Villatobas - Toledo

MADRID | GUADALAJARA.- La juez de Primera Instancia e Instrucción de Sigüenza (Guadalajara), María del Mar Lorenzo Calvo, ha apreciado indicios delictivos en la conducta de Rosario Arévalo, que era consejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha en julio de 2005, cuando se produjo el polémico incendio en el Alto Tajo en el que perdieron la vida 11 trabajadores forestales.

En un auto, la magistrada considera que "nos encontramos ante unos hechos presuntamente constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave" y observa "carencias importantes en cuanto al control del uso de las barbacoas, su vigilancia, la ausencia de medidas específicas y adecuadas, la defectuosa ejecución y control del Plan de Emergencias de incendios forestales de Castilla-La Mancha, defectos en la formación y en la actividad de extinción del incendio".

Sostiene que "todo ello" está relacionado "con las funciones" que la entonces consejera "tenía encomendadas derivadas de las competencias propias de su cargo y que le fueron atribuidas por la legislación vigente".

En el mismo auto, al que ha tenido acceso elmundo.es, la juez recuerda que la ex consejera es persona aforada y, por tanto, es al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) al que corresponde juzgarla. La magistrada remite testimonio de su resolución al citado tribunal para que proceda como estime oportuno.

Rosario Arévalo desempeña, en la actualidad, el puesto de directora de Medio Ambiente en Enusa Industrias Avanzadas SA, una empresa que abastece de combustible a las centrales nucleares y que está participada al 60% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al 40% por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Asimismo, la juez también ha imputado, en una providencia, al delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González; al que era alcalde del pueblo en el que se originó el incendio, la Riba de Saelices, el socialista José Luis Samper; al director del Parque Natural del Alto Tajo por aquellas fechas, Rafael Ruiz López, y al director general de la empresa de extinción SPA, Joaquín Baumela Navarro.

Con estos son ya 26 los imputados –la mayoría, altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha– por el incendio que se originó el 16 de julio de 2007. Las familias de los fallecidos llevan dos años pelando para sentar en el banquillo a los funcionarios que consideran responsables de la tragedia.