Nava del Rey - Valladolid

Vaya por delante una obviedad, sólo necesaria en el país que más y peor practica la técnica del ventilador en el análisis de la corrupción política: si José Antonio Griñán, Manuel Chaves o cualquier otro dirigente o exdirigente socialista han propiciado, consentido u ocultado el fraude en la concesión de subvenciones que se investiga en el caso de los ERE de Andalucía, deben ser investigados, juzgados y condenados con arreglo a la ley. Sin ninguna contemplación. Al contrario: ocupar un cargo público añade un plus de exigencia y de transparencia. Un escrupuloso respeto a las leyes, en el fondo y en las formas.

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, ha dictado un auto en el que ordena informar a Griñán, a Chaves y a cinco exconsejeros de la Junta de Andalucía de la investigación abierta en abril de 2009, y comunicarles "en calidad de imputados" que pueden personarse en la causa, "participar en las diligencias que se practiquen" y solicitar "todas aquellas que consideren convenientes para sus intereses". Reconoce Alaya en el propio auto que no tiene atribuciones para imputar o inculpar a aforados, y que su obligación sería elevar a los tribunales superiores una "exposición razonada" de los indicios de delito que individualmente afectan a cada uno de los implicados y que justificarían su imputación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o por el Tribunal Supremo.

Alaya critica el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que califica de "confuso", y lo interpreta (especialmente el 118 bis) a su modo para concluir que no es el momento todavía de ceder el caso a instancias superiores, aunque sí el de informar a siete aforados de que en la práctica los considera ya "imputados" o al menos presuntos imputados, figura jurídica inexistente pero absolutamente gráfica. No son (todavía) imputados, pero van camino de serlo y mientras tanto pueden empezar a defenderse, si quieren, de "cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros".

La "vertiente política"

Una de las claves de este nuevo auto figura en el folio tres, donde Alaya recuerda que ha ordenado "una serie de declaraciones (...) entrando de lleno en la vertiente política de los hechos". Y la vertiente política de los hechos, según Alaya, apunta a los máximos responsables de la Junta de Andalucía durante una década. Y esa vertiente política no excluye la coincidencia de que el auto de 'presunta imputación' se dicte el mismo día que toma posesión el nuevo Ejecutivo de la Junta andaluza.

El pasado 27 de agosto, Juan Antonio Griñán ejecutó la dimisión que había anunciado mes y medio antes y la justificó, entre otros motivos, en el deseo de "preservar a la Junta de la erosión" provocada por el caso de los ERE fraudulentos. La "vertiente política" del vergonzoso robo de aún no se sabe con certeza cuántos millones de euros destinados a empresas y parados de Andalucía es evidente. Susana Díaz, sucesora de Griñán, ha procurado poner kilómetros políticos de distancia con su predecesor nombrando un Ejecutivo en el que nadie haya tenido la menor relación con el asunto investigado. La renuncia de Griñán no ha incluido la entrega de su acta de parlamentario andaluz, por lo que mantiene su aforamiento por el TSJA, aunque la implicación de Chaves arrastraría todo el caso al Tribunal Supremo si finalmente resultara imputado. Si lo que pretendía Griñán era proclamar su inocencia a través de la renuncia, mantener el aforamiento sirve para realimentar la sospecha.

El auto de Alaya y su "vertiente política" pueden constituir una filigrana jurídica, que le permite seguir con un caso abierto hace más de cuatro años y sumar siete aforados al centenar de imputados. La Fiscalía y los afectados tienen cauces para recurrir esa decisión y hay instancias superiores que en su momento tendrán que valorar la actuación de la juez y las responsabilidades de los políticos señalados. Mientras tanto, quien quiera recurrir a la técnica del tan dañino ventilador lo tiene fácil: ¿Qué ocurriría en este país (y qué dirían los altavoces del discurso único) si el juez Ruz comunicara a Mariano Rajoy y a Javier Arenas que pueden personarse en el caso Bárcenas en "calidad de imputados" pero sin serlo?

¿Qué ocurriría en este país (y qué dirían los altavoces del discurso único) si el juez Ruz comunicara a Mariano Rajoy y a Javier Arenas que pueden personarse en el caso Bárcenas en "calidad de imputados" pero sin serlo?

No se lo que dirían los medios peperos si se diera el caso,aunque viendo a ciertos periodistas proPP me lo puedo imaginar y da verguenza ajena, lo que si se es lo que dicen los altavoces de la izquierda sobre un presidente del gobierno y sobre la secretaria pepera y eso que ni han sido imputados (aunque si de verdad han colaborado y permitido la presunta financiación ilegal de su partido espero que lo paguen y bien pagado).

Pero no deja de hacerme gracia ver hoy a los periódicos del movimiento de la izquierda justificar lo injustificable por el auto de la jueza y sin embargo haber ya crucificado al Sr Rajoy y a la Sra Cospedal, los cuales y aunque no les guste a las voces del discurso único de la izquierda, ni han sido a día de hoy imputados.
Es muy curioso como juegan con la gente moviéndolas como peones de ajedrez, ya seas de izquierdas o de derechas.

El artículo anterior es de Jesús Maraña, Director editorial de Infolibre.

Como tengo reciente el caso de las Dietas de la CAN, aquí en Navarra, no puedo dejar de sorprenderme de ciertas maniobras de la juez Alaya. Entendiendo que desee llegar hasta el final, es comprensible su poca gana de trasladar los indicios incriminatorios que tenga sobre aforados, a los que no puede imputar (excepto si deciden no hacer uso de su condición de aforados, harto improbable), a otros tribunales competentes. Digno de alabanza su espíritu investigador y quizás "justiciero".

Cuando la Juez Mari Paz Benito tuvo motivos fundados para achacar presunto delito de cohecho impropio a la Presidenta Barcina, tuvo que remitir el expediente al Tribunal Supremo. Aquí voy a hacer dos comparaciones: una, la remisión al Tribunal competente de unos indicios de delito de una persona aforada, la "Porcina". Dos, aquí como en el caso PP_Bárcenas también hubo manipulación/destrucción de contenido informático, sólo que Navarra es una "provincia" y el foco mediático de la "Caverna" tiene otras miras. Siendo el delito de magnitud comparable, sino superior. Más de 1.000 millones se "evaporaron" de la Caja de Ahorros de Navarra, desde que Enrique Goñi se hiciera cargo de la misma. Época de Miguel Sanz, UPN. Y ya conocemos el hecho diferencial navarro, "al mandil le dicen mandarra, al cerdo cuto y al PP, UPN".

Sinopsis. Cuando se remitió el asunto del cobro de dietas por asistir a unas reuniones de una Junta ignota, salvo pa los cuatro mangantes, entre ellos la Presidenta Barcina, al TS, todavía no se conocía el informe pericial de la GC sobre los ordenadores de la CAN.

El TS de manera express, despacho varios meses de trabajo de la juez navarra, al considerar que una cosa es la legalidad y otra la ética.
Según el alto tribunal, existían unas bases jurídicas que establecían la formación y funcionamiento de esa Junta (las reuniones dobles de mus). Por lo tanto, como era legal, no le correspondía pronunciarse sobre lo ético que resulta cobrar 5.000 euros en un día por no hacer nada. No hay caso.

Bien, esas bases, ese acta de fundación de la Junta, sólo se hizo público, nadie lo conocía, hasta la denuncia presentada por la asociación Kontuz, y después de que "Diario de Noticias" destapara el caso.

¿Y qué decía el informe de la GC sobre los ordenadores de las oficinas de la CAN, donde se guardaba el archivo de la formación de la Junta en cuestión?. Pues que habían sido modificados y eran de creación posterior a la denuncia presentada. Blanco y en botella. Cuando preguntan al entorno de la presidenta por esta manipulación, responden desde la tranquilidad que da la impunidad, "se realizaron modificaciones para corregir faltas ortográficas". En Génova son menos finolis, ya lo sé.

El Supremo, en evidencia por un carpetazo antes de tiempo

El Tribunal Supremo no quiso seguir adelante con la investigación que había iniciado la juez de Iruñea, María Paz Benito, que había instruido todo a la espera tan solo de dos cosas: el interrogatorio a Barcina y conocer el resultado de la pericial de la Guardia Civil. Y los jueces sabían que faltaba esta prueba. Los datos que ahora aporta la Guardia Civil -dejando en entredicho las versiones de los secretarios de la caja, la existencia de las actas antes de que el escándalo saliera a la prensa e, incluso, la celebración de esas reuniones por las que los políticos se embolsaban entre 57 y 89 euros por minuto- se vuelven ahora contra la integridad del tribunal, haciendo que el «caso CAN» no sea un escándalo navarro, sino un escádalo estatal. El archivo de la causa de la CAN se produjo la misma semana en que el Alto Tribunal daba carpetazo a dos casos que salpicaban al exministro, Pepe Blanco y al expresident Balear, Jaume Matas. A.I.

El informe pericial de la Guardia Civil sobre las actas de la Permanente ha acreditado que no hay constancia de esas reuniones en los ordenadores de la caja hasta un año después de celebrarse y después de que el escándalo saliera a la prensa. Además, 12 de las 16 actas fueron manipuladas después de ser creadas. La última alteración se hizo después de que Kontuz presentara la denuncia y la versión en papel de ese documento lleva la firma de Yolanda Barcina.

El informe pericial de la Guardia Civil confirma las sospechas de Kontuz sobre la autenticidad de las actas de la Permanente de la Junta de Entidades de CAN. Las 16 actas aparecen por primera vez en los servidores de la entidad más de un año después de las reuniones. Y, además de eso, la mayoría de ellas (12) sufrieron modificaciones. El dato más llamativo es que las dos últimas actas fueron modificadas después de que la denuncia de Kontuz llegara a los juzgados.

"Pero no deja de hacerme gracia ver hoy a los periódicos del movimiento de la izquierda justificar lo injustificable por el auto de la jueza"

¿Qué considera lo injustificable, la no imputación todavía de Arenas y Rajoy?

Quizás lo injustificable es que el Supremo, a la vista de este informe sobre los ordenadores de CAN, se pronunciase...pero no pasará. Están para eso, para que no pase de ahí.

¡Qué país, queremos organizar unas olimpiadas y estos con goteras en el Congreso y la Diada,...Eggggggggggggggpaña se hunde!!!!

De ahí que de vergüenza todo lo que esta pasando y mi poca, por no decir ninguna, fe en la justicia de este país
Esto lo que evidencia es, a mi entender, un pacto para, a pesar del altavoz de los medios de comunicación, no vaya ninguno o solo unos pocos de los muchos políticos pringados en los muchísimos casos de corrupción que existen en este país.
Montan el escándalo para los medios pero de puertas a dentro, los dos grandes partidos al menos creo que tienen pactado que nadie salga herido de gravedad y eso que tienen grandísimas heridas.

¿Cuantos irán de Bankia, CAM,CAN, etc a la cárcel? Creo que la respuesta la sabemos todos, NI UNO SOLO.

El otro día lei no se donde que quieren llevarse el caso Noos al TSV por que dicen que este sera mucho mas permisivo con los imputados.
Dicen que lo mismo pasa con el caso de los ERES y el intento que veremos en los próximos días de llevarlo al TSA, sea o no verdad, ya es triste que los medios de comunicación ya den pistas de lo "bien" que funciona la justicia en este país.