Villarrubia de Santiago - Toledo

La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años. 2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública. 3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta tres años. Artículo 433La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años. Si el culpable no reintegrara el importe de lo distraído dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las penas del artículo anterior. Artículo 434La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o Entidad estatal, autonómica o local u Organismos dependientes de alguna de ellas, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. Artículo 435Las disposiciones de este capítulo son extensivas: 1º. A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas. 2º. A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos. 3º. A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.

La juez de la Audiencia de Madrid, Mari Luz Almeida Castro,(hermana de cristina almeida) ponente del auto que se conoció ayer, ha ordenado a la titular del juzgado 5 de Madrid, Carmen Valcárcel, reabrir el supuesto caso de los espionaje político en Madrid porque, en su opinión, hay indicios de que los agentes que supuestamente siguieron al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente de la Comunidad, Alfredo Prada, cometieron un delito de malversación.

En contra de la opinión del fiscal, que estima en su informe que no hay indicios de delito, la magistrada asegura que «en el estado actual de las diligencias, no existen motivos para proceder al sobreseimiento provisional y archivo de las mismas. De lo actuado, aparecen indicios suficientes de la comisión del delito de malversación de caudales públicos por el que se sigue la causa».

CASUALIDADES
¿Alguien mueve los hilos?

¿Por qué tenemos la sensación de que "alguien" está detrás de esas coincidencias sorprendentes que todos hemos vivido alguna vez? ¿No es demasiada casualidad atribuir tan extraños y reiterativos acontecimientos al simple azar? ¿Son avisos del inconsciente, o ironías de los dioses sin rostro que juegan a las marionetas con nosotros? ¿Indican la existencia de alguna relación entre la mente humana y una hipotética "mente" cósmica? Estas preguntas no se las plantean adivinos de feria, sino científicos de primera fila que han escudriñado el resbaladizo mecanismo de las coincidencias y han llegado a conclusiones escalofriantes.

consultalo con RAPPEL y su bola de cristal. y ya que te pones que te heche las cartas., y si te salta diciendote algo sobre marbella, tu le dices que nunca as estado. que te cazan rapido y vas esposado para el penal de ocaña.

la mente es algo extraordinaria y misteriosa a la vez.

No saben que hacer para distraer la atencion de la que seles viene encima con el faisan

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de la plana mayor de la Generalitat y del PP valencianos por seis delitos de corrupción vinculados con la trama Gürtel: delitos electorales (en los comicios de 2007 y 200, delito contra la Hacienda Pública, delito contra la Administración Pública, delito de falsedad en documento mercantil, y cohecho propio. Una retahíla de delitos que, a diferencia del caso de los trajes, están castigados con penas de cárcel y de inhabilitación para cargo público.

El Ministerio Público señala como presuntos autores de los hechos a una decena de cargos públicos populares: Francisco Camps (presidente autonómico); Vicente Rambla (vicepresidente de la Generalitat); Milagrosa Martínez (presidenta del Parlamento valenciano); David Serra (vicesecretario del PPCV y diputado); Yolanda García (tesorera del PPCV y diputada); Pedro García (ex director de Canal 9); Ricardo Costa (diputado y ex secretario general del PPCV); Víctor Campos (ex vicepresidente de la Generalitat); Rafael Betoret (jefe de protocolo de la Diputación de Valencia); Cristina Ibáñez (ex administradora del PP valenciano); Luis Bárcenas (ex tesorero del PP nacional) y, de modo genérico, al Gabinete de Presidencia de la Generalitat valenciana.