Villarrubia de Santiago - Toledo

lunes 25 de julio de 2011

Funcionarios, Santiago Niño Becerra

“La Generalitat realizará 1.500 despidos en el sector público” (El País
16.07.2011, Pág. 1), y luego, en Pág. 12: “La Generalitat presentará un
ERE para 1.500 empleados de empresas públicas”. Las noticias no se
refieren a personal integrado en los cuerpos de la función pública en el
más estricto sentido de la palabra: es personal de la Administración con
alguna modalidad de contratación laboral, pero que entra totalmente en
el rótulo ‘Empleo Público’ y que a los ojos de la gente son ‘funcionarios’.
Es curioso lo que ha sucedido con el factor trabajo ocupado en las
administraciones públicas, muy curioso. Hasta hace cinco años un
funcionario era ‘un pringao’: quienes sabían lo que había
que hacer, compraban un piso un Lunes y lo vendían un Viernes
ganándose 30.000 euritos; o ‘se sacaban en horas tanto como en sueldo’.
‘Pareces tto tío, yo me levanto al mes cuatro veces lo que tú te sacas
en ……..’, decía el que sabía lo que había que hacer al amigo empleado
público del negociado de Hacienda o del departamento de vialidad de un
Ayuntamiento o de un Gobierno regional.
Y era cierto, los mil o mil doscientos euros, o los novecientos de un
empleado público se transformaban en cuatro o cinco mil o en mucho
más, en el caso de muchos trabajadores de la construcción, o encargados
de barras en bares de copas -‘Y además ligo, tío, cada noche’-, o
trabajadores de empresas de transporte -‘Y la mitad en negro’-,
mientras, el empleado público hacía sus horas a cambio de sus mil
euritos mensuales. Hasta que las cosas cambiaron.
‘¡Estoy hasta los cojs de pagar impuestos como un c br ón para pagar
a funcionarios que se pasan el día tocándose los huevos!’ exclamó el
empleado de la construcción cuando empezaron a reducirle horas y
sueldo, y algo parecido dijo el encargado de la barra del bar de copas
cuando empezó a rumorearse que el local podía cerrar, y palabras
calcadas pronunció el transportista cuando los encargos comenzaron a
descender. De la noche a la mañana aquel pobre pringao al que le daban
mil euros a cambio de ocho horas se había convertido en un ‘h p al
que había que seguir manteniendo’.
Prácticamente nadie, preguntó: ‘Ese empleado público, ¿qué hace?, ¿a
qué se dedica?’. De la noche a la mañana el empleado público se
convirtió en el monstruo comegalletas que estaba esquilmando unos
recursos que, se decía, estaban escaseando. A día de la fecha, la inmensa mayoría del empleo público, funcionario o contratado, lleva perdido, en dos años, el 8,5% de sus ingresos: la reducción habida más la congelación actual, sin embargo cuando un Gobierno anuncia reducciones de empleo público muchos esbozan sonrisas de satisfacción, ¿por qué?. Por algo que ha pervertido y lleva pervirtiendo la esencia de una actividad absolutamente esencial, la del empleo público: al funcionario es extraordinariamente difícil despedirle. La inmensa mayoría de la población piensa que es injusto (lo piensa en las recesiones, en esta crisis, le importa un rábano en los booms) que el empleo público sea vitalicio; posiblemente ignore el motivo de que sea así.
Antes no lo era, y pasaban las cosas que el escritor Mariano José de Larra contó tan bien en sus trabajos; para evitar eso se decidió, sabiamente, que el funcionariado sería una carrera técnica al margen de quienes gobernasen y de su color (claro que en España, tras la Guerra Civil, quienes la ganaron hicieron una limpieza, pero eso es otra historia), ¿por qué?, pues para que la administración de las cosas públicas tuviese una continuidad al margen de cambios de Gobierno: al ser profesionales quienes llevaban a término sus tareas pervivían a colores políticos porque lo que hacían estaba más allá de colores políticos: suturar un corte de veinte centímetros producido en un accidente de tráfico no entiende de siglas de partidos).
‘Ya, pero, ¿por qué existen empleados públicos?, ¿por qué el Estado y los Gobiernos locales deben realizar tareas y trabajos?, ¿por qué no se
privatiza todo?’, pregunta alguien. Cuando, tras la II Guerra Mundial, el planeta entró en el estado de bienestar en el que ha estado hasta hace poco, se llegó a la conclusión de que existían una serie de bienes y servicios en los que a la iniciativa privada no le interesaba entrar porque por esos bienes y servicios no se podían vender a precios libres debido a que eran bienes y servicios a los que, por definición, todo el mundo debía tener acceso; a la vez que, al hacerlo, se redistribuía renta de los más ricos hacia los más pobres a través de las mucho mayores contribuciones fiscales que aquellos pagaban a fin de financiar los bienes y servicios que todos consumían. En unos países esta sistemática se llevó más lejos y en otros se quedó más cerca, pero en casi todo el planeta ese mundo quedó reservado para el empleo público.
Hoy el funcionario se halla en retroceso porque todo lo que lo justificaba lo está: relean el párrafo anterior. Si a eso añaden un nivel de desempleo megaelevado -y creciendo-, el que un Gobierno central, regional o local anuncie que va a reducir el número de empleados públicos, independientemente de lo que hagan, tiene el vítor asegurado: ‘menos h ptas que se están tocando los huevos’, y si, encima, se dice que se les va a pagar menos, la explosión de júbilo entre gran parte del electorado está asegurada, esté en paro o no lo esté. Es decir, eliminar funcionarios y pagarles menos se han convertido en armas electorales.
‘Pero, encima, ¿de qué se quejan si no se le puede echar?’, exclama otro
alguien. Aquí radica una de las lacras con la que nació la función pública y que nunca nadie ha querido abordar. Empleados públicos los hay
buenos y extraordinarios, regulares y mediocres, y jetas, vagos y
mangantes, como en toda empresa privada que fuese grande o muy
grande. Reparen en que los tiempos verbales son distintos: hoy la
empresa privada grande o muy grande ya se ha sacado de encima a un
montón de trabajadores (con cargo a presupuesto público, en muchos
casos, gran parte de sus percepciones aunque casi nadie reniegue contra
‘los prejubilados’), montón de trabajadores entre los que, por pura lógica, deberían estar los jetas, vagos y mangantes que pudiera tener por pocos que éstos fueran; pero, por estatuto en los cuerpos de la función pública, algo así es inaplicable.
En todos los países, en todas las administraciones públicas españolas van a reducirse, se están reduciendo, empleados públicos, pero aquellas/os con contrato laboral, no quienes tienen estatuto de funcionario. Hoy, en España se están yendo a la calle, se irán a la calle, supereficientes empleados públicos con contrato laboral y seguirán en su puesto jetas, vagos y mangantes por el mero hecho de que son funcionarios, y esto es algo que ningún partido político ni ningún sindicato ha querido abordar jamás. ¡Larra, vuelve, por favor!.
Y no: yo no soy funcionario.
(Y a ver si de una vez nos enteramos: en España HAY POCOS empleados
públicos en comparación con Europa. En relación a la población ocupada,
la tasa es del 13%, en Francia es de más del 16%, en Suecia del 31%, y
dentro de España tampoco es igual en todas partes: en Extremadura la
tasa es el triple que en Catalunya. Y no, tampoco los miembros de los
Gobiernos que firman despidos de empleados públicos se refieren nunca
a esas cifras, ¿por qué será?. ¿Será porque tendrían que hablar de cosas
de las que no quieren hablar?).
Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica.
Facultad de Economía IQS. Universidad Ramon Llull.

Unos 200 médicos forman un frente para avalar que la sanidad pública es viable sin más recortespiden una alianza de profesionales, políticos y ciudadanos en defensa del sns-O

La plataforma ve posible el sistema sin copago ni derivaciones a la privada

La crisis y los recortes han colocado a la sanidad pública de la Comunidad Foral bajo una fuerte presión. Un grupo de médicos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea han roto una lanza no solo por la sostenibilidad del sistema sino tambien por su desarrollo y han reclamado una "alianza global" entre políticos, profesionales y ciudadanía para lograr estos objetivos sin necesidad de realizar nuevos ajustes ni en personal ni en calidad. Esta plataforma cuenta con el apoyo, hasta ahora, de 210 médicos, el 10% de la plantilla, además de otros profesionales sanitarios.

Pamplona. En opinión de estos profesionales, medidas como el copago o la cooperación público-privada "no son la solución" para el sistema público de salud y aseguraron que estas iniciativas son "apaños" con los que "no nos enfrentamos a los verdaderos problemas de la sanidad". Así lo señaló Jesús Berjón, cardiólogo del Complejo Hospitalario de Navarra, quien junto a otros dos especialistas, Javier Abad, médico del CHN, y Carlos Amézqueta, médico del centro de salud de Iturrama, que no pudo acudir ayer, ha puesto en marcha la iniciativa, que ya cuenta con la adhesión de más de 140 médicos de Atención Primaria y de 70 de Atención Especializada, además de enfermeras y trabajadores sociales, para reclamar a los políticos "consenso, compromiso con lo público y transparencia".

Berjón destacó, en rueda de prensa, que los partidos políticos "deben ponerse a trabajar lo antes posible para conseguir un amplio consenso que defina de forma nítida hacia dónde debemos ir a favor de la sostenibilidad del sistema público de salud". Abad, en todo caso, incidió en que lo importante en estos momentos es alcanzar una "alianza global" entre políticos, profesionales y ciudadanos de tal modo que se garantice la sostenibilidad de la sanidad pública.

"El sistema es sostenible, bueno, y eficiente, y no solo por lo que gasta sino por los resultados que obtiene en salud , con indicadores muy buenos, pero está claro que necesita mejoras, cambios para poder seguir manteniéndose", subrayó el médico. Esta sostenibilidad, a su juicio, no pasa imperativamente por el copago y las derivaciones a la sanidad privada. "El copago no resuelve el problema económico, es una medida a corto plazo y encaminada únicamente a reducir el acceso del usuario al sistema y los sistemas privados son más caros, eso no quiere decir que el sistema público no tenga posibilidad de mejoras internas".

En cuanto a las medidas encaminadas para mejorar el sistema público de salud, Berjón abogó por "potenciar" la Atención Primaria, que resuelve el 80% de los problemas de salud, "hacia las necesidades de los pacientes" y demandó que se prioricen las inversiones. En esta línea, reclamó que Primaria cuente con mayor capacidad de resolución y que se desarrolle una cooperación y coordinación estrecha con Atención Especializada, "desarrollando los instrumentos necesarios y rompiendo recelos existentes". También propuso que Primaria asuma un papel primordial en la atención al paciente crónico y que la enfermería cambie hacia labores de educación y capacitación del paciente.

Abad, por su parte, planteó mejoras que el área de fármacia. "Hay un gasto superior a la media de los países europeos y también un consumo excesivo de medicamentos, de hecho estamos a la cabeza en uso de antibióticos", recordó el facultativo, quien también pidió racionalizar el uso de tecnologías: "Yendemos a implantar tecnologías cada vez más caras pero con usos dudosos o no retiramos las tecnologías sustituidas por nuevas".

A la clase política, Berjón le reclamó "consenso, transparencia y compromiso con lo público", al igual que a los profesionales del sistema, a quienes instó a "comprometerse activamente en la mejora de la sanidad, teniendo siempre en cuenta las necesidades de los pacientes". A los ciudadanos, les solicitó que se responsabilicen de su salud y realicen un uso responsable del sistema sanitario, "participando en su desarrollo y exigiendo su derecho a una sanidad pública eficiente y de calidad". "Hacemos una dejación de nuestra salud, hemos dejado de lado los autocuidados", alertó, por su parte, Abad.