Bicorp - Valencia

omunicado conjunto
Las cinco universidades públicas valencianas emiten un comunicado conjunto sobre las circunstancias financieras y de tesorería al finalizar el ejercicio económico de 2011.


La Generalitat Valenciana ha finalizado el ejercicio económico de 2011 sin hacer efectiva a las universidades públicas de la Comunidad Valenciana la transferencia económica de las mensualidades de noviembre y diciembre previstas en el presupuesto aprobado por las Cortes Valencianas para 2011.

Con el objeto de informar y analizar las circunstancias financieras y de tesorería que esta situación está produciendo en su economía, las universidades públicas valencianas convocarán con carácter extraordinario y urgente a sus respectivos Consejos de Gobierno, para valorar la necesidad de estudiar las posibles medidas a adoptar, así como solicitar la convocatoria extraordinaria de sus Consejos Sociales con la misma finalidad, trabajando coordinadamente con el gobierno valenciano, con el objetivo de encontrar vías de solución inmediata de esta situación, creada en el cierre del ejercicio 2011, y para asegurar el normal desarrollo de la actividad universitaria en el 2012.

El aeropuerto sin aviones de Castellón tendrá pronto su particular guardián: un coloso de metal de más de 20 toneladas inspirado en la figura del presidente provincial del PP, Carlos Fabra, de cuya cabeza saldrá un avión. El artista valenciano Juan Ripollés está acabando de instalar la escultura de 24 metros de altura y 300.000 euros de coste que flanqueará la entrada al recinto aeroportuario.


Carlos Fabra Carreras
A FONDO
Nacimiento: 1946
Lugar:Castellón
La noticia en otros webs

webs en español
en otros idiomas
Fabra: "[El escultor] se ga inspirado en mí, y creo que no inmerecidamente"

La obra ha sido objeto de polémica desde el principio tanto por su coste como por servir de homenaje a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación imputado por varios delitos fiscales y contra la Administración y todavía presidente de la empresa pública Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas), participada por la Generalitat y la Diputación.

Fue Carlos Fabra quien contrató en 2010 a Ripollés, un artista mimado por el PP de Castellón que tiene un gran número de esculturas repartidas por toda la ciudad y que ha asistido a cenas públicas de apoyo a Fabra en pleno proceso judicial. Ripollés aseguró, tras el encargo, que la escultura le serviría para honrar al impulsor del proyecto del aeropuerto. "Una figura a la que le saldrá de la cabeza un avión, ese es el germen y el esperma del nacimiento de la obra", declaró.

Una inspiración de la que se vanaglorió el propio Carlos Fabra: "Él [Ripollés] se ha inspirado en mí, y yo creo que no inmerecidamente, que he tenido mucho que ver con el aeropuerto, si se me permite la inmodestia". "Me parece maravilloso, si además inspirara a las musas ya sería perfecto", añadió Fabra.

Para la oposición, este encargo no es más que un nuevo ejemplo de "megalomanía" que costará 300.000 euros a las arcas públicas. El rostro de Carlos Fabra ya figura, junto a los de otros políticos, en el retablo de una ermita en Vall d'Alba, municipio del que es alcalde uno de los vicepresidentes de la Corporación Provincial, y en uno de los murales que decoran la Diputación.

La contratación de la gigantesca escultura, según desvela una auditoría reciente, se realizó en junio de 2010 sin contar con la aprobación del consejo de administración de Aerocas y con deficiencias en la documentación.

La Generalitat ha reconocido que fue Carlos Fabra quien firmó el contrato con Ripollés en julio de 2010, pero el pedido se fraguó un año antes. El Gobierno valenciano argumentó que Aerocas encargó a un despacho de abogados un informe jurídico "para determinar el método con el que se podría contratar a un artista de incuestionable prestigio, oriundo de Castellón, como Ripollés". A finales de 2009 el consejo de Aerocas vio una maqueta y un boceto de la obra, pero no fue hasta septiembre de 2011 cuando aprobó formalmente su contratación.

La Generalitat ha reservado 300.000 euros del presupuesto previsto para 2012 para pagar una escultura que, en su opinión, "tiene un coste muy inferior a la media de otras esculturas de aeropuertos provinciales, debido a que el artista ha renunciado a percibir ningún canon artístico".

# LOS VALENCIANOS PAGAMOS CERCA DE UN MILLÓN DE EUROS AL DÍA SOLO EN INTERESES POR LA DEUDA ACUMULADA ######
La Generalitat ha cerrado 262 camas hospitalarias en 2011; pagó in extremis a finales de año las nóminas de los profesores de colegios concertados y los 60 millones que debía a las farmacias; encabeza el ranking de fracaso escolar más alto de toda España (25%) y tiene a su ex presidente, Francisco Camps, sentado en el banquillo de los acusados por varios delitos de corrupción

Cuando todavía corrían buenos tiempos en Valencia, Camps, avalado por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tiró de dinero público para colocar su región entre las más prósperas de España. Ahora ocupa el ranking de las más endeudadas. Ninguno de los dos contó con la crisis que se avecinaba mientras levantaban obras majestuosas como la Ciudad de las Artes, donde solo en sobrecostes se pagaron 600 millones de euros al arquitecto Calatrava.

Valencia también quiso un gran premio de Fórmula 1. Por ello, aceptó todas las condiciones de Bernie Ecclestone, a quien pagó 18 millones de euros por el canon y regaló un nuevo circuito urbano porque, según él, el de Cheste no servía. Ahora Fabra renegocia las condiciones del certamen y estudia las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente si finalmente termina con el evento como medida anticrisis.

Camps también colaboró con Iñaki Urdangarín, ahora imputado por la Fiscalía, y donó más de un millón de euros para su Instituto Nóos. Fue en la época de bonanza, cuando pensaban que en Castellón hacía falta un aeropuerto y desembolsaron 111 millones de euros para construirlo y 35 millones al año en mantenerlo, aunque nueve meses después de su inauguración todavía no había despegado ni un solo avión. Mientras que el presidente valenciano acaba de anunciar nuevos recortes para ahorrar 1.000 millones de euros, la televisión pública Canal 9 sigue abierta, a pesar de que arrastra la mayor deuda de televisiones autonómicas de España: pierde más de 1.100 millones de euros. No corrió la misma suerte Terra Mítica, el parque temático que nació tras la frustración de no ser la sede de Disney en Europa. Acumuló en diez años más de 200 millones de euros en pérdidas y se sostuvo con presupuesto público hasta que se cedió la explotación a una empresa privada.

Fabra pretende ahorrar 1.100 millones

Demasiados lujos a costa de las cuentas de una comunidad ahogada por las deudas. Los planes de ajustes anunciado por el presidente Fabra de cerrar 40 empresas públicas, rebajar el sueldo de los funcionarios, el recorte de complementos salariales de hasta el 50%, suprimir dos días de libranza y reducir el 25% la jornada de los interinos siguen siendo insuficientes para cambiar la tendencia.

Según un informe de la Sindicatura de Cuentas de diciembre de 2011, las cuentas de la Generalitat están ahogadas por el déficit, las deudas, la caída de los ingresos y la falta de liquidez. La tendencia de los ingresos, que llegó a ser positiva en 2009, cayó más de un 10%. La deuda financiera se elevó hasta los 12.577 millones, 3.200 millones más en doce meses. Todo ello, sumado a unos intereses que le cuestan a la Generalitat cerca de un millón de euros al día. Mientras hace unos años los políticos telefoneaban a los miembros del Ejecutivo central para inauguraciones faraónicas, hoy piden a gritos un rescate del nuevo gobierno de Mariano Rajoy y poder salir de la quiebra.

César Román/AD.- Los casi 60.000 'liberados' que tienen los sindicatos españoles disponen
de 9.000 tarjetas de crédito a cargo del presupuesto de sus sindicatos y que se financian a su
vez a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. El 40% tienen un gasto ilimitado,
mientras que el resto puede gastar un máximo de 600 euros al día. Dos caraduras, dos. En
la imagen, los líderes de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez,
respectivamente.
Ser 'liberado' conlleva no sólo no acudir al puesto de trabajo y que su trabajo tenga que ser
realizado por otro empleado con el consiguiente gasto añadido para la empresa, sino que
también tiene unos gastos de "representación". Con el objeto declarado de cubrir los gastos
derivados en comidas, traslados, invitaciones o regalos, los sindicatos tienen en su poder
9.000 tarjetas de crédito y débito que utilizan sus 'liberados', miembros de las comisiones
ejecutivas, algunos empleados de los sindicatos y personal de confianza, según ha podido
saber Alerta Digital a través de directivos de entidades bancarias.
Según estas mismas informaciones, el 40% de esas tarjetas son de crédito ilimitado, lo que
permite al usuario poder gastar cuanto quiera, mientras que el resto tienen un tope diario de
gasto de 600 euros al día. El mayor número de tarjetas obran en poder de UGT, seguidos de
cerca por CC.OO, tras los que se encuentran sindicatos de corte nacionalista como la CIG o
ELA-STV o corporativos como la CSI-CSIF, Sindicato de Pilotos, SEMAF etc. Cómo toda
norma tiene su excepción, esta se encuentra en el sindicato USO que prácticamente no tiene
tarjetas de este tipo.
Un gasto descontrolado y desmesurado en CC.OO
Una empleada de la Unidad Administrativa de Recaudación de CC.OO declaró a AD que "el
gasto de estas tarjetas es muy difícil de controlar y mucho más de exigir ningún tipo de
explicación. Hay que tener en cuenta que quienes las usan son los cargos de confianza y
miembros de ejecutivas y nosotros somos empleados suyos".
Según esta misma empleada, que nos pide encarecidamente que no citemos su nombre por
temor a represalias, "hay veces que nos han venido gastos de noches de hotel de secretarios
generales de algunos sindicatos provinciales, que iban acompañados de una segunda
persona sin identificar, pero a ver quién sube y le pregunta quién era esa persona y para qué
era ese gasto". "Nos limitamos a apuntar el gasto como representación y mirar para otro
lado", remacha.
La Unidad Administrativa de Recaudación fue creada precisamente durante el mandato de
Antonio Gutiérrez para controlar el cobro de cuotas y la administración de las finanzas y
supuso en su momento fuertes fricciones entre los sindicatos de ramo o federaciones
provinciales con la Confederación que les engloba a nivel nacional.
En la UGT los controles son todavía menores
Si esto ocurre en CC.OO, en UGT la opacidad es aún mayor, ya que los sistemas de control
son más laxos. Según un dirigente de hostelería de la UGT que quiso hablar con Alerta
Digital, "las tarjetas son necesarias porque no vas a estar todo el día pidiendo dinero ni
adelantándolo de tu bolsillo". "Si tienes que invitar a comer a la patronal cuando negocias un
convenio o preparando una movilización es lógico que lo pague el sindicato. Si luego hay
gente que usa mal esas tarjetas yo lo desconozco, pero en un sindicato tan grande supongo
que habrá de todo como en botica", añade la misma fuente.
Los gastos de estas tarjetas se han disparado desde que se convocó la próxima huelga
general, según confirman las fuentes bancarias que han hablado con Alerta Digital. Por lo
que se ve, la huelga es una ocasión de oro para algunos sindicalistas para hacer gastos
extras.
Basta con hacer cuentas de lo que pueden gastar diariamente 9.000 tarjetas de crédito para
darse cuenta de las cantidades millonarias del despilfarro de nuestros sindicatos a cargo de
nuestros impuestos.

Detrás de MetroValencia: la ruina de la Generalitat
by Javier Lacort

Ahora que poco a poco vamos asimilando las subidas de precios de MetroValencia, es hora de empezar a razonar lo que hay detrás de ellas. En mi caso particular, he pasado de pagar 28,50 € en septiembre por el bono mensual de la UVEG, a tener que pagar 43,15 € ya mismo, en enero. Esta fuerte subida en concreto viene dada sobre todo por la retirada de la subvención de 10 euros por título que hasta ahora daba el IVAJ, dependiente de la Generalitat Valenciana. Y ahí está el meollo de la cuestión: la subida descomunal de precios viene dada porque a la Generalitat no le queda ni un duro.

Se lo ha fundido todo en juergas y caprichos estúpidos: la F1, la America’s Cup, un aeropuerto sin aviones, la Volvo Ocean’s Race, el Open 500, Terra Mítica, la Ciutat de la Llum, Rita y Camps paseando en Ferrari a Alonso, inversiones salvajes en construcciones de nula rentabilidad (véase la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Veles e Vents, etc), una televisión pública ruralista y horchatera que paga millonadas por emitir contenidos que ya emiten en cadenas nacionales (y con comentaristas de verdad que ahorran el esperpento de ver la Champions o la F1 en Canal 9), y así mil ejemplos de dilapidación de dinero público. Y como ya no hay dinero, porque se lo han gastado en esas y otras tonterías, tiramos mano de lo primero que se nos ocurre: el transporte público.

Es sencillo pensar en el por qué: el transporte público cuesta dinero, y es mejor empujar a sus usuarios al coche, que da dinero. Aunque el servicio sea pésimo por las escasas frecuencias de paso, las aglomeraciones vergonzantes en horas punta, y todas esas cosas que ya sabemos los que lo usamos a diario, cuesta dinero. Aunque el transporte público suponga ahorrar de humo, ruido y conglomeraciones las calles. Interesa recaudar, y no se recauda lo mismo del que va en metro, en bici (a no ser que se inventen normas estúpidas como hace un mes) o en autobús, que a quien coge su coche y paga ITV, impuesto de circulación, una gasolina de la que un gran porcentaje también son impuestos, parkings, peajes, posibles multas…

Estas subidas son -ojalá- la guinda (y que así no vengan más sorpresas) de la horrible gestión de MetroValencia, directamente desde el gobierno valenciano. ¿A alguien le suena la Línea 2 del metro? Exacto, la que no existe. Se salta de la 1 a la 3. La línea 2, proyectada desde Tavernes hasta el barrio de Nazaret, es la que debería haberse construido con el capital luego destinado a los macroeventos anteriormente citados que se suponía que iban a traer mucho dinero a Valencia. Pero una vez más, nanay. Ni está ni se le espera. Así que no se les ocurrió otra cosa que pintar autobuses de blanco, como el metro, y llamarles ‘Metrorbital’. En pocas palabras: le llamamos ‘metro’ a un autobús. Y ya está. Y algunos bonos, como el mensual joven, o el de la propia EMT, no sirven. A volver a pagar. Y si algún usuario de la EMT quiere desplazarse por la zona de ese recorrido -como la Nueva Fe-, pues no. No hay EMT. A volver a volver a pagar.

Podemos hablar durante horas de las carencias y chapuzas de MetroValencia. Como la del día en que dejaron de tener gente en taquillas y dejaron la opción de compra o recarga únicamente en máquinas compulsivamente fuera de servicio o que no acepta monedas o billetes cuando le viene en gana. Por no hablar de los invidentes, gente mayor que no sabe usarlas porque nadie les ha enseñado, etc. O frecuencias de paso de 15 a 40 minutos en las líneas 1 y 3. O un tranvía que aún no tiene prioridad en los cruces y se traga semáforos en rojo para dejar pasar a coches. O…

No sé qué será lo siguiente, pero asusta si miramos a todo lo que ha venido antes, como la vergüenza de las multas a ciclistas con normas inverosímiles, cuando Valencia, ciudad llana y de mediano tamaño con un espacio verde y sin semáforos -cauce del río Túria- que vertebra la ciudad, debería ser una de las reinas mundiales en usuarios de bicicleta como transporte urbano. Pero como ya sabemos, eso tampoco da dinero. Si acaso, con Valenbisi, otro modelo de gestión ineficiente pero que le supone unos ingresos extra al ayuntamiento.

Steve Jobs se enorgullecía al decir que si el iPhone estaba tan bien hecho, era porque su equipo de ingenieros ponía ilusión al crearlo puesto que ellos iban a ser los primeros en usarlo. Si los que nos gobiernan usaran algunos servicios, más allá de para inaugurarlos y hacerse la foto de rigor, podéis estar seguros de que no serían la chapuza que son ahora mismo.


Poco a poco, con la perspectiva que da el tiempo y las dosis de realidad que nos esperan (junto a las que ya nos van llegando, como EMARSA, el rescate del gobierno central, el Banco de Valencia, o los pufos de Urdangarín en Valencia), nos daremos cuenta -quienes no lo hayan hecho ya- de quiénes nos gobiernan, y de que eso que aplaudían muchos tal vez no era tan plausible como punible. No pasa nada por mear de vez en cuando fuera del tiesto, todos lo hacemos, pero la cabezonería y el hooliganismo nos va a costar una fortuna a todos. Ya es tarde para remediarlo. A los que negábamos con la cabeza viendo ese despilfarro al menos nos quedará la reprobación, el orgullo de poseer la razón tras años de mayorías absolutas que nos la negaban: esta forma de hacer política arruina.

JAJAJAJAJAJAJAJA BAYA MORRO El expresidente de la Generalitat Valenciana afirmó ayer, ante el tribunal que le juzga por el caso de los trajes, que Álvaro Pérez, el Bigotes, le arrebató la consciencia haciendo oscilar un Rolex Yacht Master II ante sus ojos durante “mucho rato”. Según sus declaraciones, el movimiento pendular del reloj, unido al intenso brillo que desprendían los diminutos zafiros que lo adornaban y los susurros de su amigo, le provocaron una intensa inclinación a aceptar ropa de vestir confeccionada a medida por un sastre experimentado. Francisco Camps también afirma que inmediatamente después del trance se deshizo del reloj ordenando que lo enviasen a los negritos de África, pues el Bigotes tenía el defecto de olvidar obsequios por doquier. En otra ocasión, continuó relatando el expresidente, Álvaro Pérez intentó volver a hipnotizarle moviendo un juego completo de maletas Vuitton y un chalet en Miraflores ante su nariz pero se puso a pensar en la Virgen de los Desamparados y en Walt Disney y neutralizó el envite de la hipnosis. También esta vez, asegura el imputado, hizo mandar los regalos a África, y se mostró especialmente orgulloso de que miles y miles de negritos puedan llevar un Rolex en su muñeca o disfrutar de la elegancia que otorga una corbata de seda Hermès en mitad de la sabana. Unos minutos antes de que terminara la vista, el expresidente de la Generalitat Valenciana levitó casi diez centímetros sobre el suelo ante el estupor de los asistentes al juicio.O

Los carteles en los que aparecen los precios de los carburantes lucen desde ayer la subida de precios, consecuencia del aumento del impuesto que grava la gasolina en la Comunitat. El denominado céntimo sanitario (de 4,8 céntimos en Alicante, Valencia y Castellón) ha provocado que la valenciana sea desde ayer la región con el precio de los carburantes más caro de toda España. De hecho, sólo Castilla y León, que ha comenzado a aplicar el céntimo sanitario en este año 2012, iguala el impuesto que ya aplica la Comunitat y que es el máximo permitido en el tramo autonómico. Con esta subida de impuestos directa, el Consell pretende recaudar 98, 1 millones de euros en un año.
Precisamente ayer, la Unió de Llauradors denunció este miércoles que las compañías petrolíferas y gasolineras han aprovechado la aplicación del nuevo céntimo sanitario (4,8 céntimos por litro) con que la Generalitat ha gravado la gasolina y el gasóleo de automoción para subir también de forma ilógica el del gasóleo agrícola.
Numerosos agricultores han transmitido sus quejas a La Unió porque a la hora de poner gasóleo agrícola en sus tractores los precios les han subido de un día para otro en una horquilla que ronda los dos y los cinco céntimos por litro, aumento que se une al registrado en los últimos once días transcurridos desde el inicio del nuevo año, según ha informado la organización agraria en un comunicado.
En este sentido, ha puntualizado que, por ejemplo, en la primera localidad de Cuenca, Minglanilla, el gasóleo agrícola lo pagan los agricultores hoy en poste --según los datos del Ministerio de Industria-- a 0,89 euros por litro mientras que en Utiel o Fuenterrobles, ya en la provincia de Valencia , lo hacen a 1,06 euros/litro. La diferencia del gasóleo agrícola hoy, según una u otra provincia, es de 0,17 euros por litro.

Alrededor de 500 personas han entrado a la fuerza en el Palau de la Presidencia para protestar por los recortes aprobados por el Consell. Los presentes, trabajadores y miembros de diversos sindicatos, coreaban gritos de protesta como 'Él nos roba, nosotros no pagamos', en referencia al conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela o '¡chorizos!'. También se escuchaba: 'Vela, dimisión'.
Los manifestantes, que portaban banderas de los sindicatos UGT, CCOO, IV, CSI·F, Anpe y Satse, han entrado en el Palau de Fuentehermosa minutos antes de que comenzara la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.
Han logrado acceder al edificio y muchos de ellos han subido por las escaleras que llevan a distintos despachos y dependencias de la Conselleria de Presidencia, mientras que el grupo más numeroso esperaba a las puertas del edificio con pitos, silbidos y gritos de 'Vela dimisión' y 'Manos arriba, esto es un atraco'.
Tras la invasión del Palau de Presidencia, los manifestantes se dirigían a la conselleria de Hacienda.
En la tarde de ayer, miles de personas ya se concentraron frente al Palau de la Generalitat para protestar contra los recortes y las recientes medidas aprobadas por el Gobierno central y el Consell, ya que consideran que atentan contra los derechos de los trabajadores.
La Plataforma pels Drets Socials, que agrupa a varios sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales, convocó la protesta, que comenzó a las 19.00 horas en la Plaza de Manises. Unos 15 minutos después del inicio de la protesta los concentrados desbordaban la plaza y llenaban las calles adyacentes.
En la protesta había carteles que calificaban los presupuestos del PP de "crímenes sociales". "Menos Ciudad de las Ciencias y más ayudas sociales", rezaba otro. Un cartel de cuatro metros mostraba la cara de Montgomery Burns, el adinerado y avaro personaje de la serie televisiva The Simpsons, y el mensaje: "La crisis que la paguen los ricos y los bancos".
Las personas concentradas, muy activas durante toda la protesta, gritaban "no es una crisis, es una estafa" y "tenemos solución, corruptos a prisión". También pidieron ayer la dimisión del conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela.

En la Comunidad Valenciana no hay dinero para la ciencia. La Generalitat ha recortado 4,4 millones de euros al Príncipe Felipe, uno de los centros de investigación punteros de España, que ha tenido que despedir a más de la mitad de sus científicos. Sí hubo dinero, eso sí, para pagar 15 millones a Santiago Calatrava por la maqueta y el proyecto de unas torres jamás construidas. O para darle cinco millones al talonmanista Urdangarin.

En Valencia no hay dinero para la educación. Hay 450 colegios al borde del cierre porque la Generalitat les debe 50 millones. Sí hubo dinero, eso sí, para construir el único aeropuerto peatonal del mundo, el de Castellón: ha costado 150 millones de euros y aún espera su primer avión.

En Valencia tampoco hay dinero para que funcione la administración más arruinada de España, gobernada desde 1995 por el PP, y la que Rajoy ya ha tenido que rescatar. Según FEDEA, la Comunidad Valenciana es la mayor responsable de la desviación del déficit público: sólo ella se lleva el 21% del agujero imprevisto de todas las autonomías. Sí hubo dinero, eso sí, para faraónicos estudios de cine, carreras de Fórmula 1 o ruinosos parques de atracciones.

En Valencia no hay dinero, y por eso quebró la CAM, quebró el Banco de Valencia y Caja Madrid tuvo que rescatar a Bancaja. Sí hubo dinero, eso sí, para pagar sueldos millonarios a quienes arruinaron estas cajas: gestores políticos nombrados por el PP.

En Valencia no hay dinero, y por eso han bajado los sueldos a los funcionarios, han gravado con 4,8 céntimos cada litro de gasolina y han subido el IRPF. Sí hay dinero, eso sí, para perdonar a las grandes fortunas el impuesto de Patrimonio: son 75 millones de euros al año que les deben de sobrar.

En julio de 2007, Valencia era una fiesta. A la sombra del edificio Veles e Vents, diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield, y bajo una lluvia de confeti, banderas al viento y fanfarrias musicales, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, eufóricos, daban la bienvenida a Ernesto Bertarelli, patrón del Alinghi, y flamante vencedor de la 32ª Copa del América. Tiempo de vino y rosas, de entusiasmo desbordado. Valencia en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos mundiales y dos políticos en estado de gracia, envidiados por sus adversarios y reverenciados por sus compañeros. Mariano Rajoy, meses antes de las elecciones generales de 2008, ponía como ejemplo de buena gestión económica al Consell de Francisco Camps y remataba: "Ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España". Más recientemente, en enero del año pasado, cuando ya había estallado el caso de los trajes, Javier Arenas, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, todavía aseguraba: "Gobernar no es gastar más, sino gastar mejor. Gobernar es imitar a Camps". El político valenciano era tenido por los dirigentes de su partido como espejo en que mirarse y modelo a seguir.

El aeropuerto de Castellón 'tapaba' una recalificación para 40.000 viviendas
La noticia en otros webs

webs en español
en otros idiomas
La Comunidad Valenciana, antes envidia de muchos, ahora da la sensación de ser la Grecia española

Los casos de corrupción se suceden desde hace años. Rajoy ha colocado un 'cordón sanitario' alrededor de Valencia

La enmienda a la totalidad de Alberto Fabra a la política de Camps encuentra resistencias en el PP

Cuatro años y medio después de tocar el cielo con la Copa del América, Camps ya no es presidente de la Generalitat y se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio. Y ya nadie quiere imitarle. La Comunidad Valenciana, antes envidia de las autonomías, da la sensación de ser la Grecia española, endeudada hasta las cejas, incapaz de cumplir sus compromisos financieros, empobrecida y sumida en una crisis institucional, financiera y económica. "Si fuéramos una caja de ahorros ya nos habría intervenido el Banco de España", asegura un dirigente del PP valenciano, "pero por fortuna no lo somos".

Las arcas vacías no son el único problema. Los escándalos por corrupción se suceden ininterrumpidamente desde hace años infectando todo el territorio. El caso Fabra, en Castellón; Emarsa, en Valencia; el caso Brugal, en Alicante, y, sobrevolándolo todo, el caso Gürtel, en el que se investiga la supuesta financiación irregular del PP, más su derivada del caso de los trajes de Camps. Faltaba Iñaki Urdangarin para que el deterioro fuera aún mayor. Y todavía hay escándalos que no han salido a la luz. Un empresario local se lamenta: "Es lo peor de lo peor; la imagen que tenemos en el resto de España. No nos beneficia nada".

La Comunidad se ha convertido en una zona apestada para Mariano Rajoy, que no ha colocado a ningún valenciano ni en su Gobierno ni en ninguna de las 32 secretarías de Estado. Un veterano militante del PP está convencido de que el nuevo presidente "ha establecido un cordón sanitario para evitar que le estalle en las manos alguna bomba de relojería que todavía no se ha detectado".

La trama Gürtel, a través de Álvaro Pérez, El Bigotes, entró a sacó en las arcas de la Generalitat y la televisión valenciana para enriquecerse sin que Camps hiciera nada por evitarlo. No fue el único método utilizado para obtener importantes ganancias a la sombra del poder. Prácticas destinadas a convertir los beneficios en privados y las deudas en públicas. Todo empezó en Terra Mítica, el parque de atracciones que levantó Eduardo Zaplana en Benidorm con el dinero de Bancaja, la CAM, algunos empresarios privados y la Generalitat. El complejo, que costó 377 millones, ha sido un auténtico fracaso. De hecho, ahora es propiedad del grupo Aqualandia, que se lo ha quedado a cambio de asumir deudas valoradas en 65 millones. Para construir el parque, el Gobierno valenciano expropió 10 millones de metros cuadrados. Sobre ese inmenso solar se edificaron Terra Mítica, un hotel de cuatro estrellas, cinco de dos y dos campos de golf. Nada fue como estaba previsto y el parque entró en suspensión de pagos, que la empresa levantó cambiando el uso de 217.000 metros cuadrados, vendidos por 85 millones al promotor Enrique Ortiz -imputado en los casos Gürtel y Brugal. El pelotazo urbanístico que se buscaba fracasó al estallar la burbuja inmobiliaria.

Muchos de los grandes proyectos financiados con dinero público siguieron el mismo patrón de Terra Mítica. Se presentaron como de interés social, pero en su entorno se han venido produciendo movimientos especulativos vinculados al urbanismo. La Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos situados en Alicante, otro fiasco económico con un coste de 300 millones y una deuda de otros 190, ha visto como a su alrededor se han realizado dos operaciones importantes: la compra de 700.000 metros cuadrados por una firma participada por Bancaja y Enrique Ortiz, y otra adquisición de 200.000 metros cuadrados por parte de este promotor. Ambas operaciones están siendo investigadas por la policía.

El aeropuerto de Castellón no es solo una instalación sin aviones, fruto de la quimera y de la megalomanía del cacique provincial Carlos Fabra. Desde el principio fue una operación especulativa de gran calado en la que el aeropuerto justificaba un gran proyecto urbanístico con garantía institucional que cubría las posibles pérdidas de la concesionaria. El Gobierno de Camps siempre veló por los intereses de los empresarios. Al concesionario de la línea 2 del tranvía de Alicante también se le garantizaba el 10% de los beneficios sobre la inversión realizada, con independencia de los pasajeros que la utilizaran. El actual Gobierno de Alberto Fabra ha roto el contrato con la empresa del aeropuerto y retirado el concurso del tranvía, por considerarlos lesivos para los intereses del Consell.

El saqueo de las arcas públicas, en la práctica, estaba institucionalizado. Los empresarios no corrían con ningún riesgo. Aunque en algunos casos, como el de Emarsa, la empresa encargada de depurar las aguas residuales de la ciudad de Valencia y otros 16 municipios, más que un saqueo ha sido un auténtico latrocinio. Hay 28 personas imputadas, entre ellas todos los exresponsables de la firma, militantes del PP y numerosos proveedores. Uno de ellos, Juan Carlos Gimeno, exconcejal del Ayuntamiento de la ciudad, explicó que el agujero de 17 millones de Emarsa -que algunas fuentes elevan a 40-, se produjo porque "alguien decía que se hiciera así". Gimeno evitó dar nombres, pero dejó pistas. "Hay bolsos y carteras que todos sabían que recibía un cargo público". En una conversación interceptada a El Bigotes, este afirma: "Estoy en Louis Vuitton, porque hay una cosa que no hemos pensado, que es que llevamos cuatro años regalando una cosa a la alcaldesa [de Valencia] todos los años no voy a dejar de regalarle algo (...) Le voy a comprar un bolso de la colección nueva".

La Comunidad Valenciana es vista desde el exterior como un territorio en el que menudean los escándalos políticos y la corrupción. Y donde el despilfarro del dinero público ha sido la norma en los últimos años. En noviembre de 2009, en una situación de grave crisis económica y con una deuda autonómica que ya era la primera de España en relación al PIB regional, la Consejería de Cultura y Deporte se gastó 52.800 euros en la organización de unos actos previos de la Ferrari World Finals en el circuito de Cheste. Camps y Barberá aprovecharon el evento para montarse en un Ferrari azul y dar una vuelta al circuito acompañados por Fernando Alonso, Felipe Massa y Luca di Montemezolo, patrón de la escudería italiana.

Francisco Camps nunca dejó de comportarse como un nuevo rico. En 2007, un año antes de que las primeras señales de la crisis se hicieran evidentes, Bernie Ecclestone anunciaba en Valencia la celebración de un gran premio de Fórmula 1, condicionándolo a la victoria de Camps en las elecciones autonómicas. Lo que no contaron ni él ni Camps fue el coste del evento, ni las condiciones leoninas del contrato. De entrada el Gobierno valenciano mintió a la opinión pública. Aseguró que el circuito urbano no iba a costar ni un euro porque lo iban a pagar los promotores que construirían el plan urbanístico del Grau; pero el Consell tuvo que desembolsar 80 millones. La celebración de los siete grandes premios programados le van a suponer a las arcas públicas valencianas más de 244 millones, entre los pagos a Ecclestone, las infraestructuras para la carrera y el canon que paga la televisión valenciana por retransmitir los grandes premios.

El actual ejecutivo de Alberto Fabra ha intentado anular los contratos con el patrón de la F1, pero se ha encontrado con que la penalización es casi tan cara como pagar la celebración de la carrera. Ahora negocian con la Generalitat catalana para que Barcelona y Valencia se alternen en la celebración de grandes premios. Una sugerencia que se le hizo a Camps desde Cataluña, rechazada por este en su día.

Los escándalos, singularmente el caso de los trajes, acabaron por forzar la dimisión de Camps de la presidencia de la Generalitat, pese a los esfuerzos de la alcaldesa de Valencia para que siguiera en su puesto. Fue a las 4 de la madrugada cuando Isabel Bas, esposa del expresidente, dijo: "Paco, déjalo estar", poniendo así punto final a una maratoniana reunión en la que también estaban presentes Federico Trillo y Juan Cotino, este último el presidente de las Cortes Valencianas.

La crisis institucional se solucionó con el paso del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a la presidencia de la Generalitat, quien hubo de asumir una pesada herencia que, a diferencia de otros colegas autonómicos, no puede atribuir a otro partido político, aunque sea la peor de las peores herencias recibidas. "Sabíamos que las cosas estaban mal; pero nunca supusimos que estuvieran tan mal", señalan desde el entorno del actual presidente de la Generalitat.

¿Cómo de mal? Para empezar, los sucesivos modelos de financiación autonómica han sido lesivos para los intereses de los valencianos. No se contempla la totalidad de la población de la Comunidad y los ingresos por habitante permanecen por debajo de la media española. Era peor con José María Aznar en el Gobierno y siguió siendo mala con la reforma de Rodríguez Zapatero. Además, el sistema financiero valenciano ha desaparecido: Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta caja españolas, han sido fusionadas o intervenidas por el Banco de España. El Banco de Valencia se encuentra en idéntica situación. ¿Cómo se había llegado hasta ahí?

Algunos hechos ayudan a explicar lo ocurrido. Los gobiernos del PP fiaron el crecimiento económico al ladrillo y a una política de grandes eventos y actividades de ocio. Dos decisiones estratégicas para las que no dudaron en utilizar a las cajas de ahorro, auténticas terminales de las decisiones políticas adoptadas en el Palau de la Generalitat. Bancaja y CAM financiaron proyectos como Terra Mítica, el circuito de Fórmula 1 en Valencia o el aeropuerto de Castellón. El apalancamiento de las tres entidades financieras a proyectos que se hundieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las dejó en la ruina. La crisis global fue la puntilla de una política basada en la especulación inmobiliaria y en el crédito barato.

La pésima gestión arruinó a todo el sistema financiero valenciano, con las consiguientes repercusiones para el mundo empresarial autonómico; mientras que el intervencionismo político en las cajas se volvió como un bumerán contra la propia Generalitat. Desaparecidas Bancaja y CAM, el Gobierno valenciano no encuentra quien le financie sus propias emisiones de crédito. La puesta en circulación de 1.800 millones de euros en bonos patrióticos fue un auténtico fracaso, apenas si lograron colocar 1.055 y las agencias de calificación Moody's y Fitch los clasificaron como "bonos basura".

La peor herencia, de la que Fabra no se queja nunca en público pero a la que tiene que hacer frente, es la económica. Los compromisos de pago para las próximas décadas de la Administración Valenciana superan los 62.000 millones. De esta cifra total, 47.933 millones corresponden, en parte, a la deuda financiera asumida por el Consell más sus empresas públicas -que en septiembre de 2011 alcanzaba los 22.163 millones-; y el resto, al débito a proveedores, pago de los peajes en sombra o el canon que se abona anualmente a las empresas que, como Ribera Salud, gestionan con criterios privados los hospitales que se rigen por el modelo del que funciona en Alzira. Además, durante el primer semestre del año pasado, la deuda financiera aumentó en 1.498 millones, las obligaciones de pago en 131 millones y los compromisos de gasto no reconocidos y con cargo a futuros presupuestos alcanzaron los 2.043 millones.

En resumen: la suma de deuda financiera y pagos pendientes de la Comunidad Valenciana -a largo plazo- alcanza los 51.605 millones. Pero eso no es todo. A esa cantidad hay que añadirle 10.489 millones de euros que corresponden a deudas de las empresas públicas, entidades autónomas y fundaciones dependientes de la Generalitat, de acuerdo con el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a 2010. Por eso, el conjunto de los compromisos adquiridos por la Comunidad y por el sector público que esta controla se eleva a 62.000 millones.

De momento, en este año de 2012, la Generalitat tiene que devolver créditos valorados entre 4.000 y 5.000 millones, según las fuentes consultadas. Y no tiene con qué hacer frente a estos compromisos.

Durante años, Camps presumió de bajar los impuestos y aumentar el gasto social. Fabra ha tenido que desandar ese camino. Ha subido impuestos, recortado sueldos de los funcionarios, reestructurado servicios públicos. Y ha anunciado una reducción del número de empresas y fundaciones. Un esfuerzo gigantesco, con notables costes sociales, que es insuficiente para cumplir con los vencimientos de los créditos. Ni siquiera los hispanobonos, si algún día se ponen en circulación, bastarían para salvar las arcas valencianas.

A finales del año pasado, el Gobierno de España tuvo que salir al rescate de la Comunidad Valenciana para que pudiera hacer frente al pago de una póliza de crédito del Deutsche Bank. A cambio, Rajoy exigió a Fabra que tomara serias medidas de austeridad. Pero ser austero no basta. No alcanza para pagar a los proveedores que hacen cola ante las ventanillas de la Generalitat para que se les abone lo que se les debe. Solo a 450 colegios concertados les adeuda 50 millones de euros. Contratistas de la Administración, grandes y pequeños, van a tener difícil recuperar su dinero, por más que sean una prioridad para el actual Consell.

La enmienda a la totalidad que, por la vía de los hechos, está haciendo Fabra a la política de Camps encuentra serias resistencias entre los seguidores del anterior presidente. Las relaciones con Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, no pasan de la cortesía. En el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, con sordina, han empezado a escucharse las primeras críticas a la gestión del neófito presidente. Un dirigente popular afirma convencido que "Fabra tiene a todo el PP enfrente". Nadie debería extrañarse de esta afirmación. Limpiar el PP valenciano no va a ser tarea fácil y "el cordón sanitario" establecido por Rajoy para la Comunidad Valenciana tampoco ayuda demasiado. "Génova tiene que intervenir", reclaman desde Valencia. Pero Génova está en La Moncloa.

PS.- Tal vez sea una casualidad. O tal vez no. Pero no deja de ser una amarga ironía que Camps nombrara a Jaume Matas, expresidente de las Baleares y procesado por el caso Palma Arena, "embajador de la Comunidad Valenciana". -

MADRE DEL AMOR HERMOSO
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Crespo entrega un escrito al juez afirmando ahora que no tiene papeletas del premio
El alcalde de Manises, Enrique Crespo, del PP, está imputado por un agujero financiero en la empresa pública Emarsa
Sábado, 24 de diciembre del 2011 - 11:05h. Votos:+0-9Comentarios(19)
AGENCIAS / Valencia
El alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, entregó la noche del viernes un escrito al juez instructor del caso Emarsa en el que afirma que no tiene ninguna papeleta del número premiado el pasado jueves con el segundo premio de lotería de Navidad.


Crespo, que es también vicepresidente de la Diputación Valenciana, está imputado en una causa de estafa y malversación de fondos públicos. ATLAS.
Según fuentes judiciales, el juez estaba anoche en funciones de guardia y no pudo dar respuesta al escrito, que fue presentado por el abogado de Enrique Crespo sobre las nueve y media de la noche, aunque lo hará el próximo lunes en el turno ordinario. Crespo, expresidente de Emarsa, está imputado desde el pasado mes de octubre en la causa que investiga supuestos delitos de estafa y malversación de fondos públicos en la antigua depuradora de Pinedo (Valencia), en la que hay 18 imputados y se investiga un agujero económico que podría alcanzar los 40 millones de euros.

Enrique Crespo fue requerido por el juez el mismo día 22 de diciembre a comunicarle si era cierto que le había tocado la lotería, después de que afirmaba en declaraciones a los periodistas que tenía varios décimos del número premiado con el segundo premio en el sorteo extraordinario de Navidad. Crespo dijo que llevaba más lotería que el presidente de la diputación de Valencia, Alfonso Rus, al que le habían tocado 625.000 euros, aunque no precisó cuanto. El alcalde de Manises dijo al juez que solo tenía un décimo, por lo que volvió a ser requerido para que comunicara si además era poseedor de participaciones de otros décimos del mismo número y, en caso afirmativo, indicara cuántas y el importe de la mismas. El abogado de Enrique Crespo entregó sobre las nueve y media de la noche del viernes un escrito en el que decía que su defendido "no tenía ninguna papeleta" del número premiado. El juez instructor del caso Emarsa dará el próximo lunes una respuesta al escrito, ya que no pudo hacerlo al encontrarse de guardia

El juez investiga el envío de 360.000 euros al alcalde de Manises procedente de Suiza
Según Crespo, corresponde a la venta de un inmueble a un ciudadano suizo
Imputa a otras ocho personas por delito fiscal, falsedad y delito contable
Emarsa pudo defraudar 2,4 millones a Hacienda entre los años 2006 y 2009
A. García | F. Álvarez | Agencias | Valencia
Actualizado miércoles 04/01/2012 17:33 horas


El juez que instruye el caso Emarsa por el supuesto 'saqueo' de la depuradora de Pinedo ha dictado un nuevo auto en el que se imputan a a otras ocho personas y se amplían los delitos a fraude fiscal, falsedad y delito contable, después de que Hacienda haya detectado nuevas irregularidades.

Según han confirmado este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el número total de imputados asciende a 28. Para algunos de ellos, se abre además pieza de responsabilidad civil.

El magistrado instructor, Vicente Ríos, ha sumado a esta causa una denuncia de la Fiscalía, que investiga una transferencia de 360.000 euros dirigida al alcalde de Manises, Enrique Crespo, presidente del consejo de Administración de Emarsa y también imputado.

Según se precisa en un informe patrimonial de la Agencia Tributaria, Bankia informó de esta operación procedente de Suiza, que se realizó con fecha 2 de agosto de 2011.

Enrique Crespo, sin embargo, ha desmentido a través de un comunicado cualquier vinculación de esta transferencia con Emarsa. El también vicepresidente de la Diputación de Valencia asegura que corresponde a la venta de un inmueble a un ciudadano con residencia en Suiza.

En dicho documento, se apunta también que la antigua gestora de la depuradora de Pinedo defraudó 2,4 millones de euros a Hacienda entre los años 2006 y 2009 a través de una trama de facturación ilegal.

A la vista de los nuevos datos, el titular del juzgado de instrucción número 15 ha decidido sumar a la causa por estafa y malversación los posibles delitos de fraude fiscal, falsedad y delito contable.

Facturación 'irregular'

Según los datos de Hacienda, la trama de facturación se desarrolló a través de tres vías: la retirada y gestión de lodos, la entrega de bienes o prestación de servicios inexistentes y el cómputo de gastos que no son fiscalmente deducibles, como viajes y regalos, que no tienen relación directa con su actividad.

La "parte fundamental de la trama" se desarrolló en la retirada y gestión de lodos y desbastes, y sus principales actores fueron tres empresas domiciliadas en Barcelona (Erwinin SL, Printergreen SL y Zonday SL), que además facturaron a unos precios "muy superiores" a los de sector.

El informe de la Agencia Tributaria señala que, entre 2006 y 2009, Erwinin facturó 10,7 millones de euros a Emarsa "sin realizar trabajo adicional alguno".

Tierra de saqueo
La Comunidad Valenciana se ha hundido. Con la mayor deuda de España, sin bancos ni cajas propios, con gravísimos casos de corrupción y un presidente dimitido y en el banquillo, la tierra que un día fue próspera y envidiada se ha convertido en el símbolo del desvarío político y la mala gestión. Esta es la historia de su caída
La trama Gürtel se alimentó del PP valenciano
El 'caso Brugal' pone en jaque al poder alicantino
Carlos Fabra, ese "político ejemplar"
Los lodos del 'caso Emarsa' salpican a Barberá
JOSEP TORRENT 15 ENE 2012 - 18:39 CET2
Archivado en: Generalitat Valenciana Francisco Camps Caso Gürtel Caso Brugal Caso Emarsa Caso Fabra PP Corrupción política Administración autonómica Corrupción Casos judiciales España Partidos políticos Delitos Administración pública Política Justicia

Camps conduce un Ferrari acompañado de Barberá en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), en noviembre de 2009. / CARLES FRANCESC

244
Twittear
75
Enviar
Compartir
Enviar
Imprimir
En julio de 2007, Valencia era una fiesta. A la sombra del edificio Veles e Vents, diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield, y bajo una lluvia de confeti, banderas al viento y fanfarrias musicales, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, eufóricos, daban la bienvenida a Ernesto Bertarelli, patrón del Alinghi, y flamante vencedor de la 32ª Copa del América. Tiempo de vino y rosas, de entusiasmo desbordado. Valencia en el mapa de los grandes acontecimientos deportivos mundiales y dos políticos en estado de gracia, envidiados por sus adversarios y reverenciados por sus compañeros. Mariano Rajoy, meses antes de las elecciones generales de 2008, ponía como ejemplo de buena gestión económica al Consell de Francisco Camps y remataba: "Ese es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España". Más recientemente, en enero del año pasado, cuando ya había estallado el caso de los trajes, Javier Arenas, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, todavía aseguraba: "Gobernar no es gastar más, sino gastar mejor. Gobernar es imitar a Camps". El político valenciano era tenido por los dirigentes de su partido como espejo en que mirarse y modelo a seguir.

Cuatro años y medio después de tocar el cielo con la Copa del América, Camps ya no es presidente de la Generalitat y se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio. Y ya nadie quiere imitarle. La Comunidad Valenciana, antes envidia de las autonomías, da la sensación de ser la Grecia española, endeudada hasta las cejas, incapaz de cumplir sus compromisos financieros, empobrecida y sumida en una crisis institucional, financiera y económica. "Si fuéramos una caja de ahorros ya nos habría intervenido el Banco de España", asegura un dirigente del PP valenciano, "pero por fortuna no lo somos".

Las arcas vacías no son el único problema. Los escándalos por corrupción se suceden ininterrumpidamente desde hace años infectando todo el territorio. El caso Fabra, en Castellón; Emarsa, en Valencia; el caso Brugal, en Alicante, y, sobrevolándolo todo, el caso Gürtel, en el que se investiga la supuesta financiación irregular del PP, más su derivada del caso de los trajes de Camps. Faltaba Iñaki Urdangarin para que el deterioro fuera aún mayor. Y todavía hay escándalos que no han salido a la luz. Un empresario local se lamenta: "Es lo peor de lo peor; la imagen que tenemos en el resto de España. No nos beneficia nada".

La Comunidad se ha convertido en una zona apestada para Mariano Rajoy, que no ha colocado a ningún valenciano ni en su Gobierno ni en ninguna de las 32 secretarías de Estado. Un veterano militante del PP está convencido de que el nuevo presidente "ha establecido un cordón sanitario para evitar que le estalle en las manos alguna bomba de relojería que todavía no se ha detectado".

La trama Gürtel, a través de Álvaro Pérez, El Bigotes, entró a sacó en las arcas de la Generalitat y la televisión valenciana para enriquecerse sin que Camps hiciera nada por evitarlo. No fue el único método utilizado para obtener importantes ganancias a la sombra del poder. Prácticas destinadas a convertir los beneficios en privados y las deudas en públicas. Todo empezó en Terra Mítica, el parque de atracciones que levantó Eduardo Zaplana en Benidorm con el dinero de Bancaja, la CAM, algunos empresarios privados y la Generalitat. El complejo, que costó 377 millones, ha sido un auténtico fracaso. De hecho, ahora es propiedad del grupo Aqualandia, que se lo ha quedado a cambio de asumir deudas valoradas en 65 millones. Para construir el parque, el Gobierno valenciano expropió 10 millones de metros cuadrados. Sobre ese inmenso solar se edificaron Terra Mítica, un hotel de cuatro estrellas, cinco de dos y dos campos de golf. Nada fue como estaba previsto y el parque entró en suspensión de pagos, que la empresa levantó cambiando el uso de 217.000 metros cuadrados, vendidos por 85 millones al promotor Enrique Ortiz -imputado en los casos Gürtel y Brugal. El pelotazo urbanístico que se buscaba fracasó al estallar la burbuja inmobiliaria.

Muchos de los grandes proyectos financiados con dinero público siguieron el mismo patrón de Terra Mítica. Se presentaron como de interés social, pero en su entorno se han venido produciendo movimientos especulativos vinculados al urbanismo. La Ciudad de la Luz, los estudios cinematográficos situados en Alicante, otro fiasco económico con un coste de 300 millones y una deuda de otros 190, ha visto como a su alrededor se han realizado dos operaciones importantes: la compra de 700.000 metros cuadrados por una firma participada por Bancaja y Enrique Ortiz, y otra adquisición de 200.000 metros cuadrados por parte de este promotor. Ambas operaciones están siendo investigadas por la policía.

El aeropuerto de Castellón no es solo una instalación sin aviones, fruto de la quimera y de la megalomanía del cacique provincial Carlos Fabra. Desde el principio fue una operación especulativa de gran calado en la que el aeropuerto justificaba un gran proyecto urbanístico con garantía institucional que cubría las posibles pérdidas de la concesionaria. El Gobierno de Camps siempre veló por los intereses de los empresarios. Al concesionario de la línea 2 del tranvía de Alicante también se le garantizaba el 10% de los beneficios sobre la inversión realizada, con independencia de los pasajeros que la utilizaran. El actual Gobierno de Alberto Fabra ha roto el contrato con la empresa del aeropuerto y retirado el concurso del tranvía, por considerarlos lesivos para los intereses del Consell.

El saqueo de las arcas públicas, en la práctica, estaba institucionalizado. Los empresarios no corrían con ningún riesgo. Aunque en algunos casos, como el de Emarsa, la empresa encargada de depurar las aguas residuales de la ciudad de Valencia y otros 16 municipios, más que un saqueo ha sido un auténtico latrocinio. Hay 28 personas imputadas, entre ellas todos los exresponsables de la firma, militantes del PP y numerosos proveedores. Uno de ellos, Juan Carlos Gimeno, exconcejal del Ayuntamiento de la ciudad, explicó que el agujero de 17 millones de Emarsa -que algunas fuentes elevan a 40-, se produjo porque "alguien decía que se hiciera así". Gimeno evitó dar nombres, pero dejó pistas. "Hay bolsos y carteras que todos sabían que recibía un cargo público". En una conversación interceptada a El Bigotes, este afirma: "Estoy en Louis Vuitton, porque hay una cosa que no hemos pensado, que es que llevamos cuatro años regalando una cosa a la alcaldesa [de Valencia] todos los años no voy a dejar de regalarle algo (...) Le voy a comprar un bolso de la colección nueva".

La Comunidad Valenciana es vista desde el exterior como un territorio en el que menudean los escándalos políticos y la corrupción. Y donde el despilfarro del dinero público ha sido la norma en los últimos años. En noviembre de 2009, en una situación de grave crisis económica y con una deuda autonómica que ya era la primera de España en relación al PIB regional, la Consejería de Cultura y Deporte se gastó 52.800 euros en la organización de unos actos previos de la Ferrari World Finals en el circuito de Cheste. Camps y Barberá aprovecharon el evento para montarse en un Ferrari azul y dar una vuelta al circuito acompañados por Fernando Alonso, Felipe Massa y Luca di Montemezolo, patrón de la escudería italiana.

Francisco Camps nunca dejó de comportarse como un nuevo rico. En 2007, un año antes de que las primeras señales de la crisis se hicieran evidentes, Bernie Ecclestone anunciaba en Valencia la celebración de un gran premio de Fórmula 1, condicionándolo a la victoria de Camps en las elecciones autonómicas. Lo que no contaron ni él ni Camps fue el coste del evento, ni las condiciones leoninas del contrato. De entrada el Gobierno valenciano mintió a la opinión pública. Aseguró que el circuito urbano no iba a costar ni un euro porque lo iban a pagar los promotores que construirían el plan urbanístico del Grau; pero el Consell tuvo que desembolsar 80 millones. La celebración de los siete grandes premios programados le van a suponer a las arcas públicas valencianas más de 244 millones, entre los pagos a Ecclestone, las infraestructuras para la carrera y el canon que paga la televisión valenciana por retransmitir los grandes premios.

El actual ejecutivo de Alberto Fabra ha intentado anular los contratos con el patrón de la F1, pero se ha encontrado con que la penalización es casi tan cara como pagar la celebración de la carrera. Ahora negocian con la Generalitat catalana para que Barcelona y Valencia se alternen en la celebración de grandes premios. Una sugerencia que se le hizo a Camps desde Cataluña, rechazada por este en su día.

Los escándalos, singularmente el caso de los trajes, acabaron por forzar la dimisión de Camps de la presidencia de la Generalitat, pese a los esfuerzos de la alcaldesa de Valencia para que siguiera en su puesto. Fue a las 4 de la madrugada cuando Isabel Bas, esposa del expresidente, dijo: "Paco, déjalo estar", poniendo así punto final a una maratoniana reunión en la que también estaban presentes Federico Trillo y Juan Cotino, este último el presidente de las Cortes Valencianas.

La crisis institucional se solucionó con el paso del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a la presidencia de la Generalitat, quien hubo de asumir una pesada herencia que, a diferencia de otros colegas autonómicos, no puede atribuir a otro partido político, aunque sea la peor de las peores herencias recibidas. "Sabíamos que las cosas estaban mal; pero nunca supusimos que estuvieran tan mal", señalan desde el entorno del actual presidente de la Generalitat.

¿Cómo de mal? Para empezar, los sucesivos modelos de financiación autonómica han sido lesivos para los intereses de los valencianos. No se contempla la totalidad de la población de la Comunidad y los ingresos por habitante permanecen por debajo de la media española. Era peor con José María Aznar en el Gobierno y siguió siendo mala con la reforma de Rodríguez Zapatero. Además, el sistema financiero valenciano ha desaparecido: Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta caja españolas, han sido fusionadas o intervenidas por el Banco de España. El Banco de Valencia se encuentra en idéntica situación. ¿Cómo se había llegado hasta ahí?

Algunos hechos ayudan a explicar lo ocurrido. Los gobiernos del PP fiaron el crecimiento económico al ladrillo y a una política de grandes eventos y actividades de ocio. Dos decisiones estratégicas para las que no dudaron en utilizar a las cajas de ahorro, auténticas terminales de las decisiones políticas adoptadas en el Palau de la Generalitat. Bancaja y CAM financiaron proyectos como Terra Mítica, el circuito de Fórmula 1 en Valencia o el aeropuerto de Castellón. El apalancamiento de las tres entidades financieras a proyectos que se hundieron con el estallido de la burbuja inmobiliaria, las dejó en la ruina. La crisis global fue la puntilla de una política basada en la especulación inmobiliaria y en el crédito barato.

La pésima gestión arruinó a todo el sistema financiero valenciano, con las consiguientes repercusiones para el mundo empresarial autonómico; mientras que el intervencionismo político en las cajas se volvió como un bumerán contra la propia Generalitat. Desaparecidas Bancaja y CAM, el Gobierno valenciano no encuentra quien le financie sus propias emisiones de crédito. La puesta en circulación de 1.800 millones de euros en bonos patrióticos fue un auténtico fracaso, apenas si lograron colocar 1.055 y las agencias de calificación Moody's y Fitch los clasificaron como "bonos basura".

La peor herencia, de la que Fabra no se queja nunca en público pero a la que tiene que hacer frente, es la económica. Los compromisos de pago para las próximas décadas de la Administración Valenciana superan los 62.000 millones. De esta cifra total, 47.933 millones corresponden, en parte, a la deuda financiera asumida por el Consell más sus empresas públicas -que en septiembre de 2011 alcanzaba los 22.163 millones-; y el resto, al débito a proveedores, pago de los peajes en sombra o el canon que se abona anualmente a las empresas que, como Ribera Salud, gestionan con criterios privados los hospitales que se rigen por el modelo del que funciona en Alzira. Además, durante el primer semestre del año pasado, la deuda financiera aumentó en 1.498 millones, las obligaciones de pago en 131 millones y los compromisos de gasto no reconocidos y con cargo a futuros presupuestos alcanzaron los 2.043 millones.

En resumen: la suma de deuda financiera y pagos pendientes de la Comunidad Valenciana -a largo plazo- alcanza los 51.605 millones. Pero eso no es todo. A esa cantidad hay que añadirle 10.489 millones de euros que corresponden a deudas de las empresas públicas, entidades autónomas y fundaciones dependientes de la Generalitat, de acuerdo con el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a 2010. Por eso, el conjunto de los compromisos adquiridos por la Comunidad y por el sector público que esta controla se eleva a 62.000 millones.

De momento, en este año de 2012, la Generalitat tiene que devolver créditos valorados entre 4.000 y 5.000 millones, según las fuentes consultadas. Y no tiene con qué hacer frente a estos compromisos.

Durante años, Camps presumió de bajar los impuestos y aumentar el gasto social. Fabra ha tenido que desandar ese camino. Ha subido impuestos, recortado sueldos de los funcionarios, reestructurado servicios públicos. Y ha anunciado una reducción del número de empresas y fundaciones. Un esfuerzo gigantesco, con notables costes sociales, que es insuficiente para cumplir con los vencimientos de los créditos. Ni siquiera los hispanobonos, si algún día se ponen en circulación, bastarían para salvar las arcas valencianas.

A finales del año pasado, el Gobierno de España tuvo que salir al rescate de la Comunidad Valenciana para que pudiera hacer frente al pago de una póliza de crédito del Deutsche Bank. A cambio, Rajoy exigió a Fabra que tomara serias medidas de austeridad. Pero ser austero no basta. No alcanza para pagar a los proveedores que hacen cola ante las ventanillas de la Generalitat para que se les abone lo que se les debe. Solo a 450 colegios concertados les adeuda 50 millones de euros. Contratistas de la Administración, grandes y pequeños, van a tener difícil recuperar su dinero, por más que sean una prioridad para el actual Consell.

La enmienda a la totalidad que, por la vía de los hechos, está haciendo Fabra a la política de Camps encuentra serias resistencias entre los seguidores del anterior presidente. Las relaciones con Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, no pasan de la cortesía. En el grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, con sordina, han empezado a escucharse las primeras críticas a la gestión del neófito presidente. Un dirigente popular afirma convencido que "Fabra tiene a todo el PP enfrente". Nadie debería extrañarse de esta afirmación. Limpiar el PP valenciano no va a ser tarea fácil y "el cordón sanitario" establecido por Rajoy para la Comunidad Valenciana tampoco ayuda demasiado. "Génova tiene que intervenir", reclaman desde Valencia. Pero Génova está en La Moncloa.

PS.- Tal vez sea una casualidad. O tal vez no. Pero no deja de ser una amarga ironía que Camps nombrara a Jaume Matas, expresidente de las Baleares y procesado por el caso Palma Arena, "embajador de la Comunidad Valenciana".

La trama Gürtel se alimentó del PP valenciano

La trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa se instaló en el corazón de la Comunidad Valenciana en 2004 tras perder el PP la mayoría absoluta que había logrado José María Aznar.
A través de Orange Market, la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, Gürtel obtuvo del Gobierno valenciano -que presidía Francisco Camps- hasta 85 contratos en un periodo de seis años, de los que 76 le fueron adjudicados a dedo. Los más cuantiosos fueron obtenidos por montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur y por organizar el seguimiento de la visita del Papa a Valencia en 2006 a través de Canal 9. La trama logró contratos y comisiones millonarias mediante procesos irregulares. Simultáneamente, Orange Market asumió el papel de suministrador único de eventos de la dirección regional del PP y organizó actos para distintas agrupaciones locales.
A raíz de las investigaciones judiciales desarrolladas en la Audiencia Nacional, primero, y en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Madrid y la Comunidad Valenciana, un nutrido y selecto grupo de dirigentes del PP valenciano está inmerso en causas judiciales.
Francisco Camps se enfrenta desde hace semanas a un juicio con jurado, en compañía de quien fue su mano derecha, Ricardo Costa, por recibir regalos de la trama corrupta. A ambos se les imputa un delito de cohecho pasivo impropio. El TSJ de Valencia también instruye la causa por supuesta financiación ilegal del PP valenciano. En ella hay serios indicios de que varias constructoras, que obtenían sustanciosas contratas de la Generalitat, financiaron al PP a través de Orange Market, que también facturó en dinero negro parte de los servicios prestados al partido. En la causa están imputados Costa, el exvicepresidente Vicente Rambla, el vicesecretario de Organización del PP, David Serra, la tesorera, Yolanda García, y la exconsejera Milagrosa Martínez, entre otros.
El 'caso Brugal' pone en jaque al poder alicantino

El poder alicantino (político, empresarial y financiero) se ha desmoronado en los dos últimos años al conocerse lo que se ocultaba bajo el sumario del caso Brugal. Al levantarse el secreto que pesaba sobre esas actuaciones ha quedado al descubierto la mayor trama político-empresarial gestada en la provincia de Alicante, amparada en el negocio de la recogida de basura y el urbanismo.
La investigación de la policía, realizada sobre la base de tres años de escuchas, sitúa a la cabeza de la trama al expresidente provincial del PP José Joaquín Ripoll; a la alcaldesa del PP de la capital, Sonia Castedo, y a su antecesor, Luis Díaz Alperi. Junto a los políticos, el promotor Enrique Ortiz, el empresario de la basura Ángel Fenoll y dos exdirectivos de Bancaja y la CAM.
La investigación comenzó en 2007. En julio de 2010, el juez ordenó una operación policial que concluyó con 19 arrestos, entre ellos los de Ripoll, Ortiz y Fenoll. El sumario incluye tres causas principales y una veintena de ramificaciones. Han sido interrogados 56 imputados.
Del conjunto de causas destacan un supuesto soborno por la contrata de la basura de La Vega Baja a Ripoll por parte de Ortiz y Fenoll. La policía sostiene que Ripoll, a quien el juez imputa cinco delitos, logró 1,3 millones sin justificar tras el contrato, y el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal acusa a Castedo y Alperi de proporcionar datos secretos a Ortiz a cambio de dádivas (vacaciones, un coche y un viaje a Creta en jet privado). La investigación cifra en 120 millones el pelotazo del promotor.
El caso Brugal ha segado la longeva carrera política de Ripoll, ahora confinado en el puerto de Alicante. Y Castedo mira de reojo la evolución del sumario judicial. El PP prepara su relevo ante su posible imputación.
Carlos Fabra, ese "político ejemplar"

En diciembre de 2003, un empresario acusó al entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos. El PP se encontraba en pleno apogeo en la Comunidad Valenciana y el todopoderoso Fabra se enfrentaba a una acusación de tráfico de influencias y cohecho.
Los populares copaban las administraciones de Castellón, la Generalitat y el Gobierno central, por lo que Fabra no tenía mucha dificultad en, presuntamente, tratar de agilizar autorizaciones de fabricación de productos sanitarios, intercediendo ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Los responsables de estos departamentos, Jesús Posadas, Miguel Arias Cañete y Celia Villalobos, hubieron de dar explicaciones sobre las reuniones que, ellos o sus subordinados, mantuvieron para tratar sobre los productos del amigo de Fabra Vicente Vilar. Y la documentación revela que diputados, subdelegados del Gobierno y distintos cargos públicos hicieron de intermediarios en la operación.
La investigación tomó impulso con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual no ha impedido que las pesquisas se prolonguen durante más de ocho años. Tampoco ha evitado que las imputaciones, que en un principio se extendieron entre cargos ministeriales, se redujeran a los matrimonios Fabra y Vilar, que ahora son parejas desechas.
Lo que sí posibilitó la tramitación de este caso es que los inspectores de Hacienda detectaran un incremento patrimonial en el matrimonio Fabra, que ahora habrá de responder además de siete presuntos delitos fiscales por defraudar cerca de 1,2 millones de euros.
Políticamente, Carlos Fabra ha sido arropado por todos en el PP. Desde el actual jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que lo calificó de "político y persona ejemplar", hasta el actual presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que lo mantiene al frente del PP provincial.
Los lodos del 'caso Emarsa' salpican a Barberá

El juzgado número 15 de Valencia investiga desde hace meses el saqueo de la depuradora de Pinedo, una de las mayores de Europa, que está ubicada en el término municipal de la ciudad de Valencia. A raíz de una denuncia presentada por los socialistas, el juez ha imputado hasta ahora a un total de 28 personas por delitos contra la Hacienda Pública, delito contable y falsedad documental. Entre los imputados figura el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y otros cargos intermedios del PP de la ciudad de Valencia.
Los responsables de la empresa pública que gestionaba la depuradora, Emarsa -en la que tenía mayoría el Ayuntamiento de Valencia-, gastaron cantidades millonarias en servicios no prestados, regalos de lujo, traductoras rumanas, viajes, joyas y comidas.
La gestión se saldó con un agujero de 17 millones de euros, aunque el saqueo podría elevarse hasta los 40 millones. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha aceptado constituir una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para esclarecer las responsabilidades políticas, lo que le ha costado el distanciamiento con la alcaldesa Rita Barberá, que, pese al escándalo del caso Emarsa, no ha tomado medida alguna al respecto.
Y es que, aunque Enrique Crespo era el presidente del consejo de administración de Emarsa, las irregularidades en la depuradora se remontan a una etapa anterior, presidida por los ediles populares Juan Vicente Jurado y Silvestre Senent. El pasado jueves, Juan Carlos Gimeno, exconcejal popular imputado en el caso Emarsa, pidió que se investigue la gestión desde 1991, cuando Barberá se hizo con la alcaldía de Valencia. "Casi tres millones de euros al año se pagaban para mantener estómagos agradecidos del PP", aseguró Gimeno, quien añadió: "Casi todos los proveedores eran militantes del PP o muy cercanos, y todos los empleados eran militantes".