Villarrubia de Santiago - Toledo

Clientelismo político


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El clientelismo político es un sistema extraoficial de intercambio de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.

En un sistema de clientelismo, el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado se utiliza para obtener beneficio privado; el patrón —sea directamente un funcionario él mismo, u otra persona dotada de suficiente poder como para influir sobre los funcionarios— toma decisiones que favorecen a sus clientes, y que estos compensan con la perpetuación en el poder del funcionario implicado o de su entorno. La relación puede fortalecerse mediante la amenaza de utilizar esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema. Resulta paradigmática, a este respecto, la habitual relación entre los principales medios de comunicación comerciales y privados, y los principales partidos cercanos a cualquiera de los principales organismos de poder, fenómeno particularmente característico de sistemas con fuerte consolidación o predominio de situaciones de bipartidismo. En general, los sistemas clientelares aparecen donde la necesidad de integrar rápidamente un elevado número de participantes a un sistema político sin tradición organizativa lleva al desarrollo de sistemas de mediación informal entre la acción estatal y las necesidades de las comunidades.
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1 Estructura del clientelismo
1.1 Hábito clientelar
2 Relaciones de dominación
3 Posiciones en el campo
4 Clientelismo y sistema político
5 Illusio
6 Bibliografía
7 Referencias
8 Enlaces externos

[editar] Estructura del clientelismo

En el clientelismo los bienes públicos no se administran según la lógica imparcial de la ley, sino que bajo una apariencia legal se utilizan discrecionalmente por los detentadores del poder político; normalmente se corresponde con figuras penadas jurídicamente como prevaricación o corrupción. Sin embargo, existen pocos incentivos para que los participantes busquen acabar con el sistema clientelar, puesto que este se halla institucionalizado —en el sentido sociológico del término— como patrón regular de interacciones, conocido, practicado y aceptado (si bien no necesariamente aprobado) por los actores (O'Donnell: 1997).
[editar] Hábito clientelar

La relación de los clientes con el patrón no se apoya únicamente en su interés por los favores que pueden recibir a cambio de su adhesión, sino que está basada en la concepción que estos se forman a partir de su experiencia del funcionamiento del poder, y en las expectativas que así desarrollan. El elemento material y puntual de intercambio del clientelismo tiene así un efecto persistente sobre las expectativas sociales y políticas de los participantes; si bien la relación entre cliente y patrón se inicia a través de un "favor fundacional" (Auyero, 1997), mediante el cual el patrón —posiblemente a través de un puntero o mediador— brinda una prestación al cliente, no es este el factor más importante en la constitución del sistema, sino el conjunto de creencias, presunciones, estilos, habilidades, repertorios y hábitos que la experiencia repetida, directa e indirecta de estas relaciones provoca en los clientes.

Estos factores consolidan la relación, y disimulan su carácter de transacción; al igual que el don de las sociedades primitivas, en el cual la separación en el tiempo de los regalos recíprocos disimula el hecho de que se trata de una forma de intercambio de equivalentes, en el clientelismo la irregularidad y falta de simetría de las prestaciones escamotea su carácter económico. Puesto que cliente y patrón (o mediador) se conocen personalmente, y la concesión de prestaciones se realiza de manera individualizada, la relación clientelar se confunde con las afinidades personales dadas por la pertenencia común a redes sociales, familiares, étnicas, religiosas o deportivas. Los factores subjetivos vinculan más estrechamente a patrones/mediadores con sus clientes, y se transforman en indispensables para que la relación clientelar no se quede en un simple hecho mercantil (Trotta, 2002).
[editar] Relaciones de dominación

Sin embargo, la relación entre cliente y patrón no es simétrica: existe en ella una neta dominación, motivada por las dotaciones sumamente desiguales de capital social, simbólico y económico de patrones y clientes. Además de las diferencias producidas por el acceso desigual al poder estatal o económico, es la posición histórica de los agentes en el campo clientelar —su reconocimiento público como "necesitados" o "dispensadores"— lo que le da el carácter de un espacio históricamente constituido, con instituciones específicas y leyes propias de funcionamiento.
[editar] Posiciones en el campo

La explicación del sistema clientelar como un campo —en lugar de como una estructura estable de roles, en la tradición estructural-funcionalista— permite explicar que las posiciones de los actores cambien a partir de una compleja serie de cuestiones; por ejemplo, el poder del patrón puede verse amenazado por el ingreso de un patrón alternativo, o por circunstancias especiales, como las vísperas de un acto electoral, donde necesita el voto de los clientes de la red, quienes —aprovechando la coyuntura favorable— adquieren mayor fuerza en la negociación. Incluso la dinámica propia de una red clientelar podría generar que un actor modifique su posición, pasando de cliente, en virtud de la confianza obtenida de su patrón, en mediador, con lo cual suma capital para moverse dentro del campo.

Cada participante del campo clientelar tiene objetivos propios. Los clientes buscan respuestas a sus necesidades básicas inmediatas, los mediadores pueden motivarse por diferentes cuestiones —desde adscripción partidaria o ideológica hasta el mantenimiento de un empleo estatal—, y patrones buscan a su vez acumulación política, como objetivo estratégico, y acumulación electoral, como objetivo coyuntural.

La acumulación política incluye tanto la búsqueda de adhesiones que legitimen su rol de dirigentes políticos como la construcción de aparatos que otorguen la posibilidad de acrecentar su poder político. El patrón no obtiene recursos económicos de la red, sino que amplía su base de sustentación para mantener su carrera. Esa acumulación debe concretarse, hacerse visible, en un momento concreto: los comicios, cuando el poderío del patrón debe ratificarse.
[editar] Clientelismo y sistema político

Patrón y mediadores no aportan privadamente los recursos que sustentan los intercambios, sino que los toman del ámbito estatal; generalmente, patrón y mediadores también están allí insertos. Las prestaciones sociales —en particular aquellas que no están disponibles universalmente, como planes diferenciales de subsidios o becas— son los recursos generalmente considerados como medios típicos de la redistribución clientelar.

Los patrones suelen ser gobernantes o legisladores; los mediadores, parte de la plantilla de ministerios, municipios o legislaturas (ver nepotismo). Esa es otra característica propia del clientelismo: se ejerce a partir de la estructura burocrática o del aparato público estatal (Trotta, 2002). Del Estado provienen por lo general los recursos que aceitan los intercambios clientelares, y es también el ámbito de actuación de patrones y mediadores; el clientelismo moderno tiene su base en él, constituyéndose en una variante de privatización de lo público. De acuerdo a la influente definición de Javier Auyero, el clientelismo «[depende] de una tercera parte para su continuación (aquí refiriéndose al patrón político, representado por un político en particular o por una estructura estatal). Los incentivos materiales necesarios para el desarrollo de la relación vienen del afuera y son producto de un balance de poder específico entre el mediador y el patrón político exterior» (Auyero, 1997).

En los estados clientelistas, se relega el derecho como instrumento de gobierno. La vigencia del derecho está determinada por el grado de preponderancia de los vínculos clientelistas. En los estados puramente patrimonalies, las relaciones clientelistas desplazan al derecho como medio de gobierno. La ley y las instituciones dependen del capricho de quienes ostentan el poder, y la norma no guía la conducta de los individuos. Las personas dejan de ser iguales ante la ley: el trato depende de la relación con los que ostentan el poder. El estado de derecho es un medio para lograr una falsa legitimidad, un instrumento de manipulación, y a veces, de represión.
[editar] Illusio

Los objetivos propios de cada actor son asimilables a lo que Pierre Bourdieu define como interés específico, pero al mismo tiempo es imprescindible un interés (illusio) propio del campo clientelar; la illusio es la convicción de que actuar en ese campo tiene una importancia primordial, que a su vez es indispensable para que el campo funcione. Salvo excepcionalmente, la illusio no es producto de un cálculo consciente, sino una relación de creencia que estructura las formas de relación con las prácticas políticas.

El Caciquismo en la Restauración española

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La concreción electoral del caciquismo era tan sólo una de las múltiples formas de manifestarse la influencia de los caciques en una sociedad de clientelas, aún cuando fue la principal característica. En un sentido amplio, la estructura de clientelas en la sociedad española no se creó en la época de la Restauración, sino que hunde sus raíces mucho más atrás. Fue a mediados del siglo XIX cuando, por medio de la venta de bienes desamortizados, el clientelismo rural adquirió una dimensión nueva, al afirmarse en el marco de una economía de mercado. Desde ese momento se fueron decantando las formas de relación social que, con la implantación del Estado liberal canovista, confluyeron para configurar el modo normalizado de funcionamiento político. El sistema caciquil tuvo, según todos los indicios, su principal fortaleza en el mundo agrario, aunque también actuara, en menor medida, en el urbano. Dentro de una España predominantemente rural, las tierras de la Meseta central y del Sur de la Península resultaron ser el campo abonado donde creció con mayor comodidad el caciquismo, al que dirigieron ya desde finales del siglo XIX críticas más violentas los hombres que pretendían reformar la política nacional.

El caciquismo se consolidó en España durante la Restauración (1874-1923). Los caciques se encargaban de controlar los votos de todas las personas con capacidad de voto de su localidad, lo cual era la base de la alternancia política que la Restauración demandaba. Los caciques son personas con poder económico, que cuentan con un séquito (gente que trabajan para él) formado por grupos armados, capaces de intimidar a sus convecinos que saben que si las cosas no transcurren según los deseos del cacique pueden sufrir daños físicos.

El régimen liberal español estuvo en todo momento, hasta la ruptura que significó la Segunda República, y salvo breves y dudosos períodos intermedios, dominado en cuanto se refiere a los procesos electorales por el fraude y el abstencionismo generalizados. El caciquismo era, además de un sistema de estructuración de la sociedad nada igualitario, una vía para poner en relación al mundo urbano, donde se tomaban las decisiones políticas, con el rural, es decir, con la mayor parte del país. A través de las clientelas caciquiles llegaba hasta los lugares más recónditos de la geografía española algo parecido a la autoridad.

A pesar de lo que pudiera parecer, la red caciquil no fue estática ni cerrada desde el primer momento, sino que es posible concebirla como un conglomerado dinámico, que poco a poco parece ir consolidándose en el tejido socio-político hasta hacer poco menos que imposible su desmembración a manos de los gobernantes que quisieron intentarla. El «descuaje» de tan vilipendiados mecanismos vendría de fuera de sus límites, con la irrupción de formas políticas nuevas, y ni siquiera podemos estar seguros de que su desaparición se produjera hasta la Guerra Civil, o incluso más tarde.

[editar] FuncionamientoEn general,se ha enfocado el problema del caciquismo como de carácter esencialmente político y predominantemente electoral. El cacique habría sido una pieza más en la estructura de la Administración centralizada: era el jefe local de uno de los partidos, eslabón en la cadena de una de las muchas clientelas que componían el sistema político. Como tal su misión consistía en la manipulación electoral tendiente a la consecución de unos resultados más o menos ficticios, muchas veces obtenidos por medios ilegales, favorables a su jefe de filas. La base de su poder no habría residido por tanto en su posición económica, sino en su control de los mecanismos administrativos; el cacique, tanto liberal como conservador, tiene en la localidad una influencia que deriva de su control sobre los actos de la Administración; ese control se ejerce en el sentido de imponer a la Administración actos antijurídicos; la inmunidad del cacique respecto a los Gobiernos deriva del hecho de que él es el jefe local de su partido, siendo los gobernantes también jefes nacionales de facciones del mismo o de otro partido o facción, necesitados todos de la lenidad gubernamental para perdurar como tales partidos o facciones. Ese dominio de los mecanismos administrativos habría permitido al cacique la creación y el mantenimiento de un patronazgo, posible gracias a la distribución discriminatoria de favores que beneficiaba a sus fieles.

Las elecciones en España estuvieron marcadas por el fraude, que por sí mismo tenía la suficiente importancia como para haberse constituido en la encarnación misma del sistema político. Unos mecanismos fraudulentos que empezaban por la manipulación del censo electoral, en el que aparecían enfermos, difuntos e individuos desconocidos, cuyos votos eran aprovechados por quien demostraba mayor habilidad en la suplantación y la duplicación de sufragios.

Desde luego, la letra de las leyes no se correspondía con las prácticas políticas, y menos con las electorales. Se ha relatado con frecuencia el proceso de preparación de las elecciones. Este comenzaba con el «encasillado», operación mediante la cual el Ministerio de la Gobernación rellenaba las «casillas» correspondientes a los distritos con los nombres de los candidatos que el Gobierno estaba dispuesto a proteger. Estos candidatos podían ser del partido en el poder (aquél que ha conseguido el decreto de disolución de las Cortes y organizaba las elecciones para fabricarse una mayoría) o de la oposición. Porque el encasillado no era simplemente una orden gubernamental, sino el resultado de arduas negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas. De hecho, en el mismo partido que controlaba el Consejo de Ministros solían existir distintas tendencias, representadas por los jefes de filas de diversas clientelas, los cuales exigían un número u otro de escaños parlamentarios dependiendo de sus fuerzas. La descomposición de las dos formaciones dinásticas en el reinado de Alfonso XIII aumentó la cantidad de líderes y dificultó el encasillado.

Tras este tramo del encasillado, que se llevaba a cabo en Madrid, las negociaciones continuaban a nivel local, por medio del representante del poder central en cada provincia, el gobernador civil. El gobernador buscaba el acuerdo con los caciques de su marco de competencia, para conseguir ajustar los resultados de éste a los deseos del Ministerio. Los caciques, que controlaban los diferentes cargos importantes (en los ayuntamientos, juzgados, etcétera), actuaban de acuerdo a su influencia, y a menudo imponían su voluntad al representante gubernamental. Lo normal era que los consistorios municipales y los jueces de la oposición dimitieran en favor de los oficialistas, pero la autoridad podía verse obligada a suspender en sus puestos a quienes no lo hicieran voluntariamente. Más adelante, al ser más difícil levar a cabo estas falsificaciones, algunos caciques llegaron a inscribir a los muertos del cementerio local.

El fenómeno caciquil se ilustra perfectamente con la anécdota del cacique de Motril, en la provincia de Granada. Cuando llegó el resultado de las elecciones, se lo llevaron al Casino del pueblo. Lo ojeó y, ante los expectantes correligionarios que lo rodeaban, pronunció las siguientes palabras:

Nosotros, los liberales, estábamos convencidos de que ganaríamos las elecciones. Sin embargo, la voluntad de Dios ha sido otra. Al parecer, hemos sido nosotros, los conservadores, quienes hemos ganado las elecciones

¿unos trajes por favores?, ¿un puestecito en el consejo de admnistración para mi marido por favores? ¿unos milloncejos por aqui y otros por alla por favores?

El pueblo andaluz y el asturiano, han decidido su gobierno, ojala hallan acertado, en caso contrario ellos pagaran las consecuencias.
Los que deben de tomar buena nota son los políticos, el pueblo se va hartando de ir a votar y las cosas seguir igual.
Lo dicho que sea para bien, por la cuenta que nos tiene a todos, y, de una p... vez, c... el que la haga que la pague.

Es un gobierno legítimo, pero sus clientelas las pagamos todos, los fondos de reptiles incluidos, Gracias Carabanchel tambien encajan en el caciquismo decimononico.

Escándalo de los ERE en Andalucía
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El escándalo de corrupción de los ERE en Andalucía, también conocido como ERE gate1 o caso del fondo de reptiles2 una presunta red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía que gobierna el PSOE desde el año 1980. El origen del escándalo está en la investigación, actualmente en curso, del caso de corrupción en la empresa sevillana Mercasevilla, en las que se detectaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas.3

El caso ERE fue denunciado ante los tribunales por el propio gobierno andaluz4 [cita requerida] y actualmente está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, dirigido por la juez Mercedes Alaya, y por el Tribunal de Cuentas del Estado.
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1 Terminología
2 Descripción del fraude
2.1 Falsos prejubilados en los ERE
2.2 Ayudas fraudulentas a empresas
3 El método de investigación
4 Personajes públicos implicados
5 Repercusiones
6 Referencias

[editar] Terminología

La expresión "fondo de reptiles" procede de la época de la unificación de Alemania y, por lo tanto, es en la actualidad totalmente anacrónica en la aplicación que se le da a través de determinados medios de comunicación. El canciller Otto von Bismarck disponía de fondos robados en las guerras a sus enemigos. Con aquellos fondos financiaba propaganda a su favor y silenciaba a sus críticos (a los que él llamaba reptiles). La prensa utiliza este término para referirse al uso, presuntamente fraudulento por parte del PSOE, de los fondos de dinero público destinado a prejubilaciones, después de que utilizara este término por primera vez Francisco Javier Guerrero Benítez, ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.5
[editar] Descripción del fraude

Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo.6 El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, el llamado fondo de reptiles, ascendió a 647.869.157,45 euros, de los cuales 560 millones se utilizaron para pagar las prejubilaciones de los ERE, y los 87 millones restantes tuvieron el fin de respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis.7
[editar] Falsos prejubilados en los ERE

La prejubilación es una fórmula de finalización de contratos laborales, utilizada por acuerdo entre las empresas, los trabajadores y en su caso la Administración, si participa en la financiación de estas. Pese a ser una fórmula que por sí misma no constituye una ilegalidad (de hecho, la práctica de la prejubilación está ampliamente extendida en las empresas españolas),8 su uso en este caso está cuestionado por la Policía Judicial.9

El fraude se produce en la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo.10 La investigación interna ha detectado 183 prejubilaciones irregulares en un total de 5.982 casos analizados, lo que supone el 3,06% del total, en 42 de las 68 empresas beneficiadas del fondo.11 De las 183 irregularidades, 111 corresponden a trabajadores que cobraban una prejubilación mayor que la que les correspondería, y 72 eran personas infiltradas que jamás trabajaron en estas empresas. Entre los prejubilados irregulares, se encontraron a ocho militantes del PSOE,12 que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los EREs.13 También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares.14 El resto de las prejubilaciones no presentaba ninguna anomalía.

Con todos los expedientes analizados, la investigación de la Consejería de Empleo, enviada a la jueza del caso, ha calculado que el 1,12% del fondo, es decir, aproximadamente nueve millones de euros, acabaron en las falsas prejubilaciones mencionadas arriba.15 El resto habría ido a financiar las prejubilaciones restantes que no presentaban anomalías; sin embargo, la oposición del Partido Popular no cree en los datos de la Consejería de la propia Junta (que está implicada en la trama, ver abajo) y ha afirmado en repetidas ocasiones que la totalidad del fondo se ha utilizado de forma fraudulenta.16 17 El principal partido de la oposición también estima que existen 190 EREs ya finalizados que no han sido investigados y en los que podría haber prejubilados falsos, igual que en los EREs analizados por la Junta.18
[editar] Ayudas fraudulentas a empresas

Las subvenciones para empresas en crisis, como se indica arriba, ascendieron a 85 millones de euros. Estas eran gestionadas por el director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero Benítez, de una forma totalmente discrecional y arbitraria, sin ningún tipo de trámite ni control gubernamental o parlamentario. Guerrero llegó a autorizar peticiones de ayudas que le llegaban en un post-it.19 La investigación de la jueza Mercedes Alaya ha dado a conocer que Guerrero otorgó 887 subvenciones de forma irregular. Ante estos datos, la jueza decretó el ingreso en prisión de Guerrero.20

Más de la mitad de estas subvenciones (50 millones de euros) tuvieron como destino a municipios de la Sierra Norte de Sevilla cuyos alcaldes eran del PSOE.21 Entre los imputados por este fraude está Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de Cazalla de la Sierra, hermano del ex-presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla y accionista de tres empresas que recibieron más de 6 millones de euros del "fondo de reptiles".22

El propio director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, se autorizó a sí mismo y a su chófer, Juan Francisco Trujillo, ayudas por valor de un millón y medio de euros, con el fin de constituir dos empresas y una granja de pollos en la Sierra Norte de Sevilla. El chófer de Guerrero anunció ante los medios que con ese dinero no se formó ninguna empresa, sino que fue gastado en cocaína y copas. Igualmente, Trujillo también reconoció que sobornaba a Guerrero para conseguir más subvenciones.23
[editar] El método de investigación

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está colaborando con la jueza del caso en la investigación de las irregularidades de los EREs.24 A principios de marzo del mismo año el caso se elevó a la fiscalía anticorrupción, afirmando el Fiscal General del Estado Conde-Pumpido que analizaría la documentación exhaustivamente y llegaría "hasta el final"25

La jueza que investiga el fraude está casada con Jorge Castro, que trabajó como auditor de la empresa Mercasevilla. Una denuncia contra dicha empresa fue el origen de la causa. El hecho de que el marido de la juez Alaya trabajara para ella ha servido de base para que un abogado haya presentado un escrito ante la juez para que esta aclare la "presunta lógica animadversión" entre su marido y Mellet, el director de la empresa investigado, que fue precisamente el que despidió a su marido por una negligencia continuada en el ejercicio de auditoria, detectada por una auditora externa encargada precisamente por Mellet, descontento con la situación que encontró al ser nombrado para el puesto. Dicho abogado preguntó a la instructora si ella había recibido "asesoramiento técnico extraprocesal" que pudiera haberle hecho perder su imparcialidad como instructora de la causa. Alaya rehusó hacer declaraciones para esta informacion.elpais

Desde febrero de 2011, el Parlamento andaluz está rechazando sistemáticamente la creación de una comisión de investigación para los ERE, mediante el veto de la mayoría absoluta del PSOE-A.26 El Partido Socialista defiende el modelo utilizado de investigación interna y asistencia a la jueza y argumenta que el establecimiento de una comisión haría la investigación más larga y engorrosa.27 Por su parte, los otros dos partidos de la cámara autonómica, el Partido Popular e Izquierda Unida, sospechan que la negativa del PSOE a crear la comisión parlamentaria se debe a que el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, estaría inmerso en la trama corrupta y sus compañeros de partido tratan de encubrirle. Los dos partidos opositores tienen intención de seguir pidiendo la creación de esta comisión de investigación y en el caso del Partido Popular, su portavoz Javier Arenas ya ha pedido la dimisión del presidente autonómico. Griñán ha contestado a estas peticiones afirmado que ni él ni ninguno de los actuales parlamentarios socialistas está implicado en la trama de los EREs irregulares.28

El 16 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya admitió la presentación de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso. Tanto la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, como el titular de Empleo, Manuel Recio, comparecieron para hacer constar su intención de recuperar todo el dinero que se haya pagado en las prejubilaciones falsas o irregulares descritas arriba.29 30
[editar] Personajes públicos implicados

La Fiscalía ya ha solicitado una pena de inhabilitación de 21 meses y una multa de 900.000 euros para Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en la provincia de Sevilla y considerado como el director de la presunta trama.31 Rivas ya ha dimitido de su cargo.32 El Partido Popular se ha presentado como acusación particular contra Rivas y el director de Mercasevilla, para los que pide penas de un año de prisión, 13 años de inhabilitación y multas de 3,6 millones de euros.33

De las presuntas prejubilaciones fraudulentas encontradas en el "fondo de reptiles", probablemente la más destacada sea la de Antonio Fernández García, ex-consejero de Empleo de la Junta durante la mayor parte de la realización de la trama. Fernández, incluido en el ERE de la empresa vinícola González Byass, figuraba en dicho expediente como trabajador de la empresa desde el día de su nacimiento.34 El 14 de marzo de 2011 Fernández fue imputado por tres delitos, de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.35

Otro caso con gran repercusión es el de Francisco Rodríguez Donaire, exalcalde y actual consejero socialista del ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva). Durante un tiempo trabajó como administrativo en las minas de Ríotinto, empresa beneficiada del fondo, pero en el ERE de esta empresa, Rodríguez Donaire figuraba como minero, con una prejubilación mucho más cuantiosa que la que le habría correspondido con su auténtico empleo (administrativo). Rodríguez Donaire asegura que nunca percibió ninguna prejubilación al ser incompatible con su sueldo de concejal.36

Ramón Polo, militante del Partido Popular y exconcejal de La Carolina (Jaén), es otro de los cargos políticos hallados entre los prejubilados irregulares de los ERE. Polo figuraba como prejubilado en el ERE de la empresa Gres de Vilches, donde sólo había trabajado 170 días.14 El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, compareció al conocer este caso, pidiendo explicaciones de cómo un empleado de esa empresa pudo prejubilarse con tan pocos días de servicio. El presidente del PP de la provincia de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, respondió inmediatamente a las palabras de Mario Jiménez, afirmando que la inclusión de Ramón Polo en el ERE de Gres de Vilches es una treta del PSOE.37

Cristina Ruiz, candidata incluida en la lista del PP a la alcaldía de Córdoba consiguió que su padre fuera asegurado en un ERE para una empresa en la que nunca trabajó, y, como gerente de PROMI, una empresa especializada en la atención a minusválidos, participó en un ERE en el que se colaron 18 "intrusos".38

El 7 de abril de 2011, el teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, fue imputado por participar en la venta, presuntamente fraudulenta, del suelo de Mercasevilla, una de las empresas en las que se detectaron irregularidades.39 Pese a esta acusación, Torrijos se presentó como candidato de IU a la alcaldía de Sevilla en las elecciones del 22 de mayo y fue elegido concejal.40 Varios grupos opositores han solicitado su renuncia.41 42

En diciembre de 2011 el ex-jugador de fútbol vasco, Pizo Gómez, fue acusado de cobrar un cheque de 460.742€ a su nombre por impartir su empresa, "Cenforpre", unos cursos de Prevención de riesgos laborales.43

Álvaro, hijo de Ruiz-Mateos, tenía una póliza a su nombre por valor de 2,4 millones de euros, en lugar de tenerla a nombre de la Empresa Dhul.44
[editar] Repercusiones

El 11 de marzo de 2011, Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Economía y Hacienda, reconoció que, cuando era viceconsejera del ramo, no prestó atención a los informes de la Intervención General de la Consejería de los años 2005, 2006 y 2007, en los que se avisaba de que el método utilizado en la elaboración de los EREs no era el más apropiado y que su uso podría permitir la inscripción de falsos trabajadores. Según su declaración, ignoró estos informes al considerar que no suponían una advertencia importante y, pese a que la ley le obligaba a hacerlo, no informó de ellos al por entonces consejero y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.45 46 Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han solicitado la destitución de Martínez Aguayo.47 48 El PP acusa a la consejera de hacer de "cortafuegos" para proteger al presidente autonómico y coincide en que ella no conocía el trabajo de la Intervención General, pero no por las causas que argumenta, sino porque los informes debieron ser entregados directamente a José Antonio Griñán,49 y que tanto él como el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, eran conscientes del riesgo que podría suponer el procedimiento utilizado para conceder las prejubilaciones y aun así no hicieron nada por evitarlo.50 51

Es más, el Partido Popular ya señala a Chaves como la persona clave de este escándalo de corrupción, después de que se conociera que el expresidente andaluz participó personalmente en la negociación de siete ERE presentados por la empresa malagueña A Novo Comlink, en los que se encontraron 42 prejubilados falsos.52

Con estos argumentos, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha pedido también la dimisión de Griñán y Chaves -que ahora es ministro de Política Territorial y vicepresidente segundo del Gobierno de España- y ha anunciado que presentará una querella contra ellos.53 La secretaria de organización del PSOE-A, Susana Díaz, defendió la actuación de Martínez Aguayo y la colaboración que presta su partido a la Justicia, y acusando al Partido Popular de "perseguir" a los socialistas mientras no combaten la corrupción de su propio partido, en clara alusión al caso Gürtel.54

Posteriormente, el 17 de marzo, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se pronunció en la sesión de control al Gobierno para respaldar la declaración de la consejera Martínez Aguayo, dando a conocer que nunca fue informado sobre la falta de seguridad del "fondo de reptiles" demostrada a la postre con la aparición de intrusos en los EREs.55 El Partido Popular e Izquierda Unida han vuelto a exigir la destitución de la consejera por faltar a sus obligaciones y esta última formación también ha solicitado la celebración de elecciones anticipadas. Griñán ha contestado afirmando que agotará la legislatura, que termina en marzo de 2012. 56

El 30 de marzo de 2011 la jueza Mercedes Alaya solicitó las actas de todas las las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de los últimos diez años, para comprobar si en realidad el ejecutivo autonómico no era consciente de las irregularidades que se estaban materializando en los pagos de las prejubilaciones. En un principio, la Junta se negó alegando que las actas de sus reuniones son secretas y la jueza no tenía competencias para conocer su contenido,57 aunque posteriormente accedió a remitir las actas en sobres lacrados y siempre con la condición de que el contenido de las mismas no sean revelados al público.58

El 1 de abril de 2011, el Parlamento de Andalucía rechazó una proposición no de ley del Partido Popular para reprobar la actuación de los consejeros de Empleo, Manuel Recio, y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, durante el escándalo de los ERE. Sólo apoyaron la moción los diputados del PP (47 votos). El PSOE, con su mayoría absoluta de 56 escaños, bloqueó la iniciativa. Los seis diputados de Izquierda Unida se abstuvieron, lo que provocó una fuerte discusión entre los portavoces de esta coalición y del PP.59

El 5 de abril de 2011 el Parlamento andaluz aprobó por unanimidad una petición para que la Cámara de Cuentas de Andalucía realizase un informe integral sobre todas las ayudas concedidas a los trabajadores de las empresas beneficiadas del "fondo de reptiles".60 El 22 de junio, un mes y medio después, la Cámara de Cuentas inició la redacción de este informe. Ante esta tardanza, el PP y el PSOE se acusan mutuamente de ser los culpables de los retrasos.61 El 3 de julio, el Tribunal de Cuentas del Estado admite a trámite una denuncia del Partido Popular e inicia una investigación paralela sobre los ERE irregulares, al entender que existe "un perjuicio a los fondos públicos".62

El 2 de agosto de 2011 un juzgado de Sevilla sentenció a 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla a devolver el dinero público recibido en los ERE de esta empresa.63

Y luego dicen que el socialismo no es una ideologia de vagos y maleantes, en estos años que tuvimos que importar obreros de otras naciones , me parece admirable que una persona cruce el charco para dar de comer a los suyos, y por el contrario a estos vagos les estamos pagando el vinito sin dar ni palo al agua.-


P.D.: Actualmente en Andalucia hay mas del 30% de paro y a las recolecciones vienen extranjeros, cada uno que piense lo que quiera....

Cada uno pensamos lo que creemos, pero la cosa esta clara, corrupción y pesebre, ahi quien tiene que entrar es la justicia, al pueblo español no nos queda mas remedio o creer en la justicia o levantarnos en armas, y, esto como que no, a ver si tenemos suerte y la nueva ley que esta fraguando el PP para evitar la corrupción y se condene con carcel y devolución de lo robado cuaja y da sus frutos, aunque tendremos que mirar a ver que tiene de letra pequeña.
Saludos y buen dia a todos

no es que sean vagos, sino a lo que les han acostumbrado.

Te doy la razón.

De nada pero a pesar de que bien se pudiera encuadrar en el caciquismo decimonónico como dices te olvidas de que el cacique al más puro estilo valenciano o madrileño también es muy pero que muy encuadrable en ese servilismo político al que aludes................

Ya , pero no hay votos comprados, en cualquier momento pueden votar a la izquierda, no olvides que Madrid y Valencia fueron baluartes de la izquierda.

Tu creesss??????

A lo mejor los hay , pero no por centenares de miles.

ala ....... exageraoooooooo

Parece mentira, los que han hablado toda la vida de clases pasiva tengan ahora su cortijo particular...