Nava del Rey - Valladolid

Lluís Ramis d´Ayreflor, el ex conseller de Economía y Hacienda en el anterior Govern del PP, depositó ayer en el juzgado de instrucción 1 de Palma la fianza de 50.000 euros, impuesta el lunes por la jueza Margarita Bosch para eludir su ingreso en prisión por el caso Bomsai, la presunta trama de corrupción en torno a la empresa pública Caib Patrimoni. Una comisión judicial registró el martes la sede de una empresa mallorquina en busca de documentación sobre el caso.

Ramis d´Ayreflor, defendido por Llorenç Salvà, declaró el pasado lunes en calidad de imputado ante la jueza Bosch y los fiscales anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Pedro Horrach. Tras su comparecencia el ex conseller fue sometido a una vistilla, en la que la fiscalía reclamó para él prisión provisional eludible con 50.000 euros, medida que fue adoptada por la juez en un auto. Margarita Bosch dio a Lluís Ramis d´Ayreflor de plazo hasta ayer para consignar la fianza, tiempo que el imputado agotó.

Básicamente el ex conseller está acusado de participar, desde su puesto de presidente de Caib Patrimoni, en una supuesta trama de desvío de fondos públicos mediante los contratos para construir el parque central de los Bomberos de Palma y la sede de la conselleria de Salud. En la causa están imputados también los ex consejeros Jorge Sainz de Baranda, Joan Pol y Jaume Vidal Ladaria, este último además ex director de Caib Patrimoni. Los tres también están en libertad con fianza.

Los investigadores del caso Bomsai no dan por cerrada la operación. De hecho el pasado martes por la tarde tuvo lugar otro registro en la sede de una empresa de Palma. La Policía y la comisión judicial acudieron a esta sociedad en busca de una documentación muy concreta.

En los últimos días la fiscalía anticorrupción y los agentes del Grupo de Delitos Económicos han revisado la ingente documentación intervenida la semana pasada en los registros realizados en las oficinas de empresas y en el bufete donde trabaja Jorge Sainz de Baranda. La causa está bajo secreto sumarial desde que hace unos pocos días la fiscalía anticorrupción interpusiera una querella, que, por reparto, correspondió al juzgado de instrucción 1.

Los principales imputados fueron interrogados a fondo sobre el contrato que Caib Patrimoni firmó con el banco de negocios internacional Atlas Capital Close Brothers para que, a cambio de unos 600.000 euros, redactase las cláusulas de los concursos para los dos equipamientos públicos y tutelase el proceso. En medios jurídicos se da por muy probable que el juzgado de instrucción 1 llame a declarar a responsables de "Atlas", en cuyo consejo de Administración se sientan, según esas fuentes, importantes personalidades de las finanzas y ex altos políticos españoles.

(www.diariodemallorca.es)