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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio imparcial
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que Javier Gómez de Liaño no tuvo un juicio independiente e imparcial cuando el Supremo le condenó en 1999 por prevaricación en el caso Sogecable. El Constitucional denegó el amparo solicitado por el magistrado, eso sí, con el voto particular demoledor del ponente. En la sentencia de Estrasburgo, los jueces condenaron a España por unanimidad. Gómez de Liaño está "satisfecho" pero lamenta el via crucis y, sobre todo, que su padre –magistrado del Supremo– muriera sin conocer el desenlace.

L D (EFE) En la sentencia, los jueces de la Corte de Estrasburgo condenaron a España por unanimidad al considerar que se violó el artículo 6.1 (derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Según el fallo de la Corte con sede en Estrasburgo, el Estado español debe abonar 5.000 euros al demandante en concepto de "daños morales", pero no se fija cantidad alguna por los daños materiales o los gastos judiciales, solicitados por Gómez de Liaño. Para la Corte de Estrasburgo, la imparcialidad de la Sala del Tribunal Supremo que juzgó a Gómez de Liaño por prevaricación "podía suscitar serias dudas".

El argumento es que los tres magistrados que la componían (citados por las iniciales de los apellidos G., B. y M.P. en el texto de la sentencia) ya habían intervenido previamente en numerosos actos de instrucción del caso. De los tres magistrados firmantes de la sentencia del TS, Gregorio García Ancos, Enrique Bacigalupo Zapater y José Manuel Martínez-Pereda y Rodríguez, sólo uno, Bacigalupo, continúa formando parte del Tribunal Supremo aunque al cumplir los 70 años entra en jubiliación forzosa y será nombrado magistrado emérito sin reunir siquiera los requisitos.

La sala del Tribunal de Estrasburgo, presidida por el juez andorrano Josep Casadevall y de la que no formaba parte el juez español, Luis López Guerra, que se abstuvo de participar, estima que las quejas de Gómez de Liaño en su demanda estaban "objetivamente justificadas".

El tribunal no estudió el fondo de la presunta violación del artículo 6.2 (presunción de inocencia) del Convenio, que también alegó Gómez de Liaño y rechazó la admisión de la queja relativa al artículo 14 (prohibición de la discriminación).

Javier Gómez de Liaño presentó el 9 de junio de 2004 ante el Tribunal de Estrasburgo su demanda contra España, en la que alegó la violación de los tres artículos citados del Convenio europeo. En noviembre de 2006 el tribunal requirió información sobre el caso a las partes y preguntó a España si el juicio contra el magistrado fue "imparcial".

Durante el proceso en su contra en los tribunales españoles, Gómez de Liaño solicitó la recusación de los magistrados que componían la Sala del Tribunal Supremo que llevaba su caso, la cual fue rechazada por presentarse fuera de plazo. Tras retomar el procedimiento penal dirigido contra Gómez de Liaño, una sala compuesta por los magistrados a quienes había intentado recusar le condenó el 15 de octubre de 1999 a las penas de multa y de inhabilitación por quince años para el ejercicio de funciones judiciales por un delito continuado de prevaricación. El demandante presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, en el que alegó, entre otros, la vulneración de su derecho a un juez imparcial.

Gómez de Liaño fue indultado según el Real Decreto 2392/2000, de 1 de diciembre, que le permitió el reingreso en la carrera judicial. El demandante pidió inmediatamente una excedencia y ejerce en la actualidad como abogado.

Borrado por Foro-ciudad.com

Si hombre Boxer, porque no va a interesar? todo lo que sean "injusticias" de la justicia nos deberia de interesar a todos, y sobre todo a nuestros politicos, para que tomen cartas en el asunto y reformen este estamento totalmente politizado.

Por supuesto que interesa, todo lo que sea injusto debe desaparecer, y más en unas esferas tan altas. El primer ejemplo se debe dar desde ahí, precisamente.

A ´toro ¨pasado este caso de INJUSTICIA dentro de la justicia , no interesa por que tenemos unos problemas mas acuciantes .
Con la media que quiere tomar la miembra ( de vivienda ) posiblemente ya no vayan a ser tan rentables , las famosas PARCELAS .
No me parece acertada esta medida :
Primero: el Estado ya tiene suelo a mansalva (Renfe, Defensa, la Virgen , en el caso de Illescas) y no hay necesidad de comprar suelo. Segundo: el problema que tienen las inmobiliarias es que nadie quiere suelo, no hay mercado, así que cualquier compra será ayudarles. Tercero: si quieren el suelo, que aumente del 10% al 30% el suelo que se llevan los ayuntamientos por recalificar terrenos. Cuarto: el precio de la vivienda ya está bajando. Quinto: hay un enorme stock de viviendas y no hay necesidad de comprar suelo que será desarrollado dentro de 2 ó 3 años. Sexto: puestos a comprar (seguiría siendo injusto), que compren viviendas. Pero eso hundiría el precio de la vivienda y si quedara por debajo del capital pendiente los bancos tendrían que provisionar diferencia y hundiría sus cuentas. Séptimo: hay un principio moral consistente en que quien lo ha hecho mal (inmobiliarias codiciosas) deben purgar penas y quien lo ha hecho bien (inmobiliarias que no han sido tan codiciosas, ciudadano que no ha pagado esos precios, etc) no debe ser perjudicado con ayudas de su dinero a quien lo ha hecho mal. Octavo: el Estado sólo tiene el dinero que los ciudadanos le damos, así que está cogiendo dinero de los ciudadanos vía impuestos para dárselo a terratenientes e inmobiliarias. Conclusión: nada de esto tiene sentido lógico. Apunte final: me da que las cuentas de los partidos políticos también se resienten con la crisis y necesitan salvar a quienes les financian. O eso, o igual se ponen a "cantar": Ciempozuelos, Estepona, "Guateque", "Malaya", etc