Aldeamayor de San Martín - Valladolid

La reforma de la Administración Local del Gobierno obedece a criterios económicos e ideológicos, no sociales
Menos servicios, más caros, de peor calidad y más destrucción de empleo
Madrid, 26 de julio de 2013.
UGT califica la reforma de la Administración Local del Gobierno, aprobada hoy en el Consejo de Ministros, como inconstitucional, innecesaria tal y como está diseñada, injusta y no consensuada; supondrá la eliminación de un gran número de servicios a la ciudadanía y la destrucción de miles de puestos de trabajo. El sindicato considera que, más allá del criterio económico, en la reforma prima un componente ideológico que apuesta por la recentralización. Esta reforma provocará que los ciudadanos de muchos municipios tengan menos servicios, más caros y de peor calidad, en un momento en el que la tasa de pobreza en nuestro país supera ya el 21% y el desempleo el 26%; puede ser un primer paso para la privatización de determinados servicios, pone en peligro la cohesión social y territorial, e invade las competencias de las CCAA. UGT hace un llamamiento al Gobierno para que rectifique y busque el necesario consenso político y social.
La reforma de la Administración Local del Gobierno va a perjudicar a cientos de miles de ciudadanos que viven en localidades pequeñas; principalmente del ámbito rural, culpabiliza a los ayuntamientos (cuando la deuda de las administraciones locales solo representa un 4,5% del total), es inconstitucional (vulnera la autonomía local reconocida en el artículo 140 de la Constitución Española y la Carta Europea de la Autonomía Local) y choca frontalmente con varios Estatutos de Autonomía, como el de Euskadi, Galicia, País Valenciano, Cataluña, Extremadura y Aragón, que recogen explícitamente la competencia exclusiva en régimen local.
Esta reforma, que ha sido criticada por el Consejo de Estado, tendrá consecuencias de gran impacto social en el corto, medio y largo plazo porque afecta a los servicios que los ciudadanos reciben de primera mano por parte de los Ayuntamientos y otras entidades locales.
Supondrá la eliminación de servicios públicos municipales tales como los relacionados con la atención a personas en situación de necesidad social, dependencia, personas con discapacidad o desempleados sin subsidio. También desaparecerán servicios de salud municipal, paralizándose algunos programas de desarrollo de salud pública que los Ayuntamientos estaban llevando a cabo como la atención a personas mayores, a personas drogodependientes, apoyo a asociaciones de enfermos y servicios educativos como las escuelas para adultos, la educación infantil de 0 a 3 años o escuelas de danza, teatro y música, siendo la Comunidad Autónoma la competente en estas cuestiones y quien decidirá qué servicios se van a mantener y en qué municipios.
Esta reforma ataca, además, el principio de igualdad porque pretende suprimir las competencias de los Ayuntamientos en esta materia. Se va a impedir que los Ayuntamientos lleven a cabo programas como por ejemplo los de atención a víctimas de violencia de género o los que promueven la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En algunos ayuntamientos también se eliminarán los servicios de orientación laboral y de formación para el empleo cuando son más necesarios que nunca.
El concepto de “coste estándar de los servicios”, a pesar de que parece haber sido matizado, siguiendo la línea del informe del Consejo de Estado, sigue siendo un elemento distorsionador en la reforma, que tiende a la privatización.
Esta reforma supondrá nuevos despidos en el sector público, completando así el efecto devastador de la reforma laboral impuesta por el Gobierno que ya en su disposición adicional segunda autoriza a las Administraciones Públicas para poner en práctica los despidos objetivos, por causas técnicas, organizativas, económicas o de producción (sólo en el último año se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo en el sector público).
Por todo ello, UGT pondrá en marcha una campaña para dar a conocer las consecuencias de esta reforma.

vaya,vaya con la señorita............

La información es tan solo la opinión de la izquierda. Lo que se pretende es aplicar el principio de " una Administración una comptencia". Es decir, eliminar duplicidades. Se dice que se pierden servicios, y se quedan tan anchos. No va a ser así. Se refuerza y mucho la función de las Diputaciones. Lo importante no es si el ayuntamiento presta el servicio, sino si el servicio se sigue prestando con las mismas condiciones de calidad y precio. "Montar el pollo" porque se fijan las competencias y se exige la valoración del coste de los servicios es demagógico.
Miren a Galicia o a Asturias o en León o en Santander en donde hay municipios con varias pedanías. ¿significa eso que sus habitantes están abandonados a su suerte?. Para nada.
No metan miedo. Lo que importa es la prestación del servicio público. Lo de menos es qué administración lo presta. Ahora mismo cientos de ayuntamientos se agrupan en Mancomunidades para prestar servicios. Y si lo hace la Diputación ? Pues me da la impresión de que a los ciudadanos les da igual, siempre que los precios sean razonables y asequibles para su economía.