Godelleta - Valencia

Interesante el articulo del Levante. Ahora resulta que a muchos ayuntamientos nos les interesa ser ellos los que aprueben sus PGOU, ya que despues serian los responsables ante demandas. Hasta ahora, al ser definitivamente aprobados por Conselleria, debia ser esta la que apechugase por lo que se ve con los desmanes de algun que otro alcalde:

Nueva ley urbanismo
La Conselleria de Territorio recibe mil alegaciones a la Lotup que según Isabel Bonig se tramitará en las Corts a partir del mes de
septiembre

LAURA BALLESTER VALENCIA Los ayuntamientos no quieren asumir las nuevas competencias urbanísticas que les cede la
Generalitat en la nueva ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup). Así consta en las alegaciones presentadas por los
consistorios ante la Conselleria de Territorio que inició un proceso de información pública del nuevo texto urbanístico en julio de 2012 y
que pretende refundir los 1.200 artículos de las leyes urbanísticas actuales a unos 273 mediante la refundición de cinco textos legales.
Según explican fuentes del departamento que dirige Isabel Bonig, «una mayoría muy cualificada de ayuntamientos se muestra en
desacuerdo en ser ellos quienes aprueben los Planes Generales». De hecho, defienden en sus alegaciones que debe ser la Generalitat
quien apruebe el documento del diseño urbanístico municipal «por las responsabilidades patrimoniales que podrían tener que asumir en
el caso de tener que resolver recursos posteriores» y, sobre todo, por las dudas sobre quién tendría que responder con su patrimonio
frente a un recurso planteado durante la tramitación de un plan general. Cabe recordar que el 72% de los 542 municipios de la
Comunitat Valenciana tienen menos de cinco mil habitantes. En el anteproyecto de la nueva Lotup son los municipios los que aprueban
los Planes Generales, aunque bajo la tutela de la Conselleria de Territorio que confirma que cada documento urbanístico municipal se
ciñe y cumple la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los modelos de crecimiento establecidos en ella.
«Se trata de un debate abierto en el que la Generalitat aún debe tomar una decisión», explican fuentes autorizadas de la Conselleria de
Territorio. Antes de decidir, continúan, escucharán los argumentos de ayuntamientos, expertos y grupos políticos e, incluso, observarán
qué se hacen en otras comunidades o paises. Como en el País Vasco, donde los municipios con menos de 7.000 habitantes delegan en
las diputaciones forales la aprobación de los planes generales». O Francia donde es la prefectura (la ciudad capital de un departamento)
la que aprueba los planes generales.
Debate sobre límite de viviendas
Otro asunto que también ha generado un intenso debate a la vista de las alegaciones presentadas es la limitación a 90 viviendas por
hectárea. Hasta ahora el límite era de 75 viviendas por hectárea. En este asunto, los promotores abogan por eliminar cualquier
limitación, los sindicatos defienden la equiparación del metro por metro entre suelo urbanizado y dotación pública. Desde la Conselleria
de Territorio defienden que «desde el punto de vista de la planificación interesa conocer la población y tener la vivienda como
parámetro de referencia» para diseñar la ciudad.
Las cesiones obligatorias en los planes urbanísticos (del 10% o 15% según el tipo de plan que se tramite también se ha criticado por
algunos ayuntamientos ya que consideran que la cesión obligatoria del 15% en caso de reclasificaciones de suelo (el 10% para los
ayuntamientos y el 5% para la Generalitat) puede provocar un «efecto llamada» como las anteriormente famosos homologaciones del
plan general. A este respecto Territorio recuerda que esta «excepción que se admite para casos muy concretos está penalizada porque
obliga a modificar el planeamiento, reiniciar la tramitación y volver a realizar una evaluación ambiental estratégica».
Por último persiste el debate sobre el agente urbanizador y el tipo de contrato que se le debe aplicar, sobre todo por los mensajes
contradictorios que llegan desde Bruselas (que admite que es un contrato especial como defendía el Consell) y desde las sentencias del
Supremo (que obligan a aplicar la ley de contratos, aunque hacer encajar en esta fórmula la especialidad del pago en terrenos, propia de
la ley urbanística valenciana, es un problema de difícil solución). Todas estas cuestiones planteadas en las 1.000 alegaciones a la Lotup
se deben ahora analizar, responder, incorporar o no al texto que, según la consellera de Territorio, Isabel Bonig, podría tramitarse en las
Corts a partir de septiembre.