Villasequilla - Toledo

El año 2013 comienza marcado por una nueva embestida del Ejecutivo al sistema público de pensiones. El Consejo de Ministros del 28 de diciembre se cerraba con la postergación durante tres meses de la regulación de la jubilación anticipada y parcial y, en rueda de prensa, Rajoy hablaba de la “necesidad” de que nadie se jubile a los 58 años. El presidente anunció la apertura de un debate en el marco del Pacto de Toledo en el que se abordará, además de las jubilaciones anticipadas, el llamado factor de sostenibilidad, un mecanismo de ajuste relacionado con el aumento de la esperanza de la vida. Dicho debate comenzaba hoy miércoles en comisión parlamentaria.

Diferentes presiones han vuelto a aparecer en el escenario económico actual, en esta ocasión representadas por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Desde Bruselas se alude al informe Sostenibilidad Fiscal 2012, en el que se dice que el gasto esperado en el sistema de pensiones del Estado español estará por encima de la media de la UE y que dicho sistema sólo será sostenible si se retrasa la edad de jubilación. Por su parte, la OCDE pide la privatización de las pensiones, ya que prevé que éstas supondrán un 15% del PIB en el año 2050, situación que considera insostenible. Como respuesta a esta presión, el Gobierno español ya ha comenzado a plantearse una nueva reforma del sistema público de pensiones para 2013 que contemple la aceleración de un proceso que desem­boque en la jubilación generalizada a los 67 años o incluso en un nuevo aumento de la edad de jubilación.

La Reforma de 2011

En la situación actual, y con la reforma de las pensiones de abril de 2011 ratificada hace unos días mediante un decreto del Gobierno para su entrada en vigor el 1 de enero de 2013, se establece un incremento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Además, entra en vigor un incremento progresivo desde los 15 a los 25 años del período de cómputo para el cálculo de la pensión, con el objetivo de completar dicho proceso en 2021. Según el Gobierno, esta reforma ha tenido un “impacto positivo visible en el gasto en pensiones”, pero todavía lo considera insuficiente. Dicha reforma se estableció en su día como respuesta a las presiones del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, representantes de los intereses del capital financiero encabezado por la banca y las compañías de seguros.Dichas presiones han calado en todos los países de la Unión Europea, que ya han comenzado a reformar sus sistemas de pensiones en cuanto a la edad mínima de jubilación. Tras las reformas, España se situará en uno de los niveles de edad más altos, superada únicamente por Irlanda y Reino Unido, que atrasarán la edad mínima de jubilación a los 68 años. Estos sistemas contrastan enormemente con la edad mínima de jubilación en América Latina, situada en 60 años en países como Uruguay y Venezuela, o 58 años en el caso de Bolivia.

Beneficios privados

Estas sucesivas reformas del sistema público están beneficiando enormemente a las entidades que gestionan los sistemas privados de pensiones, que han aumentado su capital en este tipo de activos financieros. Según un informe del año 2012 del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá sobre la reforma de las pensiones en España, los partícipes en planes de pensiones privados entre 1991 y 2011 han pasado de 710.000 a 8,7 millones, y en ese período el patrimonio depositado en dichos planes se ha multiplicado por 31 hasta sumar un total de 53.000 millones.

A este auge del sistema privado han contribuido también las políticas fiscales desarrolladas en el Estado español en los últimos 20 años, que han favorecido la disminución de fondos de pensiones públicos, la disminución de sus cuantías y una tributación más favorable para el ahorro privado –se calcula que cada año el Estado deja de ingresar 2.000 millones a causa de las desgravaciones por las aportaciones a fondos de pensiones privados. Esto ha tenido como consecuencia que se haya trasladado a la ciudadanía que existe una crisis de las pensiones públicas y hayan tratado de destinar parte de sus ahorros a fondos privados.

La cara oculta de estos fondos privados es que en realidad no son pensiones, y no pueden sustituir a un sistema público de pensiones, ya que se trata de fondos privados constituidos por los ahorros que cada persona deposita de forma voluntaria en la entidad gestora de dicho fondo (por lo general, un banco) hasta el momento de su jubilación. Dicho fondo lo invierte el banco en el mercado financiero y, cuando el titular del fondo se jubila, retira el capital generado. Este capital puede ser una cantidad menor al dinero que había ahorrado, hecho que se da cuando la rentabilidad de las inversiones es negativa, algo propio de las recesiones.

Según un estudio de 2009 de Pablo Fernández y Javier del Campo sobre la rentabilidad de los fondos privados de pensiones, Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 1994-2009, en el periodo 1999-2009, el 93% de los fondos del sistema individual obtuvo una rentabilidad inferior a la inflación y el 99,3% obtuvo una rentabilidad inferior a la de los bonos del Estado a diez años. Por su parte, el informe subraya que un sistema público de pensiones, además de sostenible y justo, es un mecanismo de redistribución de rentas desde los períodos de actividad a los de no-actividad y de renta productiva entre las generaciones que trabajan y las que reciben la pensión.

Además, son muchos los economistas, como el Nobel de economía Joseph Stiglitz, u otros expertos como Adolfo Jiménez, Camila Arza, o Vicenç Navarro, los que han demostrado la falta de rigor científico y de fundamento de las teorías neoliberales de privatización. Entre sus argumentos, figura el hecho de que un aumento del porcentaje que representan las pensiones sobre el PIB no implica necesariamente una situación insostenible, ya que normalmente se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB en el futuro, lo que permite disponer de una cantidad de recursos mucho mayor para los no pensionistas, argumento reforzado por el hecho de que hace 50 años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB, y hoy emplea un 8%. La sociedad, en cambio, tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces. Ya hace 50 años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, algunas voces liberales decían que en 50 años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país, cosa que no ha sucedido.

Frente al error de que el aumento en la esperanza de vida obliga a retrasar la edad de jubilación para poder mantener los ingresos del sistema, estos economistas señalan que en España (y en Europa) la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de forma muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 a 80 años. Según el catedrático Vicenç Navarro, “la mortalidad por cada grupo de edad ha ido descendiendo (también entre los ancianos), pero los años de vida que el anciano vive ahora no son cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones tomando como base esta lectura errónea de los datos penaliza a la población, pues asume que los ancianos viven más años de los que en realidad viven”.

https://www.diagonalperiodico.net/global/europa-y-la-ocde-aprietan-al-gobierno-con-reformas.html