Yeles - Toledo

Provincia
02/07/2011
Destacan los vínculos «escandalosos» con cargos socialistas
UPyD denuncia en el Juzgado los contratos irregulares en Diputación
Acusan al presidente Tofiño de una presunta prevaricación por contratar empleados «de forma manifiestamente ilegal y sabiendo que carecen de los requisitos legales exigibles». El Gobierno en funciones lo niega

YOLI LANCHA
J.A.J./Toledo

En un momento en que las críticas a la clase política han confluido con el debate de si deben suprimirse las diputaciones como medida de ahorro económico, UPyD no quiere soltar la presa de las contrataciones presuntamente irregulares que habría efectuado el actual equipo de Gobierno socialista en la Institucion provincial toledana. La formación ha denunciado estos hechos en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Toledo para la «apertura, si procede, de las oportunas diligencias para su conocimiento y sanción». En una nota, no dudan en apuntar al presidente en funciones de la Diputación, José Manuel Tofiño, como presunto responsable de un delito de prevaricación.

El comunicado, suscrito por el coordinador local de UPyD en Toledo Antonio Lozano, no recoge la palabra prevaricación, pero sí su definición para calificar la posible responsabilidad del todavía presidente en torno a estas contrataciones. «La conducta seguida por el señor Tofiño resulta acreedora a las prevenidas en nuestro Código Penal», advierte. Añade para concretar que «a sabiendas de su injusticia ha dictado resolución arbitraria, contratando empleados de forma manifiestamente ilegal y sabiendo que carecen de los requisitos legales exigibles».

Concejales, exalcaldes y familiares.
En su nota, UPyD acusa a Tofiño de actuar en «fraude de ley» por invocar el Estatuto de los Trabajadores para regularizar estos contratos cuando debería proceder a su rescisión, ya que la única forma de entrar en la Función Pública es «aplicando los principios de igualdad, mérito y capacidad, es decir, por oposición».

El partido resalta que aunque en una situación de «contratación fraudulenta» están muchos más empleados, sólo se han regularizado 105. Y en este colectivo encuentran diversos vínculos que «resultan altamente sospechosos a la vez que escandalosos». A continuación, citan con nombres y apellidos a once personas vinculadas familiarmente al responsables del PSOE o que han desempeñado cargos públicos con los socialistas como alcaldías. Aparte, se refieren a «seis candidatos a las elecciones sindicales por CCOO y un candidato por UGT» cuyos nombres no hacen públicos «por no alargar» su comunicado.

El equipo de Gobierno en funciones de la Diputación respondía a las acusaciones con otro comunicado. Aparte de reiterar la legalidad de los contratos, se deplora «la falta de respeto hacia los trabajadores que muestra UPyD, ya que no respeta el derecho a la intimidad de los mismos y conculca abiertamente la Ley de Protección de Datos al difundir públicamente sus nombres y apellidos» junto a su filiación política y otros datos «que conciernen estrictamente al ámbito de lo personal».

El Gobierno mantiene que los contratos objeto de polémica se han realizado en un proceso selectivo «en el que se han respetado escrupulosamente los principios de igualdad, mérito y capacidad», o bien han beneficiado a personas apuntadas a bolsas de trabajo de la Diputación Provincial.

También se remarca que los contratos se realizaron para diferentes programas financiados por distintas administraciones y que «no son fijos, sino indefinidos».

Se insiste en que la regularización «se produce por mandato de la Inspección de Trabajo» aplicando «un derecho que asiste a los trabajadores regularizados».

Tambien se reitera que el Comité de Empresa de Diputación fue puntualmente informado y tiene perfecto conocimiento de las razones que han llevado a esta regularización. Como prueba de su correcto proceder, el Gobierno provincial señala que «del primer listado de trabajadores que fueron regularizados, siete de ellos ya han dejado de trabajar para la Diputación Provincial al haber concluido los programas para los que se les contrató.

ALGUNOS SEÑALADOS POR UPyD EN SU NOTA

Anastasio Arevalillo. Concejal y ‘Número 2’ del PSOE de Torrijos.

Sonia Cebadera. Hija del exdiputado provincial del PSOE José Luis Cebadera.

Ángel de Paredes. Exalcalde socialista de Borox.

Ignacio Fernández. Hijo del vicesecretario provincial del PSOE, Jesús Fernández Vaquero.

Javier Sánchez Salas. concejal del PSOE en Yeles.

Antonio Largo Rodríguez. Exalcalde socialista de Cobeja.

Cristina Escalante. Cuñada de un representante de UGT.




Que se vayan aplicando el cuento dos "funcionarios" del ayuntamiento de Yeles que obtuvieron su plaza de forma iregular, los siguientes son ellos.