Yuncos - Toledo

Políticos que se han hecho ricos desde que accedieron al cargo público

Todos llevan años dedicándose a la política, periodo en el que han ido acumulando propiedades y bienes: casas, fincas, apartamentos, coches de lujo. Su incremento patrimonial ha sido objeto de investigaciones judiciales. Alcaldes, diputados o presidentes de Diputación con un tren de vida elevado que han ido alcanzando, en muchas ocasiones, gracias a sus relaciones personales y amistades con empresarios relacionados con la construcción. Estos son tan sólo cinco ejemplos de políticos que han hecho fortuna.



El alcalde de La Nucia compró dos apartamentos a promotores

Francisco Martínez recibió hasta doce donaciones de fincas en su pueblo

Juan Cano, de Polop, tuvo ingresos de urbanizadoras
El edil encarcelado recibió 466.000 euros en dos años, según Hacienda
Hernández Mateo ganó más de cinco millones de euros en una compraventa
Carlos Fabra aún no ha explicado al juez el origen de 600.000 euros


BERNABÉ CANO Alcalde de La Nucia

Su patrimonio está incorporado en el sumario del juez Garzón en el caso Gürtel, junto con comprometidas conversaciones de algunos imputados en la trama corrupta sobre negocios inmobiliarios en La Nucia. A Francisco Correa lo grabaron contando el negocio que iban a hacer con el PAI Pie de Monte (casi 400.000 metros de techo en menos de un millón de metros de suelo), del que acabarían repartiéndose 72 millones de euros.

Las malas compañías de las que se rodeó el alcalde Bernabé Cano -desde que en 2002 contratara a Special Events para organizar en La Nucia la gala de los premios periodísticos Luis del Olmo- han acabado siendo su perdición. Que se sepa hasta hoy, con Cano se han relacionado Francisco Correa, Jacobo Gordon, Álvaro Pérez (del que reconoció su íntima amistad) o Pablo Crespo, que incluso tenía un barco en el Club Náutico de Altea. Su empecinamiento por invertir en La Nucia fue más que evidente. Y ahora los cuatro amigos de Cano están imputados en el caso Gürtel y los planes urbanísticos paralizados.

Pero al margen de las relaciones político-empresariales del alcalde, Bernabé Cano ha ido engrosando su patrimonio. Este mismo año escrituró dos pisos que compró en Altea en 2003. El ático, pagado al contado, fue inscrito por casi 480.000 euros, menos de la mitad de su valor de mercado. En las escrituras, la notaría advirtió que faltaba por justificar el pago de 215.000 de los 823.000 euros abonados por ambas casas. El edificio ha sido construido por empresarios con intereses urbanizadores en el municipio. Cano ha conseguido demostrar el origen del dinero, que procede de donaciones familiares y recursos propios, pero no que haya pagado los 215.000 euros del reparo notarial.


JUAN CANO Alcalde de Polop

Ha visto crecer exponencialmente su patrimonio personal desde que accedió al poder en 1995. Al actual precio de mercado, sólo a su nombre y el de su mujer tendrían bienes por valor de 1,3 millones de euros, según fuentes del mercado inmobiliario. Un piso, el chalé donde viven (valorado en casi un millón de euros), un garaje, cuatro locales comerciales y el 25% de cuatro parcelas tasadas en 600.000 euros conforman el patrimonio personal, al margen del que atesoran las cuatro empresas que manejan. Cano mantiene hipotecas por un importe total de 585.000 euros, todas en la CAM. Su salario neto en el Consistorio apenas llega para pagar las cuotas de estos préstamos.

Desde el año pasado, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha estado investigando los movimientos de las empresas. En ocho informes de la Agencia Tributaria se reflejan todas las operaciones dinerarias e inmobiliarias efectuadas, que descubren ingresos idénticos de 223.000 euros en los ejercicios 2006 y 2007 (cuando no era concejal) procedentes de una de las empresas urbanizadoras con intereses en el municipio. Cano fue el artífice de la homologación del Plan General de Polop, aprobado en 2003, que contemplaba 11 sectores urbanizables en 7 millones de metros para construir casi 10.000 viviendas.

En 2005 actuó en representación del entonces concejal de Turismo, Jaime Narbó. Ambos obtuvieron importantes plusvalías con la venta a una empresa de suelo urbanizable en uno de los sectores. Narbó sacó 480.000 euros por una parcela que le costó menos de 10.000 y Cano 290.000 por la compra de un suelo que un año antes le había vendido el mismo Narbó por 7.500 euros.

PEDRO ÁNGEL HERNÁNDEZ MATEO Alcalde de Torrevieja

El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, admite entre su círculo de amistades personales que de profesión es "comisionista", es decir, gana dinero de la compra y venta de bienes inmuebles. De hecho, tiene fincas en San Miguel y Los Montesinos. Pero la operación que más quebraderos de cabeza le provocó y le situó en el centro de la polémica fue una venta de unos terrenos en Almoradí con los que ganó 5,2 millones de euros. El edil compró en el año 2000 una finca en Almoradí 18.3 hectáreas por 180.000 euros a un promotor al que antes le había adjudicado una urbanización en Torrevieja. Dos años más tarde el alcalde vendió este terreno por 5,4 millones de euros. Hernández Mateo realizó esta compraventa con la promotora Edén del Mar, beneficiada con adjudicaciones del Consistorio antes, durante y después de la operación. Durante la instrucción judicial, y a instancias del fiscal Anticorrupción, se desveló que el alcalde ingresó 432.000 euros, además de su sueldo público, entre enero de 2000 y febrero de 2005. Los extractos bancarios incluyen, al menos, una docena de apuntes (ingresos y gastos) entre los 36.000 y 42.000 euros. Sin embargo, el pasado mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitía un auto en el que rechaza la competencia para investigar la causa abierta contra el regidor y diputado autonómico por un supuesto delito de tráfico de influencias. El tribunal considera, de acuerdo con las diligencias que instruyó el juzgado número 4 de Torrevieja, que no hay indicios de delito en "la ventajosísima" operación.

CARLOS FABRA Presidente de la Diputación de Castellón

En 1999, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, tenía cinco parcelas en la urbanización La Coma, en Borriol, un inmueble en el pequeño municipio de Culla y dos viviendas, una de ellas en Castellón y, la otra, en el municipio castellonense de Forcall. Según la documentación remitida por los peritos al Juzgado número 1 de Nules, donde se le investiga ante la posible comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y un posible fraude fiscal, el valor catastral de este patrimonio era de poco más de 150.000 euros.

En 2004, según la misma documentación, el valor de sus bienes ascendía a más de 600.000 euros repartidos entre una vivienda en la urbanización Les Platgetes, en Oropesa, un piso en la plaza de Las Salesas, en Madrid, la casa de Culla y otra vivienda que heredó de su madre, en Castellón. En cualquier caso, Carlos Fabra siempre ha negado haber registrado un incremento patrimonial y, de hecho, poco después de que estallara el llamado caso Fabra detalló ante notario la relación de bienes de su familia para entregarla a la prensa. A la declaración unió un informe respaldando su afirmación y basado en las variaciones en su capacidad de endeudamiento. Además del patrimonio, Fabra aún no ha explicado, ante el juez, el origen de los 600.000 euros que durante 1999 registraron las cuentas que estaban a su nombre y al de su esposa.

FRANCISCO MARTÍNEZ Vicepresidente de la Diputación de Castellón

Francisco Martínez, vicepresidente de la Diputación de Castellón y mano derecha de Carlos Fabra, llegó a la alcaldía de la Vall d'Alba en 1991. Poco más de diez años después era titular de más de 15 propiedades en el municipio. De ellas, un total de 12 le fueron entregadas como donación por particulares. Entre los bienes que componen su patrimonio, 225.000 metros cuadrados de suelo le ha salido gratis. Sus padres le donaron 45.000 metros mientras que el resto procede de particulares. Martínez justificó la acumulación de patrimonio apelando a que todas las son "legales y están declaradas" y aseguró que algunas de ellas procedían de familiares. La inscripción de estas donaciones precisó de la aplicación de un artículo de Ley Hipotecaria que permite inscribir bienes no registrados siempre que existan testigos que "acrediten de modo fehaciente haber adquirido el derecho con anterioridad". Con este método se alzó con diez propiedades de las que dos funcionarios del mismo Ayuntamiento de la Vall d'Alba acreditaron, en todas las ocasiones, que los donantes eran titulares del suelo.

Los escándalos de corrupción que afectan al PP en la Comunidad Valenciana y la presión ejercida por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para introducir medidas adicionales de control de los cargos públicos, han forzado finalmente a los populares valencianos a salir de su inmovilismo. El Grupo Popular, tras haber rechazado distintas iniciativas de la oposición para mejorar la transparencia y los controles en la Administración valenciana, ha presentado finalmente una propuesta para modificar el reglamento de las Cortes y hacer públicas las declaraciones de patrimonio de los diputados, entre los que está la mayoría de miembros del Consell.

La iniciativa llega después de que los diputados socialistas hiciesen público su patrimonio en la web del PSPV-PSOE la pasada primavera y de que el Gobierno de Zapatero, con la oposición del PP y de CiU, impulsase una ley que permite publicar el patrimonio de los miembros del Ejecutivo, como se hizo en octubre en el BOE.

La presión para introducir nuevas medidas de transparencia ya había hecho mella en el PP. Tanto que el pasado abril, el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su entonces portavoz y secretario general, Ricardo Costa, colgaron en la web del partido un certificado de la declaración de patrimonio depositado en las Cortes. Según esa declaración, el presidente de la Generalitat afirmaba poseer una vivienda a medias con su esposa, un coche Saab de 1995, dos seguros de vida, un plan de pensiones y dos cuentas en Bancaja. Costa declaró una hipoteca de 120.000 euros de un piso en Castellón, otra de 25.000 por un inmueble en Valencia, un préstamo de sus padres de 30.000 para comprarse un coche y cinco cuentas bancarias con un saldo negativo global de 1.435 euros. Las declaraciones de unos y otros pusieron en evidencia dos cosas: la disparidad en los conceptos de las mismas y la fragilidad de la imagen que se transmite con la publicación del patrimonio. De hecho, apenas unas semanas después, la imagen de Costa saltaba hecha añicos por las informaciones del caso Gürtel.

La transparencia en las declaraciones de patrimonio, como reconocen los propios políticos, es polémica. De hecho, no evita que los que quieran enriquecerse lo puedan hacer, pero añade un elemento de presión (la opinión pública) sobre quienes tienen responsabilidad política y están tentados de enriquecerse con su cargo. En la actualidad, tanto las Cortes Valencianas como algunos ayuntamientos ya disponen de su propio registro de intereses y patrimonio de altos cargos. La cuestión es que su efectividad para atajar las conductas indeseables es nula. Primero, porque no existe un control exhaustivo sobre los mismos. Y después, porque, en ocasiones, los partidos se escudan en su existencia para no adoptar otro tipo de medidas hasta que el escándalo es irremediable.

En el caso de la dirección regional del PP, la exigencia de responsabilidades a los cargos con conductas éticamente reprobables se ha vuelto muy laxa. Tanto que sólo se actúa si hay sentencia firme o en casos extremos como el de Polop. Así, el PP valenciano se ha mostrado preocupado por el sueldo de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, (que no dista mucho del que tienen otros cargos similares del PP) mientras ignora el caso del alcalde de La Nucia, cuyo incremento patrimonial es objeto de escándalo.

Puede que el lodo de estos polvos tenga su origen en 1995, tras la victoria del PP en las elecciones autonómicas quedó patente que había gente que se había metido en la política para forrarse. La frase se le atribuyó a Vicente Sanz, a la sazón presidente provincial del PP en Valencia. El escándalo tuvo su traducción inmediata: Sanz presentó la dimisión de su cargo.

Pero en 1995, el ya presidente Eduardo Zaplana le recuperó como alto cargo de RTVV. Casi tres lustros después, Sanz sigue de alto cargo. Y el debate sobre cómo atajar la corrupción sigue sin resolverse.

El que robe, al talego de cabeza.
Pero antes que devuelva la pasta.

Y de paso, que se reconozca que a los del PP SÍ SE LES PUEDE DAR LECCIONES DE MORAL.
Y que el juez Garzón no da puntadas sin hilo.

no me dan ninguna envidia,se van A MORIR IGUAL QUE TODOS