Benimodo - Valencia

España: Realidad de la crisis.
En Alemania crece la crítica contra la supuesta “mentalidad de fiesta” de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pienso que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.
España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.
Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.
La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.
Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.
Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa. Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por personas tan increíblemente venales.
La pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado también por corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.
No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.
Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.
El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.
Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se está gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.
Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.
Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OCDE. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.
Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.


........y hablemos CATALUNYA:

Cataluña es un territorio próspero dentro de España y como parte de la UE. Fuera, no. Según el estudio elaborado por ABC a partir de estimaciones de diversos expertos y de datos recopilados de estadísticas oficiales -incluso de la controvertida «balanza fiscal» presentada en su momento por la propia Generalitat para justificar sus tesis-, con la secesión Cataluña pasaría a ser un país con un déficit público estructural disparado, la deuda pública rozaría los niveles que tiene Grecia en términos de PIB, y se destruirían 136.000 empleos por la pérdida de competitividad y fuga de empresas y de capitales.
Y todo esto, sin ponerse en el peor de los escenarios posibles. Con una caída del PIB de entre el 20 y el 25 por ciento, estimaciones que diversos expertos consultados coinciden en apuntar como nada exageradas, ABC ha calculado varios escenarios posibles -de menos a más desfavorables- y toma como referencia su promedio.
**Riqueza: -50.000 millones de euros
Con una caída del PIB de entre el 20 y el 25 por ciento, la Cataluña independiente pasaría a generar una riqueza anual de 160.000 millones de euros, 50.000 menos que en la actualidad. La renta per cápita se desplomaría muy por debajo de la actual media de la Unión Europea, y todavía más por debajo de la media de la zona euro.
La caída del PIB vendría motivada por varios factores: pérdida de competitividad empresarial, porque sus productos y servicios se encarecerían al tener que pagar aranceles para cruzar sus fronteras al no pertenecer a la UE, que junto con el mercado español representa no menos del 80 por ciento de las ventas del tejido productivo catalán; habría un «efecto rechazo» en España frente a productos y marcas catalanes; habría una fuga de empresas para no verse perjudicadas, con la consiguiente pérdida de tejido productivo y de empleo... Solo por el sobrecoste de aranceles y trámites administrativos, algunos especialistas calculan que el precio de los productos exportados por Cataluña a España y al resto de Europa podría encarecerse en torno a un 15 por ciento.
Al empobrecimiento habría que imputarle también el coste de salirse del euro y tener que crear una nueva moneda cuya depreciación sería drástica. Eso supone, de forma adicional, un empobrecimiento rotundo de la economía general y del bolsillo de los ciudadanos. Y Cataluña tendría que seguir pagando sus deudas en euros.
**Ingresos: -17.300 millones de euros
La caída del PIB provoca un recorte paralelo de la recaudación por impuestos y cotizaciones. Entre lo que la Generalitat calcula que ingresa por impuestos que tiene cedidos y lo que sus estudios dicen que recauda el Estado en Cataluña, la capacidad actual de recaudación ronda los 77.000 millones de euros. Una cuarta parte menos supondría perder 17.300 millones de euros al año. La «caja» de una Cataluña independiente pasaría a tener una recaudación de menos de 60.000 millones de euros.
**Gastos: 82.000 millones de euros
Entre lo que la Generalitat gasta ya para sostener su sector público autonómico y lo que el propio Gobierno catalán dice que costea el Estado en infraestructuras y servicios que presta en Cataluña -infravalorado según diversos expertos-, si fuera un país independiente tendría que soportar un gasto público de unos 77.000 millones de euros. Pero debería asumir gastos nuevos, que el estudio de balanzas fiscales de la Generalitat obvió. Entre ellos, uno tan grueso como el de crear su ejército, dotarlo de armamento, formar sus servicios de inteligencia...
La media de gasto en Defensa del conjunto de los países de la OTAN ronda el 3 por ciento del PIB; en Francia viene a estar en el entorno del 2 por ciento; justo antes de la crisis, el Reino Unido dedicó el 2,4 por ciento, por citar unos ejemplos. Y se trata de países con una estructura defensiva ya creada. Cataluña tendría que hacer frente a un gasto anual no inferior a los 4.000 millones de euros. Y todo esto sin formar parte de la OTAN. Al menos durante mucho tiempo, una Cataluña independiente también tendría muy difícil su ingreso en la Alianza Atlántica.
Además, debería crear también su red de embajadas y consulados, componer su cuerpo diplomático y sus servicios de política exterior -nada que ver con su actual red de delegaciones en el extranjero, por costosa que ya esté siendo-. A tenor de lo que España dedica a este apartado, el sobrecoste para Cataluña rondaría los 400 millones de euros al año. Y no podría prescindir de ello: la política exterior sería crucial para un país recién creado que necesita tejer relaciones y no verse relegado en el concierto internacional.
En su conjunto, los gastos a los que tendría que hacer frente un hipotético «Estado catalán» rondarían los 82.000 millones de euros.
**En números rojos: -20.000 millones al año
De forma estructural, los números rojos de la Cataluña independiente rondarían los 20.000 millones de euros al año. Y para enjugarlos debería recurrir al endeudamiento, a pedir dinero prestado en los mercados financieros internacionales. ¿Tendría abierto el «grifo»? Lo más probable es que lo tuviera complicado, y a precios altos, lo que supone otro sobrecoste.
Para que el déficit no se disparara por encima del 5 por ciento, Cataluña tendría que colocar deuda pública por más de 10.000 millones de euros al año durante largo tiempo. Déficit y deuda pública constituirían un crítica espiral de muy largo recorrido.
**Deuda pública: 250.000 millones de euros
En el horizonte de los diez primeros años desde la independencia, Cataluña, por tanto, viviría una escalada de deuda pública acelerada. Y hay que tener en cuenta que habría echado a andar, en el minuto cero, con una tremenda mochila de endeudamiento. De entrada, los 43.954 millones de euros que ya debe su sector público autonómico en estos momentos. Pero, además, habría que imputarle la porción que le toque de la deuda de España, la del sector público del Estado del que se separa.
Se calcule en proporción al PIB actual de Cataluña o a su número de habitantes, el promedio le saldría por tener que acarrear con 100.000 millones de deuda. ¿Podría negarse? Sí, pero empezarían con muy mal pie de cara a los mercados financieros internacionales. Su credibilidad como pagadores responsables caería por los suelos, y con esa tarjeta de presentación es difícil llamar a la puerta para pedir dinero prestado. Renunciar a asumir esa parte de la deuda sería como pedirle a un banco que se quede con nuestra hipoteca y nosotros quedarnos con el piso. Y, en este caso, el banco no solo sería España, sino el resto de la UE, por una elemental cuestión de asociación económica.
Con una «renta nacional» recortada, un endeudamiento público de 250.000 millones de euros situaría la deuda de Cataluña en más del 150 por ciento de su PIB. Muy por encima de la tasa con la que cerraron el año pasado Portugal o Irlanda, y próxima a la que acumuló Grecia al acabar 2011, que fue del 165 por ciento.
**Fuga de emprsas: -1.300
En Cataluña hay actualmente unas 28.500 empresas. De ellas, 5.300 tienen más de 50 trabajadores, 1.100 de las cuales cuentan con plantillas de más de 200 empleados. Entre las 5.300 medianas y grandes empresas catalanas suman casi 550.000 empleados.
En caso de independencia, la fuga de empresas y de capitales sería abultada. El dinero buscaría refugio fuera para evitar su depreciación y la incertidumbre; y un buen número de empresas, que dependen de lo que venden fuera de Cataluña, se marcharían para seguir estando al calor de la economía del euro, no perder competitividad y esquivar riesgos. ¿Cuántas optarían por marcharse? Es una incógnita, pero hay un dato de referencia. En los años en los que en el País Vasco se promocionaba el soberanista «Plan Ibarretxe», el catedrático Mikel Buesa hizo una encuesta al respecto entre las medianas y grandes empresas vascas: la cuarta parte de ellas manifestaron su intención de irse del País Vasco si se escindiera de España.
Trasladando esa tasa de referencia a Cataluña, su independencia podría suponer la pérdida de 1.300 empresas y unos 136.000 puestos de trabajo directamente ligados a ellas.
**A muy largo plazo: Décadas para remontar
Todo este escenario es el calculado para los diez primeros años desde una hipotética independencia. Lo que ocurriera a partir de ahí es difícil preverlo. Los expertos consultados por ABC coinciden en que la primera década sería de un empobrecimiento económico brutal. Cuando se tocara fondo, pasarían años para empezar a remontar. ¿Y hasta dónde lograría remontar Cataluña? Es otra incógnita. Es un horizonte de décadas, de toda una generación.

MIB.