Yuncos - Toledo

Los bandazos políticos del Gobierno de Zapatero en materia económica han provocado unas consecuencias jurídicas que llegarán al Tribunal Supremo. En los próximos días, la Sala Penal del Alto Tribunal recibirá un auto de inhibición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Madrid, que instruye una querella que acusa al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a los vicepresidentes De la Vega, Salgado y Chaves, de un presunto delito de falsedad en documento público. Así se desprende del auto notificado a las partes el pasado 2 de septiembre.

ZP DIMISION!!!! NO A NUESTRA RUINA POR CULPA DE ESTOS INUTILES

Pero q barbaridad¡¡¡¡¡¡¡ yo es q últimamente estoy en babia, hasta q no empiece la rutina escolar,

Buen sabadete, ciao

¿De qué se trata?

Lo que yo he leido es lo siguiente:

La querella también se extiende a Pedro Castro Vázquez, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, y a Fernando Pérez Sánchez, director general del Secretariado de Gobierno del Boletín Oficial del Estado (BOE).

El motivo de la querella fue la corrección de errores publicada en el BOE de 25 de mayo, que modificaba la fecha del decreto-ley que prohibía a los ayuntamientos endeudarse a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2011.

Sin embargo, la corrección del BOE sustituyó dicha fecha por la siguiente: “A partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2011”. Según la denuncia que interpuso el Sindicato Manos Limpias, “la rectificación de un elemento sustancial requería hacerse mediante otro decreto ley aprobado en Consejo de Ministros y no se hizo”.

ESTA CLARO QUE ALGUIEN TIENE QUE PARAR TANTA MANIPULACION...

La acusación popular acusa a los miembros del Gobierno de que su conducta “constituye un delito de falsificación de documento público de los artículos 390.3 y 4 del Código Penal, así como prevaricación del artículo 404”. Para la ministra de Economía y vicepresidenta segunda, Elena Salgado, “el delito cometido es un error sin importancia”, apunta la querella.

Pero la acusación va más lejos al afirmar que “los querellados han causado una tremenda sensación en la sociedad de inseguridad jurídica, ya que han transmitido idea de que existen vías alternativas para conseguir un objetivo eludiendo el cumplimiento de las leyes”. Lo cierto es que no se puede justificar la urgente necesidad de un decreto ley retrasando siete meses su entrada en vigor.

PERO SEGURO ESTOY QUE ESTO SE ARCHIVA IGUAL QUE EL CASO FAISAN...

Bueno, es cierto que las cosas hay que hacerlas bien, pero también estoy de acuerdo que tampoco hay que salirse de madre. Si en el boletín ponía una fecha, y resulta que se quería aplicar con otra, no creo que sea tan importante cambiar la fecha en el BOE, como cambiarla más tarde con un decreto-ley.

Está bien el tirón de orejas, pero no creo que sea como para rasgarse las vestiduras.

Ojala les metan en la carcel...y tiren la llave al fondo del mar...matarile,rile,rile...matarile,rile,ron...chin-pon.


¡¡¡YO NO VOTE A ZP!!!