Barcial de la Loma - Valladolid

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Aquí todo el mundo see desliga de Bárcenas. Ya no se acuerda que saltó con el caso Gurtel lo de mil milloes dados a este señor y Rajoy ponía la mano en el fuego por él y Galeoote que no se iba a demostrar que no eran honrados. Ahora como se salió del partido ya todo saldado.
No señor, todo lo hizo cuando estaba de tesorero ¡menudo tesorero! del PP, o es que esto no tiene nada que ver?.
Estoy tan indignado que no puedo seguir sin echar sapos y culebras contra todos y prefiero callarme.
Todavía dice la Botella que esto es reflejo de la sociedad. ¿A qué sociedad se refiere? Yo formo parte de la sociedad y nunca he defraudado un euro. Esto es producto de unos políticos sinvergüenzas y carotas que mienten más que hablan y en vez de dar ejemplo van a la política sin formación de ninguna clase y van a sacar todas las "tajadas" que puedan para ellos y su familia. Me avergüenzo en estos momentos hasta de ser español. ¿Qué opinará la Merkel que se la está pidiendo que apoye a la economía y mientras los españoles que debían dar ejemplo (o no dar ejemplo solo portarse éticamente) hacen lo que hacen? DE verdad me borro...

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Efectivamente todo esto huele a podrido. Es el sistema, pero seguirán bailando todos sobre nuestras tumbas, si sólo vemos la podredumbre en el adversario. Mientras sigamos echando el desinfectante sólo en el retrete de los demás no conseguiremos nada. Hay que combatir la raiz.
Cambiar la ley electoral y la Ley de financiación de los partidos políticos, así como las que sean necesarias para una división efectiva de los tres poderes. En algún tiempo esto a alguien no le interesó.
Saludos cordiales.

Otra vuelta de tuerca más. Ayer estaba indignado por lo de Bárcenas y hoy otra vuelta más: sobres con dinero negro que han cobrado los altos cargos del PP. A nadie le consta, nadie sabe nada, el presidente del Gobierno desaparecido... ¡Qué escándalo! Sinvergüenzas, sinvergüenzas y así hasta cansarme... La sociedad es más honrada que estos políticos del PP y lo que decía ayer me dan ganas de borrarme...
A ver mañana por dónde salen, o si sabemos alguna cosa peor.

Raúl: Quiero contestarte con el mayor de los respetos. He de estar equivocado o no, pero mi opinión nunca irá contra el respeto que merece la tuya así como tu persona.
Sobre el tema de la división de poderes y mi expresión de que “En algún tiempo esto a alguien no le interesó”… , comentas que “ lo peor es andar con medias tintas” ..., “y no dejes las cosas en mera insinuación”. En este sentido he de relatarte lo que sigue, porque de aquellos polvos tenemos estos lodos:

"El 23 de febrero de 1983 el gobierno socialista se había incautado, manu militari, con un despliegue policial sin precedentes, de Rumasa. Se trataba de un holding de 700 empresas, con una plantilla superior a las 65.000 personas, y con una facturación anual superior a los 350.000 millones de pesetas de la época (más de 2.000 millones de euros).
La incautación había venido precedida por amenazantes declaraciones del vicepresidente económico, Miguel Boyer. Las razones del asalto a Rumasa son confusas y confluyen varias motivaciones. Las excusas económicas fueron: reiterada falta de auditorías externas, obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España, desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente a las empresas del propio grupo y una política expansiva considerada imprudente.
El partido socialista acababa de acceder al poder (diez millones de votos el 28 de octubre de 1982) y la expropiación fue un ejercicio de autoritarismo, que aterrorizó a la sociedad española, aunque fue comedidamente aplaudida por la cúpula bancaria que consideraba a Ruiz Mateos un peligroso outsider.
No había cobertura legal para la medida y todo se hizo en medio de una gran frivolidad, al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución. Se improvisó un decreto-ley ad casum. El ejecutivo, con su todopoderoso vicepresidente, Alfonso Guerra, actuó como el gobierno de un régimen totalitario. Expropiar Rumasa implicaba –tal era la chapuza- acabar con la propiedad privada en España, someterla al capricho gubernamental.
Sólo quedaba como dique el Tribunal Constitucional y a él acudió con recurso de inconstitucionalidad, elaborado por José María Ruiz Gallardón, el grupo parlamentario de AP.
Al frente del Alto Tribunal estaba un jurista de muy reconocido prestigio, referencia del Derecho Constitucional comparado, y de fuertes credenciales democráticas. Manuel García Pelayo (1909-1991), nacido en Corrales del Vino (Zamora), licenciado en Derecho por la Complutense, había sido capitán del ejército republicano y había permanecido luego en las prisiones franquistas hasta 1941. En 1951 emigró a Argentina y de ahí a Venezuela, donde fundó el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Central de Caracas. En 1980 el Rey le invitó a formar parte del Tribunal Constitucional, lo que representó su vuelta a España. La sentencia del caso Rumasa amargaría sus últimos años.
Se trataba, pues, de un hombre incorruptible y de sólida trayectoria. Nada indicaba en su perfil que fuera el arma que el vicepresidente Alfonso Guerra utilizaría para hundirla en el corazón mismo de Montesquieu.
Empezó a saberse que el Alto Tribunal estaba muy dividido y se fue abriendo a la convicción de que todo dependería de si el presidente ejercería o no la prerrogativa del voto de calidad.
Manuel García Pelayo fue llamado a Moncloa. Acudió con el vicepresidente del Alto Tribunal, Jerónimo Arozamena. Por parte gubernamental ejercieron intensísimas presiones Felipe González y Alfonso Guerra, correspondiendo a éste el papel de poli malo, en lo que adquirió características de interrogatorio policial. El Guerra arrogante de entonces exhibió voceando las más altas y, al mismo tiempo, las más chuscas razones de Estado: de echar abajo la incautación de Rumasa, la indemnización a pagar sería multimillonaria, representaría no sólo el fin del proyecto socialista sino también la quiebra del Estado.
“Te vas a cargar el Estado y la democracia”, gritaba un exasperado y exasperante Guerra. De aquellas reuniones, que se pretendían mantener en el más absoluto secreto,
Éste había salido de Moncloa en estado de extrema agitación, muy nervioso, con lipotimia y al borde del infarto, ante una presión que se le había hecho insoportable y para la que -hombre curtido pero sensible y académico- no estaba preparado. García Pelayo cedió. Cumplido el pedido, pasó a ser una sombra de lo que había sido. En 1986 dimitió, sin cumplir el periodo de nueve años previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Regresó de nuevo a Caracas en 1987, donde murió, olvidado, en 1991, tras una larga enfermedad.
La privatización de las empresas de Rumasa significó la introducción en España de la corrupción en gran escala. Además el Gobierno no quería sobresaltos como los que había pasado y reformó la Ley del Poder Judicial situando a todo el Consejo General bajo tutela de los partidos. De esa manera, la carrera judicial pasaba a ser cuestión de favor político.
La división de poderes había muerto. Nadie trató después de resucitar el cadáver de Montesquieu. Aunque los cómplices del asesinato son múltiples, no hay duda de que el sicario, el asesino directo fue Alfonso Guerra. ¡Ojalá se haya arrepentido, como parece, aunque ya es tarde”.
Se atribuye a Alfonso Guerra la triste frase de “¡Montesquieu ha muerto!” No fue una muerte natural. En realidad, los socialistas lo mataron. En plena efervescencia del felipismo, la separación de poderes era visto más como un incordio que como un instrumento democrático. El derecho debía estar al servicio a los fines políticos de la nueva mayoría. Desde entonces el reparto de cromos del CGPJ es proporcional al de escaños del Parlamento. Es decir, el poder judicial está sometido al poder político.
Aquí empezó todo. Se fijó la base de la descomposición del nuevo régimen. Y no culpo sólamente a los socialistas, culpo a todos los partidos, con representación significante en España que por acción u omisión, han permitido este estado de cosas, creyendo que les convenía. Ahora hemos llegado a un estado que la corrupción ha condicionado negativamente la opinión sobre los políticos. Este estado de opinión va ha ser muy dificil de reconducir, estando el estamento político desprestigiado sin poder ejercer el poder de liderazgo que le corresponde.
Saludos Eco.

Torba: La expresión “Quiero contestarte con el mayor de los respetos. He de estar equivocado o no, pero mi opinión nunca irá contra el respeto que merece la tuya así como tu persona”. No debes entenderla como reproche. Efectivamente la frase está un poco sobrecargada. Eran creo las tres de la mañana y mi capacidad de sintesis estaba disminuida. No tengo nada que reprocharte.
En cuanto al tema que nos ocupa, que es la corrupción, he de decirte que o cambiamos esto o se lleva el pais por delante. Es que se salvan muy pocos.
Saludos.

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, María Josefa García Cirac, destacó la «honradez» y la «verdadera vocación de servicio» de la «mayoría» de las personas dedicadas a la política en España, como valoración ante la inquietud social generada durante los últimos meses por al sucesión de casos de corrupción política presuntamente vinculada a algunos de los principales partidos políticos de España. Lo ha hecho en Toro, donde ha participado en la entrega de un estandarte militar.
A la señora Presidenta debo decirle los que sigue:

Es comprensible la necesidad que tiene el político honrado, que le sea reconocida esta, así como la presunción de inocencia, pero, aléjese por un momento del envolvente que encarna su partido y de la institución que también representa, y haciendo un simple ejercicio de empatía con el paisano de a pie, verá usted un panorama desolador y desconsolador al observar que el guarda de la viña, al que pagamos para cuidarla, es precisamente el que nos esta robando.
Es legítima su pretensión, pero, si hace ese ejercicio ficticio de alejamiento del envolvente, comprobará que todo el sistema está, no solamente salpicado de corrupción, sino que él mismo, tal como está estructurado la alimenta y facilita, pues no es circunstancial que los principales partidos del arco parlamentario y muchos de sus dirigentes estén incursos en procesos de este tipo.
Es muy difícil que el ciudadano de a pie, al que se le han impuesto esfuerzos extraordinarios para enmendar atropellos y desafueros cometidos en las esferas del poder político, entienda y afine distinguiendo el todo de la parte, más incluso, cuando ninguna de las instituciones del Estado se salva de la situación de podredumbre y descomposición imperante. A los hechos que todos conocemos me remito.
Es por esto, que, reconociendo el derecho que le asiste a reivindicar “voz pópuli”, la “honradez, y verdadera vocación de servicio de la mayoría de las personas dedicadas a la política”, le invito a que empiecen a implementar dentro de sus partidos iniciativas reales de depuración interna, alejando de los mismos todos los elementos indeseables, que deslegitiman el honroso quehacer de todos ustedes.
Este ejercicio de regeneración interna, es la única alternativa que les queda a ustedes los “honrados” para seguir perteneciendo a la clase política. De no conseguirlo, deberían coger los trastos e irse a sus casas, pues de lo contrario, estarían manteniendo una situación de complicidad con los “malos”, y todos sabemos aquella máxima de que “la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio.”, ó “dime con quien antas y te diré quien eres”.
Y es, esta iniciativa, de las bases de los partidos, la que podría regenerar el sistema, junto con la implantación de las listas abiertas en los procesos electorales. Esta segunda reforma dejaría en manos del votante la posibilidad de excluir de la acción política a los indeseables, que los propios partidos colocan por razones difícilmente justificables.
Saludos Eco.

¿Hacia el fin del bipartidismo y la corrupción? Los ciudadanos tienen la palabra

Los políticos han venido usando reiteradamente las palabras democracia y Estado de Derecho para justificar sus funciones y conservar sus privilegios. Y la sociedad española ha llegado a asimilar esta idea como verdadera desde la Transición, pero la percepción de los ciudadanos está cambiando y el sistema político actual empieza a ser comparado con el de una cleptocracia.

La cleptocracia es propia de las dictaduras (los españoles nos encontramos sometidos a la tiranía de la partitobancacracia o del bipartidismo corrupto) y la economía de un régimen cleptocrático está supeditada a los intereses de los gobernantes. La corrupción juega un papel protagonista en esta forma de gobierno, donde multitud de personas entran en política sin apenas patrimonio y se hacen archimillonarias mientras se produce un empobrecimiento paralelo de las familias, las pymes y los autónomos.

Los sistemas cleptocráticos se caracterizan por institucionalizar la corrupción en todos los niveles de la Administración mediante estrategias basadas en el nepotismo y el clientelismo político. En España, el Estado de las Autonomías ha contribuido a que la corrupción se multiplique por 17 y que esta se institucionalice en comunidades autónomas y ayuntamientos con el inestimable apoyo de las redes políticas clientelares.

La Justicia en una cleptocracia aplica la ley a los ciudadanos y permite que los gobernantes gocen de absoluta impunidad. En nuestro país, la Justicia está fuertemente politizada y los políticos corruptos son juzgados con excesiva benevolencia. Y si excepcionalmente algún político es condenado por corrupción, siempre podrá ser amparado por un indulto gubernamental.

Los gobiernos cleptócratas suelen gravar a los ciudadanos con impuestos confiscatorios para mantener sus privilegios. En España se recorta en educación, sanidad o servicios sociales, por ejemplo, mientras se mantienen las televisiones públicas ruinosas, las empresas públicas deficitarias, los asesores enchufados, los políticos prescindibles con sueldos desorbitados... Los desproporcionados impuestos y los recortes a la población sirven para mantener la estructura política, administrativa e institucional casi intacta.

Por tanto, es factible afirmar que España únicamente es una democracia en apariencia porque la casta política se ha encargado de diseñar un disfraz a medida de sus objetivos. En democracias asentadas, como en EEUU o Inglaterra, el bipartidismo goza de una salud aceptable y el problema no radica en la coexistencia de dos grandes partidos políticos con representación mayoritaria, sino en el funcionamiento de los mismos y del sistema democrático.

En España, la corrupción consustancial a los partidos ha permitido la politización de las instituciones públicas y la consecuente ocultación de las corruptelas con la ayuda de los tribunales en muchos casos, ya que la separación de poderes brilla por su ausencia en el régimen español.
¿Pacto anticorrupción?, ¿ley de transparencia? Sin duda, la casta quiere seguir riéndose de los españoles. Nuestro sistema antidemocrático necesita urgentemente una nueva ley de partidos que incluya controles externos para combatir la corrupción. Del mismo modo, también es vital realizar una reforma de la ley electoral que permita a los ciudadanos elegir a sus diputados para que los partidos no puedan confeccionar listas llenas de políticos mediocres, sin formación ni cualificación y corruptos.
La regeneración democrática que necesita España no será liderada por la casta política, puesto que ello significaría una merma de poder y una pérdida de privilegios. Por tanto, la sociedad civil, que se encuentra al margen del sistema y sin ninguna participación democrática activa (la casta considera a los ciudadanos como meros votantes), debe tomar la iniciativa.

Al menos, a nivel local (y autonómico) existe una alternativa al bipartidismo corrupto: los partidos formados por ciudadanos. En Torrelodones, un partido de ciudadanos ganó las últimas elecciones y sus primeras medidas estuvieron encaminadas a dar ejemplo, de hecho, el nuevo equipo de gobierno local se bajó el sueldo y atajó el despilfarro. Actualmente, este ayuntamiento madrileño tiene sus cuentas saneadas. ¿Comenzamos ya? La solución la tiene la sociedad civil.

Lucio A. Muñoz es socio director de Eurogroup Human Resources.