta de Andalucía ha tenido que ser la de negar la mayor: que Paula Chaves no ha tenido la más mínima intervención.

El martes último, en el Senado, Manuel Chaves subrayó que "no me constó ni me consta hoy" que su hija "hubiera tenido nada que ver con ese expediente". Por la mañana, Manuel Pérez Yruela, portavoz del Gobierno andaluz, aseguró también que Paula Chaves "no ha tenido que ver nada con la tramitación" y que no fue la "responsable" del expediente.

¿Por qué esta insistencia? Lo que se quería descartar de raíz es la posibilidad de que el actual vicepresidente Chaves hubiera vulnerado en enero la Ley Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, que establece que el presidente autonómico debe inhibirse en cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración "hubiese tenido alguna parte" cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil.

El problema es que su hija sí tuvo parte en este asunto: en la escritura de apoderamiento, publicada en el Registro Mercantil de Huelva, figura entre las facultades conferidas a Paula Chaves la de "dirigir, recibir y contestar requerimientos y notificaciones, así como cualquier otro acto para el cual no sea necesaria la asistencia de abogado y/o procurador", que es el caso de la comunicación de la concesión de una ayuda de la Junta.

La empresa retrotrae el momento en que ésta empezó a participar directamente en "la gestión y tramitación de incentivos y ayudas" a 2 de julio de 2007, lo que supondría su implicación desde el primer momento en este expediente que terminó con la concesión de los casi 10,1 millones de euros, ya que la solicitud de esta ayuda es de tres meses más tarde: octubre de 2007.

SIGUE MIRANDO

El PSOE de Ibiza pactó una comisión de 1,5 millones de euros a cambio de la adjudicación de unas obras.
Unas grabaciones al que fuera secretario general de los socialistas de Ibiza hasta el pasado mes de noviembre, Roque López, han destapado un escándalo de corrupción sin precedentes en la isla. Lo destapa este jueves El Mundo. La empresa adjudicataria de la obras en el centro histórico ya estuvo implicada en el "caso Roldán". En esas grabaciones, el socialista explica a una compañera de partido que parte del cohecho ya ha sido abonado al partido.

El caso Roldán fue desvelado en noviembre de 1993, provocando la destitución del entonces director general del instituto armado Luis Roldán, que estuvo al frente de la Benemérita, entre octubre de 1986 y diciembre de 1993. El ex director de la Guardia Civil aprovechó su cargo para enriquecerse de manera totalmente ilícita y delictiva mediante el cobro de comisiones de obras, la estafa a los constructores y la malversación de los fondos reservados de Interior. Asimismo, Roldán recibió, a partir de 1990, sobresueldos de cinco millones al mes por parte de la Secretaría de Estado para la Seguridad y con cargo a los fondos reservados. Esa cantidad se elevó a 10 millones desde 1991 hasta su destitución. Rafael Vera era entonces el secretario de Estado de Interior y quien manejaba los fondos reservados.

Y NO TENGO GANAS DE BUSCAR MAS. QUE PARA LADRONES Y MALOS ESTA EL PSOE, DE ESTE PAIS, Y LA HISTORIA LO DICE. BUSCA EN PERIODICOS Y DOCUMETOS EN LA RED Y ENCONTRARAS LO QUE QUIERAS.

El llamado caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989, hechos todos ellos establecidos como probados por la Judicatura.

Cuándo en 1987 SU EXCELENCIA LA COSA se presenta a las elecciones autonómicas en Castilla y León de la mano, entre otros de nuestro Chema Cuevas, traza una curiosa red de intereses empresariales que en justa recompensa se verán después beneficiados por su acción de Gobierno. Uno de estos intereses es el de los empresarios amigos mineros del carbón de León, con quienes se mantienen contactos antes de las elecciones, incluso una cena en León en la que se recaudan aportaciones a la campaña del Partido.

El hombre que centraliza estos contactos es el buen amigo de SUEXCELENCIA , el SR. Miguel Pérez Villar, asesor fiscal de APEMA (la Asociación de Propietarios y Empresarios de Minas de Antracita) que reúne a las compañías medianas y pequeñas. Pérez Villar es promocionado con el triunfo del Partido a la Presidencia Provincial de nuestra organización en León y es nombrado Consejero de Economía del primer Gobierno de SE. Cuándo éste renuncie a la Presidencia, ocupará la Vicepresidencia del Gobierno de coalición PP-CDS con Chechu Posada de Presidente.



Nuestro amigo Pérez Villar

El principal cambio presupuestario que realiza Pérez Villar en los Presupuestos de 1988 es la incorporación de una línea de ayudas a la minería, dotada con unos 1.600 millones de pesetas, que al final se repartirá fundamentalmente en el sector de la minería energética, y dentro de ella en León.

Los rencorosos de siempre le critican por los curiosos criterios de reparto de las ayudas, sancionándose incluso a funcionarios que se habían negado a informar favorablemente los criterios que el Consejero, que participa directamente en la resolución de las ayudas, quiere imponer.

Las criticas se disparan cuando se conoce que las empresas de APEMA, que representan una parte no mayoritaria de la producción y de los puestos de trabajo (están fuera las grandes compañías) se han llevado sin embargo la parte del león en las ayudas, que Pérez Villar ha mantenido diversas relaciones de asesoramiento y solicitarias con empresas subvencionadas sin inhibirse en el procedimiento, que parte de las subvenciones se han utilizado para abonar indemnizaciones por despido, y que la empresa que ha recibido las mayores subvenciones (que por su cuantía fueron por imperativo legal aprobadas por la Junta de Consejeros en pleno, es decir, con intervención de SE ), RENASA, no tenía minas ni trabajadores en Castilla y León.

Los sociatas piden una comisión de investigación en las Cortes, que es rechazada con los votos del Partido y la abstención del CDS. Luego éste último cambia de criterio y la acepta, con lo cual al final se acaba constituyendo. El Partido en esta etapa "conecta" con los vocales del CDS en la Comisión, a los que irá haciendo sucesivas ofertas políticas. Uno de ellos será diputado provincial del Partido en la legislatura siguiente. Otro acabo de delegado territorial de la Junta en León. Así fabrica una mayoría en la Comisión, que rechaza las evidencias y aprueba un dictamen descafeinado en marzo de 1991, pocos meses antes de las nuevas elecciones autonómicas.

Los resentidos sociatas remite las actuaciones a la Fiscalía, que inicia el procedimiento de oficio. Para ‘blindar" a Pérez Villar, que ha salido elegido procurador en Cortes en las elecciones de 1991, el Partido le convierte en senador por la Comunidad Autónoma, con lo cual se garantiza un juicio en el Supremo, ya que según declaraciones de Pérez Villar el juez instructor de Valladolid era parcial "a favor del PSOE.

La sentencia del Supremo se produce el 12 de julio de 1995. Pérez Villar deja de ser senador y le condena por una delito continuado de prevaricación en la concesión de las ayudas a 8 años de inhabilitación. Desde 1991 Pérez Villar, que ha dejado de ser Consejero, ha entrado en el Consejo de Administración de algunas de las empresas subvencionadas, ha constituido otras sociedades con algunos de los principales beneficiarlos de sus subvenciones, y las sociedades en que ha participado han vuelto a ser acreedoras en algunos casos de subvenciones de la Junta.

La sentencia del Supremo declara legales dos subvenciones, a RENASA ( no tenía minas ) y Minas de Ventana ( utilizó la subvención para pagar despidos por un importe global de 150 millones ) Se abre aquí un nuevo capítulo del caso, todavía sin cerrar, puesta que la Junta no acepta declarar automáticamente la nulidad de las subvenciones, sino que solicita informe del Consejo de Estado, luego paraliza en este organismo la emisión de su dictamen preceptivo pidiendo más tiempo, y al final acaba pidiendo al Consejo de Estado que no declare la nulidad de las subvenciones porque esto "perjudicaría el interés de la Comunidad Autónoma".

El Consejo de Estado rechaza el criterio de la Junta, recomienda declarar la nulidad y que se solicite el reintegro de las cantidades indebidamente otorgadas, sin perjuicio de reconocer que las empresas no tienen por qué hacer frente a esta devolución si, como consecuencia de las subvenciones, han efectuado debidamente gastos concretos. La Junta acata a su pesar el dictamen, declara la nulidad de las subvenciones, pero no solicita la devolución a los funcionarios que han dictado la resolución injusta (Pérez Villar y su Director General de Economía, Javier Valenzuela que con los años se vió involucrado en el denominado CASO GESCARTERA ) sino a las empresas, y todo esto después de dos años y de reiteradas peticiones de los sociatas en las Cortes de Castilla y León.

En resumen, en este asuntillo hemos sido más astutos que nadie: primero intentamos evitar el procesamiento, luego condicionarlo, más adelante evitando la devolución de las cantidades, y en todo caso que Pérez Villar fuera declarado responsable subsidiario. Estamos en el año 2001 y aquí no ha pasado nada. Para listos nosotros

Castilla y León impulsa una urbanización con campo de golf en un robledal protegido

La Junta de Castilla y León tiene previsto dar luz verde hoy a la construcción del Parque Arlanzón, una gran urbanización de 640 chalés, con hotel, campo de golf y campo de tiro. De las 220 hectáreas de suelo público que ocupará el proyecto, 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Al menos seis informes técnicos se han opuesto a la urbanización, pero esto no ha impedido a la Diputación de Burgos, del PP, impulsar el proyecto tras adjudicarlo hace un año a cinco constructoras. La Consejería de Medio Ambiente ya ha dado el visto bueno al proyecto.

El 27 de junio de 2005, la Junta de Castilla y León pidió un informe a la Delegación de Medio Ambiente de Burgos sobre el futuro Parque Arlanzón, situado en el municipio de Arlanzón y que incluía 640 chalés, hotel, campo de tiro, hotel, piscina cubierta y campo de fútbol en suelo propiedad de la Diputación y del Ayuntamiento de Arlanzón, del PP. El jefe de Servicio de Burgos, Gerardo Gonzalo, contestó con un informe contrario al proyecto: "No se han estudiado posibles alternativas", "no aclara cuál va a ser la afección sobre la vegetación del campo de golf" y concluye que "no se considera adecuada la inclusión en el proyecto de montes de utilidad pública".

En agosto de 2005, el jefe de espacios naturales, José Ángel Arranz, emite otro informe en el que destaca que las zonas protegidas sobre la que va el campo de golf están ocupadas por robles melojos (Quercus pyrenaica) y que el terreno está "clasificado como suelo rústico de protección natural". El técnico "considera insuficiente la información aportada", afirma que no puede evaluarlo y critica "la construcción de urbanizaciones aisladas" por su impacto en el medio ambiente.

En septiembre, el expediente llegó a la ponencia técnica de urbanismo. El 13 de septiembre, los técnicos de la consejería informan desfavorablemente "con base en los informes técnico y jurídico de la Dirección General de Vivienda". El motivo del rechazo es proteger "los manifiestos valores naturales" del lugar elegido, cruzado por el río Arlanzón, donde los ideólogos del proyecto pretenden crear una zona de pesca. Además, añadió que "una urbanización de 640 viviendas no puede ser considerada como de interés general, y menos de utilidad pública".

Pese a estos informes contrarios, la comisión de urbanismo de Castilla y León, la comisión política controlada por la Junta, aprobó el proyecto "por el interés general" de la urbanización y el empleo que crearía. La urbanización estaba ya sólo a falta de la aprobación ambiental.

Casi un año después, el 3 de julio de 2006, la ponencia técnica de la comisión regional de prevención ambiental, destaca en un informe que "la presencia de aves es abundante en la zona con especies como rapaces diurnas y nocturnas", y que "la importancia faunística de estas riberas es extraordinaria". Por ello se opone a descatalogar los montes de utilidad pública (algo que la ley reserva a casos excepcionales) y añade que "desde el punto de vista ambiental no se considera adecuada la creación de urbanizaciones aisladas".

El 7 de septiembre de 2006, el servicio territorial de la Consejería de Medio Ambiente señala que, pese a que los promotores han modificado el campo de golf para reducir su impacto, es "imprescindible que se presente el proyecto detallado" para evaluar su impacto sobre los robles, llamados rebollos en la zona. Por todo, afirma que no puede autorizar el proyecto.

Con esos antecedentes, el director general de Medio Natural de Castilla y León, Mariano Torre, firmó el 22 de septiembre un informe favorable. En un dictamen de dos folios mucho menos justificado que los negativos previos, Torre afirma que las correcciones que han introducido los promotores son suficientes. Torre Antón era socio de la empresa pública que impulsó la urbanización en Las Navas del Marqués (Ávila) y que fue anulada por un tribunal.

La Comisión Regional de Prevención Ambiental, controlada por la Junta vota hoy el proyecto y, según fuentes de la comisión, lo más probable es que la Administración autonómica la apruebe, como ya hizo con Las Navas del Marqués o una gran urbanización en una aldea de Ávila, pese a la oposición de técnicos de la propia Junta.

El Plan General de Salamanca recalifica terrenos de la familia de un consejero del PP

La recalificación como "suelo urbanizable no delimitado" de dos parcelas de 32,5 hectáreas que figuraban como "suelo rústico de entorno urbano", a las afueras del norte del casco urbano de la ciudad, fue denunciada ayer como "el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Salamanca" por el grupo socialista en el Ayuntamiento. La propiedad del 10% de esos terrenos corresponde a la esposa y cuñados del secretario general del PP en Castilla y León y consejero de Presidencia del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco. Éste, al igual que el portavoz popular en la corporación municipal, ha negado cualquier trato de favor y sostiene que las condiciones de la recalificación no otorgan ninguna ventaja a los propietarios.

El grupo socialista formuló la denuncia durante el debate sobre la aprobación provisional, después de un proceso de 11 años, del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al presentar documentación sobre una situación abierta el pasado abril y cerrada la semana pasada. El portavoz socialista, Fernando Pablos, afirmó que "se trata de una recalificación política, iniciada a propuesta del grupo popular el día 5 de abril de 2006, en contra del criterio de los técnicos redactores del plan general, que desestimaron la alegación presentada por los propietarios de la superficie afectada".

El terreno se encuentra a la salida de la capital, en las inmediaciones del pabellón Multiusos, sobre las colinas de Las Cabezas y Peñiscas II. Los dos espacios, junto con otros tres cerros, figuraban en el PGOU como "suelo rústico de entorno urbano", en el que la Ley del Suelo de la comunidad autónoma prohíbe "las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada". Con la decisión tomada por el PP de eliminar de ese suelo las 32,5 hectáreas, al margen del informe técnico de los redactores, se podrán construir 73 viviendas de cien metros cuadrados sobre las lomas calificadas no urbanizables dados "sus valores paisajísticos como elementos morfológicos singulares". La mitad de las viviendas será de protección oficial y la otra mitad de precio libre.

Un lugar privilegiado

Según el informe aportado por el grupo socialista, "donde los criterios técnicos sólo preveían tierras de labor, ahora se podrán construir viviendas en un punto privilegiado, precisamente en el suelo en el que se encuentra la propiedad de la familia directa del consejero de la Junta, mientras que los otros tres sectores en las mismas circunstancias mantienen la condición de suelo rústico de entorno urbano". Igualmente se ha destacado que, para avalar la situación al no disponer de informe favorable de los técnicos redactores, se ha requerido un "informe de redacción local" (el arquitecto municipal), en el que se ampara el equipo de Gobierno. Ese informe, según Pablos, no se ha pedido para otros asuntos conflictivos del propio PGOU.

El responsable de Urbanismo del equipo popular de gobierno, Salvador Cruz, calificó de "ejercicio espectacular" las acusaciones socialistas, ya que, señaló, "es necesario recalificar suelo" y, en todo caso, las parcelas relacionadas con la propiedad de la familia de Fernández Mañueco "se han recalificado con el índice de edificabilidad más bajo de toda la ciudad, lo que no parece resultar muy favorecedor para permitir hablar de pelotazo".

En ese sentido, destacó que en ese terreno recalificado se ha introducido reserva de patrimonio público de suelo, e igualmente se fija la posibilidad de expropiación de los terrenos durante cuatro años a precio de suelo rústico. Para justificar el valor del informe de redacción local favorable frente al criterio negativo de los redactores del plan general, Cruz precisó que se trata de "un criterio técnico frente a otro criterio técnico".

El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León y secretario general del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco ha afirmado que quienes han formulado las acusaciones "mienten y tratan de tapar sus propias vergüenzas". El consejero señaló que, suponiendo que le competa hablar en nombre de su mujer, a ésta "le corresponde la tercera parte de tres hectáreas, por tanto, es propietaria de una hectárea" del terreno adquirido en 1969 por su suegro, José Martín Méndez, alcalde de Los Villares de la Reina, que pagó 39.000 pesetas por el terreno, y que tiempo atrás entregó en propiedad a sus tres hijos.

Fernández Mañueco ha insistido en las condiciones de la recalificación, "con unos condicionantes que no resultan muy favorecedores".

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez, ha comunicado que si el portavoz socialista no retira en el plazo de una semana "las ofensas" formuladas en el pleno municipal, acudirá al juzgado para denunciarlo. Fernando Pablos ha replicado que, en ese caso, aportará al juez la documentación sobre el caso, que supuso el contenido de su intervención.