Nava del Rey - Valladolid

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El fiscal ante el Supremo ha informado hoy en contra de la admisión a trámite de las querellas que los extrabajadores de Telemadrid y el PSM presentaron contra el presidente de la Comunidad, Ignacio González, en relación con la adquisición y propiedad de un ático en Marbella.

En su escrito, el fiscal señala que en la querella de la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (los extrabajadores de Telemadrid) no hay ningún hecho que sea delictivo ni, por consiguiente, que pueda llevar a una imputación contra González. En el mismo escrito añade que la segunda querella relacionada con estos hechos, la presentada por los socialistas madrileños, "debe seguir el destino de la anteriormente presentada", es decir, el archivo.

La citada asociación presentó una querella contra Ignacio González, a la que siguió otra de los socialistas madrileños, y el Supremo consultó al fiscal sobre si debía o no abrir un procedimiento contra González. El fiscal se ha opuesto a ello, aunque el tribunal todavía tiene que tomar una decisión al respecto. "La querella tiene mucho de prospectiva y poco de relato cierto de contenidos, cantidades, perjuicios y relaciones", dice el fiscal en su informe al Supremo.

Las dos querellas coinciden en algunos hechos, en concreto los relativos al citado ático en Marbella. Así, en su querella el PSM concluye que González percibió una comisión ilegal que le habría abonado el empresario Fernando Martín, de Martinsa, por diferentes actuaciones urbanísticas en los municipios madrileños de Arganda del Rey y Colmenar de Oreja. Además, según el PSM, el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, habría puesto a disposición de Ignacio González un asesor jurídico para crear un entramado de empresas a través del cual podría ocultar la propiedad de un ático de lujo en Marbella (Málaga).

Por su parte, los trabajadores de Telemadrid incluían en su querella éstos y otros hechos contra González y añadían prevaricación y administración fraudulenta a los delitos de cohecho y otros indicados por el PSM. Las querellas se refieren a un ático situado en una urbanización de lujo marbellí. Por la adquisición y propiedad de este ático se sigue un procedimiento en el Juzgado número 5 de Estepona en el que está imputada Lourdes Cavero, esposa de González.

El fiscal dice en su escrito que "habría tenido sentido" que, una vez avanzada la investigación sobre la supuesta receptación irregular del ático en el juzgado malagueño competente, "si acaso la investigación arrojase alguna luz sobre la participación de Ignacio González en los hechos y éstos tuvieran carácter delictivo", se hubiera activado el procedimiento contra él.

Pero González no está imputado en esa causa, lo que le lleva a decir al fiscal que "es difícil de entender" por qué se presenta ahora ante el Supremo una querella por los mismos hechos respecto a los cuales no se acusa a González en el juzgado que los investiga. En su escrito el fiscal responde en términos parecidos a otros hechos en los que la querella de los extrabajadores de Telemadrid quieren implicar a González y termina concluyendo que la acusación debe archivarse "por no ser ninguno de los hechos que relata constitutivo de delito alguno".

En un añadido a su informe el fiscal responde a la providencia en la que el Supremo le preguntaba sobre la admisión o no de la segunda querella, la de los socialistas madrileños, y señala que "debe seguir el destino de la anteriormente presentada con la misma consecuencia de inadmisión".

El fiscal ve delito de una posible prevaricación en la actuación de Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, dos concejalas del PP en el equipo de gobierno del Ayuntamiento gaditano. El relato de hechos reúne el testimonio de varios técnicos a los que las ediles presentaron nombres cerrados para que las incluyesen en el listado de familias necesitadas que debían ser beneficiarias de estas casas. Solo un escaso margen de estas viviendas se repartió con criterios ajustados a la norma. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que había alertado de las irregularidades, exigió ayer que se depuren responsabilidades políticas y, en su caso, penales.

Tu te vas a la m.

Raspa chapas...

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el juez ve delito, el fiscal no
“El problema está en que el juez es radicalmente imparcial e independiente, mientras que el fiscal depende del Gobierno y por ello su imparcialidad es más relativa”, señala Joan J. Queralt.
"El juez tiene que pensar en indicios, pero el fiscal tiene que ver la posibilidad de que se la pueda condenar por esto. Horrach busca pruebas para dictar en su día la condena si es que hay motivos para ello", apunta Ignacio Gordillo.
El juez Castro y el Fiscal Horrach siguen sin ponerse de acuerdo sobre la necesidad de imputación o no de la infanta Cristina en el caso Nóos. Hace una semana Castro imputaba a la infanta por segunda vez, pero esta vez por un presunto delito de fraude fiscal y de blanqueo de dinero.

Cuanta vista.

que pareis yaaa hodeee

comentaristas absurdos

Cierto, ¿verdad que jode?

La Audiencia Nacional juzgará este jueves al narcotraficante gallego Marcial Dorado, fotografiado en un yate junto al presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijoo. La Fiscalía Antidroga le acusa, junto a otras 15 personas, de blanquear dinero procedente del tráfico de drogas a través de un entramado sociedades.