Villasequilla - Toledo

EL PSOE recurre la privatización del hospital de Toledo, que costará 559 millones más que si se construyera con dinero público.

Cospedal promueve un negocio redondo: la empresa adjudicataria obtendrá unos beneficios netos al final de la concesión de 460 millones de euros.

El negocio es redondo. La empresa agraciada con la concesión de la construcción del nuevo hospital de Toledo obtendrá un beneficio neto de 462 millones de euros, gracias a la decisión de la presidenta de Castilla-La Mancha de entregar a la iniciativa privada la ejecución de esta infraestructura, que tras permanecer paralizada durante los tres años que lleva María Dolores Cospeal al frente del Ejecutivo castellano-manchego se reinician ahora las obras con un sobrecoste de 559 millones de euros, cantidad resultante de la explotación del centro sanitario durante los próximos 30 años, según los cálculos realizados por el Grupo Socialista en las Cortes autonómicas.

Una rentabilidad del 14 por ciento.

Una tarta de la que están pendientes las principales constructoras del país, ya que, según el parlamentario el PSOE, la rentabilidad media que se contempla para la empresa concesionaria en el propio pliego de condiciones es de entre el 12 y el 14 por ciento. “Algo disparatado”, añade Mora, “pregunten a cualquier persona que rentabilidad les ofrece cualquier banco por sus ahorros”. Y no es que lo diga el parlamentario socialista. No, según los propios documentos del Gobierno de Cospedal con esta “colaboración pública-privada” se trata ante todo de garantizar “la retribución de los accionistas de la sociedad concesionaria”, dice el Estudio Económico-Financiero donde queda claro que el Ejecutivo del PP tendrá que pagar “cada año desde 2015 hasta 2040 una media de 72 millones de euros a la mencionada empresa.

Vulnera el principio de competencia.

Por otra parte, asegura que se vulnera el principio de libre competencia en varios aspectos: primero porque la concesión se realiza a una sola empresa de todos los servicios no sanitarios por un periodo de 30 años cuando las concesiones, dependiendo del servicio que se preste, varían entre 4, 6 o un máximo de 10 años con prórrogas. Y en segundo lugar porque la explotación de todos los servicios que puedan suponer lucro (aparcamientos, instalación de televisiones, teléfonos, seguridad, tiendas, etc.) se adjudica a una sola empresa, “no dando pie a la entrada de otras empresas”, finaliza diciendo.

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