Nava del Rey - Valladolid

El Partido Popular puso ayer el dedo en la llaga de lo que ha venido denunciando en los últimos días en relación al «caso Mercasevilla», que no es sino la petición a un grupo empresarial, por parte de dos políticos socialistas de Andalucía, de comisiones (450.000 euros), a cambio de que la Administración socialista le conceda una subvención (900.000 euros para una Escuela de Hostelería).Y lo dijo claramente, después de dar a conocer, por primera vez, el contenido de la grabación telefónica en la que se sorprende a estos políticos, concretamente al director y al director adjunto de Mercasevilla, participada al 51,24 por ciento por el Ayuntamiento y al 48,20 por ciento por la Sociedad Estatal Mercasa, ésta última dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó que, «según las cintas y las personas que intervienen, que son cargos públicos, el PSOE estaría financiándose ilegalmente a través de subvenciones y adjudicaciones de la Junta de Andalucía, incluso estaría prestando las fundaciones de la Junta para que se blanquease el dinero con el que se financian las campañas socialistas». Las acusaciones no se quedaron ahí, ya que el portavoz popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, afirmó que el PSOE «convierte el dinero blanco en negro. Como convierte dinero público en dinero B» y apuntó directamente al alcalde de la capital hispalense, Alfredo Sánchez Monteseirín, sobre el que afirmó que, desde que está al frente del Consistorio, «la corrupción ha estado más presente de lo que nos hubiera gustado».
Esta dura crítica venía justificada por el contenido de la grabación. Unas cintas, a las que el PP ha tenido acceso al estar personado en la causa, que no se activaron hasta que los populares presentaron una denuncia, según recordó Zoido. De hecho,la Fiscalía conocía el caso desde febrero, cuando un consejero de la Junta remitió al fiscal la grabación, pero el caso quedó en nada. En este sentido, González Pons fue muy claro: «La actitud del fiscal y de la Policía han sido de brazos caídos. No hay detenidos, no hay esposados, ni prisiones preventivas. Hay una doble vara demedir de los órganos del Estado, según sea una administración del PSOE o del PP. Cuando se trata de políticos del PSOE, el Fiscal General del Estado levanta el pie del acelerador y deja que la inercia conduzca a la impunidad». En las cintas se desvela que la Junta concede subvenciones y cursos a cambio de dinero, «la colaboración es muy condicionada. Es decir, si tu colaboras, todos los cursos que tú tengas van a venir subvencionados. Eso es así de claro», dice el director adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponde.


ABC.ES

A poco que la fiscalia no ponga palos en las ruedas como hasta ahora a la jueza lo mismo es Chaves el que nos tiene que explicar algo... aunque este es de la vieja escuela... aprendio mucho de Gonzalez & Company.


La juez del «caso Mercasevilla» manda a la Policía intervenir ordenadores de Urbanismo
Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto Algunos protagonistas
A. Sánchez Monteseirín
Alcalde de Sevilla
En razón de su cargo, es el presidente de Mercasevilla y por tanto máximo responsable de lo que allí se producía. El escándalo, lejos de disminuir, se agranda con el paso del tiempo y podría llegar a afectarle políticamente. Asegura que nunca conoció irregularidades.

Fernando Mellet
Ex dtor. gral. de Mercasevilla
Imputado en el caso de la supuesta venta de unos terrenos de Mercasevilla a Sando (una empresa constructora malagueña muy conocida) la juez encargada del caso ha decidido adelantar un mes su declaración, ahora señalada para el 22 de octubre.

Jorge Piñero
Secr. del Consejo de Admón
Como el anterior, está imputado en este escándalo. Señala a dos técnicos como responsables de haber elaborado el pliego de condiciones para la venta del terreno de Mercasevilla, que acabó en manos de Sando a pesar de presentar una oferta peor que otras.

EDUARDO BARBA | SEVILLA
La juez del «caso Mercasevilla», Mercedes Alaya, ha pisado el acelerador en sus pesquisas en torno al último de los escándalo surgidos en los despachos de esa empresa del Ayuntamiento hispalense, en concreto el referido a la venta de los terrenos a la constructora Sando. Ayer mismo ordenó que se intervengan los ordenadores de la Gerencia de Urbanismo en busca de evidencias que sustenten las sospechas sobre aquella operación, que benefició a la constructora malagueña tras comprometer ésta una donación a la Fundación Mercasevilla de 246.000 euros. La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla dictó ayer un auto por el que ordena a la Policía Judicial que examine de forma inmediata los archivos informáticos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento sevillano, lo que se hizo desde primera hora de la tarde.
Como ha venido informando ABC, sobre el «caso Mercasevilla» planea un posible caso de financiación irregular del PSOE a través de la Junta de Andalucía. Así lo ha denunciado el PP. El origen del escándalo son unas grabaciones en los que dos directivos de la empresa presidida por Monteseirín (en virtud de su cargo de alcalde de Sevilla) exigen a dos empresarios el pago de 450.000 euros a cambio de asegurarles la gestión de una escuela de hostelería subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo de la Junta andaluza.
La pieza de la venta de terrenos a Sando, que motivó la orden de intervención de los ordenadores municipales, es una de las últimas ramificaciones del caso. La juez adoptó esta decisión tras el análisis de la CPU del ordenador de la técnico Victoria Bustamante, ahora también imputada por su participación en la elaboración del pliego de condiciones del concurso en el que se benefició a Sando, pese a que su oferta era 50 millones peor que la de su competidora, Noga. Bustamante lo había entregado voluntariamente en el juzgado tras avisar a la Policía Judicial de las intenciones de la Gerencia de Urbanismo de retirarle su ordenador aludiendo a una «reordenación y actualización de elementos informáticos».
Tras su entrega, Alaya dictó un auto en el que acordó la apertura y examen de los archivos contenidos en la CPU intervenida, proceso que dio pie a la última resolución judicial. La juez indica que se deduce que existen «fundados indicios» de que mediante la intervención y examen del servidor «pueden descubrirse hechos y circunstancias de interés sobre la comisión de los delitos que están siendo investigados y la identidad de las personas que han intervenido en los mismos».
El gesto de Bustamante resulta muy significativo ya que del mismo se desprende que tiene datos que la Gerencia municipal no quería que se conociesen. En su declaración como testigo ya advirtió que «nunca» había visto una cláusula para limitar las ofertas al alza, en su opinión «algo inusual». Ahora, la técnico va a defenderse con el contenido de su ordenador, especialmente de su correo electrónico, al que le llegaban las órdenes de superiores.
Declararán este lunes
La iniciativa de Bustamante ha provocado que la juez decidiera ayer cambiar la fecha de las citaciones de imputados -prevista para el día 22 de este mes- y recibir a esta técnico el mismo lunes. El otro técnico que intervino en la elaboración del pliego de condiciones, José Antonio Ripollés, también declarará ese mismo día. Ambos fueron señalados por el secretario del consejo de administración de Mercasevilla y asesor jurídico de la sociedad, Jorge Piñero, también imputado por participar en la confección del pliego de condiciones del concurso.
Además, el juzgado ha adelantado la declaración del ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet.
Una lustrosa indemnización
Pero el «culebrón Mercasevilla» tuvo ayer otro episodio con un punto delirante. Mientras la cúpula del PSOE se rasgaba las vestiduras por la jubilación de un cargo de un banco privado, ayer se supo que en esta empresa municipal el director adjunto, Daniel Ponce, imputado en la presunta petición de comisiones ilegales, cobrará 865.000 euros por acogerse a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Según el PP, con esta cantidad «compran su silencio» en la causa judicial.
Sostiene el concejal popular Beltrán Pérez que según el ERE de Mercasevilla, en vigor hasta 2010, Ponce podrá acogerse a él cuando el próximo marzo cumpla 50 años. El directivo cobra ahora 5.488 euros al mes, y tiene garantizado el 89%, según las prejubilaciones acordadas.