Santovenia de Pisuerga - Valladolid

En estos días se cumplen veinte años desde que el primer camión con basura tóxica entrara en el vertedero de residuos industriales de Santovenia de Pisuerga, aguas arriba de la ciudad de Valladolid. Como el conductor no sabía por donde llegar, no se le ocurrió nada mejor que meterse por el pueblo a preguntar, dejando por la carretera un reguero de su venenosa carga. Malos augurios para una historia que empezó torcida y fue acumulando corrupción y prepotencia en múltiples episodios, como los buenos culebrones.

Todo empezó con una subvención de 800.000 euros que el entonces Consejero de Medio Ambiente de la Junta, José Luis Sagredo de Miguel, adjudicó a finales de 1990 a una sociedad recién creada llamada CETRANSA, perteneciente al Grupo March. El concurso público convocado al efecto, al que licitaron tres empresas, se resolvió en un solo día. El mismo tiempo que tardó el Pleno del Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga en reunirse para dar la licencia de obras solicitada por el empresario, eso sí, sin evaluación de impacto ambiental, ni autorización de uso de suelo no urbanizable, ni informes ni nada. Eso es clarividencia.

A partir de ahí, no hizo más que crecer la chapuza administrativa promovida por el nuevo Consejero de Medio Ambiente y cazador furtivo, Francisco Jambrina Sastre, y equipo (citemos a su Director General, Enrique Martínez Méndez, y a su Jefe de Servicio, Julio Fernández Castaño), hasta que fue puesta de manifiesto por el Tribunal Supremo en una sentencia de diciembre de 2001. Las licencias municipales hacían aguas, porque se otorgaron muchos meses antes de que la Junta de Castilla y León autorizara el uso de suelo no urbanizable para la construcción del vertedero, decisión que por cierto también fue anulada judicialmente.

Tras varios tiras y aflojas, la nueva Corporación del Ayuntamiento de Santovenia ordenó la clausura del vertedero y su planta industrial aneja y ambas instalaciones dejaron de funcionar el 15 de mayo de 2002, con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Llegados ahí, CETRANSA podía haber optado por intentar legalizar su negocio, como todo hijo de vecino, pero la empresa propiedad ya de ACS encontró una vía más expeditiva gracias a otra Consejera del gremio, la todavía activa Silvia Clemente Municio y su equipo (el Director General, Jesús Rodríguez Romo, y el Jefe de Servicio, Jaime Fernández Orcajo).

Aún hoy desconocemos al creativo que discurrió llevar a las Cortes los permisos administrativos de la empresa del magnate del fútbol y el ladrillo Florentino, para revestirlos con una Ley, de manera que ningún tribunal ordinario, ningún ayuntamiento y ningún vecino pesado pudieran estropear la fiesta. Pero lo cierto es que la fórmula cuajó, y fue tan exitosa que los sucesores de Silvia Clemente en la poltrona, Carlos Fernández Carriedo y María Jesús Ruiz Ruiz, la repitieron en otras cuatro ocasiones con el vertedero de Gomecello en Salamanca (2004), la Ciudad del Medio Ambiente de Soria (2007), el vertedero de Fresno de la Ribera en Zamora (200 y el Complejo de Ocio Meseta-Ski en Valladolid (2010).

Empresarios como Florentino Pérez (ACS), José Martínez Núñez (TECONSA) y Luis Delso (ISOLUX-CORSAN) han visto así blindados por Ley sus intereses económicos privados en Castilla y León; el primero como propietario de los vertederos de Santovenia de Pisuerga y Fresno de la Ribera, el segundo como constructor del vertedero de Gomecello y el tercero como contratista de la Ciudad del Medio Ambiente y Meseta Ski. Los 400.000 euros en mordidas a políticos presuntamente abonadas por la trama Gürtel a cambio de la adjudicación del vertedero de Gomecello dan una idea de las “posibilidades” del mecanismo. Veremos si David Álvarez (EULEN) se convierte finalmente en su próximo beneficiario con su proyecto de “Desarrollo Sostenible del Destino Turístico San Glorio” (no es coña, lo titulan así), o sea la estación de esquí y urbanizaciones asociadas largamente pretendidas en el corazón de la Montaña Leonesa-Palentina, de cuyas bondades nos ocuparemos otro día.

Es cierto que tras once años el Tribunal Constitucional ha venido a poner las cosas en su sitio, en su sentencia del pasado 4 de junio. Tras quedar anulada por inconstitucional la primera de la serie, la Ley del vertedero de Santovenia, resulta acreditado que Herrera, Clemente y los procuradores populares que en julio de 2002 decidieron reabrir por Ley un vertedero clausurado por sentencia judicial se pusieron la Constitución por montera y pisaron el derecho fundamental a la tutela judicial de las organizaciones y personas que habíamos obtenido la declaración de ilegalidad del Tribunal Supremo, tras una década de pleitos.

Eso sí, ha hecho falta que cincuenta diputados socialistas decidieran llevar una Ley al Tribunal Constitucional, lo que nos está vetado al común de los mortales y causa alergia al Defensor del Pueblo (salvo si se trata del “Estatut”), para que otra década más tarde se haya reconocido el abuso. ¿Y ahora qué? Tras veinte años y 800.000 toneladas de residuos tóxicos dentro de la gran bolsa de basura, parece que volvemos al punto de partida. Es de esperar que CETRANSA quiera seguir rellenando de mierda el agujero hasta que reviente, pero por higiene democrática (y de la otra) sería de agradecer que se restituyeran los derechos ciudadanos, clausurando unas instalaciones que cumplen dos décadas en la ilegalidad. Y de paso inhabilitando a la pléyade de autoridades responsables del atropello. Por pedir…

Si hay dos expresiones con las que a nuestros políticos profesionales les encanta llenarse la boca son el Estado de Derecho y la Constitución. Las dos han salido muy mal paradas en Castilla y León, por obra y gracia de algunos de sus más encendidos defensores “de boquilla”, a cuenta de estas basuras o aquellos ladrillos. Y es que no deberíamos dejar a los tramposos que hagan la Ley.

LA PELOTA EN EL TEJADO DEL AYUNTAMIENTO....

Cetransa insiste en que la sentencia del TC “no impide la actividad del vertedero” de Santovenia, que “permanecerá en funcionamiento”

Aclara que está tramitando la regularización de todos los permisos urbanísticos pertinentes, algo que califican como un “trámite burocrático”.

Cetransa, la filial de la constructora ACS que explota el vertedero vertedero de residuos industriales de la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, subrayó hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado "no impide la actividad del vertedero, que permanecerá en funcionamiento con total normalidad y en cumplimiento con la normativa vigente".

Estoy total mente de acuerdo contigo compañero.
Solo cabe pensar que aun tenemos un as en la manga después de dos décadas y que aun después de todo se pueda hacer justicia,mucho depende de nuestro ayuntamiento tubo el deber en su dia y la ocasión de su clausura definitiva pero eso no se llevo a cabo,¿cuantos pantalones se han caído?aun al dia de hoy después de tantos años de lucha por desgracia yo sigo padeciendo las represalias de nuestros gobernantes en este ayuntamiento.
Hicimos lo que pudimos defendiendo nuestros derechos y sin ningún tipo de arrepentimiento estoy preparado para lo mismo y mas,hoy ya somos mas de 4000 habitantes que dan mucho que pensar a nuestros políticos de santovenia hora es ya de que apliquen la ley y no den marcha atrás,que se pongan todos los medios para solicitar a la junta de Castilla y León o gobierno central que trasladen toda esa porquería y nos limpien santovenia de cetransa,hdl vefesa ... un saludo.