Nava del Rey - Valladolid

Fue uno de esos acuerdos que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anuncia -sin detenerse mucho- en la rueda de prensa posterior a sus reuniones de Gobierno y por los que los periodistas no puede preguntar, porque -a diferencia de lo que sucedía con Emilio Pérez Touriño y con Manuel Fraga- los medios solo reciben por escrito los acuerdos del Consello cuando ya ha concluido la comparecencia del presidente. Esa fórmula permite a Feijóo obviar preguntas incómodas sobre cualquier medida impopular que avale su Ejecutivo.


Como el pasado 3 de junio, cuando él mismo pasó de puntillas sobre el decreto que la Xunta aprobó ese día para modificar la ordenación urbanística del Ayuntamiento de Viveiro. Feijóo despachó el asunto en medio minuto, alegó que el acuerdo busca profundizar en la "colaboración institucional" y anunció siete "matizaciones" al decreto del bipartito para adaptar las normas urbanísticas de este municipio de A Mariña a la legislación actual.


Pero el documento aprobado por la Xunta a propuesta del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, corrige algo más que matices a la norma que el bipartito dictó para suspender las vetustas normas subsidiarias que guiaban el urbanismo en la localidad lucense. Según figura en la norma publicada el pasado 10 de junio en el Diario Oficial de Galicia, uno de los artículos del decreto servirá para legalizar 11 chalés unifamiliares construidos sobre un suelo que la anterior conselleira de Política Territorial, María José Caride, calificó como rústico y por tanto vedado a las viviendas unifamiliares.


El bipartito determinó que, como las fincas tenían la calificación de urbanizables en las normas subsidiarias que quedaron suspendidas, desde ese momento pasaban a ser consideradas suelo rústico. Y siguiendo ese criterio, meses después dictó órdenes de demolición contra esas 11 edificaciones, seis de las cuales son propiedad de particulares, además de una urbanización de cinco chalés promovida por la constructora Cathering Viveiro en el lugar de Aguadoce.


La decisión del bipartito chocó ya entonces con el criterio del alcalde Viveiro, el socialista Melchor Roel, que había concedido siete licencias para edificar los chalés en esa zona del municipio. Las diferencias entre el departamento que dirigía María José Caride y el regidor socialista acabaron en el juzgado de lo contencioso, que ahora debe fallar sobre la legalidad de aquellos permisos municipales. Son los tribunales los que deberán dirimir después de que los propietarios de las casas recurrieran las órdenes de demolición.


La consellería de Hernández, que apoya su decisión sobre un acuerdo previo de la Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, rectifica ahora a sus antecesores, para colocarse del lado del alcalde de Viveiro. El artículo octavo de su decreto, que sustituye al que el bipartito aprobó en junio de 2006, otorga la calificación de núcleos rurales a esos suelos antes delimitados como rústicos y que desde el pasado 11 de junio pasan a incluirse dentro de la ordenanza.


El cambio es sustancial, puesto que la Xunta sigue siendo parte en el conflicto que debe dirimir el juez. De hecho, hasta ahora defendía la legalidad de las órdenes de demolición dictadas durante la legislatura anterior. Una posición incompatible con la decisión política de legalizar las construcciones. La exposición de motivos de la norma publicada en el DOG la pasada semana argumenta que el nuevo texto pretende "enmendar una serie de anomalías, defectos y dificultades detectadas a la hora de aplicar el decreto hasta la entrada en vigor del futuro plan general", para el que todavía no hay fecha.

El Progreso de Lugo 21-06-2010