Yuncos - Toledo

Los servicios públicos en España sufren la crisis. El Gobierno de Mariano Rajoy ideó en diciembre de 2011 un plan para combatir el déficit de todas las administraciones basado en lo que denominó racionalización del gasto público. El déficit provocaba unas necesidades inmensas de endeudamiento, y la deuda ponía a España al borde del rescate financiero. Esa espiral diabólica llevó al Ejecutivo a aprobar duros recortes sociales para poder contener el peligroso déficit.
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Desde entonces, los principales servicios públicos (Educación, Sanidad, Dependencia) han visto reducidas sus plantillas; los funcionarios que prestaban estos servicios y otros han sufrido la rebaja de sus salarios y el aumento de la jornada laboral. El Gobierno anunció en sus dos primeros consejos de ministros la congelación del sueldo de los funcionarios, el aumento de la jornada laboral —lo que indirectamente provocó el despido de interinos—, la paralización del calendario de aplicación de la Ley de Dependencia, la eliminación de 9.000 millones de euros en el presupuesto de los ministerios y la supresión de las ayudas a los jóvenes para el alquiler de vivienda.
Con la reducción del gasto no alcanzaba para combatir el déficit y sólo tres meses después de llegar al Gobierno, el presidente Rajoy anunció la subida del IRPF en todos los tramos y la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles a las propiedades de más valor.
Sólo dos meses después, abril de 2012, llegaría la tijera al servicio sanitario con la aprobación de un sistema de copago farmacéutico que encarecía las medicinas para todos los ciudadanos, pensionistas incluidos, que por primera vez pagarían. Los inmigrantes indocumentados se quedarían sin la tarjeta sanitaria que les daba derecho a una prestación gratuita en los servicios públicos.

https://olitica.elpais.com/politica/2014/07/21/actualidad/1405970240_793629.html