Nava del Rey - Valladolid

Esta noticia se le ha pasado por alto al azote de corruptos del foro:




El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de la localidad valenciana de Paterna ha admitido a trámite la denuncia presentada por Compromís contra la antigua cúpula de Radiotelevisión Valenciana por su supuesta responsabilidad en la gestión económica y patrimonial que llevó a la empresa a su cierre.

El juzgado investigará la posible comisión de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos, lo que provocó según Enric Morera, líder de Compromís, un "agujero" de 1.300 millones de euros, y ha citado a declarar como imputados a los ex directivos de RTVV José López Jaraba, Luis Redondo, Nuria Romeral, Lluís Motes y Lola Johnson, ex consellera de Francisco Camps y actual secretaria de comunicación de la Generalitat Valenciana.

En un auto hecho público este jueves, la titular del Juzgado de Paterna anuncia que incoa diligencias previas, según el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "para averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos" por si fueran constitutivos de delito.

En el auto, la juez cita a declarar para el 8 de julio a los ex directores de Televisión Valenciana Lola Johnson y Luis Redondo.

Un día más tarde acudirán a declarar los también ex directivos, respectivamente, de la televisión y la radio públicas Lluís Motes y Nuria Romeral, secretaria autonómica de la Generalitat en tiempos de Francisco Camps.

En cuanto al ex director general de RTVV José López Jaraba, la juez dirige un exhorto a los Juzgados de Madrid.
El 'modus operandi'

Según Compromís, la denuncia presentada instaba a investigar "la gestión económica y patrimonial que llevó a la empresa a su cierre, y a dejar una deuda a la Administración pública valenciana cercana a 1.600 millones de euros".

Enric Morera ha explicado en ruedas de prensa que el modus operandi de los directivos de RTVV era "contratar fuera de presupuesto". Se pagaban productos y servicios por encima de los costes de mercado desviando el presupuesto de la casa. "Cuando llegaba final de año ese exceso de gasto se asumía como pérdidas y se hacía una ampliación de capital a la que sólo acudía el propietario, el gobierno valenciano", ha detallado.

El portavoz de Compromís ha considerado "desorbitada" la cantidad presuntamente malversada (1.300 millones de euros) y ha reclamado que se señale a los "beneficiarios de esos recursos" para que se recupere el dinero. "Es un caso evidente de que su gestión, desde nuestro punto de vista delictiva, es causa directa de nuestro empobrecimiento; los ciudadanos no tenemos por qué pagar la malversación de unos gobernantes, en este caso de los directivos de RTVV".

Morera ha reclamado al Consell que explique "lo que ha pasado en RTVV", ha pedido que Lola Johnson sea apartado del proceso de concesión de licencias de la TDT y se ha mostrado convencido de que este proceso marcará "un antes y un después en el rigor de la gestión del dinero público en España".
Los contratos de Canal 9

La denuncia de Compromís abarca las actuaciones comprendidas desde el 2010 hasta la actualidad, para evitar que algunos delitos societarios hubieran podido prescribir, aunque "se podrá ir ampliando". En ella, la formación expone la "disposición dolosa de los recursos de que consta el ente público sin justa causa y en perjuicio de las arcas públicas" desde el ejercicio 2010, cuando la Sindicatura de Comptes ya apuntaba que TVV y RAV se encontraban en causa de disolución.

Entre otros, se refiere a la adquisición de derechos deportivos, de colaboración comercial entre TVV y el Villarreal CF, al "irregular tratamiento" de los ingresos publicitarios, la existencia de un crédito a favor de RTVV de 901.000 euros de Las Provincias Televisión y Televisión del Mediterráneo por el múltiplex o la adquisición de los derechos de emisión de tres documentales a la productora Triskel.

La denuncia considera a los ex directivos ahora imputados responsables de la "concesión de ventajas comerciales a clientes, que hacían que el servicio ofrecido por el ente público careciera de beneficio para el ente" o "falta de justificación" en las contrataciones.

A su juicio, lo ocurrido en RTVV responde a "actos realizados por personas concretas, siendo estos actos deliberados, dolosos, contumaces y sostenidos en el tiempo, tendentes a descapitalizar y sobreendeudar a la entidad en beneficio de determinadas terceras personas, aún por determinar".

https://ww.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/05/22/537dabe0ca4741470d8b456d.html